(Comisión de Comunicación de la Marcha).- Las y los marchistas llegaron a Puerto San Borja el lunes último, luego de recorrer los 24 kilómetros que lo separan de San Ignacio de Moxos, a 90 kilómetros de Trinidad. La carretera hacia La Paz (a más de 400 kilómetros) es de tierra, su polvo estaba depositado en las hojas de los árboles, en el pelo de los indígenas y sobre todo lo que bordeaba ese camino, por donde eventualmente pasaba alguna movilidad. En el río Pérez jugaban niñas y niños de los 36 pueblos de Bolivia. Y varios indígenas amazónicos soltaron su pasión por la pesca. Sus horas de paciencia junto al río alcanzaron para alimentar a los alrededor de mil caminantes, quienes habían armado sus carpas o se habían hospedado en alguno de los 20 pahuichis de esta comunidad.

“Los indígenas ya estamos marchando / por decisión llegaremos a la paz / para charlar cara a cara con el gobierno / de jefe a jefe es lo ideal / con garra y coraje marchamos sí señor / a los indígenas nadie nos para sea con frío descalzos o enfermos / si morir en el camino es lo mejor.

marchamos con el tapeque del perro / el maestro jesús nos proveerá de alimento / de cinco panes y tres peces haremos el milagro / nos saciaremos de rico alimento / alimentar nuestro cuerpo es lo mejor / para marchar durante un mes.

a los indígenas no hay quien los obliga / no hay ong comité cívico ni gobernación / la marcha será un duro sacrificio / por carreteras llenas de peligros / ni los militares ni la policía ni la pisada de un camión / pediremos con documento en mano le exigiremos a nuestro gobierno / la carretera se hará sí o sí / pero por donde decidan los hermanos indígenas / derechos y razón y justicia tenemos.

los indígenas somos seres humanos / se trata de defender nuestra casa / jamás se consulta a los indígenas / mamás con bebés por nacer derrames de sangre eso no es justo / ¿por qué tanta bronca? / solidaridad absoluta con nuestra posición / no nos oponemos a los caminos de integración”.

Ese es uno de los dos poemas que leyó el escritor Antonio Sotto Watara, del pueblo Canichana, para comenzar la reunión entre representantes del gobierno nacional y las organizaciones participantes de la Octava Marcha Indígena, que había empezado defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), pero el domingo pasado presentaron al gobierno de Evo Morales un pliego de 16 puntos. Este documento incluye demandas de las organizaciones de los pueblos de todo el país, llegados a la ciudad de Trinidad (Beni), el pasado 15 de agosto, cuando se inició la movilización que quita el sueño a los moradores del Palacio Quemado-

Las toronjas aún abundaban en los árboles de Puerto San Borja a pesar de la larga estadía de los marchistas. A ambos lados de la carretera, las organizaciones indígenas hicieron una vecindad. De un lado de la carretera estaban los quechuas y aymaras del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), mojeños y representantes de pueblos indígenas amazónicos. Del otro lado, seguían las y los nacidos en Moxos, los pueblos amazónicos y más guaranís.

Por allí estaba la cancha de futbol de la comunidad. En el centro se sentaron los representantes del gobierno y los dirigentes indígenas, ayer por la mañana, ya bajo el solazo. En torno a ellos se pararon los marchistas, con sus pancartas en alto y con varios jóvenes de los pueblos del oriente, de pie junto a sus arcos y flechas. Constituían la guardia designada por la marcha.

Los enviados del gobierno nacional habían propuesto distribuir las 16 demandas indígenas en seis mesas de trabajo, de acuerdo a su afinidad. En la mesa uno, se tratarían los temas TIPNIS, bosques, áreas protegidas, cambio climático y río Pilcomayo, que son los puntos 1, 4, 8 y 14 de la lista de demandas indígenas. Los ministros y funcionarios insistían en que podía instalarse esta mesa en ese mismo momento, porque estaban las autoridades gubernamentales del caso.

En la mesa dos se unirían los temas de desarrollo productivo con vivienda. En la mesa tres, los reclamos en educación podían juntarse con los de comunicación, que son los puntos 10 y 15 de su agenda. En la mesa cuatro, sugerían juntar autonomías con tierra territorio, el censo y el derecho a la consulta previa, que serían los puntos 3, 5, 7 y 12. En la mesa cinco, tratarían los temas de salud con la ministra del área. Y en la seis, atenderían las demandas de la APG sobre la explotación de hidrocarburos en sus territorios.

