El modelo primario exportador, en su incesante búsqueda de inversiones, facilita el ingreso de las transnacionales y de megaproyectos; promueve la flexibilización de las regulaciones ambientales y contenciones sociales; y genera elevados costos socioambientales. En este artículo se describen los antecedentes y los altos costos ambientales de más de 20 proyectos de “desarrollo” impulsados por el gobierno de Evo Morales.

1. Rechazo a la auditoría petrolera del 2007

El gobierno del MAS rechazó los resultados de la auditoria petrolera del año 2007 (1), impulsada por el propio gobierno, que evidencia, que varias empresas petroleras habían ocasionado daños económicos y ambientales al país. A pesar de ello, el gobierno aprueba nuevos contratos (en el proceso de nacionalización) con las empresas transnacionales petroleras observadas por dicha auditoría integral.

El gobierno pasó por alto las observaciones a las empresas transnacionales por mal manejo económico, incumplimiento y contravenciones socioambientales, fallas que se habían ocasionado en años anteriores. No sólo se firmaron los contratos de operación y se establecieron alianzas y sociedades (caso Chaco y Andina), sino que incluso se realizaron indemnizaciones. Se denunció que los resultados de la auditoría fueron tergiversados por las autoridades de hidrocarburos y YPFB. En opinión de algunos analistas (2): “Fue un intento de ocultar la omisión y falencia, de encarar en su momento a las empresas petroleras, que se habían dado un festín en los años de la privatización y neoliberalismo. Dicha omisión significó no solamente haber pasado por alto las irregularidades cometidas, sino brindarles resarcimientos del todo injustificados”.

2. Complejo Agroindustrial azucarero en la Amazonía del Norte de La Paz

En noviembre del año 2006, se aprueba la Ley 3546 (3), que promueve la implementación del megaproyecto Complejo Agroindustrial de San Buenaventura en el Norte de La Paz, haciendo mención a la producción de biocombustibles a partir de caña y palma africana. En años posteriores se impulsa la búsqueda de financiamientos para la implementación del megaproyecto, tanto en su fase industrial, como para la expansión de los monocultivos de caña. Esto ocurre, sin la realización de una evaluación estratégica ambiental, evaluaciones de riesgo y evaluación de impacto ambiental, ni consulta social. Es un proyecto que proviene de los años 70-80.

Diversas evaluaciones generales realizadas en años anteriores en la región tropical amazónica del norte de La Paz (5), pusieron de manifiesto la notable pobreza de nutrientes de los suelos, elevada acidez y baja capacidad de intercambio catiónico. Un estudio con bastante nivel de detalle del año 2009 (4), determinó de forma concluyente que la región es marginalmente apta para el cultivo industrial de caña debido a la notable carencia de nutrientes. Esto conlleva el riesgo de impulsar el proyecto a partir de un elevado nivel de subsidios en forma de enmiendas cálcicas y de fertilizantes a los productores cañeros, lo cual pondría en duda la efectividad económica del proceso. Si no se mantiene un adecuado nivel de subsidio, la otra alternativa para los productores es ocupar progresivamente nuevos suelos, lo que implicará desboques acelerados y ampliación de la frontera agrícola en una región identificada como una de las de mayor riqueza biológica del país y de alta fragilidad ecológica (5). Existe además un riesgo directo de afectación a la TCO Tacana y de la intensificación de los conflictos con los colonos. De cualquier forma, el proceso reducirá la calidad ambiental de toda la región.

3. Grandes obras viales en el Norte de La Paz

A inicios del 2011 el gobierno del MAS consolidó los financiamientos para la mejora-pavimentado del camino San Buenaventura – Ixiamas (BM) y el Puente sobre el río Beni (BID), como parte del proceso de apoyo al desarrollo del Complejo agroindustrial de San Buenaventura (6). Las obras se encuentran en la zona de influencia directa del Parque Nacional Madidi y varias Tierras indígenas o TCOs. El Estudio de Evaluación social (7) presenta serias deficiencias conceptuales, especialmente en temas socio-culturales.

El Norte de La Paz amazónico, es considerado como la “última frontera natural” del país, con una elevada riqueza biológica, elevada fragilidad ecológica y con seguridad la mejor conservada. Al riesgo del complejo azucarero de San Buenaventura, que promoverá los monocultivos de caña a gran escala, se adiciona el riesgo de que la nueva vía y el puente a ser construido, favorezcan la expansión de la colonización desordenada y fronteras agropecuarias, así como la extracción de recursos como madera y fauna (8), poniendo en riesgo inclusive al PNANMI Madidi en su sector norte y varias tierras tradicionales indígenas. A esto se suma el hecho de que el Plan de Desarrollo Integral de la Macroregión de la Amazonía boliviana, aprobada por el gobierno, da escasa atención a los temas de conservación de recursos y protección ambiental (9). Algunas de las proyecciones de la gobernación de La Paz para el norte paceño, son: la expansión de la ganadería y el cultivo de arroz a escala industrial.

4. Megarepresa El Bala

Se aprueba el Decreto Supremo DS 29191 en julio del 2007 (10) que declara de prioridad nacional el impulso al megaproyecto hidroeléctrico de El Bala (2.000 MW), una megarepresa promovida por gobiernos anteriores (años 90) y que devastaría más de 200.000 hectáreas de ecosistemas naturales al interior del Parque Nacional Madidi y la Reserva -Territorio Indígena (TCO) Pilón Lajas (11). De realizarse el megaproyecto, el costo de producción será muy elevado (considerando en especial el proceso de transmisión).

El riesgo mayor es una masiva pérdida de biodiversidad, puesto que las áreas protegidas a ser afectadas son consideradas las de mayor riqueza natural de Bolivia. Paralelamente se desalojaría a más de veinte comunidades y asentamientos indígenas. Además el impacto afectaría al menos a tres iniciativas indígenas de ecoturismo. Bajo eventos lluviosos extremos derivados del cambio climático, los efectos de inundación se magnificarían. Adicionalmente el gran embalse se convertiría en un mega-emisor de gases de efecto invernaderos (p.e. metano) contribuyendo al calentamiento global (12). Entre otros efectos, Bolivia tendría un superávit de energía, considerando la energía a ser producida por El Bala y Cachuela Esperanza, siendo que la proyección del consumo de energía del país al 2020 podría oscilar entre 1.400 y 1900 MW (13), existiendo incertidumbre sobre si su venta, de realizarse, sería en condiciones favorables al país. Elevadas demandas de energía en la actualidad provienen de los megaproyectos mineros.

