La idea de cruzar la línea entre información y opinión ha llevado a los medios, sobre todo audiovisuales, a construir una secuela de ídolos mediáticos, figuras intocables de un sistema de “bustos parlantes” que se han transformado en propietarios de curules electrónicas o, lo que es peor, de juzgados sumariantes electrónicos. Desde esas tribunas multicolores del éter, instaladas en millones de hogares, esos comunicadores han ejercido una influencia demoledora transformada en denuncia, acusación, juicio y condena irreversible de los políticos y la política.

El dilema de América Latina hoy es el que se da a la hora de abordar la idea esencial de la democracia y de lo democrático. Por una parte, están quienes sostienen que de lo que se trata es de definir lo democrático como el ejercicio libre de votar periódicamente. La ciudadanía, en tanto cada uno de nosotros tiene el derecho de votar y elegir a aquellos que queremos que nos representen en la administración del poder.

Por la otra, aquellos que afirman que esa visión es insuficiente y que responde al viejo y superado liberalismo político. La legitimación de lo democrático sólo a partir del voto es insuficiente, casi una forma mutilada y falsa de democracia. Hay que añadir a esa característica la participación. El pueblo movilizado, la democracia de la calle, la deliberación cotidiana, la “fuerza de lo plebeyo” que diría algún teórico neomarxista. La participación, dicen, está más allá del poder constituyente y de instituciones como la iniciativa popular legislativa o el referendo. La democracia plebiscitaria es una expresión de una forma de gobierno en la que se produce una relación directa entre el líder que representa lo democrático popular, y la gente.

Ambas posturas expresan caminos que se podrían definir como la nostalgia por un pasado elitista congelado, en un caso; y el celofán democrático sustituido por la combinación letal entre el poder concentrado en el líder y el corporativismo como forma política de construcción de la trama social, en el otro.

Ninguna es una respuesta suficiente, las dos, sin embargo, portan valores indispensables del pensamiento democrático de este siglo. La combinación sabia entre ambas propuestas nos daría probablemente una receta deseable, exenta de adjetivos que califiquen o descalifiquen. Pero la realidad es que el dilema real marca dos líneas encontradas en la región. Las “nuevas izquierdas” han optado por seguir rutas diferentes. Distinta es la propuesta del Brasil de Lula que la de la Venezuela de Chávez. Lejanos entre sí son los modelos escogidos por el Uruguay de Mujica, que el que sigue la Bolivia de Morales. Otro tanto podríamos decir de las “nuevas derechas”.

Irónicamente, hay hoy muchas similitudes entre determinados gobiernos de “izquierda” socialdemócrata y otros de “derecha”, cuya apuesta común es la democracia entendida como un camino de respeto a las instituciones, pluralidad, participación, inclusión y consideración por los derechos del otro, más allá de sus diferencias ideológicas, quizá menos sustanciales hoy que lo que fueron hace un par de décadas, cuando el camino de la democracia se recuperó en el continente, tras largas dictaduras militares. En tanto, esos mismos gobiernos socialdemócratas de origen popular muy poco tienen que ver en su concepción del ejercicio democrático con gobiernos que se autocalifican de revolucionarios y que, de igual modo, llegaron al poder por el mecanismo del voto masivo de sus ciudadanos.

Lo democrático y la cuestión de la libertad de expresión

¿Qué tiene que ver en ese escenario el debate sobre la libertad de expresión? Según cómo y en qué circunstancia, la discusión sobre un principio de tal importancia está fuertemente influida por actitudes que parecen olvidar que lo que el continente debe encontrar es un camino en el que las lecciones de la historia sean adecuadamente aprendidas.

La base es que no es verdad que todo tiempo pasado fue mejor (o peor), no es posible entregarse a ciegas a la tarea de construir utopías arcaicas, tan cuestionables y tan absurdas como los cerrojos que el poder concentrado en unas pocas manos estableció como paradigma político al comenzar el republicanismo en América Latina.

