A tiempo de ratificar la marcha del 15 de agosto, el presidente de los pueblos indígenas del TIPNIS Adolfo Moye aseguró que el gobierno no toma en serio la movilización anunciada, y en repuesta lo que hace es descalificar al movimiento indígena y menosprecia la capacidad de su dirigencia en sus planteamientos sobre la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. “Mientras el gobierno continúe menospreciándonos, nos mantenemos firmes en nuestra decisión…”, afirmó el dirigente.

El menosprecio hacia los indígenas se manifiesta en las acusaciones del oficialismo de ser manipulados por las ONGs, por los empresarios y carniceros cruceños, reproduciendo así la imagen de ingenuidad del “buen salvaje” que se escuchaba de gobiernos anteriores.

El Presidente Evo Morales llegó a decir que “los indígenas son influenciados por las ONG europeas para ver cómo sacan plata del Tesoro, del gobierno nacional o de las empresas… Usan a nuestro hermanos para que no se construya este camino, (pero) quieran o no quieran, vamos construirlo y en nuestra gestión vamos a entregar Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”.

Uno de los escenarios de desemboque probable del conflicto por la carretera es que los indígenas terminen negociando compensaciones a cambio de su construcción; al respecto, la subcentral del TIPNIS ha sido clara: no hay negociación alguna para compensación pues la decisión ya ha sido tomada en sus instancias de decisión: no a la carretera.

A pesar de ello, el gobierno, buscando deslegitimar el movimiento, afirma que los indígenas en el fondo quieren compensaciones, esto es dinero. Según el ministro de la presidencia Carlos Romero, “los indígenas no tienen una plataforma de demandas y considera que tienen otros intereses como la venta de bonos de carbono, la flexibilización para la explotación forestal a favor de las empresas madereras”. (Jornada, 26/VII/2011).

Hasta ahora, el gobierno asegura que la oposición indígena a la carretera se refiere solo a los 60 Kms del tramo II. Sin embargo, el tramo III de 82 kilómetros, que uniría Monte Grande con el punto final de la vía, San Ignacio de Moxos en Beni, también ha sido cuestionado.

En la Asamblea Nacional de la CIDOB concluida el 22 de julio, los pueblos mosetén, mojeño, movima, yuracaré y chimán denunciaron que no fueron consultados por ninguna entidad gubernamental o privada sobre la definición de la ruta de la tercera parte de la cuestionada carretera. Los originarios agrupados en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), que habitan la región por donde pasa el tramo III, denunciaron que la ficha ambiental de esa parte de la carretera es ilegal porque no se cumplió con la consulta, y reclaman un nuevo estudio de impacto ambiental que comprenda la totalidad de la carretera cuestionada.

El TIM esta conformado por 22 comunidades de los pueblos trinitario, ignaciano, movima, yuracaré y chimán. Es una tierra comunitaria de origen (TCO) en la provincia Moxos de Beni, con una extensión de 357 mil hectáreas tituladas y una población de unos 5 mil habitantes.

“Las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico jamás tuvieron conocimiento del proyecto de diseño final de la construcción de la carretera Villa Tunari –San Ignacio de Moxos, así como de los procedimientos ambientales realizados para la obtención de la licencia para el inicio de dicho proyecto”, denunciaron los dirigentes de la Subcentral de Cabildos Indigenales del TIM en un voto resolutivo del 26 de junio pasado.

“Rechazamos la construcción de la carretera por el TIPNIS. Denunciamos ante los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos la vulneración flagrante y el pisoteo a los convenios y acuerdos internacionales por parte del gobierno del presidente Evo Morales, especialmente los referidos a los derechos de los pueblos indígenas, la biodiversidad y el medio ambiente”, dice el voto resolutivo.

“Exigimos la paralización inmediata de la construcción de la carretera y rechazamos cualquier reunión con el gobierno plurinacional mientras continúen las obras y ratificamos la marcha a La Paz”, afirman los dirigentes en el comunicado. También exigen la paralización temporal de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que está siendo desarrollada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

Las comunidades del TIM se declararon en estado de emergencia y convocaron a comunidades y subcentrales afectadas a iniciar una movilización nacional por la defensa de la vida y de la existencia de los pueblos indígenas “ante el intento del modelo desarrollista que intenta consolidar el gobierno nacional”.

Exhortación a los indigenistas y ecologistas del MAS

A pesar del riesgo de que el sistema de purgas cuasi-estalinistas dentro el MAS imponga su ley y castigue al asambleísta Pedro Nuni, en un acto digno el representante indígena del MAS ha decidido apoyar la marcha indígena del 15 de agosto. “Si me están pidiendo que yo pueda sumarme a su movilización lo voy a hacer, he manifestado de manera clara, esperamos que no haya represalias en mi contra por parte del partido que me llevó a donde estoy, pero si no fuera por mi pueblo no estaría donde estoy”.

El legislador confirmó: “Voy a participar a este llamado de mi organización. Primero está el electorado, la gente que me ha apoyado y por supuesto los pueblos indígenas”. (LT,28/VII/2011).

Se supo extraoficialmente que hay funcionarios de la gobernación de Cochabamba, con pasado ambientalista, que son solidarios con la causa indígena y sensibles a la lucha en defensa del TIPNIS, pero temen hablar públicamente sobre sus preocupaciones por los efectos que podría tener en su trabajo y vida política. Alguno ha dicho que “si dice su posición verdadera puede ser aislado adentro”.

Los miembros de la Campaña en Defensa del TIPNIS exhortaron a esos funcionarios a que defiendan sus ideas y opiniones dentro su institución y su partido, y en caso extremo renuncien públicamente en un acto de dignidad, que será reconocido por los indígenas del TIPNIS y por las futuras generaciones, siguiendo el ejemplo del ex viceministro de Medioambiental Juan Pablo Ramos y del ex director de Medioambiente Luis Beltrán, que prefirieron dejar sus cargos antes que aprobar la licencia ambiental de la cuestionada carretera.

Los funcionarios que tienen un compromiso con los pueblos indígenas que los encumbraron en el poder son: Carlos Antezana, personero de la ABT y miembro del CODAC; la secretaria Departamental de la Madre Tierra y miembro de las ONGs ambientalistas PAAC y LIDEMA Magdalena Medrano; y el secretario departamental de Infraestructura y miembro del extinto GAMS Hugo Fernández.

Otros cuadros masistas que no pueden eludir su responsabilidad moral con los pueblos indígenas son Soledad Delgadillo, asambleista departamental de Cochabamba, integrante de la comisión de la Madre Tierra de la Gobernación y ex directora de ONGs relacionadas con el desarrollo rural sostenible y las organizaciones campesina/indígenas; y el sociólogo defensor de los derechos indígenas y senador del MAS Adolfo Mendoza.