(ABI).- Las 39 universidades privadas que prestan servicios en Bolivia serán evaluadas desde fin de mes o principios de septiembre, para establecer sus actuales condiciones legales, académicas y de infraestructura, informó el director de Educación Superior Universitaria Juan Carlos Carrasco. El gobierno y la ANUP esperan aprobar un reglamento general de universidades privadas hasta mediados de septiembre.

Según datos oficiales, 39 universidades privadas funcionan legalmente en Bolivia. Se trata de 29 casas de estudios superiores que cuentan con 10 subsedes y que operan casi de manera autónoma. Dos entidades tienen sus papeles en trámite y en un mes o dos obtendrán sus autorizaciones de funcionamiento.

El Ministerio de Educación estima que alrededor del 20% de las universidades privadas incumplen normas de infraestructura y equipamiento, y algunas vulneran disposiciones del Código de Comercio.

El año pasado, el Ministerio de Educación cerró la Universidad Saint Paul de Cochabamba porque no cumplía con requisitos mínimos de infraestructura, mientras que la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) auditó a tres casas de estudios superiores con el fin de verificar si cumplían los requerimientos de funcionamiento de las sociedades anónimas establecidos en el Código de Comercio.

Las autoridades evidenciaron que la universidad Los Andes cumplía con todas las normas, a diferencia de la Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL), que carecería de estados financieros, memorias y balances anuales. 

“Hemos identificado a algunas universidades con mayores dificultades, y vamos a poner énfasis en cómo se está desarrollando el proceso como tal; eso significa revisar las actividades de enseñanza – aprendizaje de aula, las extra aula y la parte investigativa”, manifestó el viceministro Carrasco.

El proceso comenzará con 7 casas de estudios superiores que tienen más problemas o denuncias de usuarios o personas externas sobre sus ofertas y servicios. La evaluación pondrá énfasis en la revisión de documentación legal, las normas institucionales internas y la estructura organizativa, así como en las condiciones físicas y de equipamiento. Se incluirá una revisión de las condiciones de los diseños curriculares, su vigencia y actualidad académica; los programas de extensión hacia la comunidad; el área práctica y finalmente el cumplimiento del perfil de los docentes.

El Director de Educación Superior Universitaria dijo que la evaluación se aplicará en tres etapas, de corto y mediano plazo. La primera se referirá a una posible prohibición de que se continúe la matriculación de nuevos estudiantes hasta que se superen las dificultades. La segunda se limitará a hacer recomendaciones para mejoras en algunos aspectos académicos, en meses o un par de años, sin que se limite la posibilidad de recibir a nuevos alumnos. La tercera se restringirá a validar el cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas a las casas de estudios superiores que no tengan problema alguno.

De acuerdo con Carrasco, la evaluación se apoyará en la normativa vigente, mientras se aprueba el reglamento general de universidades privadas hasta mediados del próximo mes. El Ministerio de Educación y representantes de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) negocian desde el año pasado la reglamentación de las condiciones de funcionamiento de las instituciones educativas privadas con el fin de adecuarlas al mandato de la nueva Constitución.

Una de las disposiciones del nuevo reglamento general es que las universidades privadas deberán ser autorizadas mediante decreto supremo y no a través de resoluciones ministeriales. Por otro lado, la nueva Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez dispone la creación de la Agencia Plurinacional de Evaluación de Carreras Universitarias, encargada de acreditarlas en el ámbito internacional.