(Agencias).- Desde el miércoles de la semana pasada se cumplen dos huelgas generales con bloqueo de carreteras en la ciudad de Juliaca, región de Puno. Este lunes se cumplió el sexto día de bloqueos en las rutas internacionales hacia Bolivia y Brasil. Los campesinos protestan contra un proyecto hidroeléctrico y concesiones mineras y petroleras en la zona.

La zona sur de Puno comenzó un paro con bloqueo de caminos contra las concesiones mineras el 9 de mayo; el 31 de mayo los manifestantes suspendieron las protestas hasta el 7 de junio con el fin de no perjudicar el desarrollo de las elecciones presidenciales, y el 8 de junio reanudaron las protestas.

Tanto la ruta que va de la ciudad de Puno, a 1.315 kilómetros al sureste de Lima, hacia la localidad de Desaguadero, fronteriza con Bolivia, como la carretera Interoceánica que pasa por el norte de la región de Puno, continúan bloqueadas por manifestantes que protestan contra un proyecto hidroeléctrico y las concesiones mineras y petroleras en la zona.

Manifestantes llegados de Carabaya y de la provincia puneña de Azángaro, que también proyecta una huelga por motivos similares, recorrieron Juliaca, ante lo cual cerraron sus puertas muchos establecimientos públicos y privados. Un promedio de 6 mil pobladores de los distritos de Desaguadero, Kelluyo, Pizacoma, Huacullani, Zepita se movilizaron por diferentes arterias en la frontera entre Perú y Bolivia.

El Frente de Defensa de las provincias del Sur de Puno exige que sus territorios sean declarados exentos de actividades mineras y petroleras, y aceptó volver a dialogar con el Gobierno, pero con la presencia de decenas de líderes de comunidades aymaras.

Se espera la derogatoria del decreto supremo 083-2007 que, de acuerdo con los manifestantes, se antepone al artículo 71 de la constitución de la República que señala que dentro de los 50 kilómetros de la línea de frontera no puede posicionarse ningún inversionista extranjero.

El Ministerio de Energía y Minas no acepta la exigencia y considera solucionado el conflicto con la suspensión temporal de la actividad minera, lo que dejaría el problema en manos de la administración de Ollanta Humala, quien asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio.

El proyecto minero Santa Ana, perteneciente a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company, deberá esperar 12 meses, luego que el Ejecutivo suspendiera la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante las protestas anti mineras en la zona.

Pero la minera canadiense tiene otro proyecto en la provincia de Carabaya. Se trata del proyecto minero Corani, que pretende una producción anual de 10 millones de onzas de plata durante los primeros seis años y 6.4 millones de onzas de plata anuales durante una vida útil de 27 años. Además, se pretende explotar de esta zona plomo y zinc.

La inversión para este proyecto es de 339 millones de dólares. Los estudios realizados por la empresa arrojan reservas probadas de 258 millones de onzas de plata, más de 2.9 millones de libras de plomo y 1.4 millones de libras de zinc.

Este lunes 13 de junio, la población de Carabaya y Azángaro iniciaron una huelga indefinida en rechazo a la contaminación del río Ramis, y acordaron movilizarse hacia Juliaca en grupos que superan los 50, para bloquear el puente Maravillas, sin negar la posibilidad de arribar a Puno.

“Nosotros tenemos que hacer sentir nuestra medida de protesta en las capitales de provincias, especialmente en la ciudad de Juliaca si lo hacemos en Crucero o en Potoni yo creo que nadie va a dar importancia, es necesario, que todos los puneños se sumen a esta lucha ya que el rio Ramis nace de nevados de Ananea llega hasta el lago Titicaca”, manifestó el dirigente del Comité de Lucha Sabino Soncco Mamani.

Los manifestantes exigen anular la construcción de una central Hidroeléctrica de capitales brasileños en Carabaya y argumentan que la presa necesaria para la obra causará grave daño ecológico. El parlamentario puneño Yonhy Lescano señaló que la represa destruirá más de 100 kilómetros de la Carretera Interoceánica e inundará 40 mil hectáreas de territorio amazónico, lo que implica un daño ecológico irreparable.

El viceministro de Energía Luis Gonzales Talledo informó que mañana será publicado en el Diario Oficial El Peruano la resolución La RM N 265-2011-MEM/DM que dispone la cancelación definitiva del proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari.

“No se dará ninguna concesión temporal ni definitiva mientras no exista la Consulta Previa de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ninguna concesión se aprobará sin que el Convenio 169 ofrezca la garantía y que la consulta previa es aceptada por la población”, aseveró el funcionario.

Asimismo fue enfático en reiterar que “en el MEM no existe ningún procedimiento pendiente de evaluación del proyecto Inambari por lo que no debería haber motivo alguno que pueda preocupar a los pobladores de Carabaya y localidades más cercanas respecto a la posible construcción de la central hidroeléctrica”.

Mediante la RM N 287-2008-MEM/DM se otorgó concesión temporal a favor de EGASUR renovada mediante RM N 259-2010-MEM-DM, para que desarrolle estudios relacionados con la actividad de generación de energía eléctrica en la futura Central Hidroeléctrica lnambari, cuya área de estudios se encuentra ubicada en los distritos de Huepetuhe, Camanti, San Gabán y Ayapata, provincias de Quispicanchi, Manu y Carabaya, departamentos de Cusco, Puno y Madre de Dios.

Aumentó la tensión social una orden judicial para detener al presidente del frente Walter Anduviri, por cargos de hurto agravado y delito contra la tranquilidad pública. La orden afecta también a otros siete dirigentes aymaras y los cargo están referidos al bloqueo vial de semanas anteriores y a los saqueos, y otros disturbios registrados en Puno el pasado 23 de mayo y atribuido por Anduviri a provocadores tolerados por la Policía.

El líder amazónico peruano Alberto Pizango acusó al parlamento de encubrir la responsabilidad oficial en los graves disturbios de la zona norselvática de Bagua, que hace dos años causaron 34 muertos. Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), fustigó así un informe sobre el tema, aprobado por el legislativo, que solo señala responsablidades políticas y no penales en la tragedia.

Según el líder, el dictamen encubre las culpas en los incidentes del presidente Alan García y de los entonces ministros Mercedes Cabanillas, Mercedes Aráoz, Ántero Flores-Aráoz y Yehude Simon. Reclamó una nueva investigación para sancionar a quienes causaron la matanza registrada el 5 de junio de 2009.

Ese día, tras una larga protesta indígena amazónica contra la entrega inconsulta de los territorios selváticos a empresas mineras, petroleras y forestales, el gobierno ordenó el desalojo del bloqueo de una carretera en las afueras de Bagua. La acción policial fue resistida por los nativos y en el enfrentamiento murieron 14 agentes y diez civiles. A otros 10 uniformados los ultimaron en una cercana estación del Oleoducto Norperuano.

* Con información de Prensa Latina, Los Andes y Mariátegui.