(Al Jazeera/Rebelión).- Junto a enfermedades neumocóccicas como meningitis y neumonía, la diarrea relacionada con rotavirus es una importante asesina de niños en los países en desarrollo, de la que se piensa que destruye las vidas de 500.000 niños cada año. Un abrumador 85% de estos niños son africanos y asiáticos. La necesidad de milagros médicos es mayor que nunca, pero la manipulación de los precios por las corporaciones farmacéuticas genera inmensos beneficios, mientras aumenta el precio de medicinas que pueden salvar vidas.

La corporación farmacéutica basada en Gran Bretaña, GlaxoSmithKline (GSK), ofreció recientemente un convenio para suministrar a naciones pobres 125 millones de dosis de la vacuna rotavirus –Rotarix– a 2,50 dólares la dosis,solo un cinco por ciento del precio habitual en los mercados occidentales. A través del grupo GAVI, la agencia de vacunas internacional financiada por países desarrollados como el Reino Unido, se espera que GSK y la multinacional farmacéutica Merck –que, entre ellas dominan el mercado de la vacuna rotavirus– suministren una línea segura de medicinas a bajo costea unoscuarenta países en el futuro cercano.

¿Pero es realmente un descuento?, y si lo es, ¿quién paga el coste?

El mecanismo financiero que subvenciona la vacuna se llama Advance Market Commitment (AMC) [Compromiso anticipado de mercado], un proyecto creado por el G8, así como por el Banco Mundial y la Fundación Gates, como incentivo “atrayente” para que las multinacionales farmacéuticas consideren los mercados a largo plazo de los países en desarrollo para “bienes públicos” farmacéuticos como las vacunas. Rotarix ha despegado bien: Desde 2007 unos 50 millones de niños –mediante 100 millones de dosis– ya se han beneficiado de Rotarix; en 2009 las ventas globales de Rotarix llegaron a 440 millones de dólares –un aumento del 50% en comparación con 2008, y Rotateo de Merck llegó a 564 millones de dólares en ventas.

El ejecutivo jefe de GSK, Andrew Witty, describió la estructura de los precios como, “ni como un artilugio ni como un gesto filantrópico aislado”, sino más bien como “parte de una estrategia concertada para cambiar nuestro modelo de negocios” –diseñado para combinar “el éxito comercial con contribuciones sustentables a largo plazo”.

Estructuras de precios y beneficios

Compañías farmacéuticas como GSK han afirmado frecuentemente que el alto coste de la “innovación”, es decir investigación y desarrollo (R&D, por sus siglas en inglés) es de entre 1.000 y 1.700 millones de dólares para introducir un nuevo medicamento al mercado. La recolección de 4.300 millones de dólares por AMC y GAVI para financiar la compra de vacunas se proyectó con la premisa de que hay que compensar el alto coste de R&D de las multinacionales farmacéuticas.

Durante las últimas décadas, la industria farmacéutica de EE.UU. –más de la mitad de la cual incluye compañías basadas en Europa– ha sido en su mayor parte la industria más lucrativa en la economía de la nación, gracias a mecanismos como la ausencia de una estructura de precios impuesta por el gobierno. “La libre fijación de precios y la rápida aprobación aseguran un rápido acceso a la innovación sin racionamiento”, dijo Daniel Vasella, ex jefe de Novartis (basada en Suiza), sobre las ventajas de hacer negocios en EE.UU.

Las multinacionales farmacéuticas afirman que los consumidores estadounidenses están obligados a financiar la investigación y desarrollo necesarios para mantener el funcionamiento de la innovación global. En Australia, Europa, así como en Canadá –la fuente de la “re-importación” de muchos medicamentos recetados por ciudadanos estadounidenses, donde las medicinas se venden a veces por la mitad del precio normal en EE.UU.– los gobiernos aseguran que las estructuras de los precios hagan que los medicamentos patentados sean asequibles.

Aunque las multinacionales farmacéuticas generan considerables beneficios en esos países, cerca de un 50% de las ganancias de la industria farmacéutica global se genera en EE.UU. En 2006, por ejemplo, las ventas globales de medicamentos recetados ascendieron a más de 640.000 millones de dólares, de los cuales casi 300.000 millones fueron ventas generadas en EE.UU.

