Campesinos bloquean carreteras troncales y una vía férrea en Santa Cruz; vecinos enardecidos apedrean la Alcaldía de El Alto; cocaleros cierran caminos en Cristal Mayu, y comunarios intentan tomar la planta hidroeléctrica de Zongo en La Paz. El 15 de agosto arranca la VIII marcha indígena y el Comité Cívico de Potosí nuevamente está en pie de guerra. Como siempre, el gobierno se declara víctima de una nueva “conspiración” derechista.

Varios sectores sociales se movilizan en distintos puntos del país, y otros amenazan con iniciar acciones de hecho en los próximos días. “Vemos que hay una coincidencia de movilizaciones que tienen diferentes intereses y demandas legítimas, pero también motivaciones políticas o afanes utilitarios de la oposición de derecha”, advirtió el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales César Navarro.

Desde las 2 de la madrugada del jueves, campesinos y colonizadores bloquean la carreta Santa Cruz-Trinidad a la altura de Puerto Pailas, y también la vía férrea hacia Puerto Suarez, confirmó el líder de la Federación de Trabajadores Campesinos del Oriente Eberth Justiniano. Otro contingente de comunarios interculturales interrumpe la ruta troncal Santa Cruz-Cochabamba, en inmediaciones de la población de Yapacaní.

En las protestas campesinas de Santa Cruz “convergen muchos intereses”, explicó el ministro de la Presidencia Carlos Romero. Por un lado, los colonos de Yapacaní se movilizan en defensa de la reserva del Choré y del Parque Nacional Amboró, y piden un aumento del precio del arroz.

El Ministro de la Presidencia dijo estar sorprendido por las protestas en Yapacani, ya que “el anterior jueves nos reunimos con una representación y se llegó a un consenso en tres puntos: el arroz, proyectos productivos y obras públicas”.

Los agricultores quieren elevar el precio del arroz, pero todos los productos están sujetos a la oferta y demanda; en el caso del arroz, los precios rebajaron porque hay sobreproducción, respondió el viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán, y movilizó a las fuerzas del orden para despejar las rutas.

La Policía logró desbloquear algunos tramos, pero los manifestantes instalaron nuevos piquetes y la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz instruyó resistir los embates de los uniformados.

De otra parte, la Federación de Campesinos exige la renuncia de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemecia Achacollo, acusada de “dividir” a los campesinos y de “traficar con tierras”. “La exigencia es la renuncia de la ministra Achacollo por dividir al sector campesino y por el tráfico de tierras, donde también está metido el senador Isaac Avalos”, declaró Justiniano.

“Así como el gobierno plurinacional no se entromete en la designación ni en la destitución de dirigentes sociales, las organizaciones sociales no tienen por qué involucrase en las decisiones presidenciales de destituir o pedir la renuncia de un ministro”, recalcó el ministro Romero y advirtió: “No vamos a hablar con nadie que esté bloqueando (porque) este no es un gobierno sordo, es un gobierno que escucha al pueblo”.

De manera simultánea, el gobierno de MAS ha tenido que lidiar con algunos grupos cocaleros que bloquearon carreteras en la localidad de Cristal Mayu en rechazo a la erradicación de cultivos de coca. Por si fuera poco, otro bastión del MAS también se rebeló contra el gobierno. Este jueves, grupos de padres de familia y vecinos apedrearon la Alcaldía de El Alto y el burgomaestre masista Edgar Patana tuvo que huir para precautelar su seguridad física.

Los padres de familia reclaman por la mala calidad del desayuno escolar, mientras que los dirigentes de las Juntas Vecinales protestan por la postergación del censo nacional de población y vivienda hasta el año 2012. El Vicepresidente Álvaro García Linera invitó a una reunión de emergencia a los alteños rebeldes, pero éstos lo desairaron y respondieron que solo negociarán con el Presidente Evo Morales.

Además, un grupo de comunarios a la cabeza de Daniel Angel Zullca Tancara y Mario Tancara Mendoza intentó tomar la planta hidroeléctrica de Zongo en La Paz, y el gobierno tuvo que enviar un destacamento de 80 policías con el fin de garantizar el funcionamiento de las turbinas.

Se vienen más protestas

En la provincia Omasuyos, un territorio controlado por el MAS, dirigentes del MSM, funcionarios de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) y varios profesores declararon enemigos al canciller David Choquehuanca y al ministro de Educación Roberto Aguilar. Los rebeldes denunciaron que las autoridades del Ejecutivo no han construido nueva infraestructura para la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari en Warisata.

Por otro lado, el 15 de agosto parte de Trinidad con rumbo a La Paz la VIII Marcha indígena protagonizada por los originarios del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Cientos de representantes de pueblos indígenas de todo el país se sumarán a esta movilización exigiendo la inmediata suspensión de obras de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

En principio, el gobierno denigró a estos indios “manipulados” por ONGs que bloquean el “desarrollo” de Bolivia, pero comienza a “bajar el tono” a medida que se masifica la protesta. “Pedimos a los hermanos indígenas que nos sentemos para resolver ese desencuentro temporal, porque para nosotros es un desencuentro temporal y no una ruptura”, imploró este jueves el viceministro Navarro.

Los potosinos también están en pie de guerra. Hace dos semanas el Comité Cívico de Potosí (Comcipo) advirtió que convocará a una nueva movilización regional porque el Ejecutivo hasta ahora no responde al pliego petitorio regional de seis puntos acordado en agosto de 2010. Los cívicos están decididos a reeditar la histórica movilización popular de 2010, que paralizó ese departamento por más de tres semanas.