Para ello es indispensable responder algunas preguntas: ¿Es la libertad de expresión un valor en sí mismo? ¿Es uno de los valores más importantes de entre los principales derechos humanos? ¿Se puede concebir el desarrollo de la plenitud humana sin libertad de expresión? ¿Son todas estas preguntas un conjunto de obviedades? Si lo fueran, no estaríamos enzarzados en este debate.

A pesar de ello, convengamos en que las respuestas sucesivas a todas estas preguntas son un rotundo sí que, sin embargo, hasta ahora ha resuelto muy poco. Como se ha resuelto poco cuando en América Latina una mayoría de sus habitantes aceptan que la democracia es un valor esencial e inexcusable para vivir en este siglo. La razón de esa insuficiencia es la gran confusión que vivimos a la hora de definir esos valores teóricamente universales y compartidos por todos.

¿Qué es libertad de expresión? ¿Cuáles son sus alcances y cuáles sus límites? ¿Cómo compatibilizamos la libertad de expresión como forma individual, como forma colectiva y como forma intermediada? Es, para apelar al manual, el derecho a la libre expresión de las ideas. Debiéramos sumar también el criterio de que es el derecho a la expresión de un pensamiento libre y de una conciencia libre.

Una digresión indispensable

Está claro que el valor inherente a cada persona en los días que corren está fuertemente tamizado por la evidencia de una mediación fundamental, la que la tecnología le ha dado a la sociedad. Los medios no son ya sólo los medios clásicos de la trilogía que parecía la culminación de lo que algún teórico definió como el mass media: prensa, radio y televisión. No, hoy el escenario está entrando en un mundo fascinante; la Internet y las redes sociales, cuya definición en detalle es ociosa porque sus niveles de transformación, evolución y sofisticación simplemente no tienen límites previsibles, pero lo que es incuestionable es que son jugadores fuertes para la democratización del derecho a la libre expresión. A esto se suma el hecho de que los medios tradicionales dejaron de poseer un monopolio sobre la(s) voz(ces) de la gente. El escenario actual nos permite la multiplicación de expresiones que han marcado una respuesta impensada a cómo encarar los desafíos de “los sin voz”.

Primero los aparatos: la computadora, el celular y los ensayos de hacer híbridos entre ambos. Segundo, las rutas de comunicación a partir de la Internet: los canales como google, los blogs, el chat, los msm, el twitter, el facebook, la wikipedia… para mencionar simplemente algunas de las posibilidades. Pero… El pero es aún grande. Las naciones más pobres de Latinoamérica tienen todavía un nivel de penetración muy bajo de su población a la Internet, entre el 10% y el 15%, aunque el uso del celular está en esas mismas naciones en porcentajes que indican que más del 45% de las personas tienen un teléfono celular, lo que nos hace pensar que el acceso a estas tecnologías avanza a pasos agigantados.

Si no asumimos que esta nueva realidad cambiará la naturaleza del debate, es que no entendemos nada. Es un camino en plena explosión, es un mundo nuevo, será una de las razones por las que la discusión democrática y la de la libertad de expresión se transformarán en muy corto tiempo, ya han comenzado a hacerlo. Es bueno no olvidarlo. Y quizás esa nueva realidad (no sería la primera vez) deje como obsoleto el gran tema que polariza a nuestras sociedades en torno a la legislación de los medios.

Una vieja canción. Estado vs. Medios privados

Con todo, la batalla por la libertad de expresión ha tomado en América Latina la misma ruta que enfrentó en la década de los años 70 del siglo pasado, una pulseta entre el Estado y los grandes medios privados.

Algunos Estados establecen normas que a nombre de un manejo “veraz y responsable” de la información actúen en dos direcciones: una, mediante cuerpos de leyes, otra, de facto, apelando a interpretaciones que conducen al cierre de medios, pérdida definitiva de licencias o suspensiones indefinidas de algunos de estos. Gobiernos como los de Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia han optado por marcar límites a la libertad de expresión y abrir fuego sin matices contra unos cuantos medios, o contra todos, a partir de marcos legislativos ya promulgados y/o en proceso, o de guerras particulares.

