(ABI).- La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia (CSCHB) calificó de “contundente” y “exitoso” el paro de transporte de 24 horas implementado este lunes en rechazo al Decreto 890 de regularización de vehículos indocumentados, a pesar de que no fue acatado en la ciudad oriental de Santa Cruz y de que se cumplió parcialmente en La Paz.

Los sindicatos del autotransporte público cumplieron de manera parcial un paro nacional de actividades este lunes. En algunas ciudades como Santa Cruz de la Sierra, una de las más importantes de Bolivia, el paro no se cumplió y los transportistas salieron a trabajar con normalidad.

“Santa Cruz no ha parado, para nosotros es difícil hacer un paro en un par de días, porque aquí hay 15 municipios y 80 instituciones, necesitamos de seis a siete días para realizarlo. Ya se aprobó el decreto de nacionalización, entonces pedimos al Gobierno que se abrogue, que se revise, creemos que no ha sido una medida acertada”, explicó Róger González, ejecutivo del transporte sindicalizado de Santa Cruz.

En La Paz grupos de huelguistas se ubicaron en sectores estratégicos de la ciudad para impedirles por la fuerza a sus compañeros trabajar, inclusive con agresiones. Lo mismo ha sucedido en la ciudad de El Alto. En Cochabamba los huelguistas sacaron sus vehículos para bloquear por algunas horas las calles céntricas. En otras ciudades no se ha sentido el paro.

Los organismos policiales dispusieron la prohibición de salida de autobuses de transporte interdepartamental de las terminales en previsión de que algunos huelguistas procedan con agresiones en las carreteras que pongan en riesgo la seguridad de los pasajeros.

“El paro ha sido contundente y un éxito, obviamente acá en la hoyada (La Paz) algunos compañeros o algunos ciudadanos que tiene sus movilidades particulares están transitando y sólo en Santa Cruz (no se acató), pero en el resto del país ha sido contundente”, dijo a los periodistas el dirigente Sixto Sandi.

Sandi anunció que ese sector determinará nuevas medidas de presión contra otro decreto, que supuestamente limita la circulación de vehículos con 12 años de antigüedad. “No queremos que se relocalice a todos los compañeros que tienen movilidades con 12 años de uso”, justificó. No obstante, dijo que su sector está dispuesto a cualquier reunión que convoque el Ejecutivo.

El principal dirigente del autotransporte público Franklin Durán ha llegado a amenazar con declarar un paro general indefinido desde el miércoles, si es que el Gobierno no suspende el decreto 0890 que se refiere a las limitaciones a la circulación de vehículos del transporte con más de 12 años de antigüedad.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Walter Delgadillo ha explicado en una conferencia de prensa que esa medida ha sido adoptada en base al derecho comparado, “una vez que en otras naciones esas limitaciones van desde los 5 a los 12 años de antigüedad para garantizar la calidad y seguridad en el servicio”.

Delgadillo ha instado a los sindicalistas del autotransporte a reunirse para “elaborar en forma conjunta una reglamentación que permita a los choferes contar con un tiempo de siete años para renovar sus vehículos en forma gradual”.

Durán ha subrayado que el paro es igualmente para reclamar por la vigencia de una Ley que permite la regularización de los vehículos sin documentos a fin de establecer una norma de control. Los transportistas consideran que esa medida hará más insufrible el tráfico vehicular en las principales ciudades por la cantidad de vehículos.

El secretario ejecutivo de la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros de La Paz (CUTUP) Gonzalo Millares dijo el lunes que la regularización de vehículos indocumentados, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa y promulgada por el Ejecutivo pone en riesgo el proyecto de renovar el parque automotor urbano.

“Nosotros hemos planteado más bien la renovación de todo el parque automotor, en especial del sector masivo, pero con esta nacionalización prácticamente estaríamos desechando ese proyecto de renovar el parque automotor, porque va a entrar cualquier cantidad de chatarra”, aseguró a los periodistas.

Argumentó además que la regularización de los autos indocumentados “saturará las calles y avenidas de todas las ciudades, particularmente de La Paz. Explicó que la CUTUP tenía previsto importar 400 autobuses, con capacidad de 50 pasajeros sentados, para solucionar el problema del transporte masivo de la ciudad.