Pero el verdadero engaño son menos las tácticas maquiavélicas utilizadas por las principales compañías farmacéuticas para aplicar Botox al resultado neto que el terrible mito detrás del “verdadero” precio de la innovación: la píldora de los mil millones de dólares. De 1996 hasta 2005, las grandes compañías farmacéuticas gastaron 739.000 millones de dólares en mercadeo y administración: En este caso los costes de “administración” incluyen contabilidad, salarios de los ejecutivos (incluidas bonificaciones, opciones de compra de acciones, etc.), así como gastos de recursos humanos. “Mercadeo”, mientras tanto, consiste de publicidad directa al consumidor, argumentos de venta y muestras gratuitas para los médicos, junto con publicidad en las revistas médicas.

Un examen más minucioso del coste de los medicamentos

Durante el mismo período de 1996 a 2005, las compañías farmacéuticas gastaron 288.000 millones de dólares en R&D y 43.000 millones en propiedad y equipamiento, y generaron 558.000 millones en beneficios.

Desde el principio, es posible ver que R&D está en penúltimo lugar en términos de gastos. Pero el desglose del propio R&D no es transparente: las compañías no detallan los gastos reales para el desarrollo de un medicamente en particular, y afirman que esa información incluye secretos comerciales exclusivos y/o confidenciales.

Sin embargo, según Harvard Business Review: “El coste de un nuevo medicamento aprobado ha aumentado más de un 800% desde 1987, o 11% por año durante casi dos décadas”. Corporaciones farmacéuticas como Novartis y GSK declaran que compañías que producen medicamentos genéricos –a menudo indias– pueden eludir costes semejantes, y vender sus medicamentos “copiados” por una fracción del precio del producto patentado, vendiendo frecuentemente entre 65% y 99% más barato que las firmas intercontinentales.

El “coste de 1.000 millones de dólares” se deriva de un estudio de 2003 publicado en el Journal of Health Economics por Joe DiMasi et al del Tufts Center for the Study of Drug Development. Los autores y su organización afirmaron que el estudio fue objetivo, a pesar de que el propio Tufts Center está financiado en un 65% por las compañías farmacéuticas.

Aunque los resultados se han normalizado como exactos por los medios, los hechos han sido desacreditados desde hace tiempo por especialistas independientes.

Los autores analizaron diez grandes corporaciones farmacéuticas (responsables entre ellas de un 42% de los gastos en R&D en EE.UU., donde se realiza la mayor parte de ese trabajo), examinando los costes de R&D de 68 medicamentos seleccionados al azar, y determinaron el coste del desarrollo de cada uno en 802 millones de dólares (elevado a 1.000 millones por el ajuste a la inflación).

Como los datos fueron presentados confidencialmente por las compañías farmacéuticas a los autores, no hay modo de verificar la calidad de la información, ni hubo alguna consideración del volumen potencial de manipulación corporativa de los precios entre compañías. Los nombres de las firmas no se mencionaron; tampoco los nombres de los medicamentos, los tipos de medicamentos; o su estatus –si se trataba de un medicamento prioritario, incluyendo tratamiento avanzado, o de un medicamento “para todos”– es decir una variación de productos que ya estaban en el mercado.

“Desmitificando” los costes

Para comenzar, la cifra de 802 millones de dólares no tomó en cuenta la forma opaca y extraña de contabilidad involucrada, comenzando con “costes capitalizados”. Según los autores, los gastos de R&D. “deben ser capitalizados a una tasa de descuento apropiada –el ingreso esperado del que se privan los inversionistas durante el desarrollo cuando invierten en R&D farmacéutica en lugar de una cartera igualmente arriesgada de valores financieros”.

Como declaró Marcia Angell, doctora estadounidense, ex jefa de la redacción de The New England Journal of Medicine y catedrática senior en la Escuela de Medicina de Harvard: “Los consultores de Tufts simplemente lo agregaron a los costes generales de la industria. Esa maniobra contable casi duplicó los 403 millones de dólares a 802 millones.”

