Colapsó el sistema judicial boliviano y se estancó el trabajo de los fiscales de materia en ocho de los nueve departamentos del país, admitió el fiscal general de la República y máxima autoridad del Ministerio Público Mario Uribe Melendres.

Las audiencias judiciales no avanzan al ritmo de las imputaciones en ocho de los nueve departamentos de Bolivia, exceptuando Potosí, y a veces los fiscales de materia deben esperar varios meses para que un juez atienda sus requerimientos.

“Existe demora en el despacho de casos, tanto en la etapa preparatoria como en la etapa del juicio oral. Los Fiscales de Distrito han informado que tienen que esperar no solo días y semanas, sino meses para que el Juez despache alguna petición o requerimiento del fiscal, y peor aún en la fase del juicio oral porque el inicio de juicio se ha señalado para de aquí a un año o dos años o seis meses”, se quejó Uribe.

El máximo representante del Ministerio Público solicitará una audiencia con el futuro Presidente (a) de la Corte Suprema para analizar este “problema extremo” y encontrar una solución inmediata con el fin de evitar más retrasos en la resolución de los procesos.

El ex presidente de la Suprema Jorge Von Borries informó que en la actualidad 754 jueces atienden 591 mil causas; de las cuales 247 mil se encuentran paralizadas, sin contar las 343.436 causas pendientes presentadas el año pasado.

En materia penal, solamente en el Distrito de La Paz hay cerca de 30 mil casos acumulados, ya que de los 87.500 casos presentados solamente se evacuaron 57 mil. En Cochabamba se acumulan cerca de 29 mil causas: de las 46 mil presentadas solo unas 15.800 fueron despachadas. En La Paz, de los 49 mil casos presentados en las Salas Civiles solamente se han resuelto 35 mil; mientras que en Cochabamba, de los 42.100 casos ingresados fueron evacuados 33.500.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia Dennis Racicot estimó que el 78% de los más de 10 mil reclusos del país no tienen sentencia ejecutoriada. “Eso es gravísimo” y constituye una “denuncia muy directa contra la manera como se está administrando la justicia”, aseveró el defensor del Pueblo Rolando Villena.

Von Borries consideró que para superar semejante desfase se requieren medidas estructurales, como por ejemplo modificar el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, el Código Civil y el Código de Trabajo y Seguridad Social.

El Órgano Ejecutivo redacta una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público junto a representantes de la Fiscalía, Asamblea Legislativa y de la Policía. “La visión del Ministerio Público, a diferencia de la Ley 2175 promulgada en 2001 en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, debe ser la defensa de la legalidad, de los intereses, de la sociedad y la persecución penal”, explicó la ministra de Justicia Nilda Copa.

La nueva norma redefinirá toda la estructura de la Fiscalía y el perfil del nuevo Fiscal de Materia; creará una División del Medioambiente y de Protección de los Recursos Naturales; y establecerá mecanismos de coordinación entre el Ministerio Público y la jurisdicción indígena, originaria campesina.

Por otro lado, Mario Uribe informó que el Consejo de Fiscales de Bolivia ha elevado las ternas para el nombramiento de los 12 miembros del Tribunal Disciplinario del Ministerio Público, así como una terna para elegir al Tribunal de Concurso que evaluará a los postulantes al cargo de Fiscal de Recursos, tomando en cuenta que se tiene cuatro acefalías.

La oficina anticorrupción del Ministerio Público del Distrito de La Paz registró 60 denuncias contra fiscales de materia desde su inauguración el 8 de junio, informó a la agencia ABI el fiscal inspector Marco Antonio Rodríguez.

Esa oficina fue inaugurada por la fiscal de Distrito de La Paz Betty Yañiquez con el objetivo de “limpiar la imagen del Ministerio Público”, y “a partir de la inauguración se han incrementando sustancialmente las denuncias y procesos de investigación en la gestión 2011, hasta la fecha llevó asignadas 60 causas, es decir 60 denuncias contra fiscales de materia de La Paz”, precisó.

Las faltas disciplinarias se clasifican en tres tipos: muy graves, graves y leves. La mayoría de los 60 casos que se investigan en La Paz oscilan entre muy graves y graves. El 40 por ciento de las denuncias fueron remitidas en informes conclusivos a la ciudad de Sucre.