(Agencias).- El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) verificará el cumplimiento del Reglamento Especial de Propaganda para las elecciones de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, presentado este lunes por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Wilfredo Ovando.

En las elecciones del 16 de octubre se elegirá por voto directo a nueve magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a siete tribunos del Tribunal Constitucional Plurinacional, a siete del Tribunal Agroambiental y a cinco magistrados del Concejo de la Magistratura.

Este lunes fue presentado el Reglamento del Régimen especial de propaganda de 41 artículos que norma el trabajo de los medios de comunicación en el proceso electoral, y también las tareas del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), encargado de monitorear y verificar el cumplimiento de la norma.

El Reglamento prohíbe la realización de campañas o propaganda electoral, y sólo permite la difusión de méritos de los candidatos en igualdad de condiciones. La producción y difusión de méritos e información de los candidatos estarán bajo responsabilidad exclusiva del TSE.

Los medios deberán invitar a los candidatos con 48 horas de anticipación y difundirán sus datos hasta 45 días antes de la jornada electoral. El Régimen especial para medios no prevé la suspensión de licencias de los medios que infrinjan la normativa, pero si dispone inhabilitaciones temporales.

“Los medios de comunicación que violen las prohibiciones establecidas en el artículo 82 de la Ley 026 del Régimen Electoral modificado por la Ley 125 serán sancionados mediante resolución del TSE con la inhabilitación para emitir campaña o propaganda electoral en los siguientes dos procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato de carácter nacional”, precisa el Reglamento.

“La finalidad del Reglamento es posibilitar la realización del proceso electoral sin campañas electorales, la difusión de méritos de los candidatos y la de posibilitar las entrevistas de los candidatos por parte de los medios de comunicación”, explicó Ovando.

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) inició este lunes las entrevistas públicas a los 57 postulantes al Tribunal Constitucional y a los 51 candidatos al Tribunal Agroambiental. La Comisión inhabilitó a 42 de los 160 postulantes registrados luego de verificar sus requisitos y evaluar las impugnaciones. De 57 habilitados para el Tribunal Constitucional, 18 son mujeres y 39 varones; mientras que de los 51 habilitados para el Tribunal Agroambiental, 18 son mujeres y 33 varones.

Cada candidato tendrá 20 minutos para responder a dos preguntas elaboradas por la ALP con el apoyo de las universidades públicas de San Simón de Cochabamba, San Andrés y Católica de La Paz, y Universidad Pública de El Alto.

Mañana comienzan las entrevistas a los postulantes al Tribunal Agroambiental, y entre el miércoles y el sábado se entrevistarán a los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura.

“Todo este proceso de registro de méritos en la entrevista se está grabando en un video que será difundido a partir de la fecha de manera permanente en una página web de la Asamblea Legislativa”, informó el diputado del MAS Lucio Maca.

“El medio estatal tiene que cubrir todas las entrevistas de 8h00 a 21h00 de manera continua, o de otro modo difundiendo las entrevistas en otro horario, esto porque existe programas que pagan un espacio en la televisión”, explicó el senador oficialista Eugenio Rojas.

Por otro lado, el director Nacional del Servicio de Registro Cívico Juan Carlos Luna informó que fueron habilitadas 893 estaciones de empadronamiento biométrico en todo el país. De forma simultánea, al menos 400 unidades móviles se desplazarán en zonas rurales donde se tiene previsto registrar a alrededor de 350 mil ciudadanos.

El empadronamiento comenzó el 3 de julio y concluirá el 26 de julio. Deben inscribirse los ciudadanos que cumplen 18 años hasta el 16 de octubre, los que cambiaron de domicilio y los votantes que precisen modificar algún dato en el padrón biométrico.

Con datos de ABI.