Por lo tanto, al tomar en cuenta costes actualizados por PhTMA (2006), el aumento de R&D general a 1.320 millones de dólares, más de 650 millones han sido simplemente incluidos como “investigación y desarrollo” por compañías farmacéuticas pretendiendo ganancias míticas que podrían haber sido generadas, si hubieran invertido en, digamos, Wall Street – y no en la “innovación” científica utilizada para justificar inmensas ganancias de patentes exclusivas.

El estudio tampoco incluyó alivios impositivos y subsidios corporativos, así como la evasión fiscal deliberada y legal de impuestos corporativos (ni hablar de cualquier evasión tributaria ilegal).

En la revista BioSocieties, el sociólogo Donald Light y la economista Rebecca Warburton “desmitifican” los costes del desarrollo de medicamentos en R&D analizando también los alivios impositivos involucrados en los costes de R&D.

La Oficina de Evaluación Tecnológica (OTA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. reveló que: “El coste neto de cada dólar gastado en investigación debe ser reducido por el monto de impuestos evitados por ese gasto”. Los autores utilizaron datos de fuentes oficiales como el Tax Policy Center [Centro de política tributaria], para revelar ahorros impositivos adicionales de un 39%. Acumulativamente, los subsidios y créditos de los contribuyentes redujeron los costes generales de 403 millones de dólares a 201 millones.

Secreto fiscal

Además, como explica el artículo “Planificación Tributaria” de Ernst & Young, los costes de R&D usualmente se transfieren a jurisdicciones de alta tributación para compensar costes. Por otra parte, los beneficios generados por patentes frecuentemente se “re-ubican” enjurisdicciones de baja tributación. Las compañías farmacéuticas prefieren generar “gastos” de R&D en jurisdicciones de alta tributación como EE.UU. a fin de compensar los costes contra el ingreso gravable. Sin embargo, el coste de R&D no incluye impuestos “evitados”. No es sorprendente que la mayoría de las compañías farmacéuticas también estén ubicadas en jurisdicciones de impuestos bajos y secreto fiscal como Delaware en EE.UU., donde los beneficios se pueden transferir a beneficios pasivos y a compañías de propiedad intelectual.

En un artículo [impreso originalmente en el periódico New Age, y publicado en línea en Al-Jazeera] escribí con John Christensen, fundador de la Red de Justicia Tributaria y ex consejero económico de Jersey, uno de los máximos paraísos fiscales del Reino Unido, revelamos cómo el secreto fiscal y la propiedad intelectual (IP) se explotan para beneficiar a las corporaciones farmacéuticas, en lugar de servir las necesidades de gente vulnerable.

“Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, así como más de un 60% de las multinacionales de Fortune, mantienen todas entidades en Delaware, aprovechando a tope los instrumentos de opacidad legal y financiera. Aparte del secreto fiscal y la nula revelación del beneficiario efectivo, Delaware permite que las sociedades matrices establezcan compañías holding en dos días, que no producen nada, que no realizan ninguna actividad económica en el Estado, y que en general albergan solo un accionista (la compañía madre). Semejantes entidades, que permiten que la compañía madre pague a la entidad recién creada un “honorario” por el uso de la IP, sirve como un conducto pasivo que convierte renta imponible en beneficio pasivo no imponible. El único sentido de la entidad es poseer y ‘administrar’ ingresos blanqueados generados de la IP.”

Los gigantescos gastos legales incurridos por especialistas en el desarrollo de patentes, defensa legal, la contratación de los paraísos fiscales y otros temas relacionados con la IP constituyen más costes, incluidos como R&D. Esta estrategia de optimización tributaria se parece de cerca a la de compañías de “alta tecnología” que dependen de capital intangible para la mayor parte de su riqueza. Según la revista Forbes, en 1999, tres de las cuatro personas más ricas del mundo hicieron su fortuna con derechos de propiedad intelectual. Debían su fortuna, dijo Michael Perelman, a “Microsoft, uno de los mayores propietarios de derechos de propiedad intelectual, algo muy apropiado para la denominada Nueva Economía en la cual el ‘Capital DOS’ ha suplantado a El Capital”.

