El Ministerio de Culturas presentó en una reunión informal un anteproyecto de ley de promoción de proyectos y actividades culturales con financiamiento privado. La norma, que es una copia casi textual de la ley de mecenazgo de Buenos Aires, reglamenta la creación artística y fomenta la intervención del capital privado en la gestión cultural.

El anteproyecto de Ley de Promoción Cultural del Ejecutivo boliviano, que consta de 42 artículos y una disposición transitoria, es una copia fiel de la Ley N. 2264 de Creación del Régimen de Promoción Privada de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires, aprobada el 14 de diciembre de 2006.

El Ministerio de Culturas copió toda la norma argentina, ni siquiera se tomó el trabajo de modificar la introducción, y se limitó a cambiar “Buenos Aires” por “Estado Plurinacional de Bolivia”.

El proyecto de ley crea un Régimen de Promoción Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo propósito es estimular la participación privada y pública en el financiamiento de proyectos culturales, mecanismo denominado “Mecenazgo Cultural”.

Se denominan mecenas culturales a las personas naturales o jurídicas privadas que financian actividades culturales, ya sea pagando estudios de especialización o la construcción de infraestructuras tales como teatros, coliseos y auditorios, con carácter de donación.

El proyecto fomenta el financiamiento total o parcial de proyectos o actividades culturales de interés general, otorgando al capital privado incentivos fiscales y exenciones tributarias.

Cualquier empresa privada puede patrocinar o financiar actividades culturales, excepto las farmacéuticas y las tabacaleras. Sin embargo, las expendedoras de bebidas alcohólicas si pueden fungir como “mecenas culturales”, siempre y cuando adviertan en un “espacio visible” que “el consumo en exceso es nocivo para la salud”.

Como premio, los “benefactores” podrán deducir del Impuesto a Renta el 100% del monto que destinen al financiamiento de proyectos o actividades culturales (siempre y cuando no exceda el 50% de su pago de IR), mientras que los patrocinadores podrán deducir como gasto hasta el 50%.

Los beneficiarios del mecenazgo pueden ser entidades públicas o privadas, como por ejemplo corporaciones, universidades, academias, institutos, teatros, galerías, bibliotecas y cualquier otra entidad sin fines de lucro que se dedique a la investigación, capacitación, difusión, promoción del patrimonio histórico, creación y producción en teatro, circo, cine, danza, música, letras, entre otras áreas.

Tanto patrocinadores como beneficiarios deberán inscribirse en el Registro de Promoción Cultural a cargo del Ministerio de Cultura, una vez que sus proyectos hayan sido aprobados por el Instituto Nacional de Cultura (INC), instancia regida por el Consejo de Promoción Cultural (CPC).

El CPC estará integrado por seis representantes directos del Estado en calidad de miembros permanentes, los cuales elegirán a tres representantes alternos de cada disciplina artística. En otras palabras, el gobierno controlará el Consejo, siempre tendrá mayoría y decidirá qué proyectos merecen financiamiento.

Las críticas

Varios grupos culturales bolivianos, sobre todo los vinculados al teatro, observan que el proyecto de ley oficialista no sólo exime al Estado de su obligación de invertir en la cultura, sino que pretende centralizar y hasta estatizar los fondos y los auspicios que ya otorgan empresas y Ongs a diversas actividades.

En otras palabras, el Estado no gasta un centavo en cultura, y ahora quiere controlar los auspicios de empresas privadas, y de paso reglamentar la creación artística.

El gobierno ha ido copando todos los ámbitos públicos; primero el Parlamento, luego la Corte Electoral, la Justicia y ahora avanza hacia la cultura y el arte. Pareciera que su objetivo principal es controlar a los artistas, que siempre han sido los más críticos a cualquier gobierno.

Es obvio que el CPC controlado por el gobierno privilegiará siempre a los proyectos culturales dóciles y poco críticos, regimentando de esta manera el arte y la cultura.

Al igual que la ley de mecenazgo argentina y española, la norma boliviana beneficiará solo a las grandes empresasal permitirles no solo “evadir impuestos” sino también digitar, condicionar y hasta censurar la creación artística.

Los activistas argentinos aseguran que el mayor peligro de la norma es que permite el avance de la privatización de la cultura al convertir a las empresas privadas en “sponsors” oficiales de eventos culturales.

El 6 de junio, menos 30 personas participaron en una reunión convocada por el Ministerio de Culturas, supuestamente para concertar el anteproyecto de Ley de Promoción Cultural. El representante del oficialismo Yesid Benavides informó a los asistentes que tenían algunas horas de plazo para plantear sus observacione

El director de teatro Percy Jiménez manifestó que el anteproyecto tiene graves falencias estructurales, como por ejemplo favorecer a la cultura urbana en detrimento de la rural, además de privilegiar las manifestaciones artísticas que interesan a los publicistas de las grandes empresas, en desmedro de otras artes.

Por esas y otras razones, Jiménez propuso elaborar un anteproyecto alternativo socializado y consensuado en una consulta pública con la participación de la sociedad civil, los artistas y expertos. La mayoría de los asistentes apoyó el planteamiento.

La deliberación social continuó en un café, y a iniciativa de la gente de teatro se decidió enviar una carta abierta a la Ministra de Culturas pidiéndole que organice una consulta a la sociedad civil y convoque a una reunión el 13 de junio, informó el director de teatro Luis Bredow.

Los activistas culturales acordaron impulsar una consulta social a través el sitio http://proyectodeley.foroactivo.net/, y del grupo de Facebook DIALOGO DE ARTISTAS para la Ley de MECENAZGO de Bolivia.

Los más radicales proponen patear el tablero y rechazar de plano la propuesta del “Estado burgués”, y luego organizar mesas de debate y coordinación con gente ligada al arte y cultura, y no solo con un grupito de presuntos “artistas” o gestores culturales “acostumbrados a venderse al mejor postor”.

Todos coinciden en que la futura ley de promoción cultural no debe depender del financiamiento de privados, auspiciadores o benefactores, sino que debe garantizar la libre creación y el desarrollo artístico y cultural sin condicionantes políticas o económicas, y sobre todo con fondos y recursos públicos.