Por octava vez los pueblos indígenas se ven obligados a iniciar una sacrificada marcha desde la amazonia boliviana hasta la sede de gobierno en La Paz. Esta vez, para defender el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) y el derecho a la Consulta y Consentimiento Previo, libre e informado, puestos en amenaza por las pretensiones del gobierno de Evo Morales de realizar un proyecto caminero, que partirá en dos ese territorio para beneficiar a las grandes compañías ligadas al capital brasilero e internacional. “La Consulta Previa no es vinculante”, han repetido una y otra vez, el Presidente Evo Morales, el Vicepresidente García Linera y varios de sus ministros, tratando de justificar con ese argumento lo que semanas antes habían sentenciado “La carretera se hará quieran o no quieran”.

Pero, esa afirmación solo pone en evidencia que, ó las autoridades saben muy poco sobre los derechos indígenas ó simplemente no tienen la voluntad de respetarlos.

¿CONSULTA NO VINCULANTE Ó CONSULTA PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO LIBRE?

CONVENIO 169 DE LA OIT Art. 62. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA ONU Art. 19. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado. (Resaltado nuestro)

Las anteriores citas de la legislación internacional, pone de manifiesto que la consulta es solo un medio para llegar a un fin, ese fin es el acuerdo ó consentimiento. Cuando el gobierno, afirma que la consulta no es vinculante ¿se está refiriendo a los acuerdos que se deben alcanzar en la consulta?

Si es así, es un contrasentido absoluto, pues estaría afirmando que quiere hacer consultas para llegar a acuerdos que no está obligado a cumplir. ¿Qué sentido tiene entonces, dialogar y entablar negociaciones, (que es una parte del proceso de consulta), si de entrada el Estado dice que no se siente vinculado (obligado) a cumplir los acuerdos que se logren?

De otra parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la sentencia del caso Saramaka, ha establecido que el consentimiento del pueblo indígena, constituye un requisito obligatorio para los Estados, cuando se tratan de megaproyectos que ponen en riesgo los derechos fundamentales de los pueblos.

135. [L]a Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones. [1]

La jurisprudencia establecida por esta sentencia, se ajusta cabalmente al caso del TIPNIS, pues se trata de un megaproyecto de infraestructura caminera, que pone en riesgo la base de existencia de los pueblos indígenas, desintegra y fragmenta su territorio, por lo cual en este caso, el gobierno no solo debe consultar, como dice la sentencia de la CIDH, está obligado a obtener el consentimiento libre de estos pueblos, antes de continuar con el proyecto caminero.

Así mismo, el consentimiento como finalidad de los procesos de consulta, ha sido parte de las observaciones y recomendaciones que formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al gobierno de Evo Morales luego de su visita a Bolivia entre el 12 y 17 de noviembre de 2007.

OBSERVACIONES DEL INFORME:

248. La Comisión [Interamericana de Derechos Humanos] estima necesario enfatizar que el procedimiento de consultas en el sentido de garantizar el derecho a la participación de los pueblos indígenas en los asuntos susceptibles de afectarles, tiene un alcance mucho más amplio y debe propender por la obtención del consentimiento libre e informado de los pueblos y no limitarse únicamente a una notificación o a un trámite de cuantificación de daños. (Resaltado nuestro)[2]

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO:

27. Garantice, de conformidad con sus obligaciones internacionales sobre la materia, la participación de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas en los proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales, mediante consultas previas e informadas con miras a la obtención del libre consentimiento de los mismos en el diseño, ejecución y evaluación de dichos proyectos, (…).(Resaltado nuestro) [3]

Aquello debería llevar a entender al gobierno de Morales que, en tanto los pueblos del TIPNIS no den su consentimiento sobre el proyecto caminero, el Estado no puede imponer la decisión de atravesar su territorio. El principio que subyace en ese criterio es el de la protección de la vida, un derecho fundamental al cual todo Estado se encuentra “vinculado” (obligado) de cumplir. Más aún, tratándose de un Estado Plurinacional como el de Bolivia, la consulta y consentimiento previo, libre e informado debiera ser norma general en la relación del Estado con los pueblos indígenas [4] y no como sucede ahora, una demanda que se debe defender y arrancar con lucha.

Por tanto, la “consulta no vinculante”, es un concepto ajeno a la legislación internacional en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, ajeno también a la Constitución Política del Estado, que reconoce en el bloque constitucional a los convenios y tratados en materia de Derechos Humanos y que además ha incorporado en varios de sus articulados los derechos colectivos de estos pueblos. Es evidente que se trata de un artificio una “invención política” para evadir la obligación de cumplir con estos derechos.

Por ello, como plantean las autoridades originarias del CONAMAQ [5], que también decidieron sumarse a la marcha, se puede concluir que en esta lucha no solo está en juego el trazo de una carretera, sino ante todo los derechos de los pueblos indígenas y originarios a su libre determinación, a su territorio y a su existencia.

Notas:

[1] Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172. Puede verse en: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm

[2] OEA Comisión Interamericana de Derecho Humanos. ACCESO A LA JUSTICIA E INCLUSIÓN SOCIAL: EL CAMINO HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 34, 28 junio 2007. http://www.cidh.org

[3] Idem.

[4] Yrigoyen Fajardo Raquel. EL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DEL DESARROLLO, LA PARTICIPACIÓN, LA CONSULTA Y EL CONSENTIMIENTO. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad- IIDS

[5] CONAMAQ, INSTRUCTIVO: PARTICIPACIÓN EN LA GRAN MOVILIZACION EN DEFENSA DEL DERECHO DE CONSULTA PREVIA VINCULANTE Y DE LA MADRE TIERRA. La Paz 29 de julio de 2011.

* Miembro del Colectivo de Coordinación de Acciones socio Ambientales (COLECTIVO CASA).