El magisterio ha logrado estructurar el Escalafón Docente, que ningún otro sector tiene, después de muchos años de lucha. El Escalafón del Magisterio establece que el maestro dependiente del Estado puede dar exámenes para ascender de categoría cada cuatro años, lo que significa una mejora salarial de entre 15 y 20%, de tal manera que al llegar a la categoría “al mérito” logre un aumento de sueldo de hasta 150%.

El Escalafón constituye no sólo una garantía de mejora en los sueldos sino también una garantía de seguridad en el trabajo (inamovilidad docente) y también una carrera profesional (acceder a los cargos administrativos más importantes de la Educación).

Los exámenes para ascenso de categoría en el magisterio constituyen un canal de acceso masivo para mejorar los sueldos de por lo menos un 30% de maestros cada año. El otro canal opuesto de liberación de sueldos relativamente altos (categorías cero y mérito) son las jubilaciones, que, durante los últimos 10 años, han estado muy mermadas debido a la capitalización individual. La última oferta de rentas del gobierno no anima a los maestros a jubilarse; a nadie le conviene reducir sus ya miserables ingresos en un 30% para condenarse a vivir en la indigencia en la peor etapa de su vida.

Esta es la razón de por qué los maestros defienden su Escalafón como a la niña de los ojos, frente los gobiernos de turno que buscan adulterarlo o destruirlo. Es una tendencia lineal en los gobiernos de las últimas dos décadas y en el actual el pretender destruir el Escalafón por todos los medios con la finalidad de reducir las planillas de sueldos del magisterio.

En los últimos años, los exámenes de ascenso de categoría han sido administrados de manera mezquina y malintencionada para evitar que un buen porcentaje de maestros pueda acceder a la categoría inmediatamente superior; se ha recurrido a mecanismos nada limpios para que permanezcan en la misma categoría año tras año.

El actual gobierno amontona una gran cantidad de bibliografía, y a último momento, para impedir que el grueso del magisterio venza los exámenes. Además, esta bibliografía está orientada a mentalizar al maestro con las ideas reaccionarias del posmodernismo que es el sustento ideológico de la reforma educativa “Siñani – Pérez”.

Por todo lo ocurrido en el último examen se puede prever que más del 60% de los que se han sometido al mismo será reprobado (aún no se conoce la lista completa de los aprobados). De este modo, la población docente que reprobada estará obligada a concurrir a los próximos exámenes (del siguiente año) aumentando el número de los maestros que ya cumplirán cuatro años de su último ascenso. Con esta lógica, si al año normalmente deberían rendir exámenes unos 20 mil maestros a nivel nacional, se duplicará a 40 mil con los reprobados del presente año.

Poco a poco, los famosos exámenes se convierten en un cuello de botella y, en cualquier momento el gobierno arbitrario, en su intención de destruir el Escalafón, podría disponer que los maestros que reprueben los exámenes de manera continua sean exonerados de sus cargos, fenómeno que ya se da en otros países.

La Ley “Siñani– Pérez” acabará con el Escalafón Docente

El gobierno ha iniciado un plan de reestructuración de la educación técnica superior, aquella que forma técnicos medios y superiores tales como la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo y muchas otras en el interior del país. La idea es suprimir la formación de técnicos medios y sólo dedicarse a los técnicos superiores, crear además un nivel de licenciatura en las diferentes especialidades que requiere la industria.

Para este propósito señala que debe reajustarse la planta docente conservando el criterio de la pertinencia académica. Los maestros normalistas y los técnicos medios no pueden formar técnicos superiores y licenciados; habrá que contratar profesionales del mismo nivel académico o superior al nivel de profesionales que se pretende formar. Con este criterio, ya están ejecutando la separación de los maestros normalistas del sector; éstos y los titulares por antigüedad en las diferentes ramas de la formación técnica deben ser asimilados a la educación regular.

Ya están realizando la nueva contratación de maestros con la firma de un contrato de trabajo por tiempo fijo (uno, dos o tres años). Al cabo de ese tiempo no conservarán ningún derecho ganado y deben volver a someterse a nuevas selecciones y nuevos contratos de trabajo.

Los maestros deben reunir el requisito de técnicos superiores, licenciados o ingenieros, para mantener la pertinencia académica. Han lanzado como cebo para estimular a los profesionales con formación académica que los sueldos fluctuarán entre 3 y 4 mil bolivianos y los contratos se harán por materia, no por carga horaria.

De este modo, no sólo se vulnera sino que se suprime el Escalafón Docente. Los maestros pierden la carrera docente, la inamovilidad y toda posibilidad de acceder a las categorías existentes.

A la larga ocurrirá lo mismo con la promoción de “licenciados” de las normales. Primero impondrán una política discriminatoria de diferenciar los sueldos a los licenciados y a los normalistas y, poco a poco, a través de la participación popular, de los municipios y gobernaciones descentralizadas irán imponiendo también los contratos de trabajo por tiempo determinado.

De esta forma, el gobierno aplica a fondo lo que no pudieron los gobiernos neoliberales a través de la 1565. Así se confirma que el gobierno del MAS es tan o más anti docente y anti educativo que los gobiernos anteriores, ya que aplica a pie juntillas las recetas de los organismos financieros del imperialismo en materia educativa.

Faltan ítems y cierran los primeros cursos en las Escuelas Normales

Año tras año, en función del crecimiento vegetativo de la población escolar, surge la necesidad de crear nuevos ítems para la educación con la finalidad de contratar una cantidad mayor de maestros. Durante los últimos años, el número de nuevos ítems siempre ha sido inferior a las necesidades reales de la población escolar, acumulándose una descomunal deuda histórica de horas de trabajo no presupuestadas por el Estado, hecho que ha obligado a que los padres de familia terminen pagando con sus miserables ingresos ese déficit.

En los dos últimos años, el gobierno masista ha reducido mucho más la creación de los nuevos ítems fusionando y cerrando cursos en las escuelas y colegios, hacinando los cursos con 50 y hasta 60 alumnos en ambientes reducidos y sin el mobiliario adecuado.

Al igual que los anteriores gobiernos llamados “neoliberales”, el actual régimen subordina la necesidad pedagógica a las políticas de ahorro público que desarrolla el Estado con grave deterioro de la ya maltrecha calidad académica de la educación. En aulas abarrotadas superabundantemente de alumnos es imposible atender los ritmos individuales de aprendizaje y los maestros se ven sometidos a una brutal sobreexplotación.

Ha sorprendido que, sobre este cuadro sombrío de la educación boliviana, el gobierno hubiera decidido suspender la creación de nuevos ítems para la educación, dejando en la calle a miles de nuevos maestros egresados de las normales, contrariando de esta manera su campaña en sentido de que –en plena crisis- seguirá apoyando al servicio de la educación.

Por otra parte, se ha conocido que muchos docentes de educación alternativa (educación de adultos en todas sus modalidades) han sufrido la reducción en su carga horaria de 96 a 80 horas, lo que significa una drástica disminución en sus sueldos. La finalidad es clara: utilizar esas horas en otras modalidades educativas como sacando las correas del mismo cuero.

El gobierno también ha dispuesto el cierre de los primeros cursos en todas las escuelas normales del país para limitar la formación de nuevos maestros. Muy tarde se dan cuenta que su desenfrenada política demagógica anterior de crear escuelas normales a diestra y siniestra, atendiendo a las exigencias de los pueblos que recurrían a medidas de presión, ha resultado un boomerang que tendrá serias repercusiones sobre el mismo gobierno. Volverán los bloqueos de caminos y las marchas callejeras protagonizadas por padres de familia y por bachilleres que no logran acceder a las universidades exigiendo el funcionamiento pleno de las normales.

Es parte de la defensa de la educación fiscal y del Reglamento del Escalafón Docente que los maestros y padres de familia se organicen para luchar por mayor presupuesto para educación que redundará en la creación de nuevos ítems y la construcción de nuevos locales escolares. Los padres de familia no deben pagar un solo centavo por la educación de sus hijos, puesto que este servicio –según la Constitución masista- es gratuito y universal.

Movilización nacional de las Escuelas Normales

A pesar de los esfuerzos hechos por la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba para fiscalizar la asignación correcta de los ítems de nueva creación a los maestros sin cargo en base a compulsas de méritos, las autoridades del SEDUCA y de las direcciones distritales se ha dado modos para favorecer a sus allegados políticos o familiares con la complicidad de los dirigentes oficialistas, que prácticamente han buscado copar las distintas comisiones de compulsas de méritos.

De nada han servido los controles sociales organizados por la inmensa masa de postulantes a los cargos porque muchos ítems han sido ocultados para luego asignarlos a dedo en favor de gente previamente seleccionada según los intereses de autoridades y dirigentes oficialistas.

Cansados de tanto manoseo, los maestros egresados sin cargo han decidido tomar las instalaciones del SEDUCA exigiendo que los ítems vacantes resultado de las jubilaciones – que según las autoridades surgirán desde el mes de agosto- sean asignados pública y limpiamente a todos los maestros reincorporados y egresados de las distintas normales que hasta ahora no pueden acceder a un cargo a pesar de la larga espera de más de tres y cuatro años.

Hasta hace poco, la característica de este sector ha sido que nunca ha podido articularse a nivel general a pesar de que se ha hecho mucho esfuerzo por consolidar una dirección nacional; por esta razón, en el pasado, sus movilizaciones, muchas veces radicales, no han rebasado el nivel local.

Sorprende que ahora se estuviera dando una radical movilización nacional rebasando a sus direcciones controladas por el oficialismo. Las informaciones dan cuenta que los estudiantes normalistas han desconocido a los dirigentes anteriores y han nombrado a Stanley Gandarillas que rápidamente se ha puesto a la cabeza de la movilización, duramente reprimida en muchos distritos del país.

El Ministro de Educación ha negado todo contacto con la nueva dirección con el argumento de que primeros deben superar sus diferencias internas, negando la legalidad de los nuevos dirigentes que han sido nombrados en las instancias que los estatutos del sector señalan.

Esta movilización pone al desnudo el descalabro de la formación docente en el país que, en manos del gobierno del MAS, va de tumbo en tumbo. Los estudiantes desarrollan sus actividades curriculares en base a la irresponsable improvisación, con docentes nombrados a dedo, cuyo único mérito es portar el carnet del partido.

Las demandas básicas de la presente movilización son:

1. Exigen la inmediata modificación del reglamento de las normales, denuncian que el actual ha sido verticalmente impuesto por el gobierno.

2. Piden la postergación hasta el próximo año de la institucionalización de los cargos ejecutivos y administrativos para evitar la obstaculización de los trámites burocráticos que los estudiantes están obligados a realizar.

3. Reclaman la elaboración de una malla curricular estable porque, hasta ahora, todo es improvisación que afecta decisivamente en la calidad de la formación docente en el país.

4. Exigen la habilitación de los cursos necesarios que permita a los que han ingresado en el régimen anterior a acceder a las licenciaturas que exige la Ley “Siñani – Pérez”.

* Profesor de Filosofía y dirigente de la Unión Revolucionaria de Maestros (URMA-POR).