5. Megarepresa Cachuela Esperanza

Fuerte impulso al megaproyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza sobre el río Beni, que forma parte de la cuenca del río Madeira (14). En el río Madeira, el Brasil desarrolla dos megarepresas (Jirau y San Antonio) que ocasionarán severos impactos en la Amazonía boliviana. El estudio de Factibilidad realizado por la empresa TECSUL ha sido fuertemente criticado (15) por sus vacíos e inconsistencias, la elaboración de la Ficha ambiental fue inicialmente omitida, en tanto el Estudio de Impacto Ambiental no ha sido dado a conocer. Es otro proyecto que se deriva de los años 70.

El mayor riesgo radica en los efectos directos de inundación que la megarepresa Cachuela Esperanza ocasionará en la región noreste de Bolivia, adicionalmente los efectos de esta mega obra podrían sinergizarse con los efectos previstos de las represas brasileras, incrementando el nivel de impacto en la Amazonía boliviana (12). Al menos 10 comunidades campesinas y una población grande (Riberalta) serán directamente afectadas por el embalse (12). Bajo eventos climáticos extremos de El Niño-La Niña, los efectos de la inundación podrían llegar a ser extremadamente catastróficos. La energía producida (1000 MW) no beneficiará a las poblaciones amazónicas del país debido a los costos de transformación y generará un superávit de energía. Bolivia se vería en la necesidad de venderla en condiciones de pérdida, (sin duda al Brasil), puesto que el estudio de factibilidad prevé que para que el proyecto sea viable, el costo de producción por MW/hora, debe ser más alto que el precio de venta en ese país (16).

6. Proyecto geotérmico en Laguna Colorada

Impulso de un proyecto geotérmico grande desde el año 2008, con apoyo del Japón, al interior de la Reserva de Fauna Andina Eduardo Abaroa y en la cuenca de la Laguna Colorada (17), un paisaje de extraordinaria calidad escénica y elevada fragilidad ecológica, que además es sito RAMSAR (12). El costo de producción de energía por Megavatio es más alto en comparación con otras alternativas, esto, para solo producir 100 MW de potencia en total (18, 19). La energía a producirse beneficiaría al megaproyecto minero San Cristóbal o sería comercializada a Chile. La idea de este proyecto proviene de los años 70.

El área a ser afectada constituye uno de los centros más importantes de ecoturismo de la región y prácticamente da plena sostenibilidad económica a la gestión de la Reserva. Se prevén impactos severos a la calidad escénica y ambiental, con lo cual existe el riesgo del colapso de las actividades de ecoturismo en el área (12) y que podrían repercutir en toda la región. En una región semidesértica, la manipulación de las aguas subterráneas puede afectar la estabilidad de los acuíferos y la oferta de agua en general. Las líneas de transmisión de energía pueden afectar severamente a las poblaciones de flamencos y aves migratorias que arriban estacionalmente a la Reserva, la cual es un refugio regional de aves altoandinas amenazadas (20). En la fase de construcción, el establecimiento de campamentos y la concentración de hasta 700 trabajadores cerca de la Laguna Colorada, tendría efectos devastadores sobre la calidad ambiental y las poblaciones de flamencos que nidifican en la zona.

7. Colonización en tierras frágiles de la Amazonía

El año 2009 el gobierno del MAS impulsó un proceso de colonización (colonos originarios de las tierras altas y del Chapare) hacia las regiones remotas del bosque amazónico de Pando, llevando alrededor de 4.000 familias a siete regiones (21). El proceso fue denunciado como un mero afán electoralista (elecciones departamentales) y de sentar presencia política en la región (22).

Los bosques amazónicos de Pando tiene escasa vocación agropecuaria debido a la notable pobreza de nutrientes de sus suelos, y su mayor aptitud se refiere al manejo de los recursos de la biodiversidad, como la extracción de la castaña y otros recursos del bosque. Si bien las expectativas del gobierno era la de promover el extractivismo de la castaña entre los colonos, la tendencia ha sido a la instalación de cultivos y campos de cría de ganado, poniendo en riesgo la estabilidad ecológica de las zonas ocupadas, induciendo una figura de precariedad en términos alimentarios y de salud (23). Al menos tres de los sitios de colonización están en la zona de influencia inmediata de la Reserva Manuripi y el área protegida departamental Bruno Racua.

8. Camino que divide el TIPNIS

El año 2003, el gobierno de Sánchez de Lozada emitió un Decreto por el cual se incorporaba el futuro tramo Villa Tunari-San Ignacio, en la Red fundamental del país e instruía al Servicio de Caminos la responsabilidad de priorizar la obra. Poco tiempo después, el gobierno de Carlos Mesa aprobó una Ley de la República instruyendo la búsqueda de financiamientos para dicha carretera

En junio del 2011, el gobierno del MAS dio la aprobación del camino Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, fase II (24), atravesando la zona mejor conserva-da (zona núcleo) del Parque Nacional y TCO (territorio indígena) TIPNIS (25). El megaproyecto vial no cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental de la fase II, como tampoco se ha dado la respectiva consulta pública. El Ministerio de Medio Ambiente, a través del SERNAP, impulsa un “estudio estratégico”, que viene siendo realizando con total hermetismo y sin participación social. La empresa adjudicataria de la obra es la brasilera OAS con pésimos antecedentes éticos y ambientales en su país y otros países sudamericanos, al igual que el banco brasilero BNDES, que ha otorgado el crédito de la mega-obra. La aprobación de las Licencias ambientales de las fases I y III (que flanquean el TIPNIS), significó incluso el cambio en la cabeza de la AAC, como medida para facilitar el proceso de aprobación (25).

