El Primer Ministro canadiense Stephen Harper está de gira esta semana en América Latina. Conforme a la página web oficial de su oficina, contempla una parada en Honduras el viernes, 12 de agosto. Según Harper el objetivo del viaje es de “ampliar y mejorar el acceso al mercado para crear empleo, crecimiento económico, y oportunidades para canadienses.” Se espera que anuncie la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con Honduras u otros acuerdos económicos importantes, a pesar de inquietudes y denuncias destacadas por organizaciones de derechos humanos hondureñas y internacionales.

De manera sistemática, el gobierno de Harper ha minimizado e incluso ignorado una denominada campaña estatal de intimidación, violencia y asesinato a defensores de derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado militar que se dio el 28 de junio de 2009. Los que ejercieron y avalaron el golpe de Estado lo han pintado como sucesión constitucional realizada por la Corte Suprema y el Congreso Nacional.

Se puede decir que el gobierno de Harper ha llegado al punto de reclutar el apoyo de los golpistas aquí en Canadá. No es una coincidencia que también esta semana el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, junto con el Centro de Investigación sobre el Desarrollo Internacional (International Development Research Centre) han invitado al Fiscal General de Honduras, Luis Alberto Rubí, para exponer como parte del panel “Enfrentando el Crimen y la Impunidad en América Central.”

Según varias fuentes mediáticas, académicas y diplomáticas, Rubí fue una figura clave en la manipulación del sistema legal que facilitó el golpe de estado militar en el 2009. Informes de Wikileaks y El Faro demuestran que Rubí fue directamente involucrado en la decisión de quitar el Presidente Zelaya de su puesto y usó el aparato legal a su alcance para reprimir la oposición y intimidar o perseguir miembros del equipo de Zelaya.

El gobierno de Harper apoyó oficialmente a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del régimen de Lobo, que emitió su informe el 7 de julio pasado. Ex-diplomático canadiense Michael Kergin (del bufete legal Bennet Jones con base en la capital canadiense) fue miembro de esa Comisión.

Catedrático y jurista canadiense Craig Scott, de la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York en Toronto es miembro de la Comisión de Verdad, la comisión convocada por organizaciones de derechos humanos en Honduras y con el apoyo de la sociedad civil internacional que va a entregar su informe en noviembre de 2011.

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