El 7 de mayo del 2011 se ha vivido un nuevo paso en el proceso constituyente que vive Ecuador, con la celebración de una consulta y referéndum constitucional[1] que proponían la modificación de la Constitución Política aprobada en 2008. Desde que Rafael Correa y su revolución ciudadana asumieron el poder en 2006, se han enfrentado a nueve procesos electorales, ganando todos ellos, siendo los más importantes el de abril de 2007 donde un 82% de la población votó a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, consiguiendo posteriormente 80 de los 130 asambleístas constituyentes. La Asamblea dio a luz una nueva y rupturista Constitución, aprobada con el 64% de apoyo popular, para ir después a unas nuevas elecciones presidenciales en 2009 y revalidar un nuevo mandato en primera vuelta con el 52% de apoyo.

Sin embargo, los resultados del referéndum constitucional de mayo, en los que el apoyo popular al SI que impulsó el Presidente Correa ha descendido notablemente respecto a citas electorales anteriores, nos obligan a detenernos, y más allá de leer los resultados de forma estática y coyuntural, tratar de ver con perspectiva de proceso hacia dónde camina la revolución ciudadana de Rafael Correa y Alianza País, que no se puede obviar llegaron al poder también como resultado de las luchas de la izquierda, movimientos sociales y pueblos indígenas al modelo neoliberal, en una clara apuesta alternativa a dicho modelo.

Consulta y referéndum constitucional

Con los resultados finales al 100%[2], y sin incluir los de la pregunta 8 referente a la prohibición de espectáculos en los que mueran animales, ya que no hay resultado nacional, sino resultados parciales cantonales, el SI se ha impuesto por una diferencia de 6 puntos porcentuales, un 47% frente a un 41% del NO, ganando en 12 de las 24 provincias que conforman la Republica de Ecuador.

Una de las primeras conclusiones nos lleva a cuestionarnos el mensaje del ex canciller y miembro del buró político de Alianza País, Fander Falconi, quien sostiene que todos han ganado con el resultado. Si lo leemos en clave estratégica, se esperaba una victoria contundente en la que la propia figura presidencial arrastrara un apoyo popular similar a anteriores comicios. Sin embargo, los resultados nos plantean que no se ha podido trasladar el apoyo a Correa al apoyo al SI en la consulta y el referéndum, haciendo necesario detenerse y hacer un análisis más amplio y profundo de los resultados.

En primer lugar y en cuanto a la diferencia de votos, el proyecto oficialista no ha ganado con el 20% anunciado, ni tampoco en una mayoría contundente de las provincias. Esto es más sintomático en tanto que a las 5 de la tarde del 7 de mayo, y nada más conocerse los resultados del exit poll de Santiago Pérez, encuestador cercano al gobierno, el mensaje de Correa fue contundente anunciando el ansiado 20% y una mayoría abrumadora en todas las provincias. Sin embargo, con el paso de las horas, y los resultados de un primer conteo rápido de la Corte Nacional Electoral, se atisbaba prácticamente un empate técnico entre el SI y el NO. Este grave error de apreciación se debe a que mucha gente que estaba votando por el NO sin embargo manifestó que votaba por el SI, y una posible explicación de esto podría estar en que se incluyó dentro de este grupo a funcionarios públicos (clases medias) o personas que reciben subvenciones económicas en forma de bonos (clases más desfavorecidas).

En segundo lugar, y a nivel territorial, el NO gana en la mayor parte de provincias de la Sierra, y exceptuando una provincia, en toda la Amazonía, mientras que se produce un desplazamiento territorial del voto oficialista hacia la costa, zona tradicionalmente más conservadora, clientelar y populista, con poca presencia de la izquierda desde los años 70 y feudo electoral del Partido Social Cristiano y el Partido Roldosista Ecuatoriano, que mediante relaciones clientelares generadas por las elites locales, han logrado un importante control del territorio costeño.

Es interesante observar como en las provincias en las que el movimiento indígena es más fuerte, provincias donde históricamente han nacido muchas organizaciones de base articuladas a la Ecuarunari y CONAIE, como Chimborazo, Cotopaxi o Tungurahua, el NO gana con claridad, desmontando la tesis del gobierno de que la dirigencia del movimiento indígena sirve a otros intereses, mientras que las bases están con el proyecto de la revolución ciudadana. Asimismo en las provincias con conflictos ambientales, debido al modelo extractivista o el impulso de la minería a cielo abierto, como Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Orellana o Napo, la diferencia a favor del NO oscila entre los 10 y los 30 puntos porcentuales.