Los primeros intentos de construcción del tramo San Ignacio-Villa Tunari datan de los años 90, cuando la entonces prefectura del Beni y empresarios madereros buscaron la construcción de la ruta con el fin primario de explotar la madera. La ruta actualmente prevista, atravesará una de las áreas protegidas de mayor riqueza biológica del país y de notable fragilidad ecológica por los suelos y clima pluvial imperante. La apertura de la vía significará una elevada pérdida de biodiversidad y la destrucción del bosque tropical pedemontano que constituye en la actualidad un remanente en alto riesgo. Se abre la posibilidad del acelerado avance de la colonización, el incremento de los cultivos de coca y la extracción de recursos, afectando además los recursos y medios de vida de las comunidades indígenas del área (26, 27). Esto es más cierto al considerar el escaso apoyo que recibe el SERNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) y la debilidad de gestión de las áreas protegidas en particular. Como en otros casos, la vía ha sido justificada en base a las necesidades de vinculación de la Amazonía, sin embargo, parecería obedecer simplemente a compromisos partidarios con el sector colono realizados en años anteriores. La aprobación final al proyecto de esta vía, ha sido considerada como una de las mayores contradicciones con los postulados de defensa de la Madre Tierra, después del encuentro de Tiquipaya. Adicionalmente, el proceso impactará un sector del Bosque Chimanes donde se afectarían otras dos TCOs indígenas (TIM y TICH). La posición empecinada del gobierno propicia una futura agudización del conflicto entre indígenas, que rechazan la vía y los colonos que presionan por la construcción. El conflicto entre partes ocasionó enfrentamiento y un muerto el año 2009 (124). El Vicepresidente del Estado Plurinacional ha realizado declaraciones distorsionando la verdad, al afirmar que los indígenas del TIPNIS piden el camino (125), posiblemente haciendo una referencia ambigua a los colonos, los cuales sin embargo, nunca se han auto identificado como indígenas. De forma contradictoria, el presidente Evo Morales afirmó que la carretera se construirá “quieran o no quieran” los indígenas del TIPNIS (126).

9. Áreas protegidas amenazan inversiones petroleras

A inicios del 2010, desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energía se declaraba públicamente la existencia en Bolivia de cinco amenazas de carácter ambiental, que pueden frenar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo, mencionando específica-mente a las áreas protegidas y los procesos de consulta y participación, además de las licencias ambientales (28).

Fue inédito y risible que el sector que más ha atentado contra el medio ambiente y los pueblos indígenas, no sólo en el país sino en el mundo, se muestre como una víctima de las limitaciones y regulaciones ambientales y sociales, y se ponga en posición de sector desvalido y amenazado. Esto fue el inicio de un proceso sistemático dirigido a la flexibilización de las normas ambientales y repercutió en un mayor debilitamiento de la mermada gestión ambiental (29, 30). Aparentemente este extraño posicionamiento se dio bajo aval de las máximas autoridades de Estado y ante un total silencio de la Autoridad Ambiental Competente o del SERNAP, incluso las organizaciones sociales guardaron silencio.

10. Expansión de la frontera petrolera

A través del Decreto Supremo 0676 de octubre del 2010 (31, 37), el gobierno del MAS amplió de 33 a 56 el número de áreas de exploración y explotación de hidrocarburos (más de 1,5 millones de hectáreas) concedidas a la empresa estatal petrolera, YPFB, tanto en la Zona tradicional hidrocarburífera, como fuera de ésta. Varias de estas nuevas zonas de operación están ubicadas al interior de áreas protegidas y territorios indígenas.

Las operaciones petroleras vulneran y ponen en riesgo al menos 7 áreas protegidas y 8 Tierras tradicionales indígenas o TCO (32, 37): Parque Nacional Madidi, Reserva-TCO Pilón Lajas, Parque Nacional Aguarague, Parque Nacional Amboró, Parque Nacional-TCO Isiboro Sécure, Reserva Nacional Manuripi, Parque Nacional Iñao, TCO Itika Guazu, TCO Tentayape, TCO Mosetene OPIM, TCO Lecos Apolo, TCO Chacobo-Pacahuara, TCO Cavineño, TCO Multiétnico 2. El ingreso de las diversas operaciones petroleras a estos espacios, reactivan los procesos petroleros iniciados en gobiernos anteriores, por ejemplo en el Madidi y el TIPNIS, y abren otros nuevos, como en Pando (bloque Madre de Dios-Beni) bajo operaciones de la empresa GLTI. Esto ocasionará una multiplicidad de impactos ambientales y sociales, situación agudizada por la debilidad y deficiencia de las acciones de regulación y control ambiental.

11. Exploración petrolera en Liquimuni (norte de La Paz)

El año 2008 el gobierno aprobó la exploración petrolera en el bloque Liquimuni en el Norte de La Paz por parte de la empresa Petroandina, iniciándose el año 2009 (33); la licencia ambiental fue dada, aun cuando las Fichas Ambientales y los Estudios de Impacto Ambiental presentados (fases I y II) tenían serias deficiencias y vacíos, y la consulta pública fue cooptativa, distorsionada y realizada de una manera poco responsable (34). El proceso exploratorio estuvo a cargo de la empresa Geokinetis, subcontratada por Petroandina y el 2011 se denunciaba que la empresa Geokinetics, había ocasionado irregularidades e impactos ambiéntales en la región (39), aspecto revelado por una auditoría técnica.

El proceso generó impactos en la TCO Mosetene (OPIM) y la TCO Leco Apolo, además de la zona de influencia sur de la Reserva-TCO Pilón Lajas. La notable fragilidad de la zona afectada, ocasionó varios impactos a los ecosistemas, especialmente a cuencas en las nacientes de ríos, recursos, y sitios de valor cultural (35, 34). El mal desarrollo de la consulta pública y la cooptación de comunidades y líderes, ocasiono que las organizaciones indígenas (OPIM y CIPLA) se debiliten e incluso alguitas se dividieron (caso CIPLA) y que un fortalecimiento y consolidación que significó un arduo proceso de varios años, sea desbaratado por la intromisión petrolera en unos pocos meses (34, 38). El 2011, YPFB anunciaba la finalización del análisis de la exploración sísmica y la preparación para la fase perforatoria. Petroandina ha recurrido a la estrategia de entrega de obras, como sedes sociales o arreglo de plazas, a fin de ganar aceptación en el proceso perforatorio. Al parecer de varios líderes indígenas, esto no atiende las necesidades básicas de la población, ni podría resarcir los daños a los medios de vida críticos como el agua. YPFB y Petroandina desestimaron los resultados de la auditoría hecha a Geokinetics y YPFB, en tanto que Ministerio del ramo, otorgó a dicha empresa observada, las operaciones en los campos Iñau e Iñaguazu a cargo de Petroandina.

