Si la crisis griega fuera solo helénica o si el desempleo elevado y el Pacto del Euro fueran nada más españoles, la trascendencia sería grande, pero su magnitud no tendría carácter y alcance globales. Se considera casi inevitable que la crisis económica griega desemboque en default, con efectos que se extenderán a la banca y a la economía de otros países, mucho más allá de la eurozona e, incluso, de la Unión Europea (UE).

Medios periodísticos se preguntan si podrían los gobiernos de la zona del euro sentarse de brazos cruzados a contemplar como Grecia le dice a sus acreedores que no recuperarán su dinero. Según publicaciones la suspensión de pagos griega tendría consecuencias potencialmente catastróficas más allá de los tenedores de 486 mil millones de deuda soberana helénica.

Para medios periodísticos, ello incrementaría la percepción del riesgo de prestarle dinero a Irlanda y Portugal, provocando enormes pérdidas adicionales de cientos de miles de millones de dólares a esos países y a sus respectivos bancos.

BBC Mundo opinaba en su edición del pasado 21 de junio, que la suspensión de créditos al banco estadounidense Lehman Brohers “provocó la peor recesión global desde la década de 1930”, del mismo modo que un “default griego supondría un mazazo para las cuentas bancarias de toda Europa”.

De tal modo que los bancos de Grecia, Portugal e Irlanda solo sobrevivirían como entidades nacionalizadas, a la vez que algunos “en Francia, Alemania e incluso en Estados Unidos sufrirían pérdidas que pondrían sus recursos de capital en niveles peligrosamente bajos”.

El Banco Central Europeo, el mayor tenedor del mundo de bonos griegos, irlandeses y portugueses, “quebraría, requiriendo una fuerte inyección de apoyo financiero de algunos países del euro, lo que supondría una humillación de tal calado” para la institución financiera que tardaría años en recuperarse.

Por último, el euro no sobreviviría al default griego, pues se dejaría de percibir que la pertenencia a este, como sistema, es para siempre, y “cualquiera que le prestase a España, Italia o Francia tendría que ser compensado con un interés mayor por el riesgo -por muy remoto que fuera”.

Lo reseñado se traduce en que, con las enormes medidas económicas neoliberales que se le impusieron al pueblo griego, el cual las rechaza enérgicamente, no sobrevendrá la solución. Estas deudas no serán totalmente liquidadas, ni las protestas dejarán de ser enormes en el país, la región y el mundo.

De ahí que los 17 miembros de la eurozona y otros seis de la UE hayan adoptado el llamado Pacto del Euro, consistente en un paquete de medidas destinadas fundamentalmente, según ellos, a combatir la crisis económica y la deuda externa.

Pretenden pagar los multimillonarios débitos respectivos, para evitar los defaults colectivos o sucesivos, descargando los efectos sobre las pensiones, los salarios, los puestos de trabajo público y los impuestos, a la vez que privatizan los bienes nacionales.

El Pacto, más que contribuir a solucionar el desempleo y la parálisis del tejido productivo europeo, conducirá inexorablemente, según analistas, a un mayor empobrecimiento de los ciudadanos.

En un análisis, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos (Attac) considera que significaría seguir mermando la capacidad de consumo de las familias y del Estado, lo que irá en sentido contrario a impulsar la recuperación económica.

Según las previsiones publicadas el 12 de junio, la mayor parte de las medidas recomendadas por la Comisión Europea a España, uno de los países en peor situación, no dejan lugar a dudas.

Institucionalmente, la Comisión propone la legislación de que se trate, pero “son el Parlamento y el Consejo los que la adoptan”. Luego aquella y los Estados miembros la aplican, aunque siempre la Comisión vela por que “se tome debidamente en cuenta”.

De ahí que la perspectiva, en cuanto al Pacto, sea aplicar sistemas permanentes de revisión de las pensiones, aumentando la edad de jubilación y reduciendo su importe en efectivo.

Se reforzará la reestructuración de las Cajas de Ahorro, mediante el avance en su definitiva privatización. Con una banca privatizada, aumentará la asfixia de los consumidores y de las pequeñas y medianas empresas, por diversas causas.

De igual forma se reducirán las cotizaciones de la seguridad social y aumentarán el Impuesto al Valor Agregado y los recargos aplicables a la energía.