Beneficios del tratamiento del SIDA

La administración de los derechos de propiedad intelectual puede ser ciertamente un negocio lucrativo. El primer tratamiento de VIH/SIDA, zidovudina [AZT], vendido con el nombre de marca Retrovir, fue fabricado por la compañía Burroughs Wellcome, incorporada posteriormente a GSK. En 1983, dos años después de que se informó por primera vez sobre el SIDA, los Institutos Nacionales de Salud [NIH] de EE.UU. y el Instituto Pasteur de París identificaron su causa –el retrovirus VIH. Ese mismo año Samuel Broder, jefe del Instituto Nacional del Cáncer (una filial de los NIH), estableció un equipo global para seleccionar instrumentos antivirales, incluida la molécula AZT descubierta por la Fundación del Cáncer de Michigan, subsiguientemente adquirida por Burroughs Wellcome.

El equipo NIH-NCI de Broder, junto a eruditos de la Universidad Duke, descubrió la efectividad de AZT contra el virus del SIDA y realizó los primeros ensayos clínicos en 1985. Como explica Marcia Angell en su informativo libro: The Truth About Drug Companies [La verdad sobre las compañías farmacéuticas], Burroughs Wellcome patentó inmediatamente el medicamento y “realizó los ensayos posteriores que posibilitaron que recibiera la aprobación de la Agencia de Alimentos y Medicamentos o Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. [FDA] en 1987” después de un estudio de solo unos pocos meses. La corporación cobraba a los pacientes más de 10.000 dólares anuales por el tratamiento y se auto-cumplimentó en demasía por el logro de la medicina salvavidas.

Después de una carta auto-laudatoria de ese tipo del presidente ejecutivo de Burroughs Wellcome al New York Times, Broder y sus colegas del NCI y de la Universidad Duke respondieron airadamente, declarando: “La Compañía no desarrolló específicamente o suministró la primera aplicación de la tecnología para determinar si un medicamente como AZT puede suprimir el virus vivo del SIDA en células humanas, ni desarrolló la tecnología para determinar a qué concentración se puede lograr un efecto semejante en seres humanos. Además, no fue la primera en administrar AZT a un ser humano con SIDA, ni realizó los primeros estudios clínicos farmacológicos en pacientes. Tampoco realizó los estudios inmunológicos y virológicos necesarios para deducir que el medicamento podría funcionar, y que por ello valía la pena continuar con más estudios. Todo esto fue realizado por el personal del NCI trabajando con el personal de la Universidad Duke.”

Acentuando la información, agregaron: “Por cierto uno de los obstáculos para el desarrollo de AZT fue que Burroughs Wellcome no trabajó con virus vivos del SIDA, ni quiso recibir muestras de pacientes con SIDA”.

Tácticas asesinas

Paradójicamente, el medicamento Retrovir fue clasificado por la compañía como “medicamento huérfano”, es decir: un medicamento para el cual existe un mercado de menos de 200.000 personas –y por ello no era probable que fuera lucrativo comercialmente. Esto se hizo para pedir un crédito de 50% del gobierno por los costes de los ensayos clínicos. En 2005 se acusó aGSK de aumentar artificialmente sus beneficios a corto plazo al no aumentar la producción para satisfacer la demanda en drástico aumento, creando así “escasez” de su producto patentado. Esto se vio como un último intento de explotar la patente que debía expirar en septiembre de 2005. Poco después, el gobierno de EE.UU. aprobó versiones genéricas del medicamento.

En África se conoce a GSK–literalmente– por sus tácticas asesinas.

Cuando el distribuidor en Ghana, Healthcare Ltd. importó una versión genérica del medicamento (una combinación de AZT y 3TC – conocida como Combivir) de una compañía farmacéutica india llamada CIPLA, que la suministraba a un precio asequible (90 centavos de dólar por píldora) en lugar del precio patentado estadounidense (10 dólares por píldora), GSK amenazó al distribuidor con los tribunales, llevando a Healthcare Ltd. a cesar las ventas. Sin embargo, incluso mientras GSK acusaba a CIPLA de violar los derechos de la patente, GSK no poseía los “derechos” de Combivir en la oficina regional de patentes de África Occidental. AZT y otros tratamientos para el SIDA siguieron siendo medicamentos que fueron éxitos de venta para GlaxoSmithKline, generando 2.400 millones de dólares en beneficios en los primeros seis meses de 1997, gracias en particular a AZT y 3TC. En 1998, se referían al SIDA como “crisis sanitaria a escala mundial”, considerada por muchos como “una epidemia”.