12. Exploración petrolera en Madidi y Pilón Lajas

Como parte del proceso de nacionalización, el gobierno actualizó los contratos de operación de las empresas transnacionales Petrobras-Total y Repsol YPF, en los bloques Río Hondo y Tuichi (otorgados a nivel de concesiones en gobiernos anteriores) y que impactarán a las zonas mejor conservadas del Parque Nacional Madidi, una de las áreas protegidas más relevantes en Sudamérica. Además se otorgaron otros bloques (Chepite, Chispani, Secure) en la misma región, a la empresa Petroandina (31, 36).

Todos estos bloques petroleros se superponen al menos a tres áreas protegidas consideradas de enorme relevancia continental por su riqueza de biodiversidad: Parque Nacional Madidi, Reserva-TCO Pilón Lajas y el Parque Nacional-TCO TIPNIS o Isiboro Sécure, además de al menos tres Tierras Indígenas (34). El proceso exploratorio afectará drásticamente el desarrollo de las iniciativas indígenas de ecoturismo (Chalalán, San Miguel del Bala, Mapajo), y a las actividades de turismo en la región en general. Las operaciones petroleras en el Madidi, pondrán además en riesgo a los Toromona, un pueblo indígena incontactado o en aislamiento voluntario, siendo que el propio gobierno del MAS había creado legalmente el año 2009 una zona reservada especial para dicho grupo, al interior del Madidi (40). El gobierno, ha buscado la flexibilización de las normas ambientales con el fin de facilitar el ingreso de las petroleras a las áreas protegidas.

13. Exploración petrolera en Aguaragüe

El gobierno del MAS ha facilitado el ingreso de la exploración petrolera al interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe, ubicado en el subandino sur de Bolivia (Tarija), y que además es un espacio tradicional indígena. Las operaciones están a cargo de la empresa Petroandina (PDVSA-YPFB) (41) en los bloques Timboy, Aguaragüe Sur A, Aguaragüe Centro y Aguaragüe Norte, además de Tiacia e Iñiguazu.

Se prevén severos impactos a una región de serranías subandinas de elevada fragilidad ecológica (34). El PNANMI Aguaragüe ha sufrido en años anteriores fuertes afectaciones de diversas operaciones petroleras, existiendo numerosos y severos pasivos ambientales no remediados (43). Las comunidades indígenas del área se oponen al ingreso de la empresa petrolera (44, 45), en tanto que la autoridad estatal petrolera, pretendería utilizar la misma táctica de consulta cooptativa y de división que pusieron en práctica en Liquimuni, para facilitar el ingreso de la empresa Petroandina (además de la empresa subcontratada de Estados Unidos, Geokinetics). El ingreso de las petroleras a las áreas protegidas, ha sido favorecido por la debilidad crónica del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y la Autoridad Ambiental Competente (AAC).

14. Exploración petrolera en la TCO Tentayape

El gobierno del MAS impulsa desde el año 2010 (46), la exploración petrolera por la empresa Repsol YPF, en el bloque Caipipendi (Chaco serrano de Chuquisaca), próxima a las zonas Huacaya y Margarita, la cual afectará el último reducto de los Iyambae Ava-Guaraníes Simbas de Bolivia (34), una parcialidad étnica única por el alto nivel de pervivencia de sus valores culturales y que tiene una carácter patrimonial.

Ya en el año 2007, los representantes de la TCO denunciaron la invasión por la petrolera Repsol, que realizó exploraciones sísmicas en el corazón de la zona Tentayape. También denunciaron daños ambientales en el aledaño campo Margarita, producidos por la actividad petrolera a los pueblos guaraníes aledaños a la construcción del gasoducto (47). Repsol tiene un nutrido legajo de contravenciones y vulneraciones ambientales, donde figuran las del campo Itatique, de Monteagudo o las severas afectaciones de la exploración sísmica al TIPNIS (Isiboro-Sécure) el año 1997 (48, 49). El 2011, la exploración en Tentayape era un riesgo inminente, ante el radical rechazo indígena (50) y de diversas organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales (51). Simbólica y paradójicamente, Tentayape significa “La última Casa”.

15. Explotación e industrialización de Cobre en Coro Coro

El año 2009 la empresa estatal minera COMIBOL inició un agresivo proceso de explotación e industrialización hidrometalúrgica de cobre en Coro Coro (52) en el altiplano del Departamento de La Paz, afectando los ecosistemas de las tierras comunitarias (54). El proceso avanzó varios meses en ausencia de la Licencia ambiental necesaria y tan solo bajo la Declaración de Adecuación de Impacto Ambiental, es decir sin Estudio de Impacto. Además no se realizó la debida consulta pública. Coro Coro es una zona de operaciones mineras desde antes de los años 80 y tiene varios pasivos ambientales que la COMIBOL no atendió posterior al cierre de las minas.

Las operaciones mineras en Coro Coro empezaron con actividades de la Comibol, pero a través de un “Joint venture” con la empresa coreana Kores bajo una proyección de financiamientos futuros de 200 millones de dólares (53). La exploración minera que realizó Kores el año 2010, ocasionó severos impactos a tierras comunales, que no fueron remediados. Las comunidades locales que son parte del Jacha Suyo Pacajes y el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ) denunciaron contaminación y desvío de un cuerpo de agua (zona Sicuipata) por parte de la empresa. La empresa estatal propició el enfrentamiento entre mineros-pobladores de Coro Coro y comunarios campesinos de la región, incluso llegó más lejos buscando dividir a las comunidades y la organización social. El gobierno además, criminalizó el reclamo ambiental, persiguiendo a líderes de la CONAMAQ (55). A manera de anécdota, cuando una organización ambientalista solicitó a la COMIBOL información respecto a la Ficha ambiental para trabajos de exploración en la zona de Chijchi Arriba, la empresa Estatal remitió, un documento de aproximadamente 500 páginas y en inglés.

