El movimiento estudiantil ha movilizado a más de cien mil personas y ha paralizado más de cuatrocientos colegios y sedes universitarias en las principales ciudades de Chile. Aunque los medios de comunicación tienden a minimizar estas protestas y junto al gobierno intentan desvirtuar su sentido como meros actos de vandalismo, lo cierto es que estamos ante un hecho político de gran envergadura. Es evidente que el Ministerio de Educación ha mostrado una profunda ineptitud, precisamente, política para manejar tan delicado asunto. En cualquier democracia sana esto significa la dimisión inmediata del encargado de un ministerio muy sensible para la comunidad nacional. La permanencia del actual ministro de educación, cuya figura se ha tornado tan controversial, solo profundiza la actual crisis, y en consecuencia debe dejar su cargo.

Hasta el momento, las autoridades de gobierno parecen más dispuestas a ignorar el alcance de las protestas estudiantiles, considerándolas un mero hecho policial más que un fenómeno político de primer orden. Por su parte, los partidos opositores, tan desprestigiados como el oficialismo, no poseen la capacidad para encauzar las demandas estudiantiles. Se insiste en soluciones institucionales mediante conciliábulos cupulares de resultado incierto y escasa eficacia política. En suma, se está escribiendo un guión absurdo en que los únicos excluidos son los miles de estudiantes apoyados por académicos y no pocos apoderados.

Si escuchamos con atención el mensaje, los estudiantes chilenos están poniendo en cuestión toda la superstición neoliberal que ha sostenido el negocio de la educación durante décadas en nuestro país. Los estudiantes ponen el dedo en la llaga de un tinglado institucional arcaico que se fraguó durante la dictadura militar. Es evidente que los cambios que se reclaman no pueden ser satisfechos en el marco jurídico actual. Concebir una educación gratuita para todos los chilenos instala en el horizonte una revisión total de todo el actual andamiaje constitucional que ha sido legitimado por todos los gobiernos desde que fuera promulgado por Augusto Pinochet.

Desde este punto de vista, las movilizaciones estudiantiles, entendidas como parte de un sentir ciudadano, bien pudieran ser el primer síntoma de una descomposición mayor del llamado “modelo chileno”; basado en un liberalismo económico a ultranza y en un sistema político cristalizado en la constitución de los ochenta. La trama de intereses económicos y políticos tejidos en torno al ordenamiento que nos rige hace difícil pensar en un cambio de esta magnitud. Sin embargo, como bien saben los estudiosos de la política, un pueblo movilizado, incluso más allá de los partidos y conglomerados institucionalizados, puede modificar las cosas de manera muy rápida. Por estos días, los estudiantes chilenos han transformado esta fría estación del año en un “invierno caliente” que, paradojalmente, viene a descontaminar un poco la atmósfera política del país.

Educación y futuro

Pensar el porvenir pareciera un ejercicio más propio de empresas de marketing o de grandes corporaciones multinacionales. Dos precisiones: Primero, todo porvenir no es sino la proyección de un cono temporal que ilumina el tiempo que adviene y nos muestra el espectro de lo concebible, todo porvenir es una creación, es imaginación desplegada en un aquí y ahora. Segundo, lejos de ser un asunto de gerentes y empresarios, la creación del porvenir es el tema histórico principal de los pueblos.

Desde esta perspectiva, se hace indispensable imaginar las condiciones y las modalidades de una educación justa y apropiada para todos los chilenos. Digamos de entrada que como condición básica de ese mañana que imaginamos, la educación en todos sus niveles debe ser planteada como un derecho de todos y, en ese sentido, debiera ser garantizada por un estado de manera democrática, eficiente y gratuita. El reclamo de este derecho se afirma tanto en un anhelo histórico cuyo fundamento moral y político no es otro que la plena realización de la justicia social. Educación y negocio son dos términos que se excluyen mutuamente.

Resulta paradojal que nuestro país posea todas las herramientas para dar solución al problema educacional y, sin embargo, se encuentra atrapado por sus instituciones arcaicas – cuando no corruptas – y por un lastre de inequidad social vergonzante. Nos pretendemos un país desarrollado y habitamos un imaginario social propio del siglo XIX, que limita con una retahíla de prejuicios que van desde el clasismo a la xenofobia, con una ignorancia convertida en norma, en fin, un mundo pueril, mediocre y mezquino que paraliza la imaginación creadora.

En un país como Chile, llevar a cabo este sueño no es una utopía sino una posibilidad cierta en el mediano plazo. Se requiere, desde luego, imaginación para concebir una modalidad otra de transformar la información en conocimiento y el conocimiento en acción. Se requiere voluntad y no poca valentía política para refundar un nuevo sistema educacional en el país que expurgue las taras y vicios que muestra en la actualidad. En pleno siglo XXI, acaso resulte indispensable pensar el problema de manera heterodoxa, o como suele decirse “out-of-the-box”. Acometer la transformación radical del sistema educacional no es una tarea de sabios e iluminados, es una empresa histórica y social que incluye a todos los ciudadanos. No obstante, hay mucho que aprender de experiencias en otras sociedades.

Pensar el porvenir de la educación en Chile exige pensar para el siglo presente, con los recursos actuales. Sólo como un ejercicio de pensamiento divergente, podemos imaginar ese nuevo mundo como algo cualitativamente distinto del ahora. De este modo, nos podemos aventurar a imaginar un mundo en que el estado invierta una parte sustantiva del Producto Interno en crear un sistema educacional a escala nacional democrático, inclusivo, gratuito, de carácter “semi presencial” de alta calidad que se apoye en el desarrollo de dispositivos y plataformas digitales.

Un proyecto de esta envergadura supone una inversión mayúscula no sólo en tecnologías sino, principalmente, en la formación de una nueva generación de docentes y en la investigación para crear nuevos modelos pedagógicos. En pocas palabras, nada impide crear un sistema de esta índole a la altura del tiempo que nos toca vivir. Ya lo sabemos, las tecnologías actúan como catalizadores del cambio social, pero no son agentes de cambio en sí mismas. Por ello, salvo en la cabeza de algunos afiebrados gerentes, todo porvenir posible solo es concebible como una transformación democrática profunda de la sociedad chilena.

* Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS.