Lima, Cochabamba y La Paz (ABI y PL).- El gobierno de Perú defendió hoy la decisión de suspender la cuestionada e inefectiva erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca, frente a ataques de elementos ligados a la embajada de Estados Unidos. En Bolivia, al menos una decena de productores de coca excedieron el cato como área de sembrado en el trópico cochabambino (un área de 1.600 metros cuadrados) y fueron sancionados con un año de suspensión de la posibilidad de cosecha, informó el secretario general de la Federación del Trópico Mario Castillo.

El ministro del Interior de Perú Oscar Valdés y el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) Ricardo Soberón, organismo a cargo de la política antidrogas, señalaron que la suspensión temporal de la erradicación de coca es necesaria para evaluar la poco eficaz lucha contra el narcotráfico de la última década.

Al mismo tiempo, la embajadora de Estados Unidos -que alienta y finacia la erradicación- Rose M. Likins dijo que espera una explicación sobre la medida y hubiera sido “más agradable” que fuera previa, en el marco de la cooperación bilateral en la materia. Likins admitió sin embargo que es natural que un nuevo gobierno quiera revisar este tipo de políticas y aseguró que Washington mantiene esa colaboración.

Valdés pidió cesar las especulaciones en torno a la medida, alusión a los ataques a la misma por parte de elementos ligados a la embajada norteamericana y medios de prensa que suelen defender las posiciones de Washington en la materia. “Perú es un país soberano y el gobierno tiene la voluntad, el ofrecimiento (de lucha contra el narcotráfico), y lo vamos a cumplir”, aseveró el ministro, al explicar que la pausa se debe a la decisión del gobierno de rediseñar y reorientar la lucha antinarcóticos y que “los resultados son los que van a primar al final”.

Subrayó la determinación de priorizar el control del suministro de insumos para producir droga y la represión al lavado de dinero del narcotráfico. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) Ricardo Soberón afirmó que el Ejecutivo afina todos los instrumentos de la política antidrogas.

Explicó que la suspensión apunta a hacer una evaluación de la erradicación, habida cuenta que ha sido inefectiva en la última década, en la que, lejos de mermar, la producción de cocaína ha aumentado y hay nuevas plantaciones. Como prueba de la decisión de combatir al narcotráfico citó la captura, ayer, de 900 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban a punto de ser embarcados a Turquía y cuyo valor en el exterior alcanza 22 millones 500 mil dólares.

Ratificó el compromiso gubernamental de reducir las plantaciones excedentes de coca y señaló que la pausa se debe a que hubo un cambio de gobierno y de políticas, y está en marcha una negociación con Estados Unidos sobre la cooperación antinarcóticos de ese país. Soberón es un duro crítico de la erradicación compulsiva de cocales, alentada por Estados Unidos, y su designación motivó ataques de seguidores de la política norteamericana en la materia, que arrecian tras la suspensión.

El vocero de la bancada parlamentaria del bloque gobernante Gana Perú Freddy Otárola defendió también la pausa y dijo que mantener una política de erradicación fracasada durante el pasado gobierno de Alan García, significaría consolidar el narcotráfico. De otro lado, los mismo sectores que atacan la suspensión critican el relevo del jefe de la policía antidrogas, Carlos Morán, ligado al pasado gobierno y a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Por otro lado, las Seis Federaciones de productores de coca del Trópico de Cochabamba, Bolivia, resolvieron durante la primera semana de junio que se quitará los cultivos a los productores que vulneran las normas y rebasen el cato de coca, en el marco de las disposiciones de un ampliado departamental realizado en la localidad de Lauca Ñ.

En el encuentro se emitió un voto resolutivo de cinco puntos de ejecución inmediata para la realización de permanentes inspecciones en cada sindicato. Otra de las disposiciones es que se gestionará la reversión de parcelas al Estado sí se encuentran pozas de maceración en las áreas de cultivo. El Presidente Evo Morales ratificó que el Gobierno no declarará la coca cero, pero tampoco el cultivo ilegal de este producto.

