Bolivia no puede ni debe desarrollar una fuerte política energética, avasallando y vulnerando los derechos ambientales y socioeconómicos de su población, advirtieron especialistas del CEDLA y CEJIS en el Seminario “Política petrolera, medio ambiente y lecciones aprendidas sobre consulta previa”, auspiciado por la Plataforma Energética.

La actual política energética boliviana tiene el reto de superar sus limitaciones y ver más allá del extractivismo y el desarrollismo, y así evitar graves e irreparables daños ambientales y sociales, comentó la especialista del CEJIS Teresa Coaquira en la presentación de la investigación “Análisis ambiental de la política energética boliviana”, promovida por la Plataforma para generar conocimiento e impulsar el debate público sobre los temas fundamentales del sector. 

Ante más de dos centenares de representantes de diversos sectores e instituciones, la especialista explicó, además, que una política energética, que armonice la expansión de la industria con las necesidades ambientales, sólo puede darse en el marco de una planificación integral participativa, que sea capaz de conciliar el desarrollo nacional con las aspiraciones del vivir bien.

Según Coaquira, para comenzar a superar las actuales disyuntivas y dilemas de la política energética boliviana, que oscila entre el desarrollismo y la filosofía del vivir bien, se debería contemplar medidas prácticas y urgentes como mayores exigencias técnico – ambientales para las operaciones extractivas y la prohibición de actividades del sector energético en Áreas Protegidas cuyos objetivos de conservación, servicios ambientales, recursos genéticos, espacios arqueológicos y socio-culturales se pongan en riesgo con la nueva intervención.

Otras medidas prácticas, en este sentido, serían la reglamentación de la Consulta Previa para garantizar transparencia y participación de los potenciales afectados con los proyectos del sector, y reglamentar el contenido y los alcances de los documentos técnico-ambientales (Fichas ambientales, Estudios de Impacto Ambiental, Manifiestos Ambientales, Auditorías Ambientales).

“Es necesario un cambio en el concepto de comando y control de la actual normativa ambiental y energética que pase de la lógica del contaminador-pagador a la de contaminador-reparador en coherencia a la filosofía del vivir bien”, agregó la especialista en el Seminario, en el que además se presentó la investigación “Lecciones aprendidas sobre consulta previa”, realizada por Iván Bascopé del CEJIS.

Si se recorta el derecho a la consulta previa, libre e informada, los pueblos indígenas de Bolivia no tendrán posibilidades de ejercer el conjunto de sus derechos, aseguró el investigador Iván Bascopé. “Si no hay derecho a la consulta, no hay posibilidad de ejercer otros derechos (…) Si hay la omisión de uno de ellos, toda la cadena de derechos se puede romper”, dijo durante el seminario de la Plataforma Energética.

Según Bascopé, el derecho a la consulta previa va unido a otros derechos de los pueblos indígenas como ser el derecho a la de participación política, el derecho al consentimiento, libre, previo e informado, el derecho a la libre determinación y el derecho a la autonomía y al control territorial.

“Antes decían que la consulta era una traba a la actividad extractiva, ahora dicen que es un chantaje”, lamentó y aseguró que “los pueblos indígenas plantean la consulta porque tienen un plan de desarrollo”. Los pueblos indígenas realizan un amplio balance y evalúan el proyecto propuesto para ver cómo afecta a su territorio, a su vida diaria y a sus perspectivas de desarrollo, explicó.

Consultado por los asistentes sobre las perspectivas de lo que podría suceder con el derecho a consulta con la nueva ley de hidrocarburos, Bascopé dijo que era necesario generar consensos, pero no reducir los derechos de los pueblos indígenas. “Sería muy importante que, además de consensuar las leyes con los pueblos indígenas, las leyes extractivistas de hidrocarburos, minería, agua, bosques y otras sean consultadas a los pueblos”, agregó.

La investigación “Lecciones aprendidas sobre consulta previa” señala que la consulta previa en esencia debe orientarse a prevenir los daños e impactos socioambientales. Una condición necesaria para el ejercicio pleno del derecho de consulta previa es que los pueblos indígenas tengan sus capacidades fortalecidas. El estudio recalca que la consulta previa sirve para fortalecer políticamente a la organización indígena.