Sin embargo el SI arrolla en provincias como Manabí, donde se ha registrado una fuerte inversión en proyectos de infraestructura y Alianza País tiene en el movimiento campesino CNC-Eloy Alfaro un aliado irrestricto, pero también gana ampliamente en Guayas, cuya capital Guayaquil fue la base de contestación al proyecto de la revolución ciudadana y cuyo alcalde Jaime Nebot, líder de la derecha conservadora del Partido Social Cristiano y en otros tiempos férreo opositor a Rafael Correa, quien no se esforzó en hacer campaña por el NO, habiendo además una coincidencia programática en algunas preguntas, de tendencia conservadora, especialmente las vinculadas con la seguridad. Tanto Guayas como Manabí, tienen algunos rasgos comunes, como la conflictividad y la violencia cotidiana.

Esto nos deja a la vez un preocupante interrogante de si las políticas gubernamentales se podrían inclinar territorialmente hacia donde se ha recibido un mayor apoyo en el referéndum, en este caso apoyando y reforzando las estructuras clientelares de la costa, lo que automáticamente se traduciría en una derechización de las políticas públicas.

A nivel territorial son de destacar también los resultados en la provincia de Pichincha, especialmente en Quito, uno de los principales bastiones gubernamentales, y en los que si bien el SI ha ganado, las diferencias en algunas preguntas no han sido tan grandes, percibiéndose un descontento hacia el proyecto político entre las clases medias, con una crítica a determinadas posiciones autoritarias del Presidente Correa, y donde probablemente ha tenido también una incidencia la posición por el NO de Ruptura de los 25[3], colectivo auto caracterizado como Nueva Izquierda, que abandonó Alianza País a raíz de la convocatoria de la consulta.

En tercer lugar y en lo referido a las preguntas en concreto, el SI solo ha superado el 50% de apoyo en una pregunta, la primera, en la que junto a la segunda, se planteaba la caducidad de la prisión preventiva y sus medidas sustitutivas, probablemente el tema más cercano a una posición ideológica de derechas, aunque tampoco se puede obviar que la pregunta 10, referente a calificar como infracción penal la no afiliación a la Seguridad Social, y probablemente la pregunta que más se acercaba a un posicionamiento de izquierdas, también ha suscitado un importante apoyo popular.

Y sin embargo, dos preguntas clave, como la cuatro, donde se planteaba la cuestión del Consejo de la Judicatura de Transición, afectando directamente a los planteamientos de la Constitución de Montecristi que consagra la participación ciudadana y el control social para en cambio otorgar mayor poder al ejecutivo, y la pregunta nueve que plantea una Consejo Regulador de los medios de comunicación, han sido las preguntas donde el margen de diferencia a favor del SI se ha estrechado, con aproximadamente 3 puntos porcentuales a su favor. Será necesario profundizar en los análisis para conocer si este dato es síntoma de un desgaste gubernamental, de la acción efectiva y casi monopólica de los medios de comunicación, si es fruto de un avance de la conciencia popular y se puede atribuir a la izquierda, o en todo caso una complicada mezcla de las cuestiones anteriores.

En definitiva, el SI gana, pero se podría afirmar que el proyecto y la apuesta estratégica de Correa sufren una derrota, pues una victoria tan ajustada, justa leída en clave de la democracia representativa, pero con menos legitimidad que el apoyo a la Constitución que se pretende reformar, no permite a RC resolver los problemas para los que supuestamente se convoca la consulta, además de abrirle varios frentes de disputa del proyecto, pues ya no es solo la derecha más reaccionaria a la que se enfrenta, sino también a una izquierda y a un movimiento indígena que se han unido en la Coordinadora Plurinacional para decirle al Presidente que esta vez NO[4].

Aunque es complicado hacer una lectura política diferenciada de los resultados del NO, es necesario la misma, pues este primer intento de rearticulación del campo popular no ha buscado una confrontación política con la figura de Rafael Correa, sino más bien plantear un NO desde el SI a la Constitución. Algo ciertamente contradictorio cuando un sector de la izquierda, el movimiento social y el movimiento indígena defienden la Constitución como oposición al gobierno que ha sido el arquitecto y firme defensor de la misma. Tampoco se pueden obviar los prácticamente un millón de votos blancos y nulos, que no cuentan a efectos del cómputo global de la consulta y el referéndum, pero que también tienen un valor político y deberían ser un toque de atención al gobierno.

