Mientras se discurseaba sobre la defensa y mucho amor a la Pachamama, se la vendaba para que no vea el ingreso de las semillas transgénicas de las variedades Mahogany, Asai, Paraná, Niágara, Po 637 y Tornado, todas ellas resistentes al herbicida glifosato que elimina hierbas y arbustos.

Aprobada la Ley 185 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que pretende garantizar suficiente comida para los bolivianos y excedentes para la exportación, se han conocido comentarios en torno al contenido de la norma, sobre todo en lo referente a la introducción o no de semillas genéticamente tratadas y comúnmente conocidas como transgénicos.

Los legisladores indígenas y los gobernantes aseguraron que los transgénicos no estaban contemplados en la revolución agraria y que una comisión se encargaría de controlarlos en defensa de la salud de los bolivianos. El discurso y las promesas parecían haber apaciguado el torrente de manifestaciones que salieron desde diversas esquinas del país.

Reclamaciones, cartas y manifestaciones en contra de los transgénicos parecían haber llegado hasta los mandantes, pero éstas quedaron inútiles como oreja de sordo. La Ley estaba aprobada, sutilmente admitía el triunfal ingreso de los transgénicos a Bolivia y toda oposición fue apabullada el pasado 29 de junio, durante un foro propiciado por los interesados en trabajar junto a las transnacionales.

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas auspiciaron el foro “Desarrollo del Sector Oleaginoso” y aprovecharon para presentar el libro “Bolivia: Desarrollo del Sector Oleaginoso 1980-2010”, cuyo autor es Hernán Zeballos. No conocemos la publicación, ni tuvimos oportunidad de participar del foro, pero los resúmenes periodísticos, señalan que el 92% de la soya que se produce en Bolivia es transgénica.

El presidente de los productores de oleaginosas, Demetrio Pérez, confirmó que un millón de hectáreas sembradas son transgénicas pues hasta ahora, según su criterio, no se ha comprobado que provoquen daños a la salud de las personas y sí tienen bondades. Reveló que los bolivianos estamos consumiendo harina y aceite de soya transgénica. La cascarilla es utilizada como insumo del sector lechero.

¡… Mayúscula sorpresa y se lo tenían calladingo!, mientras se discurseaba sobre la defensa y mucho amor a la Pachamama, se la vendaba para que no vea el ingreso de las semillas transgénicas de las variedades Mahogany, Asai, Paraná, Niágara, Po 637 y Tornado, todas ellas resistentes al herbicida glifosato que elimina hierbas y arbustos. En Colombia, se lo utiliza para eliminar cultivos de coca.

Pérez dijo que desde el año 2004, los terratenientes incursionaron de forma abierta en el cultivo de 48 variedades de soya transgénica. Lo que no reveló es quiénes autorizaron esa libertad y a través de qué instrumentos legales. Los actuales gobernantes, están obligados a revelar el contenido de decretos y leyes que autorizaron esa “abierta incursión”.

Este productor, detalló que en el mundo, hay 73 millones de hectáreas con soya transgénica y 47 millones de maíz. Para un futuro próximo, dijo que los empresarios bolivianos contribuirán a la revolución productiva con nuevas plantaciones transgénicas, esta vez de arroz, girasol y caña de azúcar.

¿Son seguros los alimentos transgénicos?

Las transnacionales proveedoras de semillas transgénicas y ahora también nuestros terratenientes las publicitan como seguras y alguno se atrevió a decir que hace años los bolivianos comen (sin saberlo) soya transgénica y que a nadie le salió una rama por los oídos o algo similar.

Lo que no dicen, es que hasta ahora no existen estudios sobre los efectos a largo plazo sobre la salud humana, aunque ya se escucha de un sospechoso incremento de casos de cáncer en los campesinos, nuevas alergias, aparición de toxicidad y sobre todo resistencia a los antibióticos. Las transnacionales no fueron capaces de mostrar evidencias que estos alimentos son toxicológicamente seguros.

En 2006, el arroz transgénico producido por la Bayer, invadió arrozales libres de éstos en Estados Unidos. Los arroceros iniciaron de inmediato un proceso judicial que terminó obligando a la Bayer a pagar millonarias indemnizaciones por daños. Ninguna explicación valedera salió de la transnacional que se limitó a señalar que la contaminación fue “un acto de Dios”.