Precisamente, ello se lanza cuando existe cuestionamiento sobre el nivel de las pensiones, el desempleo continúa disparándose, se limita la formación profesional y no se recicla a los miles de trabajadores expulsados de sus puestos por las medidas del acuerdo.

Se alega que la Comisión Europea anima a profundizar las llamadas reformas del mercado de trabajo, afectando la negociación colectiva y las políticas de empleo, en alguna medida aplicadas ya con absoluta ineficacia.

Para los sindicatos no se prevé ningún tipo de participación legal en la gestión y organización de las empresas y se imposibilita la garantía eficaz de que los sacrificios exigidos por el empresariado sean razonables e imprescindibles para lo que llaman viabilidad de las propias empresas.

“Los partidos que nos gobiernan, y los que tienen la posibilidad de gobernar en un futuro”, apunta la Attac, “no parecen estar dispuestos a oponerse a este tipo de medidas, sino más bien a ser copartícipes”.

Los firmantes del Pacto por la eurozona son Bélgica, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia, a los que se añaden Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania, hasta totalizar 23.

Para analistas, se trata del retorno a las ya gastadas fórmulas económicas neoliberales, cuya caducidad transita por América Latina, pero con la agravante de que aplicarlas en una región de máximo desarrollo global dañará más a todo el mundo.

El Pacto del Euro implica que todas sus medidas se sujeten, en consecuencia, a las recomendaciones de la Comisión Europea, que además actuará como principal supervisora y evaluadora de su aplicación y desarrollo.

Según un análisis del Consejo Científico de la Attac, su objetivo es reducir los costos salariales, contradictoriamente, para tornar más vendibles los productos. Este es el primero de los cuatro pilares del sistema, que parece desmoronarse desde su origen mismo.

La reducción de los precios, según el estudio citado, solo se puede lograr si disminuyen los salarios mediante los llamados costes laborales unitarios. Así, se apuesta por un tipo de competitividad doblemente empobrecedora, pues no se basa en mejorar la calidad o el valor de los productos europeos, sino en igualar a la baja los salarios. Por tanto, merma la capacidad adquisitiva popular.

“El Pacto del Euro es un pacto contra los trabajadores europeos”, según Juan Torres López y Alberto Garzón, autores del referido análisis. Opinan que se traducirá en menores ventas para los productos de miles de pequeñas y medianas empresas, sostenidas por las compras de los asalariados de la región.

Las únicas beneficiarias serán las grandes empresas globales europeas -y de otras nacionalidades- que operan en los mercados mundiales y cuyos saldos no dependen solo de las ventas en la UE, como ocurre con la mayoría de las pequeñas y medianas. De tal modo es así, que se califica al Pacto como dirigido contra estas.

Sin embargo, son las que crean alrededor del 70 por ciento del empleo en toda Europa y, como consecuencia de aquello, la medida deprimirá la ocupación laboral.

El acuerdo opera contra factores muy beneficiosos para el incremento de la productividad, según la Attac, como buenos salarios y condiciones de trabajo, seguridad en el empleo, participación de los trabajadores en la actividad de las empresas y protección social adecuada y abundante.

El Pacto no persigue elevar la productividad, insisten, sino reducir los salarios para aumentar los beneficios de las grandes empresas europeas. Su diseño neoliberal prevé la reducción del gasto público, por lo que puede aventurarse que, en lugar de aumentar la productividad, provocará su disminución.

Lo consideran un Pacto “contra la competitividad de la economía europea”, que también atañe al mundo globalizado. Debido a que el 75 por ciento de las exportaciones son intraeuropeas, la baja de los ingresos provocará reducción del consumo en el bloque y, por tanto, un efecto recesivo en sus economías, primero, y luego en las más vinculadas a estas.

Se prevé que el acuerdo, en resumen, no disminuirá los precios de los productos exportables, sino que provocará, en sentido contrario, la caída de la actividad económica en toda la UE.

El segundo de los cuatro pilares en que se basa es impulsar el empleo, pero conseguido a partir de la presunción de que la desocupación se debe al mal funcionamiento del mercado laboral, algo que los autores califican como una falacia.

Según ellos, con el descenso de los salarios se debilita el mercado de bienes y servicios, que depende del gasto mayoritario de los trabajadores. De modo que si los empresarios no venden sus productos, tampoco contratarán fuerza laboral.