Cuánto de derrota política e ideológica suponen estos resultados dependen más de los límites y horizontes que se abren en el proceso ecuatoriano, que ya comienza a mirar a las próximas elecciones presidenciales del año 2013, que a una simple lectura táctica de la coyuntura.

Limites

Nada más conocerse los resultados del referéndum, al día siguiente, hubo varios cambios en el gabinete ministerial, entre ellos el del Ministro de Agricultura Miguel Carvajal, una persona de izquierda moderada, que fue sustituido por Stanley Vera, una persona más cercana a los intereses del agronegocio y la oligarquía costeña. Esto es un indicador de un proceso donde se está dando una reforma del Estado pero sin verdaderos cambios estructurales, que continua basándose en una política rentista, con una estructura primaria exportadora, y un modelo económico keynesiano y liberal basado en el agronegocio y el extractivismo, aunque eso sí, con una fuerte inversión pública en el área social, especialmente salud y educación.

Todo ello acompañado además de una lectura de la Constitución de Montecristi que ha llevado a aprobar leyes como el Código de Producción, que no solo abre las puertas al capital internacional, las zonas francas y las maquilas, sino que además, fortalece el modelo de acumulación en detrimento de la economía popular y solidaria bajo nuevas modalidades de explotación laboral[5].

Asimismo no se pueden soslayar las ya más que sospechas de una posible firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, firma que en el pasado han negado rotundamente tanto el Presidente Correa como el Canciller Ricardo Patiño, pero que diversas fuentes al interior del ejecutivo confirman que se estaría negociando. Todo esto en un país como Ecuador que hizo de las movilizaciones contra el TLC y el ALCA una bandera de lucha contra el modelo neoliberal que unió a los sectores populares, movimientos sociales y pueblos indígenas, y que podría enfrentar más al gobierno con una parte de su base social y un sector de la intelectualidad critica de izquierdas que le apoya.

Este escenario de distanciamiento de la base social que llevó a Alianza País a la toma del poder, se encuentra con dos problemas más. Por un lado el peligroso camino emprendido al criminalizar bajo la acusación de terrorismo a líderes indígenas y de diversas organizaciones sociales, principalmente en el marco de protestas de resistencia contra la Ley de Aguas o concesiones mineras o petroleras, resistencia además consagrada en la Constitución de Montecristi[6]. Estos líderes indígenas y campesinos son acusados de terrorismo bajo el antiguo Código Penal que además de injusto y como nos recuerda el ex presidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta, podría ser inconstitucional[7].

Por otro lado, y quizás este sea el límite sobre el que pivotarían los demás, la decisión tomada en la convención nacional de Alianza País en el 2010 en Guayaquil de no constituirse en partido y continuar como movimiento, fórmula no mala de por sí, si el movimiento fuera un acumulo de diversos movimientos sociales, pero que se vuelve problemática cuando el movimiento está conformado en su mayor parte por adhesiones personales, de clase media en su mayoría, y que además gira en torno a un personalismo muy grande encarnado en la figura de Rafael Correa, keynesiano en lo económico, y progresista en lo social, que encarna los límites de clase del proceso, dándose una imposibilidad de disputa del campo popular en torno a la construcción de un proyecto político que permita una identificación social y de clase.

Horizontes y retos

La propia realización del referéndum ha permitido la consolidación de un frente de izquierda en torno al No, encarnado en la Coordinadora Plurinacional, que más allá de lo electoral, permite vislumbrar la posibilidad, naciente todavía, de construir un proyecto político de izquierdas, popular y realmente plurinacional.

Este proyecto político de la izquierda, que debería buscar una articulación también con la izquierda dentro del gobierno, con la que puede haber coincidencias en torno a la disputa del modelo de desarrollo, redistribución de la riqueza y construcción del Buen Vivir, debería profundizar en el trabajo legislativo conjunto, siendo clave la Ley de Aguas, paralizada desde el año pasado en la Asamblea Nacional, al no haberse garantizado la consulta que prevé la Constitución cuando los derechos colectivos de los pueblos indígenas son afectados, ni tampoco reconocer a estos mismo pueblos su participación en el control de los recursos hídricos. Una nueva Ley de Aguas que además debe romper con la privatización de facto de este bien común que favorece al modelo agroexportador.

