El Grupo de Trabajo Transnacionales/Tribunal de la Red Birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas manifestamos nuestro rechazo al informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, John Ruggie, y exigimos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que defina e implemente un proceso para la elaboración y adopción de una normativa legal vinculante sobre las operaciones de las empresas transnacionales, en la cual las comunidades afectadas por los abusos de las empresas y organizaciones sociales tengan voz y también participación efectiva.

Durante el proceso de elaboración de su informe (2005-2011), el Relator Especial se negó a recibir las denuncias de las y los afectados por las violaciones de derechos por parte de las empresas, negando así a las víctimas de dichas violaciones el derecho a ser oídas y reconocidas, tener acceso a la justicia, y excluyéndolas del proceso. Al mismo tiempo, Ruggie optó por privilegiar el acceso y la visión de las empresas multinacionales, como lo demuestra su decisión de aceptar los servicios voluntarios de quince centros jurídicos internacionales especializados en el asesoramiento de grandes empresas en 2009.

En las tres sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), realizadas entre 2006 y 2010, se escucharon a más de 100 representantes de comunidades afectadas, movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, quienes denunciaron graves abusos cometidos por cerca de 70 empresas transnacionales. A partir de estas sesiones, el TPP concluyó que las violaciones de los derechos por parte de las empresas son de naturaleza sistemática, y no eventos aislados. (1)

También se comprobó la existencia de un entramado jurídico compuesto por tratados de libre comercio e inversiones y por decisiones en los procesos arbitrales para la resolución de disputas inversionista-Estado, que facilita y protege las operaciones de las empresas y les permite actuar con arbitrariedad. Esta arquitectura de impunidad, establecida con la complicidad de los Estados, subordina los derechos de los pueblos a los “derechos” de las empresas y a la obtención de ganancias.

En este contexto, para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, no basta con proponer mecanismos de cumplimiento voluntario –tales como el Global Compact o programas de Responsabilidad Social Corporativa– como recomienda el Relator Especial en su informe final. Estos mecanismos son utilizados por las empresas como cortina de humo para ocultar su actuación abusiva y desviar cualquier tentativa de adoptar mecanismos de control obligatorio.

Más allá de esas aparentes soluciones, es fundamental que se reconozca que:

– “el Estado tiene una responsabilidad indelegable por la vigencia de los DDHH en el ámbito de su jurisdicción y debe impedir que los mismos sean violados, ya sea por el mismo Estado y/o suspropios funcionarios como por los particulares” (2);

– “las sociedades transnacionales, como todas las personas privadas, tienen la obligación de respetar la ley y si no lo hacen deben sufrir sanciones civiles y penales, también a escala internacional, lo que surge claramente de un examen un poco atento de los instrumentos internacionales vigentes”. (3)

Para revertir esta situación y asegurar que la actividad de las empresas cese de violar los derechos humanos, exigimos que:

– el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) no apruebe el informe y las recomendaciones del Relator Especial John Ruggie,

– que el CDH defina un proceso para elaborar y adoptar un código de conducta obligatorio para las empresas transnacionales y para establecer un Tribunal Económico Internacional que haga valer los principios de verdad, justicia y reparación, reciba e investigue denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las víctimas – tanto a nivel individual como colectivo – contra empresas, imponga sanciones a los violadores y que garantice el respeto a la Madre Tierra.

1 de junio de 2011

Grupo de Trabajo Transnacionales/Tribunal de la Red Birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas.

ACSUR-Las Segovias, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Alianza Social Continental (ASC), Asociación Entrepueblos, ATTAC Argentina, Colectivo de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), Collectif Venezuela 13 Avril, Comité pour les droits humains “Daniel Gillard”, Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), Coordinadora Andina de Organizaciones Indigenas (CAOI), Ecologistas en Acción France Amérique Latine (FAL), Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional del País Vasco (IEPALA), Instituto Eqüit – Gênero, Economia e Cidadania Global, International Gender and Trade Network (IGTN), Jubileo Sur/Américas, Movimiento Agrario Indigena Zapatista (MAIZ), Movimiento Social Nicaragüense – Otro Mundo Es Posible, Observatório de la Deuda en la Globalización (ODG), Observatorio de Multinacionales en America Latina (OMAL), Partido de Rifondazione Comunista/Izquierda Europea, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Red de Acción Ciudadana Frente al Libre Comercio e Inversión SintiTechan, REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, Solidaridad Suecia –América Latina/Latinamerikagrupperna (SAL), Transnational Institute (TNI), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).

Notas:

1. Para ver el Dictamen final de la Sesión de Madrid del Tribunal Permanente de los Pueblos: http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article983.

2. Teitelbaum, Alejandro, Observaciones al Informe final del Relator Especial John Ruggie sobre los Derechos Humanos, las empresas Transnacionales y Otras empresas, Alianza Global Jus Semper, Breviario Temático LISDINYS, mayo 2011. http://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Actividad%20Corporativa/Resources/Obervaciones_Info_Final_Ruggie-2011.pdf

3. Idem.