La Paz y Santa Cruz (ABI).- El director de la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF) Juan Ramón Quintana denunció que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) “invirtió 100 millones de dólares para corromper a dirigentes indígenas a través de un ejército de ONGs”, y propuso expulsarla del país. “La expulsión de USAID debiera ser no solamente un acto patriótico y de soberanía del Estado Plurinacional, sino una defensa de este proceso de transformación y de cambio”, dijo.

Quintana indicó que, así como se desmanteló en agosto del 2008 el golpe cívico-prefectural y el presidente Evo Morales dispuso la expulsión del entonces embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, hay que hacer lo mismo con USAID por ser una amenaza para los recursos naturales y la estabilidad democrática.

“Así como intervienen militarmente en los países y los destruyen sin mediaciones, Estados Unidos actúa en organizaciones indígenas y sindicales, como sucedió con la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) y Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMQ)”, aseguró.

“La expulsión de USAID tiene que convertirse en un mecanismo de auto defensa del territorio, la preservación de los derechos indígenas y de los recursos naturales”, anotó.

Quintana mostró documentación desclasificada de los archivos del propio Departamento de Estado de Estados Unidos por parte de instituciones académicas y de investigación. “Los programas que financia USAID son unilaterales sin autorización del Gobierno para ejecutar operaciones encubiertas y conspirar contra Bolivia desde la embajada de Estados Unidos”, develó.

Reveló que los funcionarios de USAID Blanca León y Eduardo Galindo tuvieron contacto con los caciques mayores del Consejo Indígena Yuracaré del río Chapare; con Joaquín Nore, del Consejo Indígena del Sur-Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Urbano Kano, Consejo Indígena Yuli-Municipio Chimoré-Puerto Villarroel, José Istegua, y Guillermo Montaño, presidente de la Central Comunidades Indígenas del Pueblo Mojeño del Choré-Yapacaní.

Mencionó que en una carta de apoyo, Galindo destaca “la necesidad de fortalecer organizaciones de base indígenas para hacerle frente al MAS y exigir su participación real en el Gobierno”. Además, expresa en esa comunicación su apoyo inmediato a la ampliación de la red de comunicación por radios para que se comuniquen entre diferentes etnias asentadas en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.

Según Quintana, los funcionarios de USAID asumieron que la mejor manera de corromper a los dirigentes indígenas para enfrentarse al Gobierno es mediante la concesión de becas y el financiamiento a 100 Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). El plan incluye la suscripción de sub contratos con ONGs de Bolivia para que trabajen con las comunidades que administran situaciones de conflicto.

Indicó que otros caminos utilizados por USAID es la capacitación de medios de comunicación, el apoyo a los pasantes indígenas en USAID y la embajada de EEUU, y la consolidación de una red de graduados que entre sus tareas aboguen por áreas claves norteamericanas en política medio ambiental, como un instrumento de desestabilización.

Acotó que esa área clave es la política medio ambiental con una inversión de 100 millones de dólares para que los parques nacionales y Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) se conviertan en reservas indígenas como en Estados Unidos para que pasen bajo control de trasnacionales.

“La estrategia regional de medio ambiente del país del norte busca transnacionalizar los bosques, la Amazonia, la Chiquitanía y una parte del Chaco, mediante el programa “Iniciativa para la Conservación en la Amazonia Andina” y coloca a la CIDOB como el caballo de batalla más importante de transnacionalización de la riqueza natural”, afirmó.

Develó que la CIDOB tiene un programa de gestión territorial indígena para las tierras bajas de Bolivia que es financiado por Dinamarca y entidades de Estados Unidos para promover la auto gestión de territorio y mejorar la articulación con la empresa privada. El proyecto Red, que es la reducción de las emisiones de gases tóxicos en la Amazonía, funciona desde 2008 a través de la ONG Amigos de la Naturaleza, con apoyo estadounidense a cuyos recursos quiere acceder la CIDOB.

Puntualizó que “la CIDOB se convirtió en peón de la política medio ambiental norteamericana y recibió jugosos beneficios y millones de dólares a través de la ONG Armonía, además de un Plan Estratégico Institucional 2008-2012 Central de Pueblo Indígenas de La Paz (Tacanas, Lecos, Mosetenes, Sejas).

Reveló que otros programas financiados con esa fuente y objetivos es el Plan Estratégico y Normas Internas de la Tierra Comunitaria de Origen Tacana III, Pueblo Indígena Tacana, Plan para los Programas Indígenas, Plan Municipal de Ordenamiento Territorial Ixiamas, Plan de Desarrollo Integral Sostenible y Concurrente del Norte de La Paz, Visión de Conservación de la Biodiversidad del Corredor Amboro-Madidi y otros.

Por otro lado, la Federación de Campesinos de Santa Cruz denunció que USAID financia una avioneta para la protesta que comanda el líder de la CIDOB Adolfo Chávez. “La avioneta que usa Chávez para ir y venir de la marcha indígena esta camuflada como cualquier cosa, pero de que estamos seguros es que USAID está detrás de esto, es por eso que pedimos la expulsión inmediata del país de esta oenegé”, declaró el secretario general de la organización José Antonio Chungara.

“Somos contundentes en calificar que esa marcha esta extranjerizada, en tal sentido pedimos al Presidente que se expulse a USAID, porque no sólo se está inmiscuyendo en sabotear o financiar a grupos para perjudicar este proceso de cambio, y sobretodo deslegitimar la imagen del Presidente, sino también en la vida interna de las organizaciones sociales”, denuncio el dirigente sindical.

Entre tanto, el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce ratificó el miércoles la conformación de una Comisión Legislativa Multipartidaria para investigar la supuesta injerencia de ONGs y gobiernos extranjeros en asuntos internos de Bolivia. Arce informó que la Comisión investigará la intromisión de la Embajada de Estados Unidos en la movilización del TIPNIS que se opone a la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.

El gobierno de Estados Unidos se comprometió a respetar las investigaciones que realice el Estado boliviano sobre presunta injerencia en sus asuntos internos y asumirá las responsabilidades que correspondan, informó el ministro de la Presidencia Carlos Romero luego de reunirse el martes con el ministro Consejero de la embajada William Mozdzierz.

Según Romero, el representante estadounidense reconoció que funcionarios de su misión diplomática mantuvieron comunicaciones con algunos dirigentes de organizaciones sociales y hasta con analistas políticos y otros líderes para conocer con mayor profundidad la realidad nacional.

Romero expresó que esas actitudes “dejan una sensación de malestar, de contrariedad porque para eso está la interconexión oficial del Estado boliviano si se procura información sobre la situación política y el contexto de cada coyuntura… Lo cierto es que la representación de la Embajada confirmó que los registros de llamadas que denunció el Presidente Evo Morales corresponden a la verdad y que efectivamente hubieron comunicaciones con los señores Rafael Quispe y Pedro Nuni y con la esposa del presidente de la CIDOB”.

El Ministro subrayó que el artículo 41 de la Convención de Viena señala que este tipo de acciones “pueden caracterizase como de intromisión interna en los asuntos de un Estado, porque se ha mantenido comunicación con los dos líderes más radicalizados de la movilización que se opone a la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, en el tramo que atraviesa el TIPNIS”.