16. Pronunciamiento histórico de organizaciones sociales ante el avasallamiento extractivista

En julio del 2009, el Presidente boliviano reacciona con molestia ante el pronunciamiento de las organizaciones indígenas y acusa a las organizaciones defensoras del medio ambiente, de estar “manipulando” y “confundiendo” con intereses políticos a los líderes indígenas (56). El pronunciamiento de los pueblos indígenas y originarios de julio del 2009, denuncia los avasallamientos de los espacios tradicionales originarios y exigiendo la paralización de nuevas operaciones mineras y petroleras en sus territorios, sin su expreso consentimiento y previa consulta (57).

Dicho pronunciamiento fue una muestra contundente de la posición de las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia, y fue presentada por: el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas-“Bartolina Sisa” (CSMIOC–“BS”), la Confederación Indígenas de Bolivia (CIDOB), Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST–B) y el Pueblo Afroboliviano. Las críticas gubernamentales hacia los líderes indígenas menospreciaron y desvalorizaron su capacidad de pensar, plantear y denunciar las problemáticas que les afectan, bajo una visión paternalista que asume que los indígenas son incapaces de emitir sus opiniones y posiciones, sin necesidad del padrinazgo de terceros (53). La agresiva posición gubernamental ocasionó un debilitamiento de las organizaciones sociales en términos de su capacidad de generar demandas y planteamientos lógicos y responsables en materia ambiental.

17. Megaproyecto minero San Cristóbal

El megaproyecto minero San Cristóbal, actualmente a cargo de la transnacional Sumitomo Corp., inició formalmente sus operaciones de explotación de plata, zinc, plomo en Bolivia a fines del año 2006. El “open pit” o tajo abierto del megaproyecto puede ya ser observado desde el espacio satelital (53) y expolia 50.000 metros cúbicos por día de aguas fósiles subterráneas (equivalentes al volumen de agua que consume al día toda la ciudad de El Alto: 1 millón de habitantes). A pesar de que el concesionamiento al megaproyecto proviene de períodos anteriores al año 2000, a partir del año 2006 tuvo un pleno consentimiento y apoyo por parte del gobierno del MAS y la prefectura de Potosí (58, 59).

Las operaciones de San Cristóbal, inicialmente en manos de la transnacional Apex Silver, cuentan con pleno respaldo del Gobierno central y la Gobernación de Potosí (60). Dicho apoyo al megaproyecto se ha afianzado en base a los exiguos beneficios que deja dicha explotación al país. El año 2010, el megaproyecto exportó minerales por un valor de 1.900 millones de dólares, de los cuales, se quedaron en el país por concepto de regalías e impuesto minero, un total de 148 millones de dólares, es decir menos del 8% (63). La expoliación de los inmensos volúmenes de agua de los acuíferos profundos (que además es gratuita para la empresa) implica un grave riesgo de desastre hidrológico por pérdida de fuentes de agua, a toda la región circundante al megaproyecto, siendo que es una de las regiones más secas del país (régimen semidesértico) y afectada por el cambio climático (61, 53). Los acuíferos profundos son semiconfinados y tienen relación con los acuíferos superficiales, y estos con los cuerpos de agua superficiales; al vaciarse los acuíferos profundos se produce un efecto en cadena. Adicionalmente el proyecto ha generado impactos a los medios de vida y valores culturales de las comunidades locales (62).

18. Explotación de litio en el Salar de Uyuni

A partir del año 2008, el gobierno del MAS impulsó la visión de explotar el Litio del Salar de Uyuni, proyectando una mega-explotación que podría alcanzar al futuro incluso las 30.000 Tn/año de carbonato de Litio (64). De inicio, la empresa estatal impulsó un proyecto piloto en la zona sudeste del salar cerca de la desembocadura del río Grande de Lípez, el cual no contó con un estudio de impacto ambiental, consulta pública u otros recaudos ambientales por tratarse de un proceso piloto experimental, esto a pesar de su gran dimensión y los impactos ocasionados (65, 53).

Las proyecciones iniciales de explotación de litio en el salar de Uyuni, datan de fines los años 80, proceso que involucró a la transnacional LITHCO de Estado Unidos. El proceso actual se impulsó a partir de las expectativas del uso alternativo de energía de baterías de litio en la industria automotriz. A pesar de lo delicado del tema, no se realizó una evaluación estratégica integral. El “proyecto piloto” iniciado el año 2010, ocasionó el deterioro de decenas de hectáreas del salar por la construcción de las piscinas de evaporación, caminos y terraplenes, mostrando el riesgo de lo que podría ocurrir si se da una explotación a gran escala (66). El Salar de Uyuni es un ícono patrimonial por su carácter único y el sitio de mayor relevancia turística del país, siendo considerado un destino a nivel internacional (68). Un eventual megaproyecto minero en el salar en base al sistema de piscinas de evaporación, sin duda reduciría drásticamente el potencial turístico de toda la región y existe incertidumbre sobre su aporte a la mejora de la calidad de vida de la gente local (67).

19. Megaproyecto minero del Mutún

Si bien la idea proyecto data de los años 80, en el actual desarrollo, el megaproyecto minero está a cargo de la transnacional india JINDAL. El Estudio de Impacto Ambiental adoleció de varias falencias y vacíos, por ejemplo no consideraba la contigüidad del megaproyecto con un área protegida. Un hecho llamativo fue que durante el inicio del proyecto el año 2010, se autorizó un cambio de ubicación de la zona de explotación, aspecto no previsto en el EEIA (53). El proceso implica varias mega-obras viales al interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, hacia Puerto Busch (69): camino carretero, ferrovía, la terminal portuaria, líneas de transmisión de energía y la posible construcción de un canal de navegación entre el Mutún y Puerto Busch (53). Todo ello con pleno apoyo del gobierno.

El megaproyecto impacta dos ecoregiones especialmente críticas y sensibles, el pantanal y el cerrado. Los proyectos de conexión de la zona del Mutún con Puerto Busch en el triángulo Foianini, datan de años anteriores al 2006, por ejemplo la ferrovía y la terminal portuaria. En años posteriores se concretó la mejora del camino y se empezó a considerar el canal fluvial (70). Todos estos proyectos viales cruzan el Pantanal de Otuquis, un ecosistema en extremo frágil y al interior de un área protegida. De hecho, la mejora del camino ya ha ocasionado efectos negativos en el drenaje de las aguas de la zona, que incluso llegó a afectar la obra. De construirse el canal fluvial podría ocasionarse un daño en extremo severo a la delicada dinámica fluvial. Adicionalmente el megaproyecto minero, debido a su magnitud, prevé una utilización expoliativa de aguas (71), lo cual significa un enorme volumen de aguas (mas de 250.000 met.cub./día) generando riesgos de sobre-extracción sobre diversos cuerpos de agua como el río San Juan (71) o incluso la Laguna Cáceres (que también es parte del Parque Nacional). Por otra parte, la eventual baja disponibilidad de gas para el proceso de reducción del hierro, podría traducirse en el uso de carbón vegetal con la consecuente depauperación de los ecosistemas naturales de la región (72).