Consecuentemente GSK ganó miles de millones de dólares con una patente, controló un mercado y determinó las vidas –y las muertes– de miles de millones de personas en todo el mundo, mediante algo que ellos no habían inventado. Afirmaron, sin embargo, que ellos concibieron que funcionaba. Esta noción bastó para excluir a los científicos del NCI, incluido Broder, de ser mencionados como inventores.

¿Pero es un ejemplo aislado?

Lejos de costar los pretendidos (y ampliamente aceptados) 1.000 millones de dólares para llevar un medicamento al mercado, los costes reales podrían ser menos de un quinto de esa suma.

Por cierto, el gobierno de EE.UU. es perfectamente consciente de las actividades para “evitar” impuestos. Pero se han tomado pocas acciones efectivas para reforzar la red tributaria. En 2005, el Congreso amplió las “vacaciones fiscales” para corporaciones farmacéuticas, que permiten a las compañías la repatriación de beneficios ocultos a solo un 5,2% de la tasa tributaria corporativa. En aquel entonces, Pfizer tenía beneficios no gravados de 38.000 millones de dólares; Merck 18.000 millones, Johnson & Johnson 14.800 millones – por lo menos, esos fueron los beneficios que estuvieron dispuestos a declarar.

Generalmente, una porción considerable (más de un 12%) de los costes de investigación y desarrollo (I+D) es la Fase IV o ensayos “post comercialización” de medicamentos que ya son vendidos a consumidores, en un intento de expandir las ventas. La cifra fue calculada en un 75% de los costes de I+D por el Tufts Center, dijo Marcia Angell, de la Escuela de Medicina de Harvard. Según Angell:

“Ya que la mayor parte de los estudios de la Fase IV no serán jamás sometidos a la FDA, pueden ser totalmente desregulados. Pocos de ellos se publican. En los hechos, como todos los ensayos auspiciados por la industria, no es probable que se publiquen nunca a menos que muestren algo favorable para el medicamento del patrocinador. Si se publican, suele ser en revistas marginales, porque la calidad de la investigación es mala.”

Innovaciones y ventajas obtenidas gratuitamente

Irónicamente, el estudio del Tufts Center por Joe DiMasi et al., que calculó el precio de la comercialización de un nuevo medicamente en más de 800 millones de dólares, amañó drásticamente los costes de I+D, al no basar el análisis en el estado general de los medicamentos aprobados sino en “NCE autooriginadas” o “Nuevas Entidades Moleculares [NME, por sus siglas en inglés]” que comprenden solo una pequeña porción de los medicamente aprobados anualmente por la FDA –calculada en un 35% (1990-2000)– una cifra que ha disminuido desde entonces en la última década.

La “innovación” farmacéutica es determinada por dos factores cruciales: a) la creación de una “nueva entidad molecular” (NME) – que en sí puede o no ser útil para el tratamiento, pero que significa la introducción de una nueva forma molecular distinguible; y b) una NME que constituye un “medicamento prioritario”, es decir, un medicamento que ofrezca, usando las palabras de la FDA: “un adelanto importante en el tratamiento o que proporcione un tratamiento donde no existe una terapia adecuada”. Dicho de otro modo: un adelanto terapéutico para enfermedades graves.

Según la Ley de Usuario de Medicamentos Recetados de 1992, la FDA opera a través de un sistema a dos niveles de estudio: el Estudio Estándar (S) aplicado a medicamentos que ofrecen solo mejoras menores sobre los medicamentos comercializados existentes; y el Estudio Prioritario (P), un proceso de vía rápida –de seis meses desde 2003– bastante acelerado para cualquier compañía que quiera impulsar la “innovación”.

