Washington y Tegucigalpa (PL).- La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el reingreso de Honduras al organismo, después de 23 meses de suspensión luego del golpe militar contra el presidente constitucional Manuel Zelaya en 2009. La reincorporación no es un cheque en blanco para el gobierno porque aún hay temas pendientes para el retorno a la institucionalidad, afirmó hoy la ex canciller Patricia Rodas.

Pese a la impunidad con los golpistas, la OEA sancionó por 32 votos a favor y uno en contra, Ecuador, el reingreso del país centroamericano a ese mecanismo hemisférico. Hoy se abrió un compromiso con el pueblo hondureño, según expresó en Tegucigalpa el presidente Porfirio Lobo, pero más que eso se abrió la luz después de una noche oscura. La mayoría de los representantes pidieron las garantías democráticas no solo en Honduras, sino en toda la región.

En ese sentido se pronunció el representante de Guatemala, Arnoldo Rojas, quien dijo que apoyaba la propuesta con la esperanza de un futuro con una América Latina unida. Por su parte Nicaragua solicitó que el Frente Nacional de Resistencia Popular participe en igualdad de derechos en los procesos políticos en esa nación centroamericana.

Es una garantía para que Honduras retome la vida democrática y el respeto a los derechos humanos, comentó el ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro al argumentar por qué su país aprobó el ingreso con reservas “que darán más fuerza a la lucha contra la impunidad”. Llamamos a activar esos mecanismos para que más temprano que tarde se haga justicia en la nación centroamericana, acentuó el ministro venezolano.

Incluso en Estados Unidos, un grupo de 87 congresistas demócratas solicitaron a la secretaria de Estado Hillary Clinton suspender la ayuda a las fuerzas armadas y policía hondureñas debido a la débil protección que brindan a los derechos humanos. Esos legisladores exigieron la adopción de medidas efectivas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos y apoyo al Estado de derecho al enjuiciar a los autores intelectuales y materiales del derrocamiento de Zelaya.

Llama la atención que el único país que votó en contra del retorno hondureño fue Ecuador, cuyo presidente, Rafael Correa, reiteró que no se han dado las condiciones y enfatizó que aún no hay castigo contra los golpistas, en su opinión, un requisito indispensable para la vuelta a la normalidad.

El foro regional convocó una Asamblea General a nivel de cancilleres para abordar la reincorporación tras el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras. Ese avance fue alcanzado entre actual presidente, Porfirio Lobo, y su antecesor en el cargo, Manuel Zelaya, en Cartagena de Indias, Colombia, hace una semana.

El pacto creó las condiciones para el regreso de Honduras a la OEA y su reinserción en los mecanismos regionales de integración, de los cuales Tegucigalpa fue expulsada después de la asonada militar del 28 de junio de 2009. La ex canciller Patricia Rodas expresó luego de la votación que ha sido una victoria del pueblo hondureño de hacerse reconocer lo que permitió que el régimen de Porfirio Lobo pudiese ocupar de nuevo un puesto en la OEA.

En opinión de la ex canciller aún falta un largo trecho por recorrer para el retorno al orden institucional y el respeto a los derechos humanos en su país. Rodas consideró necesario velar por el cumplimiento del Acuerdo de Cartagena de Indias, firmado por el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y el exmandatario Manuel Zelaya, con la mediación de Venezuela y Colombia.

En una entrevista a Telesur, la ex ministra de Relaciones Exteriores calificó ese acuerdo como un triunfo del pueblo hondureño y de todos los pueblos y gobiernos que los acompañaron en la lucha por la democracia.

La resistencia hondureña, a partir de la firma del acuerdo por la reconciliación nacional y la democracia, quedó reconocida como otra fuerza política para participar en próximos procesos electorales. Este convenio también garantiza el respeto a los derechos humanos y la seguridad personal de Zelaya en su tierra natal. El convenio contempla además el retorno de todos los exiliados, el respeto a los derechos humanos, y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Resistencia hondureña pide mantener vigilancia internacional

Respetamos la decisión de readmitir a Honduras en la OEA, pero esperamos que el organismo también vigile el cumplimiento de los acuerdos de Cartagena de Indias, aseguró Rafael Alegría, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular.

