Desde su llegada al poder, el gobierno de Stephen Harper promovió el libre comercio y cerró los espacios para la democracia en Canadá. Al negociar tratados de libre comercio (TLC) con Colombia, Honduras y Panamá, Harper le dijo al mundo que para él la búsqueda de ganancias para las transnacionales y los bancos es más importante que la defensa de los derechos humanos.

El gobierno de Harper avanzó rápidamente y en secreto las negociaciones del TLC con la Unión Europea (UE), el acuerdo más ambicioso que haya podido negociar Canadá, ya que reestructurará la economía nacional al tiempo que socavará la política ambiental, de servicios públicos y los procesos democráticos de toma de decisiones.

Según las organizaciones sociales Fronteras Comunes-Canadá y la Red Quebequense frente a la Integración Continental, los acuerdos comerciales inspirados en el viciado TLCAN conllevan el riesgo inaceptable de reducir el derecho de los gobiernos a decidir sobre sus políticas públicas.

Harper ha premiado a los inversionistas extranjeros que demandaron a Canadá bajo las cláusulas inversionista-Estado del TLC de América del Norte. AbitibiBowater cerró su fábrica de pulpa y papel en Grand Falls-Windsor, Newfoundland y Labrador (NL) en 2008 y reclamó el derecho a vender todos sus activos, incluyendo las licencias de explotación maderera y permisos por el uso de agua que le fueron otorgados.

Cuando el gobierno decidió recuperarlos, lo cual es un derecho reconocido por la ley canadiense, AbitibiBowater esquivó el sistema legal canadiense y desafió al gobierno ante un tribunal del TLCAN. En lugar de defender el principio de la propiedad pública, el gobierno federal indemnizó a AbitibiBowater aún antes de que el reclamo pudiera oírse, con un pago de 130 millones de dólares en agosto de 2010.

Simultáneamente, el gobierno canadiense negocia tratados con los peores violadores de derechos humanos del continente americano, como Honduras y Colombia, este último el país más peligroso del mundo para el sindicalismo, con 49 activistas ultimados durante el año pasado, lo que representa el 55% de los asesinados en todo el mundo.

A pesar de los asesinatos sistemáticos de docenas de sindicalistas cada año en Colombia, Conservadores y Liberales se unieron para acelerar la ratificación del TLC Canadá-Colombia en el parlamento antes del receso de verano de 2010. El 15 de agosto entró en vigencia ese TLC que elimina gradualmente aranceles para productos agrícolas e industriales.

Con la entrada en vigor del TLC, el 98 por ciento de la oferta exportable colombiana incluida en el pacto entrará libre de arancel a Canadá, país que genera el 2,6 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial. El Ministerio colombiano de Comercio asegura que en el acuerdo se incluyeron estrictas reglas para la debida protección de los derechos del trabajador y la obligación de mantener altos niveles de protección ambiental.

Canadá también firmó un TLC con Panamá, un país ampliamente conocido como “paraíso fiscal” que se hace el ciego ante el lavado de dinero de los carteles de drogas. El 19 de agosto, Panamá y Canadá firmaron un memorando de entendimiento sobre reglamentaciones uniformes para la interpretación, aplicación y administración del TLC, entre ellas reglamentaciones sobre procedimientos aduaneros, Certificado de Origen, y recursos de revisión e impugnación.

El gobierno panameño destacó que el TLC con Canadá permitirá a Panamá establecer un intercambio comercial con la quinta nación más grande del mundo y tener acceso a un mercado de 33 millones de consumidores con alto poder adquisitivo.

Canadá desarrolla actualmente una serie de negociaciones comerciales confidenciales con el gobierno ilegítimo de Honduras, un país que perdió su asiento en la Organización de Estados Americanos debido al golpe de Estado y a las permanentes violaciones a los derechos humanos.

Numerosas organizaciones canadienses y quebequenses demandan al gobierno que implemente una nueva política exterior y un cambio de enfoque en materia de relaciones comerciales.