Aunque los dos incluyen categorías separadas, al difuminar las definiciones,a menudo las compañías farmacéuticas pueden dar una impresión falsa de las NME, para que las “innovaciones” justifiquen los altos costes de patentes, es decir, derechos de comercialización exclusivos aprobados por el gobierno.

De 2006 a 2009 solo 48 innovaciones de medicamentos (P+NME) fueron aprobadas por la FDA, mientras un promedio de 84% del financiamiento de la investigación proviene de los fondos públicos de EE.UU., como los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Light y Warburton concluyen que la “inversión corporativa neta en la investigación para descubrir medicamentos nuevos importantes es de cerca de un 1,2% de las ventas, no entre un 17 y un 19%”.

Por lo tanto, mientras las compañías farmacéuticas afirman que la UE ha sufrido por la falta de innovación y se ha quedado a la zaga respecto a los gastos de I+D de EE.UU. en un 15% en 2004, hay poco en esta cifra que corresponda a la realidad.

El motivo primordial por el cual las compañías farmacéuticas se han ido en bandada a EE.UU. es el “viaje gratis” del que gozan con los fondos públicos de EE.UU. y la I+D. Los especialistas estiman que solo un cuarto de las NME han sido realmente desarrolladas por las compañías farmacéuticas, en su lugar, la mayoría son licenciadas de laboratorios financiados por el gobierno o el público, como ser los NIH y las universidades, así como compañías más pequeñas.

Leyes y licencias

En 2002, el entonces presidente ejecutivo de GSK, Bob Ingram, habló al Wall Street Journal sobre el tema de las licencias: “No vamos a invertir nuestro dinero en la firma si hay un vehículo de inversión mejor afuera”. Ingram señaló que GSK tiene interés en llegar a los niveles de otras compañías, como Merck, que recibió un 35% de sus ingresos de licencias.

La diferencia de coste entre una NME licenciada y otra desarrollada dentro de la compañía es grande: una NME licenciada cuesta solo un 10% del gasto real en I+D (2000) en contraste con una NME desarrollada en la empresa a 74%. En 2000, solo un 13% de las NME aprobadas fueron desarrolladas en la empresa, una cifra que no ha cambiado mucho.

El sistema de licenciamiento se desarrolló a través de la Ley Bayh-Dole –así llamada por los senadores Birch Bayh (demócrata de Indiana) y Robert Dole (republicano de Kansas– dirigida a capacitar a universidades y pequeñas empresas para patentar descubrimientos resultantes de investigación financiada por los NIH (los principales distribuidores de fondos públicos para investigación médica), otorgando posteriormente las patentes a corporaciones farmacéuticas a cambio de regalías.

La Ley articuló los derechos de protección del contribuyente respecto a licencias no exclusivas: si la acción “es necesaria para aliviar necesidades sanitarias o de seguridad que no son satisfechas razonablemente” o si la acción “es necesaria para atender usos públicos”.

Pero el Memorando Ejecutivo de Ronald Reagan de 1983 cambió de táctica, al liberalizar el acceso para incluir la cobertura para las grandes corporaciones. Antes de esto, los descubrimientos públicamente financiados eran considerados conocimientos en el dominio público. Otra obra legislativa –la Ley Stevenson-Wydler– eliminó las barreras entre sistemas “públicamente financiados” (sobre todo por el gobierno, pero también por las universidades) y el sector privado.

Sopesar los costes

En breve, según las NME fueran desarrolladas o no dentro de la empresa, los cálculos de Light y Warbuton –y de otros especialistas, como Angell– revelan que los costes de I+D corresponden, más bien, a un monto entre 50 y 200 millones de dólares. Basta de hablar de la píldora de los 1.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa con los costes de desarrollo de la vacuna Rotavirus?

Las vacunas se cotizan a menudo entre 40 y 100 veces más que el coste de producción. Las compañías farmacéuticas afirman que la investigación farmacéutica es muy costosa y que los costes de I+D son extremadamente elevados.