Todo esto lleva a otra cuestión que fue bandera de la revolución ciudadana, como es el de la participación, pues el proceso ecuatoriano tiene potencial suficiente como para darse que exista una verdadera participación y control social, y no simplemente la creación por parte gubernamental de algunos instrumentos de validación de diferentes leyes o políticas públicas.

El otro pilar fundamental en la (re)construcción de un proyecto político de izquierda del campo popular es lo referente a la cuestión agraria. La anunciada revolución agraria nunca se produjo, ni siquiera en forma de reforma, y es urgente y necesario dar los pasos que permitan profundizar en una verdadera transformación de la cuestión agraria, comenzando por una redistribución de las tierras improductivas, especialmente en la costa que es donde se dan las grandes concentraciones de tierra y los intereses del agronegocio, permitiendo además una articulación entre el movimiento campesino y el movimiento indígena. Todo ello además con el objetivo de la soberanía alimentaria y la posibilidad de impulsar una verdadera economía popular y solidaria.

No se puede obviar el interesante componente antiimperialista que ha rodeado la política exterior de Rafael Correa, con elementos importantes como la retirada de la base militar estadounidense en Manta, o la reciente declaración de persona non grata a la embajadora de Estados Unidos en Ecuador. Sin embargo, este componente antiimperialista, debería complementarse con una crítica al modelo capitalista, no para reforzar un nacionalismo anclado en el pasado, sino como cimiento para la construcción del Estado Plurinacional que define la Constitución de Montecristi.

De la reivindicación de la plurinacionalidad a la construcción del Estado Plurinacional

Este pequeño análisis merece detenerse en uno de los actores principales en la construcción del actual proceso ecuatoriano, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que durante los 90 fue un referente con sus levantamientos frente al neoliberalismo, no solo en Ecuador, sino también como parte del nacimiento del movimiento antiglobalización.

La CONAIE no solo permitió el fin del ciclo neoliberal mediante su lucha, sino que fue parte activa del proceso constituyente, elaborando un proyecto completo de Constitución que enriqueció los debates y el borrador final. Sin embargo, después de la aprobación de la Constitución, y cuando el gobierno levantó las banderas tradicionales del movimiento indígena como el Sumak Kawsay y el Estado Plurinacional, a la vez que comenzaba a enfrentar e incluso criminalizar al movimiento indígena, se sumió en una crisis política y de liderazgo[8] que ha culminado recientemente con un nuevo congreso y la elección de Humberto Cholango como nuevo presidente.

En estos momentos, y tras el desgaste de un proceso congresual complicado y plagado de dificultades, es necesario un repliegue del movimiento indígena, para retornar a las bases y lograr una cohesión territorial, una reorganización y estructuración interna que permita la resolución de tensiones (tanto coyunturales como estructurales) en la Costa y Amazonia y que a la vez le permitan la construcción de un proyecto nacional indígena, que le abra la posibilidad de trabajar y llenar de contenido el horizonte del Sumak Kawsay y el proyecto político amplio y plural que debe ser la construcción de un Estado Plurinacional, frente a la política actual que más bien reconstruye un Estado Nación con concesiones plurales, en este caso a los pueblos indígenas.

Para ello, y con la Constitución de Montecristi como referente y herramienta política, es necesario construir un modelo de transición, en el que es posible encontrarse en el camino con esa articulación de la izquierda, y que se encamine hacia un Estado Plurinacional del Buen Vivir, en el que como planteaba Humberto Cholango en el acto de cambio de Consejo de Gobierno de la CONAIE y de entrega de la Vara de Mando, se construyan territorios “donde nuestros pueblos tengan la capacidad de autodeterminarse y sobre todo relacionarse verdaderamente desde sus propios gobiernos con el estado ecuatoriano, para seguir construyendo el Estado Plurinacional con un verdadero Sumak Kawsay”.

2013 ¿Fin de la hegemonía?

Los resultados de la consulta y referéndum constitucional hacen prever unos próximos meses intensos en el terreno de la disputa política. Comenzando por los cambios previstos en el gabinete, y la posible pérdida de la presidencia de la Asamblea Nacional, pues Alianza País ya no tiene mayoría en el legislativo desde la salida del movimiento del grupo Ruptura de los 25, encabezado por la ex constituyente y asambleísta María Paula Romo. También podría poner en dificultades el proceso la no postulación de Rafael Correa para las elecciones presidenciales de 2013, pues el actual mandatario ha manifestado varias veces públicamente que después de la actual legislatura se mudará a Bélgica con su esposa, decisión que cuanto menos haría tambalearse al movimiento Alianza País, aunque precisamente la fragilidad y dependencia de la figura presidencial llevan a pensar que Correa repetirá en 2013 como candidato oficialista.