También son condiciones el respeto a las formas tradicionales de participación y toma de decisiones de los pueblos indígenas; mejorar sus capacidades y garantizar su acceso a información completa, veraz y adecuada.

Un proceso de consulta previa adecuado contribuye a elevar los estándares de responsabilidad social y corporativa de las empresas que operan en los territorios indígenas. El desmitificar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, requiere concentrar esfuerzos en procesos legales y legítimos.

Hasta ahora, según las experiencias recogidas en el estudio, las organizaciones representativas de las naciones y pueblos indígenas “han interpelado al Estado por el no cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre, informada, obligatoria y de buena fe, tanto en tierras bajas como en tierras altas”.

“Casos como el del Jach’a Suyu Pakajaqi, en el que una nación originaria ha visto vulnerado su derecho a la consulta previa a raíz del desarrollo del proyecto hidrometalúrgico de Corocoro; o del pueblo Mosetén por el desarrollo de la exploración sísmica dentro de su territorio por parte de la empresa YPFB PetroAndina SAM, muestran que si bien se ha avanzado en el reconocimiento de estos derechos, en la realidad, dentro de los territorios de los pueblos indígenas, las empresas, ya sean extranjeras o nacionales, mantienen una relación de sobreposición y desconocimiento de las estructuras orgánicas, de las normas y procedimientos propios y de la territorialidad de cada una de estas naciones y pueblos”.

“Estos dos casos pueden ser claramente asumidos como procesos contrarios a la Constitución Política del Estado, y que forman parte de las acciones que desvirtúan el contenido del texto constitucional que dio paso al nuevo Estado Plurinacional”.

“En otro extremo, se encuentra el caso de la TCO Charagua Norte, que luego de un proceso colectivo de reflexión sobre la aplicación y el ejercicio del derecho a la consulta previa a partir de su propia experiencia y conocimiento, marcó la ruta al Estado para desarrollar un proceso en el marco de los preceptos constitucionales y de los tratados internacionales sobre los derechos humanos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos”, agrega la investigación.

Por ello, en la perspectiva del CEJIS, las “Lecciones aprendidas sobre consulta previa” retoman el debate sobre la aplicación del derecho a la consulta previa en Bolivia, “consciente de que su correcta ejecución y desarrollo significa para las naciones y pueblos en Bolivia el verdadero camino para la consolidación del Estado Plurinacional y que, a su vez, servirá para viabilizar el modelo civilizatorio del Vivir Bien”.

Propuestas para reducir el daño ambiental

Bolivia puede reducir al mínimo el daño ambiental ocasionado por las operaciones petroleras, si es que reajusta parcialmente su legislación, usa con más eficiencia su energía y avanza en la transformación de su matriz energética hacia el gas y las renovables, asegura un reciente estudio promovido por la Plataforma Energética.

Con una sola medida, modificando el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos y bajando en 10 metros el derecho de vía concedido a las empresas para la construcción de ductos, el daño ambiental podría reducirse en un tercio, asegura un estudio de Teresa Coaquira.

“La reducción del ancho del derecho de vía de los ductos de 30 a 20 metros significaría una reducción del 33% de impactos directos sobre los medios biótico y físico”, señala la investigación denominada “Análisis ambiental de la política energética boliviana”.

El estudio de Coaquira, una profesional con amplia experiencia en la evaluación de impactos ambientales, sugiere como medidas complementarias, para minimizar el daño ambiental petrolero, la prohibición de utilizar lodos en base de aceite en la perforación de pozos, por ser sustancias peligrosas, y la actualización, corrección y complementación de límites permisibles para las operaciones petroleras.

Otros ajustes en la normativa ambiental sectorial propuesta por Coaquira son la prohibición de actividades extractivas en las Áreas Protegidas, al menos en zonas de protección estricta (Zona Intangible o Zona Núcleo), Zona de Uso Moderado (Zona de Uso Extensivo No Extractivo) y en las Zonas de Uso Intensivo No extractivo, además de “mecanismos de intervención en áreas donde los servicios ambientales, recursos genéticos, espacios arqueológicos y socio-culturales se pongan en riesgo”.