¿Qué daños ocasionarán los cultivos transgénicos a los orgánicos en Bolivia?, ¿se están previendo las enfermedades que pueden ocasionar las fumigaciones entre los campesinos que las absorberán? Existen muchas previsiones que deben tomar en cuenta los legisladores indígenas al momento de permitir el triunfal ingreso de las transnacionales.

Un millonario terrateniente cruceño, acaba de declarar ante la televisión que el consumo de soya transgénica no produjo que a alguien se salieran ramas por las orejas, como se dice de las semillas tratadas genéticamente.

Efectivamente, no ocurrió un caso así, pero los potentes herbicidas que acompañan a los cultivos de esa naturaleza, están ocasionando intoxicaciones entre la población campesina. Un reciente artículo del diario Página/12 de Buenos Aires, señala que los agroquímicos son un riesgo para los niños y sus padres, sobre todo si son campesinos.

Una investigación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con sede en Mendoza, reporta que casi un cuarto de denuncias por intoxicaciones, son provocadas por agroquímicos. El año pasado se registraron 103 casos de intoxicación por plaguicidas y de ellos 49 ocurrieron en la provincia de Mendoza.

En Bolivia, la Confederación Sindical Única de Campesinos (CSUTCB), está en la obligación de advertir a sus sindicatos afiliados a informar sobre intoxicaciones, nacimientos con malformaciones o aparición de cáncer en los chicos. Los vientos permiten que los poderosos plaguicidas se trasladen a muchos kilómetros afectando a cuanta persona encuentren en su camino. El toque de alarma está puesto. Falta reaccionar en defensa de la Pachamama.

¿Perderemos soberanía sobre nuestras semillas?

Aprobada la Ley de Revolución Productiva Comunitaria y abierta la puerta para el ingreso de las transnacionales propietarias de las semillas transgénicas, no es difícil deducir que se apunta a una pérdida de la soberanía sobre nuestras semillas, porque eso es lo que buscan las multinacionales.

Un ejemplo trágico ocurrió en Chile. Las noticias de ese país dicen que los senadores, sin consultar a la ciudadanía, aprobaron vender todas las semillas chilenas a la Monsanto. Los medios no informaron sobre la gravedad de esa decisión que dejó sin habla a los trasandinos, pero sobre todo a los campesinos agricultores.

El acuerdo que incluye la quinua, convirtió a Monsanto en dueña de todos los vegetales chilenos, que de esa manera acaban de perder soberanía sobre sus semillas. ¿Eso mismo se pretende en Bolivia? El presidente de los productores de oleaginosas acaba de anunciar, en tono de amenaza, que al margen de la soya, los siguientes productos transgénicos a cultivarse, serán el arroz, girasol y caña de azúcar.

Podríamos estar a punto de perder nuestras semillas a cambio de una presunta soberanía alimentaria. Es posible que estemos en la puerta de una verdadera privatización de las semillas bolivianas, como acaba de ocurrir en Chile. En Argentina se está desarrollando una verdadera batalla contra estas semillas y sobre todo contra sus productores. En Uruguay, la lucha se estableció contra la intoxicación que provocan los herbicidas utilizados para apoyar las plantaciones de transgénicos.

En anuncio de próximas plantaciones transgénicas, me lleva a recordar un reciente escrito de Patricia Molina, quien señala que hay sospechas que en Santa Cruz, ya se está produciendo arroz transgénico. Este alimento no está destinado a la exportación, sino a la mesa de los bolivianos, porque no somos autosuficientes. Se apunta a los pobres, pues es su alimento básico.

Señala que recién se aprobó el arroz como subsidio prenatal y de lactancia para los trabajadores, sean éstos empleados públicos y del sector privado. Como el arroz no es originario de Bolivia, presuntamente está permitido su cultivo transgénico.

En lo que corresponde a la caña de azúcar, claramente apunta a la producción de agrocombustibles, que impulsa el primer mundo, dada la escasez y alto precio del petróleo. También está claro que los terratenientes no apuntan a la “soberanía alimentaria”, sino a las enormes ganancias económicas.

La ley dice se controlará el expendio de alimentos y se etiquetarán al destinarlas al mercado. Entonces los consumidores sabrán diferenciarlos de los orgánicos. Pero en este país plurinacional, donde la mayoría son indios e indígenas, éstos no concurren a los supermercados, sino a las ferias y mercados de barrio. Allí se vende por libra, por cuartilla y por arroba. ¿Estarán las caseras obligadas a etiquetar sus ventas señalando cuáles son transgénicos?

* Periodista de La Paz.