“Unas diez personas fueron castigadas en mi región. Se pasaron por medio cato y la sanción es que se les está sacando los arbustos de área por un año”, explicó el dirigente Castillo. Los infractores fueron hallados en el área de cobertura de la Central 10 de Mayo, así como en la región de Chipiriri.

Subrayó que la primera sanción hará que los implicados tengan que volver a preparar su terreno y plantar arbustos nuevos, con lo que estarán imposibilitados de cosechar coca durante unos 12 meses. Sostuvo que se aplicará castigos más severos contra esas personas si no respetan la medida legal del cato. Recordó que cada sindicato designó un secretario de control social para la verificación de los cultivos en los márgenes permitidos.

“Si siguen infringiendo el acuerdo y no obedecen las resoluciones serán sancionados y su nombre será excluido de nuestro sistema de registro, por lo que su cato ya no existirá”, agregó el dirigente cocalero y puntualizó que con los controles y las sanciones se evitará que se supere las 7.000 hectáreas reconocidas de manera legal en el trópico cochabambino.

Erradicación e incautación en Bolivia

El gobierno boliviano destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía para batir este año los récords de erradicación de 6.469 hectáreas de coca ilegal y la incautación de 16,1 toneladas de cocaína. “Gracias al esfuerzo y sacrifico de las brigadas de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), se ha sobrepasado la meta anual de erradicación de 5.000 hectáreas de coca y la incautación más de 16 toneladas”, destacó el viceministro de Defensa Social Felipe Cáceres.

Los policías de la FTC que, bajo el mando de su comandante Willams Kalimán, erradicaron 6.469 hectáreas este año, lo que sobrepasó ampliamente la meta anual de 5.000 hectáreas establecida en la Ley 1008. De ese total, fueron erradicadas 4.928 hectáreas en el trópico del departamento de Cochabamba, 1.110 en los Yungas de La Paz, 74 en San Borja (Beni) y 277 hectáreas en Yapacani y El Chore del departamento de Santa Cruz.

Cáceres elogió la labor de los 1.600 efectivos de la FELCN, quienes bajo la dirección de Gonzalo Quezada realizaron más de 7.407 operativos para incautar 16,1 toneladas de cocaína, 370 toneladas de marihuana y destruir 13 laboratorios de cristalización de cocaína en la Chiquitanía. Hizo hincapié en que “la desarticulación de clanes familiares y redes de narcotraficantes es otra demostración del trabajo realizado”.

Destacó que en las cárceles de Bolivia y de otros países hay “peces gordos” del narcotráfico que fueron capturados en el país. Fueron aprehendidas 2.245 personas vinculadas con el narcotráfico, entre ellas 2.022 bolivianos, 69 peruanos, 38 colombianos, 28 brasileños, 21 españoles, 9 chilenos, 7 mexicanos, 5 argentinos, además de paraguayos, polacos y de otras nacionalidades.

En cuatro operativos ejecutados entre enero y julio de este año, la FELCN y el Ministerio Público incautaron más de 8,5 millones de dólares vinculados al lavado de dineros ilícitos. “Este trabajo corresponde al efectivo trabajo de los policías del Grupo de Investigación y Análisis Económico Financiero (GIAEF) de la FELCN”, destacó la coordinadora de los fiscales antinarcóticos Claudia Mancilla.

Los datos oficiales mencionan que el primer golpe al patrimonio de personas vinculadas al lavado de dinero se refieren al caso denominado FICA con la incautación de bienes por un valor de 1,5 millones de dólares. Otro operativo denominado “Tormenta del valle” posibilitó la incautación de bienes a un clan familiar por un valor de 1,5 millones de dólares entre propiedades, dinero y droga. El clan familiar Llanqui también cayó en las acciones de los efectivos antinarcóticos, al incautarse poco más de 500 mil dólares.

Los casos más recientes se relacionaron con los operativos “Cristal”, al desarticular al grupo de lavado de dinero Gonzales-Ledezma con la incautación de 1,3 millones de dólares, y “Sérpico” con la intervención de 3.777.200 dólares. Durante los operativos fueron detenidas 20 personas, entre tanto se sustentan juicios orales por el cargo de legitimación de ganancias ilícitas.