(Mariátegui, Los Andes y agencias).- Al menos cinco muertos y más de 30 heridos, varios por impacto de bala en el abdomen, es el saldo parcial de violentos enfrentamientos suscitados el viernes en la localidad peruana de Juliaca, Puno. El Ejecutivo anunció la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007 que autoriza el funcionamiento del proyecto minero Santa Ana de la canadiense Bear Greek en el sur de Puno.

Desde el 9 de mayo, miles de pobladores aymaras de la región Puno cumplen una huelga indefinida exigiendo la suspensión del proyecto minero Santa Ana administrado por la canadiense Bear Creek Mining Company, además del cese de otras concesiones mineras y petroleras en Puno.

Además, pobladores quechuas de la provincia puneña de Azángaro protestan por la supuesta inacción del gobierno en un proyecto conjunto -entre la comunidad y el Ministerio de Energía y Minas- para descontaminar la cuenca del río Ramis.

El caudal está contaminado por relaves de la minería artesanal en la zona y hace tres años esperan que el Ejecutivo facilite los recursos para la ejecución de la limpieza del río.

El viernes, Día del Campesino, pobladores de Azángaro intentaron tomar las instalaciones del Aeropuerto Manco Capac de Juliaca, pero fueron reprimidos por efectivos policiales con gases lacrimógenos y balas.

Alrededor de las 7 de la noche hora local, un grupo de manifestantes habría ingresado a las instalaciones del aeropuerto Internacional, donde prendieron fuego a vehículos y pastizales.

Según el diario Los Andes, murieron cinco personas en los enfrentamientos suscitados en inmediaciones del aeropuerto. Perdieron la vida Raúl Cancapa Huaricallo (38), Edwin Félix Yrpanipoca Turpo (20), Petronila Coa Huanca, Gregorio Huamán Mamani (57), Antonio Campos Huanca (45) y una persona no identificada que yacía en una de las avenidas en Juliaca.

Entre tanto, más de 20 heridos eran atendidos en el Hospital Carlos Monge Medrano, informó la Dirección Regional de Salud (Diresa).

Al promediar las 22 horas los pobladores de Juliaca vivían momentos de zozobra, pues gran número de delincuentes saquearon varios centros comerciales y tiendas. Según un informe del corresponsal de la televisora estatal TV Perú en Juliaca, en esos momentos pobladores se manifestaban enfurecidos por la represión y amenazaban con ingresar a las comisarias de Asillo y Juliaca.

La presidenta del Consejo de Ministros Rosario Fernández informó que hoy serán publicadas en el diario oficial cinco normas que atenderían las demandas de la población de Puno, relacionadas con el tema minero.

Dijo que dos de las tres mesas de negociación ya terminaron su trabajo, con soluciones concretas, y solo queda una tercera mesa, sobre la contaminación del río Ramis, que todavía no concluye.

Yonhy Lescano Ancieta, congresista de la República de la región Puno, en comunicación con el diario Los Andes informó que en reunión con el Ejecutivo se acordó derogar el Decreto Supremo 083-2007, que autoriza el funcionamiento del proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense Bear Greek en el sur de Puno, la demanda principal de la población aymara.

El sustento de la derogatoria de la norma rubricada en el 2007 (por ex premier Jorge Del Castillo y Alan García), es que ocasionará graves perjuicios al ecosistema del Altiplano que comprometen la vida del Lago Titicaca y sus manantiales; pero, también se consideró que la norma estuvo plagada de irregularidades.

El congresista aseguró que en el distrito de Huacullani, donde está instalada la minera Santa Ana de capitales canadienses, en el futuro no podrá desarrollarse ningún tipo de minería formal ni informal. Respecto al cese de concesiones mineras y petroleras en la región Puno, Lescano informó que se decidió realizar la consulta a los pueblos, y ellos definirán el futuro de la minera en esa zona del país.

Por otro lado, después de varios días de enfrentamiento entre estudiantes y la Policía, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), decidió suspender en el cargo de rector de la Universidad Nacional del Centro a Carlos Adauto y a sus vicerrectores académico y administrativo, acusados de corrupción.

Las protestas se iniciaron con la exigencia de la destitución del rector de la Universidad Nacional del Centro Carlos Adauto. Este permitió el ingreso de la policía al campus para reprimir a los estudiantes, quienes reclaman mejoras en el servicio del comedor universitario.

La ANR dispuso que una comisión de Orden y Gestión administre por seis meses esa casa de estudios. Al parecer los estudiantes habrían dado una tregua hasta el día lunes cuando llegue a Huancayo la comisión de Orden y Gestión.