En democracias sólidas, y muy especialmente en países grandes de la región, unos pocos medios se han transformado en imperios, en casi superestados y desde allí abogan por la libertad irrestricta. El argumento, y esta es la ironía en las dos concepciones de lo democrático, se apoya siempre en razones de un profundo contenido ético.

Es en defensa de la libertad de expresión rabiosamente liberal, “libremercadista” y sobre el parámetro intocable del derecho a la propiedad privada y la libertad que ello conlleva, que los grandes conglomerados mediáticos latinoamericanos se atrincheran para combatir al Estado invasor.

Es sobre el sacrosanto derecho del Estado que este habla y actúa a nombre de los millones de desposeídos y sin voz: hay que limitar la forma excluyente y descarnadamente defensora de derechos particulares, frecuentemente espurios, con que se mueven los poderosos.

En ese contexto, por si fuera poco, entra a terciar el tema de la garantía de la estabilidad democrática. Los medios afectados afirman que los gobiernos caminan hacia la dictadura y que la libertad de expresión es el único mecanismo posible para frenar esa dictadura, que al no tener voces que la contrasten hace literalmente lo que le da la gana.

Los gobiernos, por su parte, afirman categóricamente que los medios se han convertido en instrumentos de la desestabilización, que en el fondo lo que quieren es derrocar a los regímenes legalmente constituidos traicionando la voluntad popular.

La cuestión de los límites

En medio de esa guerra, el viejo debate. ¿Hay límites para la libertad de expresión que ejercen los medios masivos? La controversia está servida desde el primer día en que hace varios siglos esos medios aparecieron. Las líneas maestras del debate no han cambiado demasiado. En un lado están quienes creen que el costo del exceso está más que bien pagado por el beneficio de la libertad. No hay mejor ley que la que no existe. Cualquier normativa sobre los medios es, en manos de un Estado mal administrado, un potencial dogal sobre la libertad. La razón es muy simple. Los principios generales son eso, generales, y su interpretación da lugar a la subjetividad eventualmente (casi seguramente, digámoslo de una vez) arbitraria de los poderosos. ¿Quién define lo que es un uso veraz y un uso responsable de esa libertad? ¿Y los afectados por el exceso mediático?

Es sencillo, para eso hay un cuerpo de leyes que establecen claramente los límites que tiene cualquier ciudadano. No se necesita una ley especial sobre medios, se necesita aplicar el derecho positivo a cualquier periodista o medio que transgreda las normas del derecho universal aplicable a cualquier miembro de una sociedad. Esa lógica, demás está decirlo, depende de un pequeño gran detalle, la seguridad de que los administradores de justicia son independientes, probos y eficientes, lo que en América Latina no es precisamente una regla general.

En el otro lado están quienes hacen una apología del bien mayor, de la razón de Estado, de la necesidad de responder a las demandas de una sociedad inerme que requiere de modo imperativo garantías de que los excesos de los medios, que han adquirido un poder desmesurado, sean limitados.

Aquí, de lo que se trata, dicen, es de combatir monopolios, poderes que han concentrado gran parte de los medios de una sociedad, que responden a intereses específicos de caracteres económico, social y político (o religioso), y que, en consecuencia, en vez de hacer lo que deben, un servicio a la comunidad, se sirven de los medios a favor de sus propios objetivos. El Estado, a nombre de quienes representa, tiene derecho a marcar límites a esa libertad y castigar individual, colectiva, o corporativamente a quienes a nombre de la libertad de expresión cometen delitos asociados a políticas inaceptables para la comunidad.

La cuestión de las circunstancias

¿Sobre qué escenario se ha marcado esta dura controversia? Sobre dos escenarios que avalan ambas posturas y para esto es menester e imprescindible no hacer generalizaciones, dado que las naciones de la región viven situaciones distintas. En unos casos los problemas vinculados a la libertad de expresión no están condicionados por esta grave polarización, aunque lo que ocurra en los que si los atraviesan servirá como referente de cuestiones esenciales que se han vuelto a poner en el tapete de la discusión contemporánea.

