La Habana, (PL).- Si en Estados Unidos fuese real la independencia de poderes consagrada en la Constitución de ese país, el criminal Luis Posada Carriles estaría en prisión pagando por sus culpas y a los cinco antiterroristas cubanos nunca los hubiesen condenado.

Posada Carriles, autor de la voladura de un avión civil cubano con 73 personas a bordo en 1976, ha recibido hasta hoy toda la protección del Gobierno estadounidense. Pero a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, quienes advirtieron de los planes de muerte fraguados por individuos como Posada y de grupos extremistas que viven con impunidad en el sur de Florida, esa misma administración les inventó las culpas.

De acuerdo con la norma que consagra la independencia del poder Judicial, esta tiene por objeto establecer una valla protectora de su función para evitar que tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo, así como cualquier otro “tercero”, ajeno a un procedimiento judicial, ejerzan influencia.

Esa supuesta autonomía está encargada de proteger la labor de los jueces encomendados en cumplir con la carta magna y los derechos que la misma reconoce, entre ellos, el derecho al debido proceso, algo que le fue negado desde el principio a los Cinco, como son identificados por la solidaridad internacional.

Justo este 8 de junio se cumplen 10 años del veredicto de culpabilidad dictado por la Corte Federal de Miami contra Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, luego del montaje de un juicio que satisfizo las exigencias del sector más reaccionario del exilio cubanoamericano en aquella ciudad.

Hubo “júbilo entre los fiscales, los agentes del FBI y toda la comparsa anticubana y terrorista que allí se reunió; decepción en el rostro de alguaciles honestos y personal de la sala de la Corte que día a día habían seguido el proceso y en su interior reconocían la inocencia de los encausados”, escribió Antonio poco después.

Él mismo advirtió acerca del “desaliento en los abogados que hasta última hora esperaron un veredicto a nuestro favor, al menos en los cargos más infames y falsos”. Y también de la indignación que sintieron ante tanta injusticia, pero podían elevarse por encima de tanta ignominia y tanto odio, con la certeza de que nada podría callar la verdad dicha y por decir”.

Paradójicamente, en abril pasado ese mismo gobierno que todavía, pese a las múltiples pruebas que constan en sus manos, llama a Posada el “anticastrista” y sigue tratando a los Cinco como “espías”, consumó lo que años antes Fernando González le había alertado en una carta a esta reportera.

“Somos testigos -dijo- de cómo a Luis Posada Carriles intentan conseguirle el mismo perdón que en los años noventa dio George Bush padre a Orlando Bosch, aun cuando las autoridades habían catalogado a ese individuo como extremadamente peligroso, lo mismo que Posada”.

Así ocurrió. Un tribunal de El Paso, Texas, exoneró de 11 cargos a Posada Carriles durante la realización de un juicio teatral por mentir a las autoridades de Inmigración. Su vida continúa en Miami, incluso recibe a la vista pública cenas de homenaje y reconocimientos hasta de legisladores.

No podía ser de otra manera. En El Paso una funcionaria del Departamento de Seguridad confesó que había solicitado en el 2005 a la fiscal Caroline Heck Miller que encausara a Posada por sus actividades criminales y ella se negó.

Heck Miller fue la misma fiscal que exigió los peores castigos para los Cinco cuando fueron juzgados en 2001. ¿No es la Fiscalía la que representa al gobierno?

Recordemos que Condoleezza Rice, secretaria de Estado en la era de George W. Bush ratificó en una carta a un congresista de Miami que este caso es un “logro de la política de Estados Unidos” respecto a Cuba, y como moneda de cambio exhiben la arbitraria e injusta prisión por casi 13 años de esos hombres.

Precisamente, días después del veredicto de culpabilidad, el 17 de junio de 2001, hace una década también, los Cinco enviaron un mensaje al pueblo estadounidense en el cual expresaron que durante 33 meses y cinco días soportaron “el riguroso encierro en las celdas de una prisión de otro país cuyas autoridades son hostiles al nuestro”.

“Hemos sido juzgados -enfatizaron- después de un largo y escandaloso proceso mediante procedimientos, métodos y objetivos de carácter absolutamente políticos y bajo un verdadero diluvio de propaganda malintencionada y fraudulenta, hemos decidido dirigirnos directamente al pueblo norteamericano para hacerle conocer que hemos sido víctimas de una colosal injusticia”.

Entre tantas fechas coincidentes, fue además en junio, pero de 1998, los días 16 y 17, en que las autoridades cubanas en un intercambio con el FBI, entregan 230 páginas sobre actividades terroristas contra la nación antillana orquestadas desde territorio norteamericano.

El abundante material incluyó cinco videocasetes con conversaciones e informaciones transmitidas por las cadenas de televisión sobre acciones criminales contra la Isla y ocho casetes de audio, ascendentes a dos horas y 40 minutos, de llamadas telefónicas de terroristas centroamericanos que estaban detenidos, con sus mentores en Miami.

El FBI admitió estar impresionado por la cantidad de pruebas y respondió a la parte cubana que daría respuesta de todo ello en dos semanas. Otra paradoja: la única respuesta dada fue la detención el 12 de septiembre del propio año, de los posibles mensajeros.

“Lo más triste es que lo que dijimos al pueblo norteamericano mantiene plena vigencia: primero, aún los estadounidenses desconocen el por qué de nuestra lucha, es más desconocen quiénes somos, porque para tejer un manto de silencio sobre nuestro caso se ha encargado muy bien la gran prensa que responde a los intereses gubernamentales.

Y en segundo lugar, porque se demuestra que lo expresado en ese momento no era historia pasada acerca del terrorismo contra Cuba, es historia presente”, afirmó Fernando.

Seis meses después de los veredictos de culpabilidad, el 10 de diciembre de 2001, se inicia la vista de sentencia general, donde la Fiscalía indicó que se debía dictar una pena severa y fue lo que ocurrió.

En enero de 2002, a Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René los trasladaron a penitenciarías distantes entre sí. Cada uno tomaría un destino diferente, sin posibilidades de comunicación.

Atrás quedaba la imagen de David Bucker, presidente del Jurado que los declaró culpables, sentado en la sala donde fueron condenados junto con el terrorista José Basulto y otros elementos anticubanos.