Las reuniones de trabajo serían como la de ayer, con la palabra en los dirigentes indígenas y representantes del gobierno, más las bases de las organizaciones alrededor, pero en silencio, según se habían comprometido. “No dejen que sigamos caminando, ahí se ve la falta de respeto, de seriedad y de voluntad política del gobierno. Pongámonos de acuerdo, ministro. Cada día que pasa hay más resentimiento de los hermanos contra el gobierno, porque parecería que no nos están tomando en cuenta”, dijo el presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el tacana Adolfo Chávez, al ministro Delgadillo.

“Queremos aclarar lo siguiente: no va a empezar el diálogo mientras no estén todos los ministros que hacen falta. No vengan a distraernos, porque aquí estamos todas las autoridades. Más de una semana hemos esperado ya. Hemos hablado claramente, con ustedes estamos aceptando preparar el diálogo, nada más”, dijo Chávez. Gobierno nacional y marchistas habían establecido que con los funcionarios del Ejecutivo se harían los acuerdos, pero la firma de los documentos resultantes se realizaría solamente con el presidente Morales.

Los marchistas exigían la presencia de las y los ministros de Educación, Medio Ambiente y Agua, Obras Públicas, Autonomías, Salud, Desarrollo Productivo, Desarrollo Rural, Hidrocarburos, Justicia y Gobierno. A Sacha Llorenti, ministro de esta cartera, lo pidieron “para ver el tema de la coca en el TIPNIS”, que tendría una enorme cantidad de cultivos ilegales, según los indígenas.

El ministro Delgadillo dijo que debía hablar por teléfono a La Paz para averiguar si se aceptaban la exigencia de los indígenas. “Esto lo tenemos que consultar. Si traemos a los ministros (los 10) hoy día ¿podemos empezar el dialogo acá?”, preguntó el funcionario. ¡Sí!, fue la respuesta a coro de las y los marchistas.

Los ministros y empleados del gobierno retornaron a San Ignacio de Moxos, donde hay teléfonos y señal en los celulares.

-¿Cómo es hermano? ¿Crees que se vendrán los 10 ministros ahorita?, indagaba un indígena a otro, en la hora del almuerzo.

-No, yo creo que van a venir unos tres o cuatro y van a querer empezar así.

Finalmente, se logró reunir a seis ministros. Pero los marchistas no aceptaron la cifra, así que se alistaron para recorrer uno de los tramos más difíciles de la marcha a La Paz. Aunque de aquí en adelante el camino se volverá más difícil kilómetro a kilómetro. Para los marchistas, la estrategia del gobierno consistía en alargar las charlas y prenegociaciones para desalentar la movilización. Por ello dejaron Puerto San Borja.

“Las demandas de los indígenas superan lo que ellos deberían pedir para sus comunidades. Han ingresado a un planteamiento netamente político, con exigencias que son difíciles de atender. Ellos quieren dañar y afectar a la democracia y al gobierno. Si a este pliego de 16 puntos -que no estaba al comienzo de la marcha- le agregas el extracto de llamadas telefónicas a la Embajada de Estados Unidos, pues que la población haga su propia conjetura”, dijo el ministro de Comunicación Iván Canelas, en un programa mañanero de la TV.

“Se manda a los ministros, se perjudican en sus labores, y cuando llegan a Puerto San Borja se encuentran con que la marcha había partido a las cinco de la mañana. Es una burla, no se puede asumir actitudes de esa naturaleza si queremos dialogar. Pero algunos dirigentes no quieren dialogar, tendrá que juzgar opinión pública. A nosotros nos parece una actitud vergonzosa”, se irritó Canelas. En el Ejecutivo quedaron sin saber cómo reaccionar ante la reanudación de la movilización.

El gobierno nacional no deja de acusar a los dirigentes indígenas de estar financiados por USAID. La vicepresidenta de la CIDOB, la guaraní Nelly Romero, dijo: “Lo que está haciendo el gobierno es actuar como los neoliberales. Si hay que sacar a USAID de Bolivia, los pueblos indígenas vamos apoyar”, así el oficialismo debería buscar otro relato para desprestigiar la movilización de los 36 pueblos.