“La OEA ha mantenido por dos años las sanciones al país, pero para la resistencia será permanente la lucha por los derechos humanos, uno de los puntos del compromiso entre Manuel Zelaya y el actual mandatario, Porfirio Lobo”, firmado en mayo pasado en esa ciudad colombiana, amplío en entrevista al canal Telesur.

Ese organismo regional en lo adelante tiene una gran responsabilidad, y hacemos un llamado a la comunidad internacional para no dejar solo al país en su lucha por el respeto de los derechos humanos, argumentó Alegría.

También hoy organizaciones sociales hondureñas calificaron de significativo el retorno a Honduras del expresidente Manuel Zelaya, pero expresaron su descuerdo con el reingreso a la OEA mientras persistan las violaciones de los derechos humanos.

En un comunicado publicado hoy, las agrupaciones advirtieron que el Acuerdo de Cartagena de Indias no establece mecanismos para sancionar a los responsables de la asonada. “El acuerdo no establece las bases, ni expresa el compromiso para que las personas que participaron en la ruptura del orden institucional -cometiendo graves violaciones de los derechos humanos- sean sometidas a investigación”, señala el texto.

Además de enjuiciar a los responsables del golpe de Estado, la sociedad civil hondureña demanda esclarecer los asesinatos de periodistas y dirigentes populares y adoptar medidas para poner fin a las amenazas contra defensores de los derechos humanos.

Miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y de la cúpula militar que lideró el cuartelazo se mantienen en sus cargos y varios militares dirigen hoy instituciones civiles. En dichas circunstancias, un reingreso de Honduras a la OEA va en detrimento no sólo de la democracia hondureña, sino también de todas las democracias del continente americano, señalaron los firmantes.

El documento lo rubricaron el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Jueces por la Democracia, Abogados en Resistencia, Centro de Derechos de Mujeres, Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla y el Comité por la Libre Expresión. También firmaron el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, la Organización Fraternal Negra, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, entre otras organizaciones.

Por otro lado, los maestros hondureños en huelga de hambre indefinida están dispuestos a demandar internacionalmente a su gobierno por daños a la salud, aseguró hoy Yanina Parada, uno de los cinco docentes en ayuno. De acuerdo con Parada también hay más de 50 docentes, de los 303 suspendidos, con descompensación de diabetes, depresión, derrames cerebrales, entre otras enfermedades, y por todo ello estarían demandando internacionalmente al Estado.

En la víspera, también pidieron públicamente al expresidente Manuel Zelaya interceder ante el Gobierno para lograr la reposición de los docentes suspendidos, y pronto esperan reunirse con él, luego de su llegada el pasado sábado. Yanina Parada, Luis Sosa, Valentín Canales, Wilmer Moreno y Juan Carlos Cálix exigen el reintegro de los colegas suspendidos por sumarse a las protestas de marzo y abril pasado contra la privatización de la enseñanza.

Estos educadores cumplen hoy 29 días de mantener una huelga de hambre en la Plaza La Merced, a un costado del Congreso Nacional, y se mantendrán allí hasta lograr su restitución y el cumplimiento del restos de sus demandas. Entre estas, reclaman el pago de salarios atrasados a más de seis mil educadores, la cancelación de la deuda del Estado con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio y el respeto a las conquistas contempladas en el Estatuto del Docente.

Honduras es uno de los países latinoamericanos menos pacíficos para vivir, según estadísticas del Índice de Paz Global. La ola de violencia del crimen organizado y el narcotráfico ubicaron a esta nación centroamericana, con 8,2 millones de habitantes, en el puesto 117, entre los 153 países evaluados, en orden descendente, por los indicadores del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), en el país ocurre un asesinato cada 43 minutos, y hasta abril más de 3.900 hondureños perdieron la vida en forma violenta El descontrol sobre la tenencia de armas, el tráfico de drogas y las acciones de las pandillas o maras son una de las principales causas, según el DNIC y organismos humanitarios locales e internacionales, de los asesinatos diarios en el país.

Igualmente la pobreza, el desempleo y la marginación social son otras de las razones que apuntan contra la erradicación de este flagelo en alza por día, argumentan. El DNIC registró en el pasado año 77 homicidios por cada 100 mil habitantes, además de calcular más de 450 mil armas de fuego en circulación ilegal por el país. Por causa de la violencia, Honduras pierde 885 millones de dólares anuales, el 9,6 por ciento de su Producto Interno Bruto, especifica un reciente informe del Banco Mundial para los mandatarios de la región centroamericana.