De acuerdo con los analistas de Attac, el Pacto precarizará aún más el empleo en Europa, que se tornará más inseguro, temporal y barato. Será asimismo menos productivo, porque resultará cada vez más difícil impulsar la economía de alto valor añadido, que es más competitiva.

Consideran que se especializará a Europa en la oferta de mano de obra barata vinculada a servicios personales de baja calidad, como ha venido pasando en España y otros países.

Ello la convertirá “en una especie de gran parque de atracciones de bajo costo del que solo se aprovecharán” las grandes empresas europeas con mercados cautivos, dentro y fuera de la región. Son precisamente estas las que impulsan el Pacto y obligan a los gobiernos a firmarlo.

En cuanto al “incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas”, la Comisión Europea pretende garantizar la reducción de los déficits presupuestarios por debajo del tres por ciento.

Para ello recomienda reformar, realmente privatizar, el sistema de pensiones, el sanitario y las prestaciones sociales, todo ello con impacto directo sobre el bienestar de los ciudadanos.

Asimismo, pretende “el ajuste de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida”, “la limitación de los planes de jubilación anticipada” y el “uso de incentivos específicos para emplear a trabajadores de más edad”. Se propone debilitar el sistema público de pensiones para favorecer su progresiva privatización.

De igual forma, la Comisión impulsa la privatización de las empresas y los servicios públicos para proporcionar negocios más favorables al capital.

“No es cierto”, aseguran los autores, “que las privatizaciones constituyan ingresos netos para las arcas públicas”. Se venden los bienes públicos a precios bajos -cuando no se regalan- sin tener en cuenta los ingresos que se dejan de percibir al transferirlos.

Se estima que el Pacto ni siquiera reducirá el déficit y la deuda con sus imposiciones, porque ello no se logra solo con limitar el gasto. Sus medidas únicamente consiguen aumentar el malestar y las carencias sociales e, incluso, la falta de recursos públicos para el capital privado.

El último de los pilares, consistente en “el refuerzo de la estabilidad financiera”, se interpreta como que los estados simplemente se comprometan a entablar debates en torno a la política tributaria.

En España sería como avanzar en la privatización de las cajas de ahorro. Pero garantizando que, antes, se emplee el dinero del Estado en sanearlas. El manejo de las deudas quedará, como siempre, en manos del Fondo Monetario Internacional.

Como conclusión fundamental, los autores asumen que “el Pacto del Euro es un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa social”. Para ellos, la deuda externa que provoca problemas gravísimos a gobiernos, empresas y familias, no se ha originado porque las economías europeas sean poco competitivas.

Es consecuencia de que los gobiernos no han afrontado bien la crisis financiera causada por la banca internacional y los grandes fondos especulativos, que deprimen los salarios y estimulan la crisis económica.

Según el análisis publicado el pasado 12 de junio, “el Pacto de Euro es una colosal estafa concebida solo para favorecer los beneficios de la banca y de las grandes empresas”.

Con la justificación de luchar contra la deuda, añaden, provocará, con el tipo de medidas que propone, menos empleo e inferiores ingresos.

La Europa del euro neoliberal ha dado todo lo que podía: “incremento de las desigualdades, crisis financieras, pérdida de puestos de trabajo, degeneración del empleo y cierre de millones de pequeñas y medianas empresas”.

Así que, añaden, “no habrá otra alternativa que luchar por salir del euro para poder aplicar otras políticas económicas que proporcionen bienestar humano, sostenibilidad y equilibrio social”.

La crisis europea es un problema global en un doble sentido. Primero, porque cualquier situación referida al Viejo Continente se refleja en el resto del mundo.

Segundo, porque una circunstancia común a los países más desarrollados, afecta a la vez a la mayor parte de los septentrionales.

Si algo revela el Pacto del Euro es que la crisis helénica no es solo griega, ni española, ni siquiera europea, ni se debe a los gastos sociales en exceso, sino a la forma en que fueron distribuidos, un efecto que se trata de recargar ahora, nuevamente, sobre quienes han sido los afectados históricos.

En esto consiste la vejez de lo que se muestra como nuevo, fracasado en la Argentina del año 2001, como colofón en América Latina, sin retorno.

* Redacción Global de Prensa Latina.