Primer escenario. Durante décadas grupos de poder han acumulado control sobre los medios y, en efecto, se han convertido en poderes fácticos que han decidido de modo muy importante sobre las democracias recuperadas a fines de los 70 y los primeros 80 de la centuria anterior en la región. Más de un presidente, varios ministros, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales fueron y son productos exclusivamente mediáticos, construidos (inventados), respaldados e impulsados por medios de comunicación.

En varias de las graves crisis de gobernabilidad que atravesaron algunas naciones latinoamericanas, la amplificación que los medios hicieron de esas crisis contribuyeron de modo decisivo, cuando no fueron la diferencia entre estabilidad e inestabilidad, en el desenlace de unos cuantos de esos acontecimientos que costaron vidas humanas, procesos de destrucción institucional y marcaron períodos significativos de inestabilidad política, económica y social. Muchos medios han alimentado frecuentemente de manera intencional el descrédito de la política y se han convertido no sólo en los mediadores de la denuncia, la investigación sobre casos de corrupción y de mal manejo del servicio público, a sabiendas de que muchas de esas acusaciones no eran sino venganzas entre políticos, o saldos de cuentas de los propios propietarios de medios. Valga decir, para que no quede lugar para los equívocos, que otros muchos políticos, a su vez, han hecho méritos más que sobrados para correr la suerte que corrieron.

Además, la idea de cruzar la línea entre información y opinión ha llevado a los medios, sobre todo audiovisuales, a construir una secuela de ídolos mediáticos, figuras intocables de un sistema de “bustos parlantes” que se han transformado en propietarios de curules electrónicas o, lo que es peor, de juzgados sumariantes electrónicos. Desde esas tribunas multicolores del éter, instaladas en millones de hogares, esos comunicadores han ejercido una influencia demoledora transformada en denuncia, acusación, juicio y condena irreversible de los políticos y la política.

Paradójicamente, los gobiernos “neoliberales” –salvo unas pocas excepciones autoritarias que también se vivieron en ese período– fueron víctimas de esa ofensiva hasta grados que llaman a la reflexión. Quizás el caso del presidente Fernando de la Rúa en Argentina sea uno de los más ilustrativos de la inermidad de un gobierno que –más allá de sus propias insuficiencias– fue vapuleado por los medios al punto de quedar completamente destruido en su legitimidad democrática en el momento de enfrentar su crisis definitiva y el terrible desenlace de su gestión. La razón, una convicción democrática real del Presidente de respeto a la libertad de expresión, más allá de las propias consecuencias negativas para la sobrevivencia del régimen que las amparó.

Esta lección fue aprendida con creces en el marco de los gobiernos que se alinean con la idea de recuperar los viejos paradigmas de ideas como revolución, socialismo y cambio. Frente al “poder omnímodo de los medios”, el “poder omnímodo del Estado”. La democracia se reinterpreta. Algunos gobiernos que nacieron de las cenizas del fallido intento del Consenso de Washington y las reformas estructurales calificadas con cierta soltura conceptual como “neoliberales” decidieron la recuperación del control del poder real. Ese control era imposible e impensable sin un control sobre el aparato mediático privado.

En una primera fase, lo que se produjo es un acomodo de piezas basado fundamentalmente en una valoración de las propias fuerzas. Cuando quedó claro que la legitimidad del voto apuntalada por la fuerza simbólica del cambio en los presidentes que lo encarnaban era abrumadora, se desarrollaron medidas coyunturales de alto impacto social a las que se sumó una inusitada bonanza económica (que tiene expresiones diversas en la forma como fue y es administrada), lo que reforzó certezas sobre el poder. Esos gobiernos tenían el físico para emprender la andanada contra los medios.