La investigación detectó, asimismo, la urgencia de preservar el medio ambiente a través de la emisión de reglamentaciones a la Ley de Áreas Protegidas, otra reglamentación consensuada de la consulta pública para garantizar transparencia y participación de los potenciales afectados con los proyectos, una reglamentación para la buena ejecución de estudios de evaluación de impacto ambiental, manifiestos ambientales, auditorías ambientales y una reglamentación ambiental especial para el sector eléctrico.

El estudio plantea, además, la necesidad de que la política energética boliviana incluya lineamientos ambientales orientados al respeto a la naturaleza y al “buen vivir”. Para ello, postula “poner en práctica políticas de cambio de matriz energética al gas como una transición al uso de las energías alternativas renovables, garantizar la dotación de gas natural y LNG en todo el territorio nacional, y alentar la incorporación de transporte masivo de consumo de energías limpias, como ser trenes, trolebuses y funiculares”.

“La aplicación de políticas de incentivo del uso eficiente de la energía se convierte en imperiosa, se deben implementar paralelamente programas de educación ciudadana, promoción de mecanismos de ahorro de energía y llegar hasta la fabricación de elementos reductores de energía”, agrega.

La propuesta de Coaquira incluye la reorientación de los ingresos por IDH que recibe la Universidad hacia el desarrollo de ciencias ambientales, procesos industriales limpios y energías alternativas no convencionales.

“Estos recursos se deben orientar a dar respuestas académicas a las demandas actuales y futuras del sector productivo de bienes y servicios con el objetivo de salir del simple extractivismo de materias primas y transitar hacia un país con industrias limpias, productos agrícolas orgánicos y servicios adecuados”.

Otra sugerencia es implementar un “Centro de Inteligencia” para la prevención de riesgos ambientales. “En los ministerios y gobernaciones existe información ambiental acumulada, contenida especialmente en estudios de evaluación de impacto ambiental y otros instrumentos. Esta información debe ser sistematizada y complementada (…) y con ella conformar un centro de información ambiental nacional”.

Coaquira advierte además que Bolivia debería evitar los elevados y dañinos impactos ambientales en la Amazonía como consecuencia de la proyectada implementación de los megaproyectos energéticos.

El estudio de Coaquira sostiene que “es necesario que la nueva normativa del sector energético se adecúe a la nueva Constitución Política del Estado e internalice adecuadamente el tema ambiental y la filosofía del vivir bien, en base a la construcción de un plan integral del sector energético de manera participativa”.

Este plan debería considerar los siguientes lineamientos:

Desarrollo de estudios del potencial eólico, solar y otras fuentes, para el consumo energético renovable limpio, no convencional, en la Amazonía boliviana.

El Estado boliviano debe exigir el respeto de los convenios internacionales con Brasil sobre el libre tránsito en la cuenca amazónica. Asimismo exigir a Brasil la reducción de los impactos ambientales, al medio físico, biótico y humano, ocasionados por la construcción de los proyectos hidroeléctricos de Jirau y San Antonio, a fin de evitar la inundación del territorio boliviano, así como la pérdida del potencial piscícola de los ríos bolivianos afluentes al río Madera para garantizar la sostenibilidad de nuestra riqueza íctea.

Proponer de manera creativa una nueva iniciativa en el parque Madidi, que articule la filosofía del “vivir bien” enarbolada por el gobierno boliviano, con la iniciativa del Yasuní desarrollada en el Ecuador y otras estrategias con la finalidad de evitar la explotación hidrocarburífera en esa área protegida y conservarla como una reserva que mantenga la armonía de la vida.

En la línea de la postura anticapitalista y respetuosa de los derechos de la Madre Tierra del gobierno boliviano, se recomienda paralizar el proyecto de Cachuela Esperanza, debido a los graves impactos socio-ambientales que se prevén y sustituirlo por una sistema de energías alternativas que garanticen la demanda de energía eléctrica de esa región.

La flora del Amazonas boliviano ha sido poco intervenida en comparación con el vecino Brasil, como lo demuestran imágenes satelitales, en consecuencia, nuestro país no está depredando este recurso en la magnitud que lo hace el Brasil, esta virtud puede apoyar en la consecución de financiamiento para la implementación de proyectos energéticos alternativos, que cubran adecuadamente la demanda de energía de la Amazonía boliviana.