La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados controlada por el MAS modificará su proyecto de Ley de Telecomunicaciones y presentará un texto sustituto que incluya las propuestas de gremios periodísticos, medios de comunicación, cooperativas y organizaciones sociales.

La mayoría oficialista del Congreso presentó un proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y la Comunicación que reglamenta el acceso al espectro radioeléctrico; los servicios de radiodifusión, televisión e Internet; y el uso de la firma digital por primera vez en Bolivia, todo bajo la tutela de la Autoridad de Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT).

Instituciones sociales, cooperativas telefónicas y gremios periodísticos denunciaron que el proyecto de ley –elaborado sin la participación de los diferentes actores sociales interesados–no refleja la diversidad de opiniones sobre la temática y vulnera principios democráticos elementales como la no discriminación, la participación ciudadana, el pluralismo, la libertad y otros derechos civiles reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE).

La Fundación UNIR identificó varios problemas en el contenido de la norma oficialista, que concibe a los ciudadanos como simples usuarios o consumidores, vulnerando su derecho a la información y comunicación reconocido por el artículo 106 de la Constitución, y también el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.

El proyecto de ley abre la posibilidad de que la sociedad civil organizada participe en el diseño de políticas públicas en materia de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación; pero, contradictoriamente, limita la participación social al otorgar esa atribución al Viceministerio de Telecomunicaciones.

La Fundación UNIR advierte además que si bien el artículo 72 del proyecto garantiza el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, el artículo 106 faculta a los empleadores a intervenir y controlar los correos electrónicos de sus dependientes, vulnerando de esta manera su derecho a la intimidad.

Mercantilización del espectro electromagnético

En el régimen de gestión del espectro radioeléctrico propuesto por el oficialismo prima una lógica mercantil que refuerza el control de frecuencias y bandas por parte de grandes agentes privados, coincidieron la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA), la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPL), la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel), la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y muchos otros sindicatos y organizaciones sociales.

Según la Fundación UNIR y ASBORA, la norma debatida en la Cámara de Diputados sólo contempla criterios económicos a la hora de otorgar licencias de operación de redes y prestación de servicios de telecomunicaciones/TIC o servicios de radio y televisión, sin especificar requisitos explícitos de calidad y sin tomar en cuenta los diferentes tipos de operadores (privados o comunitarios).

ASBORA alertó que las “imprecisiones” de algunos artículos del proyecto de ley podrían perjudicar el trabajo diario y restringir los derechos de sus asociados, ya que en los procesos licitatorios no se evalúan “las propuestas técnicas, de contenido y la solvencia moral de quienes sean titulares de servicios de radiodifusión”.

El artículo 29 del proyecto señala que en la distribución de frecuencias para radiodifusión en frecuencia modulada y radiodifusión televisiva analógica, se otorgará el 20% de las bandas de forma directa para uso gubernamental, educativo, salud y emergencias, y el 80% mediante licitación pública.

Así, el proyecto de ley del denominado gobierno “del cambio” no se diferencia sustancialmente de la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada de 1995 que fomenta el libre mercado de frecuencias, aseguró el director de red Erbol Andrés Gómez.

“El gobierno que se dice indígena borró a los indígenas de este proyecto de ley, y los que han de tener acceso a los medios serán los millonarios… Con esto nos están demostrando que Evo Morales es epígono de Goni, es más gonista que el propio Sánchez de Lozada”, deploró el periodista de Erbol.

El proyecto de ley mantiene los privilegios de Entel y de otras empresas de telefonía móvil como las transnacionales Viva y Tigo, reclamó Hugo Franco, presidente de Fecotel que agrupa a 15 cooperativas con más de 500 mil socios en todo el país.

La norma oficialista, tal y como está redactada, no elimina el “negociado de frecuencias entre los adinerados”, criticó la directora de la carrera de Comunicación de la UMSA Gabriela Sotomayor; al contrario, consolida “el carácter mercantil de la comunicación, donde los poderosos se imponen sobre los desposeídos”, lamentó el secretario ejecutivo de la FTPLP Boris Quisberth.

Según la FTPLP, la distribución de frecuencias planteada por el MAS “perpetua la comercialización del espacio radioeléctrico donde se impondrá quien mayores recursos económicos posea, es decir la empresa privada, dejando de lado a los medios de comunicación alternativos, comunitarios, sindicales y de las universidades del país, los cuales también tienen el derecho de comunicar sus pensamientos”.

Sin debate no hay democracia

Si realmente se pretende democratizar el acceso al espectro electromagnético para que los movimientos sociales se expresen libremente sin intermediación política o económica, el Ejecutivo debe modificar su proyecto de ley de telecomunicaciones e iniciar de inmediato un debate amplio y democrático, instan los movimientos sociales del país.

ASBORA propone elaborar una ley específica que norme la actividad del sector, tal como señala la Ley de Telecomunicaciones 1600, y pide incorporar en el proyecto de ley en debate artículos que definan, clasifiquen y determinen los principales objetivos de la radiodifusión, diferenciándolos de otros servicios que tienen características diferentes.

Con el fin de transparentar el sector, la máxima autoridad de la ATT debe ser elegida con la participación de las organizaciones ligadas a las telecomunicaciones y al periodismo, y es preciso modificar el régimen de distribución de frecuencias, reclama la FTPLP.

Los trabajadores de la prensa de La Paz sugieren que el 40% de las frecuencias sean licitadas entre operadores privados; que el 40% se destine de manera directa y gratuita a organizaciones sin fines de lucro, movimientos sociales, pueblos originarios y sindicatos; y que el Estado disponga del 20% restante.

“Queremos dejar claramente establecido que nuestra institución no se opone a la Ley, sino que pedimos participar activamente en el proceso de discusión y aprobación de la referida Ley”, recalcó el directorio de ASBORA, y anunció que presentará el 4 de julio una propuesta al diputado Marcelo Elío, presidente de la Comisión de Planificación Política y Finanzas de la Asamblea Legislativa.

La Comisión congresal tomó nota de las preocupaciones ciudadanas en audiencias públicas celebradas en las últimas semanas, y finalmente aceptó modificar varios artículos de su proyecto. “Buscamos puntos de equilibrio para democratizar y enriquecer este proyecto de Ley, y decidimos presentar un proyecto sustitutivo que garantice la libertad de expresión y los derechos de los usuarios y de los proveedores de servicios”, confirmó el diputado Elío.