Los modelos de desarrollo urgidos de promover el comercio internacional, la explotación de los recursos naturales y la ampliación de las áreas de cultivo de alimentos ingresaron en un conflictivo túnel donde colisionan con las declaraciones internacionales de defensa del derecho a la vida y el medio ambiente.

En Bolivia, la construcción de una carretera que cruza por el corazón del Parque Nacional Isiboro Sécure que además está reconocido como territorio indígena, ha dejado al descubierto un choque entre las proclamas públicas por la preservación de la naturaleza y la urgencia de alcanzar el desarrollo.

El tratar de convencer que el derecho al medio ambiente es un derecho humano es complicado pero no imposible porque se enfrenta a dos conceptos: derechos humanos y medio ambiente, cuyas definiciones distan de ser precisas.

En este artículo enumeramos las declaraciones pronunciadas en los foros internacionales de los que Bolivia forma parte, y que guardan relación con la protección de los seres humanos en su ecosistema, con la finalidad de contribuir a un debate sincero sobre el discurso y la realidad.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 dice que “toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar…”. Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 hace ya referencia expresa a la necesidad de mejorar el medio ambiente como uno de los requisitos para el adecuado desarrollo de la persona.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo 1972, establece ya un derecho del hombre a “condiciones de vida satisfactorias en un ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar”. Como contrapartida a este derecho se establece el “deber solemne de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”.

En la reunión mundial de Asociaciones de Derecho ambiental celebrada en Limoges entre el 13 y el 15 de noviembre de 1990 se aprobó una declaración, uno de cuyos puntos dice: “La Conferencia recomienda que el derecho del hombre al medio ambiente debe ser reconocido a nivel nacional e internacional de una manera explícita y clara y los Estados tiene el deber de garantizarlo”.

La Cumbre de Río de Janeiro de 1992, en la que quedó patente el poder de convocatoria de la cuestión ambiental, 170 países representados y más de 100 jefes de Estado presentes, consolidó esta evolución al señalar en su Principio primero que todos los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la Naturaleza

En 1993 se celebró la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, una gran oportunidad perdida para reconocer el derecho al medio ambiente: a diferencia de los trabajos preparatorios, la Declaración final no hizo mención expresa de tal derecho (Torroja, 1999: 415).

Entre el 10 y el 13 de febrero de 1999 en Bilbao un Seminario Internacional de Expertos, con el patrocinio del Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, a cuya conclusión se aprobó la Declaración de Bizkaia sobre el derecho al medio ambiente. Dicha declaración es probablemente el texto más elaborado hasta el momento con relación a este derecho.

En su artículo 1, la Declaración señala que “toda persona, tanto a título individual como en asociación con otras, tiene el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. El artículo 2 es la relevancia prestada al deber de protección del medio ambiente, que obliga a toda persona, poder público y Organización Internacional. Por ello, teniendo en cuenta que este derecho exige un cambio global en toda la sociedad, se atribuye una gran importancia a la educación y sensibilización públicas (art. 7.1). Del mismo modo, se dispone que también “las generaciones futuras tienen derecho a heredar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado” (art. 3.1); se reconoce el derecho a un recurso efectivo ante una instancia tanto nacional como internacional cuando se vulnere el derecho al medio ambiente (art. 5); y se proclama el derecho a la reparación cuando el derecho al medio ambiente haya sido vulnerado y se hayan ocasionado daños (art. 6). Asimismo, se insta a los Estados y Organizaciones Internacionales a que adopten las medidas necesarias para garantizar este derecho, por ejemplo mediante el establecimiento de sistemas de información actualizada (art. 9.2), así como también mediante una cooperación internacional por parte de los países desarrollados que permita erradicar la pobreza, íntimamente vinculada a los problemas medioambientales (art. 9.4). Así, siguiendo una pauta ya empleada en la Declaración de Río, se establece que “en consonancia con los principios de solidaridad internacional y responsabilidad compartida pero diferenciada sobre la protección del medio ambiente, los países desarrollados deberían comprometerse a fortalecer la cooperación con los países en vías de desarrollo” (art. 8).

Esta Declaración de Bizkaia ha supuesto un paso importante en el largo y dificultoso proceso de clarificación, definición y reconocimiento del derecho al medio ambiente.

La actual Constitución Política del Estado, en su artículo 13, IV dice “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.