Los instrumentos usados tuvieron fases sucesivas. Una vez probado el poder de demolición, se desataron campañas sistemáticas de cuestionamiento de la palabra del otro, lo que llevó al arrinconamiento de los medios a un lado del espectro, el del pasado conservador y retrógrado. A diferencia de lo ocurrido hasta entonces (y a pesar de su relativamente alta valoración por parte de la sociedad cuando se hacen preguntas genéricas sobre la credibilidad de los medios), comenzaron a perder su halo de intocabilidad. Poco acostumbrados a este nuevo escenario, siguieron ensayando los mismos mecanismos con los que habían enfrentado y frecuentemente acorralado a los gobiernos, pero esta vez no funcionó. Los nuevos gobernantes tenían una vacuna eficiente; la credibilidad no estaba hipotecada a la palabra de otros, sino a su propio peso específico, a su halo de representación popular incontrastable. Ellos, y no los otros, eran los portadores del cambio, y lo probaban con su capacidad de convocar a los “movimientos sociales”. El voto no había sido un mecanismo prestado en medio del escepticismo, sino un genuino deseo de la gente de transferirles el poder junto a un cheque en blanco.

Lo que antes funcionaba para frenar ese exceso de poder dejó de funcionar. Denuncias de corrupción (muchas de ellas reales), de excesos, de abusos sin cuento, que antes habían sido tomados por los movimientos populares y transformadas en rabia y en asonadas callejeras, rebotaban en el vacío. La razón era clara, los líderes eran dueños de esos movimientos y dueños de la calle. Los contendores no estaban en situación equivalente.

Los gobiernos que cuestionan la democracia republicana tienen martillos poderosos y no están librados a su suerte en medio de esmirriados porcentajes de votos, sino apañados en las masas. Otra vez es necesaria la precisión En el contexto continental, países como Chile, Brasil y Uruguay, para poner unos cuantos ejemplos, usaron esa misma legitimidad para apuntalar valores republicanos, institucionalidad y juego libre de la democracia, soportando la andanada de los medios precisamente con su fuerza de legitimidad de voto, pero no a partir del martillo autoritario, sino a partir del respaldo popular, ni más ni menos que eso.

La cuestión de los modos

Primera premisa. Había que darles una fuerza mayor a los medios del Estado. En pocos años se construyeron redes de comunicación “alternativa” (especialmente radio), arrebatando la idea perfecta de la necesidad de construir vías alternativas de expresión para los sectores populares de la sociedad que contrarrestaran a los medios privados.

Segunda premisa. Los Presidentes se convirtieron ellos mismos en íconos mediáticos de la radio y la televisión. La concentración del poder individual se debía también hacer real en la pantalla, el micrófono y en los medios más avanzados. Combatir desde la prensa, la radio, la televisión y la Internet. ¿Por qué no podía mandar un presidente mensajes de Twitter? Se trataba de apropiarse del escenario mediático, coparlo, “aparecer hasta en la sopa”. Fue contraproducente y no lo fue.

Tercera premisa. Los aparatos gubernamentales de comunicación recuperaron las viejas recetas, siempre eficientes, de la propaganda en el sentido goebbeliano del término. Todo descarnado, uso y manipulación de spots, noticiosos totalmente volcados en una sola dirección, canales internacionales de noticias que contrarrestaran a los “medios del imperialismo” y sus testaferros. “El sur desde el sur y para el sur”, para decirlo en la imagen simbólica desde la soberanía regional e ideológica. Irónicamente, lo que en los años 70 había sido una utopía frustrada del socialismo del siglo XX, el Nuevo Orden Internacional de la Información (NOII), se hacía realidad de la mano del “Socialismo del siglo XX”.

Como respuesta, desde uno de los extremos de la intolerancia, la más famosa bloguera del mundo lanza desde La Habana sus ideas en un espacio individual que demuestra que no se necesita ser un imperio multimedia al estilo de Murdock para plantarle cara al poder secante del Estado.

Premisa final. La idea de los nuevos gobiernos que, aunque extraño parezca, recuperaban una mitología en la que entraban por la puerta grande la boina del Che y las reflexiones del ex presidente Fidel Castro, estableció que para este camino a la revolución sólo es posible una lógica, la aniquilación total del adversario. El binomio amigo-enemigo se resolvía de una sola manera. Es fácil adivinarlo. El discurso único comenzó a imponerse y entonces llegó el momento de la verdad.

