Lima, (PL).- La tensión social alcanza niveles preocupantes en Perú, tras la muerte de un estudiante en disturbios registrados en la ciudad centroandina de Huancavelica, a 440 kilómetros de aquí. A esos graves incidentes su sumó la pervivencia de varias huelgas generales en la región surandina de Cusco, contra las concesiones mineras y petroleras que, según los huelguistas, amenazan el medio ambiente.

El universitario Oswaldo Quispe, de 22 años, murió baleado por la policía, según testigos citados por radios de Huancavelica, sin que fuentes policiales quisieran hacer comentarios. La versión de los testigos indica que la policía abrió fuego y dio muerte a Quispe cuando los estudiantes atacaban la sede del gobierno regional, que fue parcialmente saqueada e incendiada. En los incidentes hubo además 32 heridos de diversa consideración.

La protesta rechazaba la creación de una universidad en la provincia de Tayacaja, porque la medida mermará los fondos de la universidad de Huancavelica, una de las regiones de mayor pobreza extrema del país.

El reclamo llevaba varios días de protestas y una delegación de universitarios gestionaba en Lima audiencias para pedir a las autoridades que no recorten los fondos de su universidad para solventar a la de Tayacaja, sin ser escuchados, según afirman.

Entretanto, siguen sin resultados las negociaciones entre líderes indígenas aimaras de las provincias de Puno fronterizas con Bolivia y el viceministro de Minas, Fernando Gala, sobre la demanda nativa de erradicación de la minería y la actividad petrolera en sus territorios.

El líder del Frente de Defensa de esas provincias, Walter Aduviri, acusó de intransigencia al gobierno por no aceptar un análisis jurídico conjunto de los decretos que facilitaron una concesión minera a una empresa canadiense en la zona, cuya legalidad puso en duda.

Los aimaras rechazaron igualmente la propuesta del ejecutivo de condicionar esa concesión a consultas con la población adyacente a la misma, y señalaron que el retiro no es negociable porque está en juego la protección del ambiente, la agricultura, la ganadería y el Lago Titicaca.

El reclamo motiva una larga huelga que mantiene cerradas las carreteras a Bolivia y que comenzó el 9 de mayo, con un paréntesis de una semana para permitir el desarrollo de la elección presidencial de segunda vuelta, ganada el 5 de junio por Ollanta Humala.

Otras provincias de Puno, como Melgar y Azángaro, realizan protestas similares, también de rechazo a las actividades mineras y petroleras y el nuevo presidente ha prometido afrontar los conflictos con el diálogo.

La Asociación Interétnica de la Selva Peruana advirtió que Humala recibirá una situación social altamente conflictiva, en la que tendrá que hilar fino para resolver los problemas.

La Defensoría del Pueblo advirtió que el gobierno saliente de Alan García deja irresueltos 227 conflictos sociales, en su mayoría socio-ambientales y motivados por la presencia inconsulta de actividades mineras en diversas regiones. Rolando Luque, funcionario de ese organismo, indicó a la prensa extranjera que, de ese total, 142 son activos y 85 latentes.

El presidente electo ha dicho también que es consciente de las expectativas e impaciencias sociales que motiva su elección, por lo que tendrá que atender el frente social apenas instalado su gobierno, el próximo 28 de julio.

Líder indígena emplaza al gobierno

El líder indígena peruano Walter Aduviri emplazó al gobierno a atender la demanda de erradicar la actividad minera y petrolera de las provincias limítrofes con Bolivia, tras revocarse una orden de detener al dirigente. Aduviri señaló que el presidente Alan García y la primera ministra Rosario Fernández tienen que resolver la protesta de las comunidades aimaras fronterizas, que mantienen cerrada por una larga huelga la principal carretera entre Bolivia y Perú .

Señaló que el gobierno tiene vigencia hasta el 28 de julio -cuando asumirá el presidente electo, Ollanta Humala-, por lo que debe resolver la protesta que, según dijo, busca preservar de la contaminación a la agricultura, la ganadería y el binacional lago Titicaca.

Dijo esperar que Fernández lo reciba tras haberse superado la crisis planteada por una operación policial lanzada el miércoles último para detenerlo cuando salía de una entrevista en un canal de televisión de Lima.

Aduviri se negó a acatar el arresto, con el apoyo de unos 300 aimaras llegados con él a la capital para dialogar con las autoridades, que no los recibieron, aunque la primera ministra dijo estar dispuesta al diálogo.

El dirigente se refugió en la televisora y permaneció allí más de 34 horas, argumentando la ilegalidad de la orden de detención y la necesidad de evitar una reacción de los indígenas que podría tener consecuencias trágicas.

La orden fue consecuencia de una denuncia del Ejecutivo, que le imputa a él y a otros siete dirigentes diversos delitos por disturbios registrados el 23 de mayo en Puno, capital de la región del mismo nombre colindante con Bolivia.

Gestiones de parlamentarios y de la Defensoría del Pueblo hicieron posible que las autoridades judiciales de Puno revoquen la orden de detención, en medio de denuncias sociales y políticas que acusan al gobierno de una conspiración para exacerbar el conflicto.

El ex primer ministro Yehude Simon manifestó ayer la sospecha de que el gobierno saliente exacerba los conflictos o evita resolverlos para crear una crisis social que impida el cambio de administración o deje a su sucesor una situación inmanejable.

Aduviri remarcó que corresponde al actual gobierno resolver la crisis aimara, que se suma a protestas similares de otras provincias de Puno, porque conoce el problema y debe cumplir sus responsabilidades.

El presidente electo prometió en su campaña electoral resolver los conflictos socioambientales de Puno y otras regiones, que suman unos 250, mediante la consulta a la opinión de las comunidades sobre proyectos mineros y petroleros en sus tierras, lo que ha evitado a administración saliente.