(Erbol).- El ministro de Comunicación Iván Canelas admitió hoy que el canal estatal Bolivia Tv violó el artículo 25 de la Constitución Política del Estado al filmar al diputado Pedro Nuni ingiriendo bebidas alcohólicas en una fiesta privada. Los periodistas del Estado irrumpieron en la residencia del legislador oficialista y tomaron imágenes sin su autorización.

Periodistas de los medios del gobierno “denunciaron” el domingo que el diputado del MAS Pedro Nuni abandonó la marcha indígena para consumir bebidas alcohólicas en su domicilio ubicado en el barrio de Santa María de la ciudad de Trinidad, en franca violación del artículo 25 de la Constitución que establece que “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio (salvo autorización judicial)”, lo que significa que ningún periodista puede entrar a una residencia sin autorización del propietario y menos tomar imágenes.

Según el periódico La Razón, la denuncia contra Nuni fue hecha pública por los medios del gobierno, cuyos periodistas dijeron que el diputado del MAS abandonó la marcha indígena para asistir a una fiesta familiar. El presidente de la CIDOB Adolfo Chávez, en declaraciones a Página 7, señaló que Nuni pidió permiso de la marcha para asistir al cumpleaños de sus hijas gemelas y habilitar a su suplente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Nuni afirmó que algunos medios de comunicación, encabezados por el gubernamental Bolivia Tv canal 7, ingresaron a su domicilio de manera sorpresiva y sin invitación alguna. Señaló que lo único que se busca con este hecho es desprestigiarlo, ya que se lo acusó de consumir bebidas alcohólicas y estar de fiesta cuando los marchistas pasan penurias.

El ministro de Comunicación Iván Canelas admitió que el canal estatal Bolivia Tv violó el artículo 25 de la Constitución al filmar al diputado Nuni ingiriendo bebidas alcohólicas en una fiesta privada en su domicilio, pero justificó la acción bajo el argumento de que se trata de un trabajo netamente periodístico.

“Esto no se lo ha hecho en esta ocasión sino en decena de ocasiones y yo he visto información similar o diferente, e incluso he visto información cuando una autoridad se fue a un festejo, a un restaurante (a) consumir bebidas alcohólicas (y he visto) a los canales privados filmándolos; y ahora resulta que cuando el señor Nuni abandona la marcha y se va a beber bebidas alcohólicas y filman este extremo, hay algunos compañeros (que preguntan) quién ha ordenado que se filme esto”, declaró Canelas.

El trabajo periodístico de los medios del gobierno queda en tela de juicio debido a que desconoce los códigos de ética, que prohíben informar acerca de la vida privada e íntima de las personas, salvo que éstas hayan cometido algún delito público.

El artículo 5 del Código de Ética de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) insta a “Rechazar toda acción que tienda a mancillar la dignidad de instituciones y la honra de personas”. “La consideración y compasión deben llevar a los medios a respetar la vida privada de las personas”, señala el artículo 7 del Código de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa, organización que aglutina a propietarios de medios.

El artículo 4 del Código de Ética de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia indica que “los periodistas tienen la obligación de salvaguardar el derecho que tiene toda persona a su intimidad y vida privada, propia y familiar, salvo que vulneren las leyes que normen en el país”. El artículo 5 señala que “para obtener noticias, fotografías, imágenes o documentos, los periodistas solamente podrán usar medios que sean justos, honestos y razonables”.

Lo propio indica el artículo 6 del Código de Ética de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, que además, en su artículo 8, pide mesura a los periodistas y evitar “el sensacionalismo deformador y respetar el derecho de las personas a su intimidad”.

El artículo 8 del código de ética del Consejo Nacional de Ética recomienda a los periodistas usar medios justos, honestos, razonables para obtener noticias, grabaciones, fotografías, imágenes y documentos; y en su artículo 12 exige “respetar la dignidad, la intimidad y la vida privada de todas las personas públicas y privadas. Sólo deben referirse a sucesos o circunstancias de carácter privado cuando éstos involucren un interés público justificado y demostrable”. Añade que los periodistas “no deben invadir la privacidad de las personas; fotografiando, grabando o filmando cuando se les haya solicitado no hacerlo”.