Por desgracia para GSK, los acostumbrados 5.000 o 6.000 “sujetos” de ensayos clínicos –la gente involucrada en ensayos de Fase III– aumentaron exageradamente (entre 63.000 y 68.000 personas) a fin de excluir el observado efecto colateral fatal (intususcepción) que sacó a Rotashield del mercado algunos años después.

Antes del masivo ensayo de Fase III, los costes de los ensayos de GSK estaban entre 1,8 millones y 2,4 millones de dólares, señalaron Light et al. A diferencia de Merck, GSK realizó numerosos ensayos en países en desarrollo, reduciendo drásticamente los posibles costes. Pero incluso calculando al nivel más elevado, los costes totales para los ensayos de GSK de Fase I a Fase III se situaron entre 128 y 192 millones de dólares para las más de 63.000 personas.

La FDA investiga pocos ensayos clínicos realizados en naciones en desarrollo. Una presentación de Pfizer mostró que solo 45 de 6.485 (0,7%) de los ensayos en el extranjero se analizaron en detalle. En 2008, más de un 76% de las personas utilizadas para ensayos clínicos de medicamentes fueron “sujetos” extranjeros, unas 232.532 personas.

No hay que subestimar la importancia del valor abaratado de la gente más pobre, incluida la ventaja de “provecho por médico”.

Un informe de fecha 2000, del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., reveló que a los médicos en EE.UU. se les pagaban 10.000 dólares por paciente enrolado para un ensayo de medicamento, más 30.000 dólares al enrolar al sexto paciente. Coste que, sin duda, fue incluido como “investigación y desarrollo”.

Aparte de la “baratura”, en los países en desarrollo existe mucho menos regulación, supervisión y concientización; y es menos probable que los pobres litiguen si se producen daños o muertes como consecuencia del medicamento. Esto es particularmente letal cuando se trata de experimentos con niños. Más de un 78% de los ensayos clínicos concentrados en niños se hicieron fuera de EE.UU.

Vacunas e identificación

La vacuna Rotarix no fue desarrollada dentro de la empresa, sino que se obtuvo una licencia exterior: en 1988, el doctor Richard Ward aisló la cepa del rotavirus humano y desarrolló un candidato de vacuna viva, de uso bucal, bajo un acuerdo de licencia con el Virus Research Institute, que posteriormente se fusionó con otra compañía, para convertirse en Avant Immunotherapeutics, una pequeña firma que ha recibido a menudo subsidios de los NIH.

Como revelaron Donald Light, profesor de política sanitaria comparativa, y la economista Rebecca Warburton en su trabajo que analiza el coste de desarrollo de la vacuna rotavirus, Avant financió un ensayo de Fase II de Rotarix en 1997-1998 que estableció que la droga daba protección en un 89% de los casos. Light et al siguieron escribiendo que, en 1997, GlaxoWellcome (después GSK) negociaron los derechos globales y aceptaron, a cambio, financiar costes de desarrollo, pagaron 5,5 millones de dólares a Avant y acordaron regalías de un 10% de las ventas netas.

La vacuna rotavirus significó un cambio radical en la introducción de vacunas: usualmente, las naciones más pobres esperan un período de 15 y 20 años. En cambio la vacunación con rotavirus de GSK procedió a través de aprobación regulatoria no en el país de manufactura, sino en el país de primer uso previsto, México.

¿Por qué no África o Asia?

México resultó el lugar perfecto para la introducción: desde los años noventa el gobierno había creado, desarrollado y fortalecido un “sistema nacional de vigilancia” para enfermedad diarreica, señalaron Walsh y Situ. Hospitales y clínicas tenían laboratorios bien equipados para identificar enfermedades contagiosas; el Ministerio de Salud monitoreaba e informaba regularmente sobre casos, como hacían las clínicas y hospitales, como parte del sistema del Instituto de Seguridad Social mexicano (MSSD).

Desde 2004, la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) que incluye más de cuarenta naciones de las Américas, apoyó –junto con otras organizaciones– el desarrollo de sistemas de vigilancia de rotavirus en países como Argentina, El Salvador, Guayana, Uruguay, Surinam, Trinidad y Tobago y Honduras. El monitoreo estaba diseñado para “caracterizar la proporción de hospitalizaciones diarreicas atribuibles a una infección de rotavirus”, escribe Julia Walsh MD en The critical path for vaccine introduction. Esta información es introducida en análisis económicos, un elemento crítico en la decisión de los países sobre si introducir o no una vacuna.

