La Asamblea Plurinacional de Bolivia ha comenzado a tratar el Anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones, que esperaría sustituir a la Ley 1632 promulgada en el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada en julio de 1995. La indicada Ley vigente que sucedió a la Ley General y Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones del gobierno revolucionario del Gral. Juan José Torres G. (D.S. 09740) en su momento de proyección tuvo ácidas observaciones sobre todo del sector empresarial el que representado por la entonces Confederación de Medios Privados de Comunicación Social en febrero de 1995 pudo conseguir un convenio con el gobierno estableciendo que el nuevo instrumento se referiría únicamente a aspectos técnicos y de regulación, y así “de ninguna manera a los aspectos de contenido y a los que se refieren a la libertad de prensa y expresión”.

Raúl Rivadeneira, comunicólogo y abogado, diría sobre la Ley 1632 que esta significaba “un retroceso respecto del Reglamento General de Servicios Radioeléctricos de 1960”, dado que en su mayor extensión abordaba aspectos técnicos los que por su detalle hasta podrían haber sido parte de instrumentos reglamentarios, y se dejaba una mínima referencia a la recuperación de aspectos de orden social y del carácter de servicio público. La única referencia a estas dimensiones la comprende el artículo 43, Rango de Ley, donde se trata sobre el sentido y razón de la radiodifusión: “La radiodifusión que comprende la transmisión de sonido, video y otros tipos, es un servicio de interés público que tiende a elevar el nivel cultural y exaltar los valores nacionales…” (Art 60).

Asimismo, se trata del uso de las lenguas nativas y del castellano, como idioma puente, así como del uso de lenguas extranjeras pero en este caso sujeto a previsiones reglamentarias (Art. 61). La norma abarca también sobre la esencia independiente de las radioemisiones indicando que “La radiodifusión informa y expresa sus ideas sin censura previa”, se advierte sobre la responsabilidad de las emisoras de controlar que sus informaciones sean auténticas y no dañen o alarmen a la población (Art. 62), y se introduce la protección de los menores indicando que entre las 7:00 y 21:00 las transmisiones deben ser aptas para ellos, además que sus contenidos no puedan perturbar el desarrollo normal y armónico de la niñez y juventud (Art. 63).

La calidad de la publicidad, la jerarquía de los programas, la producción nacional y la participación de artistas bolivianos más la transmisión en cadena de programas oficiales y bajo disposiciones específicas del Ministerio de Información, como la transmisión sin pago de mensajes de interés general hacen parte de la norma vigente (Arts. 65, 66 y 67 del DS. 09740).

La Ley 1632 además recupera del D.S. 09740 la clasificación de radiodifusoras, que se entiende como radio y televisión, indicando que la misma comprende a medios oficiales, o los que son de propiedad de organismos dependientes del Estado, que hacen la Red Oficial de Radiodifusión; y las radiodifusoras privadas, que son las de propiedad particular y que se conceden con fines comerciales.

El avance normativo de las telecomunicaciones en Bolivia, y de modo histórico en el año 2004, introduce a través del D.S. 27489 el reconocimiento de la Radiodifusión Comunitaria, generando así, y como una forma de reivindicación colectiva a la misma tradición de uso de medios sobre todo de la radio con fines de servicio social, democratización de la palabra, fomento de lenguas nativas, y manejo y gestión propia de medios abierta en Bolivia con la radio minera de los años 40. Así, posteriormente en los años 70 y 80 se dio origen al fenómeno de la radio campesina y de la radiodifusión comunitaria, para entonces sobre todo con experiencias de radios locales ubicadas en el ámbito rural.

El avance conseguido significó el rompimiento de la clásica dualidad de lo estatal/gubernamental y lo privado/comercial, para poner en la mesa de las telecomunicaciones la vigencia de medios de otro carácter, aquellos que previamente a la norma eran calificados como piratas e ilegales siendo así perseguidos. De este antecedente se evolucionó hacia el D.S. 27489 de mayo de 2004, Reglamento para el funcionamiento de la radiodifusión comunitaria, y que ratifica que la radiodifusión comunitaria comprende “medios que prestan servicios de radiodifusión con fines y objetivos de servicio, salud, educación, bienestar integral y desarrollo productivo siendo sus principios el potenciamiento de las identidades culturales, el uso y fomento de las lenguas originarias y la oferta de contenidos social y culturalmente apropiados para lograr la comunicación libre y plural de los individuos” (Art. 2).

El Reglamento de Provisión de Servicios de Telecomunicaciones en Áreas Rurales, D.S. 29174, de junio de 2007, que ha incorporado en sus alcances a la radiodifusión comunitaria si por un lado recupera su sentido, expresado en instrumentos previos, le agrega algunas limitaciones como reducirla a un carácter rural, localidades con menos de diez mil habitantes, además de circunscribir sus emisiones a la sección municipal respectiva (Arts. 3 y 35). La ventaja para este tipo de medios, sin embargo, es la exención de pagos por derechos de asignación y uso de frecuencias, así como de tasas de regulación, y sobre todo se indica que las licencias en este caso serán otorgadas de forma directa, vale decir a demanda del interesado, evitando el proceso que para estas era poco equitativo al sujetarse a la licitación, en correspondencia a su carácter no lucrativo y de fines de servicio.

El Anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones a pesar de apoyar su justificación en el Art. 20 de la Nueva Constitución, referido a la universalidad de las telecomunicaciones, no recupera del mismo texto constitucional el reconocimiento del derecho a la comunicación e información del que gozan los bolivianos y bolivianas (Art. 106), pues en sus alcances vuelve a su doctrina de normar lo eminentemente técnico, y dejar de lado el sentido de servicio y calidad que deben tener estos servicios en beneficio de la pluralidad de ciudadanos, así al proponer la distribución de frecuencias, “debe destinar 20% para uso gubernamental, educativo, salud y emergencias determinados por el órgano ejecutivo (…) y el 80% será otorgado mediante licitación pública” (Art. 31) lo que hace es reponer el cuadro colonizador del estado neoliberal colocando las telecomunicaciones en la esfera del mercado y alejándola así de la condón de derechos colectivos.

Así, para cualquier tratamiento de este Anteproyecto sería bueno preguntar: ¿Por qué esta propuesta no conjuga los debates y conclusiones de la misma Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (2003 y 2005), promovida por la ONU a través justamente de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), donde la participación equidad deben ser observados para todos los sectores? ¿Por qué no se enriquece el necesario debate con la coherencia que deba haber con los sendos discursos, de los hoy gobernantes, ante eventos descolonizadores como el Foro Social Mundial de Porto Alegre donde se clamó por tareas a cumplir en busca de que “Otra Comunicación es Posible”?.

O incluso por qué no aprender de la experiencia argentina de haber conseguido en 2009 una Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que no sólo es abarcadora, sino que fue producto de la consulta amplia y prolongada hasta traducirse en el establecimiento de la reserva del espectro de las telecomunicaciones en beneficio de tres sectores, 30% a cada uno, Estado, sector comercial y radiodifusión comunitaria y de servicio. Esta única experiencia de trabajo de una ley inmediatamente seguida de su reglamento y con la participación de todos los sectores, Coalición por la Radiodifusión Democrática”, es paradigmática en cuanto ratificar que un gobierno sí necesita de su sociedad, porque la democracia trasciende el Estado siendo que la comunicación es el elemento eje para su propia construcción pluralista.

¿Será que la propuesta es una pieza efectivamente dirigida a una descolonización de nuestro Estado inmerso históricamente en la circulación de voces poco plurales?

* Comunicador Social, director del SECRAD de la Universidad Católica Boliviana San Pablo (La Paz).