El ex ministro de la Presidencia y actual director de la Agencia de Desarrollo de las Macroregiones Fronterizas (ADEMAF) Juan Ramón Quintana se atrevió a decir públicamente que el gobierno debería expulsar a USAID. No pasaron muchos minutos para que saliera otro ministro, Carlos Romero, a aclarar que Quintana hablaba a título personal, ya que al gobierno nacional le falta locura para expulsar a “los gringos”, que aportan a Bolivia varios millones de dólares anuales destinados a programas sociales.

El legislador indígena Pedro Nuni, del pueblo mojeño, es uno de los marchistas acusados por el gobierno nacional de hablar con la Embajada de Estados Unidos. “No he llamado a la Embajada para pedir algún apoyo, no conozco a ningún funcionario de la Embajada de los Estados Unidos. Por tanto, rechazo totalmente esa sindicación, estoy dispuesto a una investigación”, dijo.

“Quiero deplorar esta actitud cobarde, porque no es otra cosa más, como la vieja práctica de los partidos neoliberales: para deshacerse de sus enemigos tienen que hacer de todo -así sea mentir- para anularlos. Yo creo que esa bajeza no se puede repetir y mucho menos de parte de un mandatario (Evo Morales) al que yo respeto mucho, pero lamentablemente me ha decepcionado con esa actitud”, criticó Nuni.

“Yo también voy a sacar mi propio extracto (de las llamadas de su teléfono) porque es intolerante esta acusación. Voy a demostrar que no existe ninguna llamada a la Embajada estadounidense”, aseguró el legislador mojeño, que había llegado a la Asamblea Legislativa Plurinacional aliado con el oficialismo.

100 mil cocaleros

“La concentración de más de 100 mil cocaleros y campesinos de los valles se llevará a cabo sí o sí, para ratificar nuestra defensa del gobierno y su decisión de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Se han agotado todas las instancias de diálogo, y nuestros hermanos indígenas no quieren entender y escuchar razones, por lo que nos movilizaremos el 3 de septiembre”, dijo el dirigente cocalero del trópico cochabambino Martín Delera.

“No nos manejamos con dineros de nadie. Los cocaleros del trópico cochabambino somos muy respetuosos y educados, aunque los opositores digan que alguna organización no gubernamental o el gobierno va a financiar nuestra movilización. No pasará nada de eso, porque nosotros cubriremos los gastos”, aseguró Delera. Para las y los caminantes de la Octava Marcha Indígena es solamente otro intento amedrentarlos.

El próximo poblado en la marcha es San Borja, a 100 kilómetros de donde estuvieron esta semana. Creen que llegarán allí en tres o cuatro días, luego de atravesar un camino sin comunidades donde descansar con algo de comodidad, no con pozos de agua cercanos. En el horizonte de San Borja empiezan a pintar las montañas casi traslúcidas, hacia donde iría la marcha. Para el ascenso hacia el Altiplano, los caminantes indicaron que necesitarán ropa de abrigo, calzados cerrados, agua y medicamentos, fundamentalmente.

Sobre el TIPNIS

El TIPNIS, que en el mapa parece un triángulo apuntando al sur, tiene 1,2 millones de hectáreas y es una de las zonas más biodiversas de Bolivia. De acuerdo con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), en esa área protegida hay 108 especies de mamíferos (el 30 por ciento de las especies del país) y más de 470 especies de aves, que son el 34 por ciento del total de Bolivia. También tiene 39 especies de reptiles, 53 especies de anfibios y 188 especies de peces y mamíferos nadadores, como el bufeo, un delfín rosado en peligro de extinción, como otras especies que habitan el territorio, según datos de la Fundación Tierra.

De las 1.236.000 hectáreas del TIPNIS, 1.091.000 son de la TCO de los indígenas. Las casi 200 mil hectáreas de diferencia están en manos de aproximadamente 20 mil familias de colonizadores, que cultivan mayormente coca.

La carretera: Tendría 306 kilómetros, entre los municipios de Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni). Requeriría una inversión de 436,2 millones de dólares, de los cuales 332 millones provendrían de un crédito del gobierno de Brasil. Así, cada kilómetro costará en promedio 1,3 millones de dólares.