20. Uranio-energía nuclear

A lo largo del 2009 y 2010, desde una lógica puramente desarrollista, el gobierno del MAS comenzó a impulsar la idea de la explotación de uranio, supuestamente en el cerro Cotaje, ubicado en Potosí (73, 74); la gobernación de dicho departamento participó activamente en las acciones de exploración. En dicho período el gobierno realizó además un activo acercamiento a los gobiernos de Irán y Rusia, los cuales ofrecieron el desarrollo de la energía nuclear en el país, e incluso armamento, con plena aceptación pública de altas autoridades del gobierno (75). Todo el proceso conllevó un alto riesgo ambiental y fue muy poco responsable.

Existen múltiples antecedentes de exploraciones de yacimientos de uranio en el país, especialmente en las cordilleras de Oruro y Potosí, y en la Chiquitanía (76), incluso existen datos de explotaciones pasadas, desconociéndose el destino de la supuesta producción. Las primeras ideas de generar energía a partir del material nuclear en el país, se dieron el año 2007 desde el IBTEN (Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear). Al igual que en diversas regiones del mundo la explotación minera del uranio implica enormes impactos y riesgos ambientales, especialmente por los grandes volúmenes de residuos de alta peligrosidad (77). Por su parte la generación de energía núcleo-eléctrica representa riesgos aún mucho mayores, y tiene un largo legado de accidentes en diversos países del mundo, además de la generación de desechos de alta peligrosidad (78). Poco tiempo después de hacerse públicas las intenciones del gobierno, ocurrió el terrible accidente de Fukushima en el Japón, lo cual al menos llegó a generar una preocupación expresa, en el primer mandatario

21. Producción, importación y comercialización de transgénicos

El gobierno del MAS dio luz verde a los transgénicos a partir de la Ley de Revolución Productiva, aprobada en julio del 2011 (79). El artículo 19, instruye el establecimiento de disposiciones para la producción, importación y comercialización de productos transgénicos. Esta parte de la norma fue aprobada a pesar de tener un fuerte rechazo social. La apertura a los transgénicos de Bolivia, se dio paradójicamente con la conflictiva aprobación del texto final de la Nueva Constitución política del Estado (artículo 409) a fines del 2008 (80), siendo que la penúltima versión aún mantenía la prohibición en su artículo 405 (81). El Ministerio de Gobierno confundió a la opinión pública, difundiendo solamente información sobre el artículo 15 de la mencionada Ley, que hace referencia al etiquetado de productos transgénicos, y faltando a la verdad al sostener que la mencionada ley “protegería a la población de los transgénicos” (82).

La apertura a los transgénicos en Bolivia, se dio el año 1998 (83), durante gobierno de Banzer, cuando el Comité Nacional de Bioseguridad aprobó la solicitud de Monsanto en calidad de bioensayos experimentales en Santa Cruz (evento 40-3-2). Los años 2004 y 2005, durante los gobiernos de Mesa y Rodríguez Veltzé se introdujo oficialmente al país el cultivo y consumo de soya transgénica (Soya RR Evento 40-3-2) mediante las Resoluciones Administrativas SENASAG 44/2005 y VRNMA 016/05 del 14/03/2005; la Resolución Multiministerial Nº 1 del 07/04/2005 y el DS 28225 del 01/07/2005 (84). Como resultado, en la actualidad más de 90% de la soya cultivada en el país es transgénica. Además de los riesgos latentes a la salud, seguridad alimentaria y la biodiversidad en general, que representan los monocultivos de transgénicos, el proceso implica un apoyo directo a los agronegocios de las grandes corporaciones del oriente, pero especialmente a los capitales de transnacionales como la Monsanto, Syngenta, Basf, etc., contradiciendo los postulados básicos del supuesto rechazo al capitalismo (84, 85). Causa también asombro, que la Ley de Revolución Productiva desbarata la Ley de los Derechos de la Madre Tierra (86) que la Asamblea plurinacional aprobó a fines del 2010, y que en su artículo 7, menciona, que la Madre Tierra tiene derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial. El gobierno no dio explicación alguna sobre esta absurda contradicción.

22. Legalización de autos usados de contrabando

Aprobación de la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados (87), que implica la legalización de autos usados introducidos al país de contrabando, denominados “autos chutos”, y que implica más de 140.000 unidades.

Más allá de las repercusiones e implicancias económicas (aumento del monto de subvención de carburantes), jurídicas (contradicción con otras normas) o incluso éticas, como es el hecho de favorecer el contrabando, está el incremento de parque automotor con decenas de miles de unidades vehiculares de dudoso estado técnico, con lo cual ocasionará un incremento sustancial de los niveles de contaminación atmosférica (88), que ya son alarmantes en la actualidad, y sobre la cual no se realiza ningún tipo de regulación o control efectivo.

23. Prevalencia del modelo primario exportador y apoyo dilecto a transnacionales

Bolivia está circunscrita al boom exportador de minerales, hidrocarburos y soya, cuyos mercados internacionales en general, han generado una demanda creciente e inusitada (59). De esta forma, el rol de exportador de materias primas de Bolivia se ha acrecentado, dando como resultado una economía de base angosta y según expertos, con muestras inequívocas de estar experimentando los efectos de la denominada “enfermedad holandesa”, generando así un relegamiento de otros sectores productivos. Esto ha significado un apoyo directo y preferente a empresas transnacionales y a los grandes sectores que liderizan los procesos de extractivismo y exportación de materias primas (89, 90), como hidrocarburos, minería, e incluso la agroindustria soyera de Santa Cruz (59. 92, 95).