A la izquierda, la posibilidad de rearticulación del campo popular y el movimiento indígena, movimiento indígena que tendrá que trabajar para no dejarse llevar por los cantos de sirena electorales, y aquí la izquierda tiene una responsabilidad de no cargar a la CONAIE con la representación y vocería de todo el movimiento, además de no caer en el error de volver a juntarse con la derecha bajo el argumento de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Para ello es urgente y muy necesaria la construcción de un proyecto programático.

En la actual coyuntura no es tan importante el candidato como el proyecto que le dispute a Correa la hegemonía, pues no tiene sentido enfrentar un proceso electoral sin un proyecto político solido detrás por muy buenos candidatos y candidatas de los que se disponga, y a la vez la construcción con cimientos sólidos de ese proyecto político que permita disputar el proceso, permitiría inclinar hacia la izquierda el mismo aun con una nueva victoria de Rafael Correa y Alianza País.

La situación del proceso ecuatoriano no puede abstraerse de un análisis más amplio en clave geopolítica en el que los tres referentes principales en cuanto a procesos de cambio, Venezuela, Bolivia y Ecuador, están en crisis. Esto nos lleva a plantearnos si es posible ir más allá en cuanto a los avances en nuestros procesos y las rupturas, no solo epistemológicas que se han dado con las nuevas Constituciones, sino socio políticas.

Es cierto que se han dado grandes avances en este campo, y que se ha pasado del neoliberalismo a un tipo de liberalismo económico que tiende hacia la izquierda mediante un reforzamiento del rol del Estado en la economía, con una fuerte inversión en salud y educación, y una disminución constatable de la pobreza, disminución que también es cierto se ha dado mediante políticas de bonos y no por un cambio de la matriz y el modelo económico, pero todo esto ya se inventó hace tiempo, y en Europa al menos se llama socialdemocracia. El problema de nuestros modelos es que son periféricos, construidos en el Sur y se ven obligados a reforzar el extractivismo y el modelo primario exportador como salida a la pobreza.

En cualquier caso, y aunque se dan planteamientos teóricos interesantes en cuanto a críticos con el capitalismo y la modernidad, adoptando nuevos paradigmas que nos permiten repensar el desarrollo o las alternativas al mismo, como el Buen Vivir, debemos pensar si estamos alcanzando el límite de nuestros procesos de cambio, o todavía se puede profundizar en otras rupturas que si bien no nos saquen del sistema mundo capitalista, si permitan al menos ensanchar los limites, desde los subalternos y las subalternas, por abajo y a la izquierda.

Notas:

[1] Se pueden consultar las 10 preguntas de la consulta y referéndum en la web del Consejo Nacional Electoral del Ecuador http://app2.cne.gob.ec/resultados/

[2] Resultados finales al 100% del Consejo Nacional Electoral del Ecuador http://www.cne.gob.ec

[3] http://www.ruptura25.org

[4] Aunque quizás coincidentes con el mensaje de Esta vez NO señor Presidente, hay todo un espacio de luchas sociales más allá de las fuerzas políticas que conformaban la Coordinadora Plurinacional, luchas populares que van desde el feminismo de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador a las agrupadas en torno a la problemática socio ambiental como la resistencia a la minería o en defensa de la concha y el manglar.

[5] Alejandra Santillana y Stalin Herrera, ¿Oportunidades para la CONAIE?

[6] Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. (Constitución de la República del Ecuador 2008)

[7] http://www.eluniverso.com/2011/02/08/1/1363/uso-justicia-como-mecanismo-terror.html

[8] Para profundizar en este punto ver los análisis de Pablo Ospina, Stalin Herrera y María Andrade (Mapa de Movimientos Sociales en el Ecuador), Franklin Ramírez (Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos Sociales y cambio político en el Ecuador 2000-2010) y Alejandra Santillana y Stalin Herrera (Génesis, experiencia, transformación y crisis del Movimiento Indígena Ecuatoriano).

* Publicado originalmente en la edición de junio de Le Monde Diplomatique. Agradezco a Alejandra Santillana, Margarita Aguinaga y Stalin Herrera por sus comentarios a este análisis.