(Erbol y ABI).- La fiscal Marlene Taboada presentó un imputación formal ante el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz en contra de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Marlene Ardaya por la presunta compra de un inmueble con sobreprecio. Por otro lado, el gobernador de Oruro Santos Tito fue imputado por la contratación irregular de una funcionaria.

Según el Ministerio Público, en diciembre del año pasado la jefa de la Aduana adquirió un inmueble para la Aduana Distrital de Oruro, transacción en la que se habrían cometido algunas irregularidades. A denuncia de los cuatro miembros del Directorio de la Aduana, la Fiscalía en La Paz hizo las respectivas investigaciones y tomó las declaraciones a los involucrados.

Junto a Ardaya también fueron imputados la Gerente General de la ANB Eva Quino, y los miembros de la comisión calificadora de la Aduana Ramiro Chávez Gallardo, Luis Ubaldo Jiménez Suárez, Hilda Ventura Fernández, Ernesto Zaconeta Ventura y Amilcar Pérez Hurtado.

Todas estas personas son acusadas de la comisión de los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, informó hoy Daniel Borda, abogado de Amilcar Pérez, uno de los miembros de la comisión calificadora.

La Presidenta de la Aduana aseguró que el proceso de investigación abierto por el Ministerio Público demostrará que es inocente. Argumentó que su despacho ordenó un avalúo y una auditoría, en la que se evidencio algunas irregularidades, pero aclaró que inició los procesos correspondientes.

“Hemos abierto ahora un proceso de seis meses más de investigación y obviamente en este proceso, yo voy a ser sobreseída, nunca van a poder demostrar que yo firmé un documento o que no hice nada; ahí están las querellas, ahí están los procesos de auditoría, ahí está el avalúo y será en forma posterior que se vaya a definir este tema”, aseveró la imputada.

Ardaya afirmó que no fue legalmente notificada con la imputación y por ello solicitará por medio de sus abogados un informe pormenorizado de la investigación a la fiscal de Distrito de La Paz Betty Yañiquez.

Por otro lado, el fiscal anticorrupción Alfredo Santos presentó una imputación formal contra el gobernador de Oruro Santos Tito por la presunta contratación irregular de la delegada anticorrupción Felicidad Apaza, un cargo que no figura en el organigrama de la ex Prefectura.

La imputación al Gobernador de Oruro es infundada y será será respondida con “los memoriales conforme a procedimiento penal”, afirmó el secretario de Asuntos Jurídicos de la Gobernación Edgar Ajata. Alegó que Apaza fue contratada de “manera eventual” en el cargo de Delegada Anticorrupción, en cumplimiento del instructivo nacional de crear las delegaciones de transparencia en todas las regiones del país.

Ajata explicó que en el marco de las competencias de la administración pública y según la Ley 17 de Transición, cualquier entidad pública tiene facultades para contratar personal eventual de acuerdo con la necesidad durante el período de transición al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

“Además no se debe olvidar que la Estructura Organizacional de la Gobernación ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental y por una resolución biministerial. Esta resolución departamental incluso tiene carácter retroactivo”, aseguró Ajata.