Esencialmente una gran parte de la economía de Bolivia gira en torno a los hidrocarburos y la minería. El modelo primario exportador en su incesante búsqueda de inversiones, facilita el ingreso de las transnacionales y de megaproyectos, promueve la flexibilización de las regulaciones ambientales y contenciones sociales, con clara tendencia a obviar la normativa y genera elevados costos socioambientales que afecta a sectores más vulnerables y con menos ventajas (93). Contradiciendo el discurso en contra del capitalismo, el gobierno ha buscado constantes acercamientos con inversionistas, grandes organizaciones bancarias a nivel mundial y empresas transnacionales mineras y petroleras. En especial, fueron muy llamativos los cordiales acercamientos a la Repsol y Petrobras, así como al Banco Mundial. Una muestra de esta profunda incongruencia, se daba en abril del 2010. El día 20 de abril, el primer mandatario de Bolivia, declaraba en la reunión de Tiquipaya: “El capitalismo es sinónimo de inanición, el capitalismo es sinónimo de desigualdad, es sinónimo de destrucción de la madre Tierra. O muere el capitalismo o muere la Tierra”. Dos días después, el ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Luís Arce Catacora, animaba en Nueva York al sector privado estadounidense a invertir en el país, asegurando que la Constitución y el resto de la legislación amparan la inversión privada (94).

24. Ampliación e intensificación de las operaciones extractivas sin recaudos ambientales

La intensificación de las operaciones mineras debido a la creciente demanda y el constante aumento de los precios internacionales de los minerales desde el 2009, tras la recuperación post-crisis (96, 97), así como la ampliación de la frontera petrolera y la búsqueda de nuevos campos de hidrocarburos (34), fue promovida e impulsada por el gobierno, sin que asuman medidas urgentes para fortalecer las acciones de protección ambiental, ni encarar con mayor responsabilidad la consulta pública. Esto es válido incluso para las empresas mineras estatales como Huanuni, que es impulsada por la Comibol (98) o en el caso ya mencionado de Coro Coro.

El aumento e intensificación de las operaciones mineras y petroleras, además de la construcción de obras públicas como carreteras, han multiplicado y agudizado los impactos y contravenciones socioambientales, así como los conflictos. Esto se viene dando en las cientos de cooperativas mineras, así como en empresas chicas y medianas, incluso la mina Huanuni, operada por el Estado, ha generado intensa contaminación con escasas medidas efectivas de mitigación y control (96). La amplificación y multiplicación de impactos socio-ambientales, debido a las operaciones extractivas y de infraestructura, han dado lugar a un escenario actual desolador, con claras tendencias a empeorar en los próximos años (99). El gobierno del MAS en la práctica, ha hecho casi nada, para promover el fortalecimiento de las oficinas, las normas y las acciones ambientales destinadas a la reducción y prevención de los impactos. Al contrario, ha asumido una actitud de rechazo y ataque hacia las demandas ambientales, provenientes, tanto de los sectores sociales afectados, como de las organizaciones ambientalistas. El Presupuesto General de la Nación del año 2010 asigna una baja cantidad de recursos al rubro ambiental (al igual que a salud, educación, investigación y cultura), esto a diferencia de las Fuerzas Armadas o Ministerio de Gobierno que acaparan una elevada proporción de recursos económicos (100).

25. Aceptación incondicional del IIRSA

La Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) arrancó el año 2000, impulsada por el BID y la República del Brasil, y contó con el aval de los entonces doce presidentes de los países sudamericanos en la reunión de mandatarios de Brasilia (101). Comprende 10 ejes de integración vial-energética a lo largo de Sudamérica, de los cuales 6 incluyen a Bolivia. En años sucesivos, los diversos países, a partir de nuevos mandatarios, asumieron la lógica del IIRSA, sin mayores reparos, críticas u observaciones (5). Tal es el caso del gobierno de Bolivia, que desde el 2006, ha apoyado con notable entusiasmo los corredores bioceánicos: Corredor Norte en la Amazonía y el Corredor Santa Cruz-Puerto Suárez (parte del Corredor Santos-Iquique), bajo el discurso de la necesidad de vinculación. Desde muchos ámbitos, el IIRSA ha sido denunciado como un “motor” que incentiva la amplificación y multiplicación de iniciativas desarrollistas y extractivistas a diversas escalas (102), las cuales obedecen principalmente a las agendas dictadas por las demandas de mercado y las lógicas corporativas, pero especialmente por las proyecciones económicas del Brasil.

La cartera mayor de proyectos del IIRSA, implicaba hasta el año 2010, 350 proyectos que costarían más de 40 billones de dólares, e incluye el complejo hidroeléctrico e hidrovía del Madeira (101), sin embargo, muchas otras iniciativas anexas, surgen al amparo de la iniciativa (por ejemplo el camino al interior del TIPNIS). El IIRSA pone énfasis en las conexiones viales transoceánicas y en el paso hacia los puertos del Pacífico, bajo la lógica fundamental de abaratar los costos de transporte, principalmente de la soya que exporta el Brasil. Los diversos ejes, ponen en serio riesgo, espacios naturales remanentes frágiles, áreas protegidas y tierras indígenas de los diversos países, bajo una lógica de integración física y comercial, apuntando a la explotación del patrimonio natural del continente. Tiene la dudosa “virtud” de estar incentivando diversos tipos de proyectos que fueron concebidos principalmente en la década de los años 70 (caminos, megarepresas, complejos agroindustriales, colonización, etc.). Otra “virtud” del IIRSA ha sido uniformizar el modelo economicista a lo largo y ancho de toda Sudamérica, con una tendencia a replicar el modelo predominante de aceleración de crecimiento del Brasil (102). En relación a la Amazonía, el IIRSA ha mostrado la figura de generar ventajas, como la gran posibilidad de unir o vincular a los países, de cualquier forma, las selvas amazónicas son consideradas simplemente como meros obstáculos a ser vencidos. A partir del IIRSA, Bolivia incrementó su nivel de endeudamiento y dependencia del Brasil y de los grandes bancos de inversión, como el BID o la CAF. En la práctica, ya son patentes los impactos en el Corredor Santa Cruz-Puerto Suárez (103), por ocupación desordenada de tierras, expansión de la frontera agropecuaria y explotación forestal, los cuales tenderían a replicarse en el Corredor Norte (104).

26. Relegamiento de la gestión ambiental

Escaso apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas así como a la Autoridad Ambiental Competente – AAC (Vice-ministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios climáticos, del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas) subordinándolas a las decisiones de los sectores desarrollistas, como hidrocarburos, energía, minería y obras públicas (105, 106).

El apoyo dilecto a la prevalencia del modelo primario exportador y a un esquema marcada-mente desarrollista por parte del gobierno del MAS, ha incidido en aumentar el debilita-miento crónico de la gestión ambiental (106), la cual ya mostraba serias deficiencias desde gestiones anteriores de gobierno. En base a los postulados y el discurso de defensa de la Madre Tierra, se esperaba todo lo contrario, es decir, un fortalecimiento de la AAC y la gestión ambiental, aspecto que tampoco tuvo cabida en años anteriores durante los gobiernos neoliberales. Esta situación hace que Bolivia no se diferencie del resto de países sudamericanos y en especial de los denominados progresistas (93). La debilidad de la gestión ambiental se ha traducido en un incremento notable de especies de fauna y flora amenazadas, y de ecoregiones y ecosistemas en estado crítico (106, 130).

27. Abandono y vulneración de las Áreas Protegidas

Es evidente una política de indiferencia, abandono y hasta de rechazo de las áreas protegidas por parte del gobierno, marginando su importancia y permitiendo el ingreso de megaproyectos de diversa índole, además manteniendo un exiguo apoyo financiero desde el Tesoro General de la Nación para su gestión y funcionamiento (107, 108).

La crisis de las áreas protegidas, es parte de la postergación y debilitamiento de la gestión ambiental. A partir del 2006 se observó un progresivo retroceso de la gestión de las áreas protegidas y de la instancia responsable a nivel nacional (SERNAP); 15 de las 22 áreas protegidas enfrentan graves impactos y amenazas por megaproyectos o procesos intensivos de explotación de recursos (109), que no tienen regulación ni control efectivo, lo cual repercute en el incremento de la explotación forestal y avance de las fronteras agropecuarias, incluido el cultivo de coca (110). No existe un entendimiento pleno del rol de las áreas protegidas, las cuales son vistas por varios sectores del Estado y altas autoridades, como obstáculos a los procesos desarrollistas.

28. Instrucción de expandir la frontera agropecuaria

En enero del 2011, con motivo de posesión de la nueva ministra de Desarrollo Productivo, la máxima autoridad del gobierno del MAS, instruyó de forma expresa la expansión de la frontera agrícola en el país (111).

En apariencia sería algo casi anecdótico o trivial, sin embargo, tiene una fuerte connotación en un país que pierde más de 300.000 hectáreas de bosques cada año (113), cuya vocación agrícola es muy limitada (112, 114) y está circunscrita a determinadas regiones no muy extensas, además de la existencia de numerosas zonas con ecosistemas de alta fragilidad ecológica. De cualquier forma, estos aspectos comúnmente son ignorados u obviados por los niveles de decisión. La visión eminentemente productivista del gobierno, se puede traducir en una acelerada degradación de los ecosistemas y enormes pérdidas de biodiversidad.

29. Doble mensaje y confusión

Desde el año 2007, el gobierno del MAS, y principalmente, a partir del presidente de Bolivia, inició una activa campaña hacia los foros internacionales, dirigida a promover la defensa y protección de la Madre Tierra (115) y la denuncia de los efectos del cambio climático (116). Al mismo tiempo una de las visiones fundamentales se centró en el concepto del vivir bien (117) y los postulados de la Nueva Constitución Política del Estado (80). Las contradicciones entre el discurso y la lógica extractivista sin recaudos socioambientales han hecho que Bolivia no marque la diferencia en el contexto general de países (118).

Hasta fines del año 2009, el discurso de defensa de la Madre Tierra desde Bolivia, tuvo un asombroso efecto de aceptación, especialmente a nivel internacional y más aún en los países desarrollados (119, 120), dada la crisis ambiental planetaria que se vive. Paulatina-mente, la sumatoria de acciones atentatorias al medio ambiente promovidas por el gobierno y mayormente derivadas del modelo extractivista, se fueron difundiendo a partir de medios de prensa, reportajes, estudios, denuncias de las organizaciones sociales, etc. (121, 122), mostrando la falta de coherencia y sinceridad entre el discurso y la práctica. Al mismo tiempo esta dualidad contradictoria significó una constante vulneración de la nueva Constitución y la normativa ambiental, lo cual fue denunciado en la Cumbre de Cochabamba (123). El resultado fue una pérdida paulatina de credibilidad en los ámbitos nacionales e internacionales bien informados. Una muestra de ello, pudo ser la total orfandad de las posiciones del gobierno de Bolivia en el encuentro de Cancún a fines del 2010.

30. Leyes y normas a la vieja usanza

La elaboración de las nuevas normas legales a partir del año 2009, ha tenido la notable connotación de ser muy escasamente participativa (“leyes entre cuatro paredes”) y con patente ausencia del aporte de los movimientos y organizaciones sociales y de la sociedad civil en general (129). Esto ha sido especialmente evidente en la elaboración de las propuestas de la nueva ley de hidrocarburos (127) y de la ley de minería (128), las cuales además incorporan menos aspectos de recaudos socio-ambientales (o con mayor superficialidad) que las leyes antiguas bajo modificación.

Los proyectos de Ley de hidrocarburos y minería, contribuyen a la flexibilización ambiental y a un mayor relegamiento de la Autoridad Ambiental Competente, buscando restarle atribuciones (106). Por ejemplo, el proyecto de Ley de hidrocarburos, asume que el Ministerio de Hidrocarburos será quien realice los Estudios de Impacto Ambiental, además de buscar que en el reglamento, sea la autoridad sectorial quien apruebe la Licencia Ambiental (131). En la última propuesta no se menciona a las áreas protegidas, lo cual crea un riesgoso vacío. Paralelamente a impulsar leyes atentatorias al medio ambiente, se han hecho muy pocos esfuerzos para complementar la débil arquitectura legal heredada de anteriores gestiones de gobierno. Al momento persiste el vació de una Ley de Biodiversidad, no se han realizado avances sustánciales para aprobar la Ley completa de la Madre Tierra ni la nueva Ley del Medio Ambiente, y persiste el vacío de un Reglamento de Vida Silvestre.

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