Las buenas noticias, para GSK, sobre México y Brasil, es que el porcentaje de la población que debía ser vacunada es más de un 98%. En 2006, Duncan Steele de la Iniciativa por la Investigación de Vacunas (OMS) declaró que la vacuna Rotarix iba a introducirse en Brasil, Panamá, Venezuela y otros países a un coste de 7 dólares por dosis para uso en la salud pública. En 2004, Brasil compró ocho millones de dosis (dos dosis por niño), al precio completo de 7 dólares por dosis. Ward dijo posteriormente que se calculó que las hospitalizaciones por rotavirus bajaron en un 59%.

¿Manufactura eficiente?

Actualmente, a menos que Merck entre al mercado internacional, no existe competencia para GSK, que ya está considerado como “el principal proveedor de vacunas a UNICEF y GAVI”. Según GSK, PAHO y otras agencias de ayuda tienen la intención de comprar suficiente Rotarix para asegurar la inmunización de un 80% de los niños del mundo. Avant calcula que el mercado global para la vacuna generará hasta 1.800 millones de dólares por año. Ni GSK ni Merck han publicado un resumen de sus costes.

Light y Warburton calculan que el coste de Rotarix –debido al increíblemente alto gasto de un ensayo con casi 70.000 personas asciende a hasta 466 millones de dólares, excluyendo los costes capitalizados – y los costes que han tenido que pagar podrán amortizarse con los beneficios de un solo año. A partir de 2008, las ventas ascendieron a más de 1.000 millones de dólares.

Con un coste “eficiente” de manufactura de 1,50 a 2 dólares por dosis, GSK obtendrá un hermoso beneficio del “precio íntegro” en naciones desarrolladas y la tasa de vacunación exitosa de 98% en países como Brasil. Una vez que haya terminado el período de cinco años, GSK, con el monopolio global, formará parte del presupuesto nacional de salud en 40 o más países.

El país de origen de GSK –el Reino Unido– donó la mayor parte de los fondos públicos al fondo de AMC [siglas en inglés de: Compromiso anticipado de mercado], – con 1.340 millones de dólares, mientras el rey del IP, Bill Gates, ofreció otros 1.000 millones de dólares. Gates afirmó que se sentía “muy bien respecto a los precios” recibidos por GAVI pero reconoció que los fabricantes indios y chinos podrían reducir en “algo” el precio si aumentaban la producción de vacuna.

Carece de importancia que compañías farmacéuticas como GSK hayan estado efectivamente en el consejo de administración de GAVI cuando se tomaron esas decisiones.

Las naciones desarrolladas que baten el tambor de la propiedad intelectual relacionada con el comercio, y los capitanes de la propiedad intelectual como Bill Gates, no eludirán el alcance anticompetitivo de las patentes, para las que no existe el mercado libre, con la agravante de que todo el valor de las patentes es atribuido de manera opaca a la compañía en cuestión.

Es la otra cara de la “caridad”; es un intento calculado de mantener el statu quo; un mundo estructurado sobre la desigualdad, donde la brecha entre los que tienen acceso a la medicina, y los que no lo tienen, no es solamente inmerecido y sistémicamente injusto, sino también letal.

Parafraseando al brillante comediante Chris Rock, las compañías farmacéuticas –o los narcotraficantes, como dice- no quieren curarte (o matarte). El dinero proviene de lograr que vivas en la necesidad.

* Periodista y académica visitante en el Centro por la Sociedad Civil (CCS) basado en Sudáfrica, y colaboradora de la Red por la Justicia Tributaria. Es la corresponsal sudafricana de la revista The Africa Report, editora adjunta de la revista World Poverty and Human Rights de Harvard, y autora de Tax Us If You Can Africa. Fuente: http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/06/20116297573191484.html Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131797&titular=la-gran-estafa-multimillonaria-de-las-corporaciones-farmacéuticas-(ii)-