A su juicio, con la nacionalización, ningún empresario o importador de vehículos invertirá en nuevos motorizados. “Porque las entidades financieras, las importadoras en este caso tanto Nissan Cóndor, Nissan Bolivia, yo creo que van a desechar porque van a abaratar todos pasajes y ya no va haber capacidad de pago de parte del transporte”.

Los transportistas de carga internacional de Bolivia gestionarán ante el Gobierno la reducción de los costos para la legalización de unas 10 mil “chatas” (remolques y semi remolques), en el marco de la Ley de Regularización y Saneamiento Vehicular, anunciaron el lunes fuentes de ese sector.

“Nosotros pensamos que debería haber un precio especial”, dijo el presidente de la Cámara de Transporte Pesado de La Paz, Daniel Zegada, al subrayar que de los 15 mil remolques que hay en el país, al menos el 50 por ciento fue hecho en Bolivia.

El dirigente indicó que en la actualidad las tarifas de la Aduana Nacional para “nacionalizar” ese complemento de los tracto camiones y trailers están entre 1.500 y 3.500 dólares, dependiendo el tipo de remolque.

No obstante, Zegada aclaró que casi todos los remolques de industria extranjera ingresaron a Bolivia hace más de 10 años, previo pago de las respectivas pólizas de importación. “Además queremos que la opinión pública sepa que nuestros remolques no son chutos (indocumentados), no usan gasolina ni usan diesel”, subrayó.

En ese marco, el representante de los transportistas de carga internacional aseguró que su sector está predispuesto a dialogar con el Gobierno y hallar el mejor camino para empadronar y legalizar las “chatas”, proyecto que -recordó- se viene discutiéndose desde el 2007.

Por su parte, el ministro Delgadillo adelantó el lunes que la “nacionalización” de los remolques y semi remolques “van a tener un tratamiento especial”, luego de invitar públicamente a los transportistas a reglamentar ese proceso.

Por otro lado, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) instó el lunes a los pobladores del departamento amazónico del Beni, que conduzcan o tengan en su poder un vehículo, una motocicleta o un cuadratrack “chuto” (indocumentado) a acogerse a la amnistía que contempla la Ley de Regularización y Saneamiento Vehicular, para evitar futuras incautaciones.

La presidenta del ente recaudador Marlene Ardaya puntualizó que de los más de 30 mil autos indocumentados inscritos hasta el fin de semana en todo el país, en el Beni sólo se registraron 1.600 unidades para el proceso de nacionalización. “Esta es la última oportunidad que tienen las personas de legalizar lo ilegal”, advirtió Ardaya en la población de Riberalta, al recordar que el plazo para el registro de los vehículos indocumentados vence obligatoriamente el 1 de julio. Después de ese plazo, los motorizados “chutos” que no cumplieron con ese requisito serán decomisados y confiscados, según la ley.

El Vicepresidente Alvaro García Linera calificó a la Ley de Regulación y Saneamiento Vehicular como “muy dura”, porque controlará la presencia de autos indocumentados, que en algunos casos eran usados para cometer actos criminales. Ratificó que el Estado se incautará, “sin derecho a un juicio” de todos los automóviles indocumentados en tres meses más, probablemente desde septiembre que viene, luego de fenecer el proceso nacionalización.

“A partir de esa ley ya no puede entrar al país ningún auto ‘chuto‘ porque ese auto será confiscado para uso infinito y perpetuo por parte del Estado. Lo fundamental de la ley es la posibilidad de confiscación de los autos ‘chutos‘, antes no sucedía eso, antes se lo podía multar pero no se lo podía confiscar”, destacó.

La Ley de Regulación y Saneamiento Vehicular, puesta en vigencia por el presidente Evo Morales el miércoles último, prevé 15 días para que los propietarios de autos ilegales registren sus motorizados para el proceso de legalización que durará 90 días.

En los primeros tres días de registro los servicios aduanales inscribieron cerca de 31.000 coches que se encontraban en el país en calidad de indocumentados. Según la Aduana Nacional de Bolivia, 6.000 de ellos fueron observados en su registro. De acuerdo con estimaciones oficiosas el número de carros en trance de legalización se alzaría sobre 90.000.