(ABI).- El viceministro de Régimen Interior y Policía Marcos Farfán informó que comunarios y representantes de la empresa Killman, que gerencia el yacimiento estañífero de Sayaquira en la provincia Inquisivi, de La Paz, firmaron el miércoles por la noche un acta de pacificación.Según informes del Ministerio de Gobierno, un contingente policial retomó de forma pacífica el control de la mina.

“A las 21.00 hemos firmado un acuerdo entre la comunidad de Sayaquira, los mineros, la comisión de Gobierno y la empresa para pacificar la zona”, dijo en declaraciones telefónicas a la ABI.

El acta de pacificación establece que el lunes que viene las partes involucradas se reunirán en La Paz, para perfeccionar el acuerdo aún provisional. Entre tanto en ese centro minero permanecerá un contingente policial para garantizar la paz y el normal desarrollo de las actividades mineras, precisó.

Al menos 300 campesinos se tomaron por la fuerza el centro minero el martes. La empresa denunció la pérdida de alrededor de 30.000 dólares en el asalto, que dejó 12 policías desaparecidos y uno de los atacantes desmembrado por la explosión de una dinamita.

El ministro de Comunicación Iván Canelas ratificó que el Gobierno respeta y respetará la propiedad privada y pidió que se inicie una investigación minuciosa en el caso de la toma violenta de la mina Sayaquira. “En el caso de la mina queremos dejar muy claramente establecido que el Gobierno ratifica una vez más el respeto a la propiedad privada y no permitirá ninguna acción violenta en contra de las empresas privadas que están trabajando en el país y en ese ámbito se actuará acudiendo fundamentalmente a la justicia”, declaró Canelas.

El gerente de la empresa minera Barrosquira Andrés Molina informó que el avasallamiento del yacimiento de estaño Sayaquira dejó sin pulpería y vivienda a sus trabajadores, además se perdieron 37 mil dólares en minerales.

La toma de esa mina, consumada el martes por decenas de campesinos y algunos trabajadores mineros disidentes a la administración de Barrosquira, fue calificada de “despiadada” por Molina, porque alrededor de 130 personas, entre ellos 30 policías, fueron desalojados del campamento Sayaquira “violentamente y con dinamitas”.

“Han atacado las viviendas de los pobres trabajadores, había señoras que ni siquiera han podido sacar el dinero ahorrado que tenían en su cuarto. Después a la empresa la han atacado los almacenes, la pulpería, la bodega barrilla (de mineral) y el ingenio. Han arruinado a la familia minera”, dijo el empresario a los periodistas.

El Gerente de la minera Barrosquira calculó que las pérdidas por el saqueo de mineral ascienden a 37 mil dólares y dijo que, tras la retoma pacífica de esa mina por parte de la Policía boliviana, se cuantificará en detalle las pérdidas y destrozos que causaron los avasalladores. Según Molina, la producción mensual de la mina Sayaquira, que opera en esa región hace 34 años, alcanza a 10 toneladas métricas finas de estaño, equivalente a 255 mil dólares.

Por su parte, el secretario de Vivienda de la Federación sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Cecilio Gonzales, identificó a Sergio Ramos, Agustín Ramos, Miguel Flores y Desiderio Ramos como los supuestos instigadores de ese avasallamiento.

“Son los cuatro elementos que siempre están digitando para la toma de yacimientos de la empresa Barrosquira. Su trabajo es tomar, expropiar aparatos productivos de los medios de producción que ya están explorados y listos para reproducir”, sustentó.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), declaró el miércoles estado de emergencia entre sus 61 sindicatos afiliados, por el avasallamiento al yacimiento minero Sayaquira, en la provincia Inquisivi de La Paz, informaron fuentes sindicales.

“Declaramos estado de emergencia, emitimos una circular para que se pronuncien todos los sindicatos sobre este nuevo avasallamiento de comunarios campesinos contra trabajadores mineros y sus familias en Sayaquira. Si esto persiste convocaremos a un ampliado nacional para decidir las medidas para hacer respetar nuestros derechos como señala Constitución y la Ley General del Trabajo”, declaró a la ABI el secretario ejecutivo de la FSTMB, Guido Mitma.

“Con el silenció y la frágil reacción, se está legalizando hechos violentos de los campesinos, porque ya hay un negro antecedente con el caso de Himalaya, donde no hay solución hasta la fecha”, puntualizó. Denunció que el peligro de avasallamiento está latente en un 80% de los sindicatos afiliados a la Federación de Mineros.