El Presidente Evo Morales ha vuelto a colocar en la agenda pública el problema de los subsidios al consumo de combustibles en el mercado interno. Esto generó nuevos rumores de ajustes en los precios y otras autoridades del gobierno se apresuraron en aclarar que no hay ni habrá un nuevo gasolinazo, con lo cual han aumentado aún más la incertidumbre.

A fines del 2010, el gobierno dispuso aumentos en los precios del diesel, la gasolina y otros entre el 57 por ciento (gasolina especial) al 99 por ciento (jet fuel). El argumento fue, entonces, la necesidad de evitar que los subsidios fueran aprovechados por los contrabandistas, que compraban a precios bajos en el país y revendían gasolina y diesel en los países vecinos, obteniendo grandes ganancias.

La decisión de “nivelar los precios” se produjo después de fracasar en el control del contrabando por medios represivos, que incluso implicaron la movilización militar. Parecía, por ello, un intento de utilizar la política económica para resolver un problema delincuencial, y por eso fue reconocida como una medida práctica y razonable por quienes saben cómo operan los mercados. El rechazo popular a la medida obligó al gobierno a prometer inversiones públicas compensatorias.

En nuestro boletín 81, de 28 de diciembre de 2010, se anticipaban las dificultades que generaría el alza de precios en los consumidores y se propuso una forma de compensación que, además de ser directa, permitiera corregir las asimetrías y desigualdades que los subsidios han agudizado desde su implantación.

Los subsidios que se otorgan a través de los precios son ciegos porque no están orientados a beneficiar a determinados consumidores. Pero lo hacen. En la práctica, quienes más se benefician son los que consumen esos productos en mayor cantidad. En el caso del diesel, los transportistas y grandes agricultores, así como las empresas termoeléctricas. En la gasolina, los transportistas y propietarios de vehículos. En el gas, las empresas termoeléctricas y los hogares. Pero todos en proporción directa a la cantidad consumida que, habitualmente, está en proporción directa al nivel de los ingresos.

Por ejemplo, en el caso del gas licuado, el grupo de hogares con ingresos más altos consume un 64 por ciento más de gas que el grupo de ingresos más bajos, de manera que una parte proporcionalmente mayor del subsidio beneficia a los hogares más ricos. Algo similar ocurre en el caso de la gasolina. Un vehículo 4×4 de lujo gasta mucha más gasolina que un automóvil pequeño. Y los hogares más pobres, que no tienen vehículos, no acceden al beneficio del subsidio sino solamente a través de los pasajes del transporte público.

De manera que el subsidio a los precios de los combustibles es, efectivamente, una política regresiva, que profundiza las desigualdades y que estimula el contrabando. Por ello, resulta comprensible la preocupación del Presidente y lamentable la carencia de propuestas de solución que le ofrecen sus colaboradores.

Han pasado 7 meses desde que se intentó realizar el ajuste y en ese lapso la diferencia entre los precios locales y los internacionales ha seguido estimulando el contrabando y gravando los recursos públicos, sin que tal gasto beneficie a los sectores más pobres del país.

En diciembre del 2010 estimamos que el aumento de precios de los combustibles podía haber afectado el nivel general de precios al consumidor en cerca del 15 por ciento. Tomando en cuenta el costo del subsidio mencionado por las autoridades, cercano a los US$ 400 millones anuales, propusimos que se aplicara una política de compensación mediante la transferencia directa de esos recursos a la población. No solamente a quienes sean afectados por la medida, puesto que no sería justo compensarlos solamente a ellos que se han estado beneficiando del subsidio todo este tiempo, sino a toda la población, de manera que también puedan protegerse del alza de precios los que no tienen vehículos y usan poco el transporte, como es el caso de la mayoría de los pobladores rurales.

Un ejercicio ilustrativo nos permitió estimar en Bs. 1,044 el monto de compensación anual por familia. Ese monto era superior al efecto del aumento sobre el consumo del 40 por ciento más pobre, por lo que esos grupos mejorarían su situación en términos reales, y podía atenuar el impacto del aumento sobre el resto de la población. El mayor sacrificio de suspender los subsidios recaería sobre los mayores consumidores que, como se anotó, se han beneficiado hasta ahora del subsidio.

Las cifras de ahorro y de compensación podrían ser mayores si se contemplara la eliminación del subsidio al gas licuado, ya que éste también sale de contrabando y tiene niveles de consumo tan desiguales como el resto de los combustibles.

Algunas personas han objetado esta propuesta con el argumento de que ella no resuelve el problema fiscal. Y es verdad, porque el dinero que hoy se destina a los subsidios y termina en el exterior o en poder de los contrabandistas, tendría que seguir saliendo de las arcas fiscales. Pero esta vez directo a la gente, lo cual es muy diferente.

Siendo prioridad el problema de la gente y no el fiscal, sería un cambio significativo que el dinero vaya directamente a dinamizar el mercado interno, estimulando la producción, las inversiones y el empleo. Exactamente como lo hace la Renta Dignidad, que acertadamente amplió el Bonosol asegurando que una parte de los recursos del gas beneficien a todos.

En segundo lugar, habría que recordar también que no es aceptable cerrar el déficit fiscal con cargo a los ingresos de la gente, luego de que los del sector público han crecido tanto en los últimos años (ver gráfico). Más aún cuando se contemplan los reducidos efectos que tienen gastos públicos en la ampliación de los servicios y de la capacidad productiva, o en la generación de empleos sostenibles y de calidad.

Sería extraño que el gobierno no recurriera a las transferencias directas cuando son consideradas su política más exitosa. Más aún si ya existen casos en que se eliminaron subsidios compensando a la gente con transferencias directas, como en Brasil, según lo reportó Mauricio Medinaceli, y en Irán según el FMI. Así se viabilizó el ajuste de precios de los combustibles para el mercado interno y se protegió a la gente más pobre.

Es indudable que el déficit fiscal debe cerrarse. Pero en vez de hacerse reduciendo los ingresos y el consumo de la gente, debería lograrse reduciendo los gastos fiscales, sobre todo los menos necesarios, incluyendo inversiones públicas de dudosa rentabilidad.

Sería un error muy grave que al eliminar los subsidios se destinaran los recursos ahorrados a satisfacer las necesidades burocráticas de gasto, como en cierto modo se lo pretendió hacer el 2010, en vez de llegar directamente a la gente.

* Informe Nacional de Coyuntura N. 109.