Las consecuencias

La disyuntiva nos llevaría a donde nos llevó. Los medios comenzaron a darse cuenta de que en este escenario tenían las de perder. Mientras los gobiernos tuvieran la aprobación de la mayoría (80%, 70%, 60%, 50%, un poco menos del 50% incluso), toda arbitrariedad sería posible. Las grandes cadenas mediáticas apelaron al derecho –legítimo, sin duda, a pesar de ellos mismos– a la libre expresión. Enfrentados al enemigo implacable, convocaron a la gente, a esa gente a la que habían usado, a la comunidad internacional, esa comunidad internacional tan complaciente con los gobiernos mal entendidos como “Estados neutros” cuando nunca lo habían sido. Apelaron por fin a la justicia, o a la falta de justicia.

¿Y el Periodismo con mayúscula?

Grave sería olvidar en este análisis un sujeto medular de la discusión, el periodista y el periodismo de verdad, los profesionales de calidad, aquellos que hacen su trabajo con excelencia, aquellos que contribuyen a que la democracia exista como tal; a que la sociedad tenga mecanismos para ser adecuadamente informada, para contar con instrumentos críticos, para saber lo que pasa detrás del poder, o en el centro del poder.

¿Cuántos casos de corrupción, de mal manejo del poder, de uso atrabiliario de las prerrogativas del mando, de mala práctica política han sido motivo de debate y han conducido a los responsables a dar cuenta de sus actos? La mayor parte de ellos lo han sido gracias al periodismo serio, a la investigación en profundidad, a quienes, a costa de muchas cosas, enfrentaron la trama de lo discrecional y lograron encontrar la verdad.

Grave sería olvidar que en la batalla de poderes, los legales y los fácticos, los periodistas son una especie de mortadela del sándwich, aplastados por los dos extremos, a merced de las decisiones muchas veces injustas del Gobierno y de los propietarios de los medios. Grave sería olvidar que hay en ese universo propietarios de medios con sentido de responsabilidad pública y social, que han hecho de estos núcleos de calidad y ejemplo de servicio.

Es por eso tan complicado resolver este entuerto, es por eso tan importante mirar todas las aristas, o la mayor parte de ellas, para tratar de entender la complejidad del dilema. Pero, lo más importante, aun y a pesar de estas comprobaciones esperanzadoras, la batalla está en el otro eje y los buenos tienen también que librarla de acuerdo con sus íntimas convicciones.

El crimen organizado, un viejo nuevo actor

El crimen organizado, ese brutal actor del continente que lo altera y lo subvierte todo, que deshumaniza al conjunto, no sólo encarnando acciones más allá del horror, sino forzando a los gobiernos a entrar en la espiral de la guerra sucia (la parapolítica, por ejemplo), ensuciando Policías y Ejércitos y también encalleciendo hasta la anestesia casi total al corpus social, juega una papel muy importante en esta historia.

Ese crimen ha convertido la libertad de expresión en una de sus víctimas porque la condiciona, la amenaza y la amordaza con la fuerza demoledora del asesinato de periodistas, la imposición del reino del miedo sobre ellos y sobre todos, para evitar ser confrontado con la verdad. La violencia, la inseguridad, la inermidad cada vez mayor de sociedades que ven en esa circunstancia su primer problema afectan seriamente la consideración sobre cómo encarar este derecho esencial en la vida cotidiana.

Afortunadamente en este acápite no hay lugar para las dudas. No hay otro camino que ponerle cara al crimen organizado y hacerlo desde todas las esquinas y desde todos los protagonistas. No cabe aquí ninguna concesión ni ninguna complicidad. Otra razón para que los periodistas de verdad desnuden la trama del poder cooptado por el crimen.

El drama de la Justicia

La (in)justicia en algunos de nuestros países ya no es lo que era. Pero para la gran mayoría ¿Cuándo fue la justicia realmente justicia? Nunca, ni antes, ni ahora. Primer problema. La defensa de valores abstractos como estado de derecho, debido proceso, independencia de poderes, apelación, etc. etc., es un conjunto de cuestiones que no “venden”, y no venden porque la mayoría de los destinatarios del mensaje no gozaron de ellos nunca, ni el día de la independencia, ni ayer, ni hoy. Esa es la gran paradoja del liberalismo político que, impecable en la concepción de sus premisas y en la consistencia de su estructura para garantizar en teoría una sociedad mejor, pocas veces se aplicó adecuadamente en América Latina.

