Rubén y Mónica, al igual que miles de jarreadores están felices y tienen sobrados motivos para estarlo, el gobierno a través de los Ministerios de Protección y Agricultura, dictó el decreto 1880 que reconoce como licita y necesaria la venta de leche cruda en cantina y elimina la prohibición expresa en el decreto 616 del 2006.

Las consideraciones consignadas en la nueva norma son algunas de las que la cadena láctea popular venia argumentando, para controvertir la absurda medida: que más del cincuenta por ciento del consumo nacional lo atiende la venta informal, que su mercado lo constituyen especialmente los más pobres de Colombia, que es un comercio que forma parte de una costumbre muy arraigada en la población, que la leche es un alimento fundamental para la nutrición de la población, especialmente la infantil y se consume diariamente, todas estas verdades finalmente fueron aceptadas por el gobierno y con ellas dispuso de reglamentación para la comercialización de leche cruda en establecimientos y de manera ambulante.

El decreto presiona ahora a los ganaderos a registrar sus predios en el ICA y a garantizar que los mismos estén libres de Brucelosis y Tuberculosis, para lo cual deben vacunar sus hatos, darles un adecuado manejo y recibir una certificación.

La Cadena Láctea Popular siempre tuvo la razón, desde el momento en que se pretendió proscribir su actividad, pero solo con la organización y la resistencia logró acumular la fuerza suficiente para persuadir al gobierno de cesar en su terrible propósito.

Sin embargo, los peligros para la Cadena láctea Popular, que incluye a pequeños y medianos ganaderos, transportadores y comercializadores, procesadores y consumidores, no terminan aún; continúan caminando los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y Mercosur, que representan un riesgo letal para la actividad en nuestro país, porque los excedentes lácteos de esas naciones, con las múltiples gabelas que reciben, terminarán tomándose nuestro mercado interno, copando la fuente de ingresos que garantiza la actividad de nuestros productores.

Algunos despistados dirán que simplemente sustituiremos la cuajada por el queso gruyer, pero la realidad no es tan sencilla; de destruirse el hato nacional, no solo desaparecerán numerosos puestos de trabajo, sino que nuestra seguridad alimentaria en lácteos y cárnicos quedará a merced de los comercializadores internacionales, especuladores de oficio. Un ejemplo para reflexionar está en Cuba, que en la época de sus acuerdos con la extinta URSS, a cambio de azúcar recibía el suministro de carne desde las estepas rusas, con lo que desatendió su ganadería perdiendo las especies criollas y marchitando los programas de pastos y forrajes; ahora es muy escasa la carne vacuna para consumir, salvo la que se importa a precios astronómicos.

El decreto preserva la comercialización de leche cruda, pero no resuelve las innumerables exigencias a los procesadores que trata por igual, ya sea que cuaje para el mercado de la vereda o el barrio o el que lo haga para mercados especializados o de exportación, de tal suerte que la tarea de la Cadena Láctea Popular aún no termina; debe fortalecer la organización y la cohesión para que se adelanten programas de modernización con el apoyo de recursos estatales, concluir la revisión de la normatividad diferenciando las condiciones exigidas, según el mercado que se vaya a atender, siempre en el propósito de defender la producción nacional y hacerla evolucionar positivamente.

* Fuente: Diario de Huila, Neiva, junio 6 de 2011.