Además de toda la normativa ética, la legislación boliviana, a través del Código Civil, garantiza el derecho a la imagen y el honor de las personas en los siguientes términos:

Artículo 16.- (DERECHO A LA IMAGEN): I. Cuando se comercia, publica, exhibe o expone la imagen de una persona lesionando su reputación o decoro, la parte interesada y, en su defecto, su cónyuge, descendientes o ascendientes pueden pedir, salvo los casos justificados por la Ley, que el Juez haga cesar el hecho lesivo. II. Se comprende en la regla anterior la reproducción de la voz de una persona.

Artículo 17.- (DERECHO AL HONOR): Toda persona tiene derecho a que sea respetado su buen nombre. La protección al honor se efectúa por este Código y demás Leyes pertinentes.

Artículo 18.- (DERECHO A LA INTIMIDAD): Nadie puede perturbar ni divulgar la vida íntima de una persona. Se tendrá en cuenta la condición de ella. Se salva los casos previstos por la Ley.

Persecución gubernamental

En los últimos días, el Presidente Morales reveló los números que rastreó el gobierno para identificar a los dirigentes que se contactaban vía teléfono con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Entre los vigilados figura el diputado masista Pedro Nuni, quien al enterarse de la acusación se declaró decepcionado por la “bajeza” de Morales.

Para obtener el extracto de llamadas de los dirigentes, el Ejecutivo usó una demanda presentada por el Ministerio de Gobierno el 7 de abril, referida al intento de ingreso de trabajadores mineros, maestros y del sector salud con dinamita a la plaza Murillo, un hecho que no tiene ninguna relación con la actual marcha en defensa del TIPNIS.

Según un reporte de La Razón, la denuncia que permitió al fiscal Félix Peralta requerir los extractos de llamadas que identificaron las comunicaciones telefónicas de Nuni, Rafael Quispe y la esposa de Adolfo Chávez con un funcionario de la Embajada sólo especifica los delitos y no así los nombres de los denunciados.

En la relación de hechos, el Ministerio señala que “por informes de Inteligencia y por medios de comunicación visual y escrita, trabajadores mineros, maestros urbanos y rurales, trabajadores en salud y otros protagonizaron acciones violentas y enfrentamientos con la Policía, haciendo explosionar petardos, cachorros de dinamita, intentaron ingresar a la plaza Murillo y que por reportes de Inteligencia se estarían nuevamente reagrupando para ingresar al centro…”.

Con esos antecedentes se abrió el caso contra los autores (de los hechos de abril de 2010) por dos delitos: atribuirse los derechos del pueblo (Art. 124) e instigación pública a delinquir (Art. 130 del Código Penal boliviano). La “investigación es amplia y el director funcional de la investigación tiene atribuciones claramente contenidas en la Ley”, explicó la fiscal de Distrito de La Paz Betty Yañíquez.

Por otro lado, el Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu (CONAMAQ) Rafael Quispe denunció este lunes que el vehículo que se accidentó el fin de semana cerca de la marcha en defensa del TIPNIS, con dos efectivos en estado de ebriedad a bordo, pertenece al gobierno del Presidente Morales.

“Esta vagoneta nos hacía seguimiento, pero ayer sufrió un vuelco de campana y en el interior se encontró a dos policías; hay imágenes al respecto, los dos estaban en estado de ebriedad, con cervezas… Los policías ya hicieron desaparecer las placas del auto, esto es para un análisis serio ¿Qué hacían policías en estado de ebriedad siguiendo a la marcha, pese a que este lugar no es transitado con mucha frecuencia por vehículos?”, cuestionó Quispe el domingo.

El dirigente indígena aseguró hoy que de acuerdo con fotografías, la vagoneta marca Toyota, color plateado y con placa de control 1150-LZC, es un motorizado oficial del Estado boliviano. El Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) indica que el vehiculo pertenece al servicio oficial.

Para Quispe este hecho corresponde a un seguimiento de Inteligencia que habría ordenado el gobierno para obtener detalles de la movilización y de los dirigentes indígenas. En su criterio, “varios elementos demuestran que hay una persecución política: primero (la intervención) de las llamadas, luego el seguimiento a la propiedad privada de Pedro Nuni y ahora el (frustrado operativo del) servicio de inteligencia”.