El poder mediático clama por la defensa de aquello que los desvalidos nunca tuvieron. La coartada para los gobiernos autoritarios es perfecta. En medio de la discusión se cuidó bien de hacerse del control total del poder judicial y de traicionar una de las razones por las que conquistó el poder, terminar con las viejas prácticas de la vieja política, entre ellas hacer de la justicia algo justo.

Imagen ilustrativa y poco metafórica: lo que las dictaduras de los años 70 del siglo anterior habían hecho, perseguir a los ciudadanos con tanques y ametralladoras, lo hacen hoy los “gobiernos revolucionarios” con jueces y fiscales. La justicia es un instrumento servil, un apéndice del Ejecutivo. La política de este modo se judicializa de modo dramático.

Un caso ilustrativo es el de Bolivia. La Asamblea Legislativa, en la que el Gobierno tiene el control de dos tercios en ambas cámaras, le ha dado al Presidente –vulnerando un artículo de la Constitución que impide expresamente que un Poder le otorgue a otro Poder potestades que no le competen o prerrogativas de un tercero– la autoridad para nombrar los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, permitiendo además la prolongación ilegítima del mandato de la Fiscalía General de la República ¿Hasta cuándo? Hasta que el pueblo vote por los nuevos miembros de ambos tribunales ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando la Asamblea con mayoría gubernamental lo decida. Resultado: El Poder Judicial es parte, en un sentido literal, del Poder Ejecutivo. Frecuentemente, en procesos en curso, el Presidente del Estado es el acusador y quienes él designó serán quienes juzgarán a sus acusados.

Legislar o no legislar sobre medios, periodistas y libertad de expresión. Esa es la cuestión

Con o sin el Poder Judicial (parcial o totalmente copado por el Ejecutivo), la guerra inmediata es la de la legislación.

Hay varias tesis sobre el asunto. La primera. La mejor ley es no tenerla. La segunda. La de los gobiernos a los que aludimos. Una ley de medios integral es indispensable para regular la libertad de expresión. La tercera. La autorregulación. Sólo los medios pueden poner coto a sus propios excesos. En la práctica los mecanismos de autorregulación existentes en varios países han hecho una contribución más bien modesta para conseguir un manejo responsable de los medios.

La cuarta. “Antes de que el Gobierno nos imponga una ley de medios, propongámosla desde los medios”. Alguien se preguntará si de lo que esto trata no es otra cosa que escoger el tipo de ejecución que los medios van a sufrir, o tan terrible como el garrote vil o tan “limpia” como la inventada por monsieur Guillotin.

La quinta. Diferenciar una cosa de la otra. Hay temas que no se puede ni se debe regular, aquellos que hacen a cuestiones esenciales. Nada que coarte parcial o totalmente la plenitud del concepto de libertad de expresión es aceptable, pero sí se debe proteger a los ciudadanos. Eso implica la limitación de oligopolios, duopolios o monopolios; la restricción de andanadas de publicidad sin límites; el manejo racional del acceso de agrupaciones políticas a la palestra de los medios de masas; los horarios de protección al menor; la definición sobre las “cuotas de pantalla” para la producción nacional, y un largo etcétera en el que no entran limitaciones directas ni indirectas a la mencionada libertad.

El meollo: ¿Qué entendemos por democracia? algunas respuestas posibles

El debate sería indispensable, de hecho lo es, si de lo que habláramos no fuera de la pura y dura discusión sobre el poder. En este contexto no hay mucho lugar para el engaño. Esto es una lucha de poder, es una confrontación entre dos visiones ideológicas. Es la resolución de lo democrático.

La libertad de expresión no es parte de una discusión académica y neutra, ni siquiera una cuestión referida a uno de los derechos humanos esenciales reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es parte de un momento crucial de la política en América Latina y tiene que ver con todo lo demás.

¿Qué entendemos por democracia? Y en ese contexto ¿Qué papel juega la batalla por la libertad de expresión?

Los valores de la constitucionalidad, los conceptos abstractos pero fundamentales del republicanismo son un pilar que no se debería discutir. La idea de que la participación popular adecuadamente moderada por una legislación que evite la dictadura de la calle y el corporativismo como cárcel de los derechos individuales es lo suficientemente poderosa como para alinearnos en defensa de la libertad de expresión. Lo contrario sería aceptar que las demandas centenarias de los oprimidos, entre las que está la igualdad en el centro de todo, deben ser respondidas con un alineamiento claro por el concepto de que el bien común y la razón de Estado, “que es la razón de la gente”, están por encima de las consideraciones nacidas del reconocimiento milenario de la conciencia individual.

Respuesta uno. Hay valores absolutos inherentes a la condición humana. Los experimentos de ingeniería social han sido lo suficientemente terribles en nuestra historia como para que nuevos cantos de sirena nos confundan. La libertad de expresión no es negociable, hay costos que ella demanda que debemos pagar.

No es verdad que el mesianismo de los iluminados y el colectivismo como panacea de la sociedad perfecta puedan mimetizar la necesidad intrínseca de toda sociedad de una democracia basada en valores y principios republicanos cuya universalidad se mantiene y cuyo fundamento no es la imposición occidental sobre los demás, sino la construcción de la humanidad a lo largo de toda su historia. Algo tan simple como poderes separados e independientes, controles y balances de unos sobre otros, voto directo, participación ciudadana más allá del voto y alternabilidad en la administración del poder (gobierno real y oposición real).

Ese vademécum básico no niega la necesidad imprescindible de enriquecer esa filosofía política con la incorporación de valores no occidentales, nacidos en América Latina, que en el ámbito del ejercicio de la res pública, aportan formas, procesos, visiones y valor agregado diverso a la democracia y a la justicia, comenzando por la participación organizada de la comunidad a través de mecanismos nuevos y valiosos que transforman la simple mecánica del voto en un quehacer cívico permanente y más horizontal.

Respuesta dos. El ideal de la “no ley” no es practicable, entre otras cosas porque en sociedades como las nuestras, por razones sobradamente explicadas, la moderación de los poderes fácticos es indispensable. ¿En qué rango? Exclusivamente en aquel que tenga que ver con la limitación del obsceno poder económico y manipulador que este les da a quienes lo detentan. En la protección del ciudadano de los excesos de los medios en tanto segmentos de la sociedad que están inermes ante lo que los dueños de los medios quieran hacer en horarios, publicidad, etc. ¿Con qué armas? La más simple de todas, una ley para todos, no para los medios. Ley(es) que ya existe(n) en la(s) que hay que hacer alguna precisión y poco más.

Todo lo ilegal es enemigo de la democracia. Para ello la democracia tiene ya mecanismos universales en sus códigos. Aplicar la ley con justeza es el desafío. Por eso es clave contar con un Poder Judicial genuinamente independiente. Mientras no lo sea, la batalla contra el autoritarismo no habrá terminado.

¿Quién es el enemigo? Los portadores individuales e insustituibles del poder total, los dueños de la soberanía popular que han transformado la legitimidad del voto en la ilegitimidad del ejercicio de su mandato. Aquellos que defienden la idea de que el cambio lo tolera todo, y la falacia de que una sola voz, monocorde e histriónica, es la que nos señalará el camino al paraíso.

Pero no pequemos de ingenuos. Sólo es posible una postura clara contra los autoritarismos del “socialismo del siglo XXI” si tenemos claros los disfraces del viejo orden que hoy se rasga las vestiduras en medio de un charco, ya turbio, de lágrimas de cocodrilo.

* Ex Presidente de Bolivia. Fuente: Revista Latinoamericana de Política y Economía Escenarios N.2; http://institutoprisma.org/joomla/images/Escenarios/escenarios%2002.pdf