El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó a ocho años de cárcel al ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle Ureña por la comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica y contratos Lesivos al Estado cuando fue prefecto del Departamento de La Paz.

El Ministerio Público impulsó el Juicio de Responsabilidades contra Valle Ureña y otros funcionarios de la Prefectura paceña por la comisión de delitos tipificados en los Arts. 146, 224 y 221 del Código Penal, proceso que quedó catalogado con el código FIS-GEN 0700082 y registrado en la Corte Suprema como Expediente 254/2004.

El proceso investigativo se inició a instancias de la Prefectura de La Paz, que formalizó querella el 5 de noviembre de 2001. La Fiscalía General representada por Oscar Crespo Soliz presentó Requerimiento Acusatorio en contra Valle Ureña y funcionarios de la Prefectura el 4 de diciembre de 2002.

Mediante Auto Supremo N° 63/2003, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió obrados al Congreso Nacional a efectos de cumplir con el trámite de Autorización Congresal. Mediante resolución congresal N° 030/04-05, el Poder Legislativo autorizó a la CSJ el conocimiento de Juicio de Responsabilidades, habiendo radicado la causa en la Sala Penal Segunda.

El 23 de junio de 2007, el Ministerio Publico presentó acusación formal en contra de Luis Alberto Valle Ureña, Javier Valle Alcoreza y Jorge Víctor Sánchez Peña Sattori, y a fines de febrero del 2007 la CSJ decidió el encarcelamiento de Valle, quien empezó a guardar detención en la sección San Martín de la cárcel de San Pedro de La Paz desde el 1 de marzo. Era el preso Nº 1.473.

Sus abogados presentaron un recurso de hábeas corpus en la Corte de Distrito de Chuquisaca, que salió a favor de la ex autoridad, y el 2 de marzo de 2007fue puesto en libertad. La procedencia del recurso fue dictada por los vocales de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca Elena Lowenthal y Oswaldo Fong.

El Juicio de Responsabilidades se instaló el 22 de septiembre de 2008; la CSJ a través del Tribunal de Juicio de Responsabilidades primero dictó Sentencia el 3 de abril de 2009 y condenó a tres años de reclusión a Jorge Víctor Sánchez Peña Sattori por la comisión del delito de Falsedad ideológica (Art. 199 del Código Penal), concediéndole el beneficio de suspensión condicional de la pena, sentencia que a la fecha se encuentra ejecutoriada.

Respecto al acusado Valle Ureña, el Fiscal Mario Uribe introdujo toda la prueba de cargo ofrecida, habiendo demostrado su culpabilidad. Pero no se pudo concluir el Juicio de Responsabilidades debido a su fuga, por lo que fue declarado rebelde mediante Auto Supremo de 31 de marzo de 2009, y se libró mandamiento de aprehensión en su contra.

Valle Ureña huyó de la Justicia boliviana el 20 de marzo de 2009, tras presentar un certificado médico falsificado que le dio opción a ejecutar su fuga en cinco días con el pretexto de estar guardando reposo por una enfermedad que le aquejaba.

En agosto de 2010, Valle fue detenido en Lima Perú y el 1 de septiembre de 2010 fue expulsado de Perú y conducido a la Cárcel de San Pedro de La Paz, en cumplimiento del Auto Supremo de 27 de febrero de 2007 emitido por la Sala Penal Segunda de la CSJ y subsistente conforme a Sentencia Constitucional 0025/2010-R del 13 de Abril.

Mediante el Auto de Apertura de Juicio del 10 de septiembre de 2010, el tribunal de Juicio de Responsabilidades señaló audiencia de celebración de juicio oral a partir del 7 de octubre de 2010 y en audiencia de medidas cautelares, el 14 de septiembre de 2010, se dispuso la detención preventiva de Valle Ureña en la Cárcel Pública de San Roque de Sucre.

Las audiencias de Juicio de Responsabilidades se reanudaron el 11 de noviembre de 2010, fecha en la que Valle presentó Recusación en contra de todos los miembros del Tribunal de Juicio de Responsabilidades, alegando causal sobreviniente. Sin embargo, la recusación fue rechazada en Audiencia de Recusación el 7 de diciembre de 2010.

A partir de esa fecha y en varias ocasiones, la defensa de Valle Ureña planteó diferentes incidentes, todos ellos rechazados por el Tribunal De Sentencia; sin embargo estas acciones retrasaron por casi dos meses la prosecución de las audiencias.

“Chito” Valle fue procesado por dos casos: “Chitochatarra” consistente en la venta de más de 150 vehículos como chatarra a precios subvaluados y de vehículos que incluso seguían prestando servicios. El daño económico causado al Estado es de dos millones de dólares.

También se lo juzgó por la transferencia ilegal del de bienes del Banco Minero a la Prefectura de La Paz. En la administración de Valle, la Prefectura transfirió terrenos en Chasquipampa y la ciudad de El Alto pertenecientes al desaparecido Banco Minero de Bolivia en 7,18 millones de dólares, una cotización subvalorada.

En las audiencias de Juicio, el Ministerio Público presentó a 13 testigos, entre ellos ex funcionarios de la prefectura, funcionarios de la Contraloría, y al ex ministro Edgar Millares. También se produjeron 168 pruebas, que comprenden minutas de transferencias, informes de auditoría de la Contraloría, informes internos de la prefectura, pericias sobre los vehículos, avalúos, memorándums, Resoluciones Prefecturales, fichas técnicas, entre otros.

Luego de tres años de Juicio Oral y Contradictorio que tuvo una interrupción muy larga tras la fuga del principal imputado en 2009, y una vez que fue capturado y echado de Perú en agosto de 2010, a la fecha ya cumple ocho meses detenido en el penal de San Roque.

El viernes de esta semana, el fiscal General de la República Mario Uribe Melendres y un equipo de Fiscales de Recursos lograron la sentencia condenatoria contra la ex autoridad por delitos de corrupción cometidos en el ejercicio de sus funciones entre 1997 y 1999.

La parte resolutiva de la Sentencia señala: “Por unanimidad y en cumplimiento del Art. 365 del Código de Procedimiento Penal falla declarando a Luis Alberto Valle Ureña… autor de los Delitos de Uso Indebido de Influencias, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica… condenándole a cumplir la pena privativa de libertad de ocho años de Reclusión, de ellos Seis años corresponden al delito más grave Uso Indebido de Influencias y dos por aplicación del Art. 45 del Código Penal, concurso real… reclusión que debe cumplir en el Penal San Roque de esta ciudad…”.

“Después de haber batallado durante seis años, desde el inicio del proceso más de diez años, se consigue esta sentencia que consideramos justa en el entendido de que el Ministerio Público ha podido probar los hechos acusados, se ha demostrado plenamente todos los delitos… en consecuencia la Fiscalía General, después de haberse iniciado el proceso formal desde el 3 de mayo de 2005, tuvieron que transcurrir seis para lograr esta sentencia”, celebró el Fiscal Uribe.

Otros sentenciados

Los imputados ERICK SCHOLZ DELGADO y ABIGAILDO REYES BUSTILLOS se sometieron a un procedimiento abreviado, el mismo que concluyó con la Sentencia N° 01/07 el 25 de septiembre de 2007, emitida por la Sala Penal Segunda de la CSJ, que resolvió que Scholz Delgado es autor de los delitos de Conducta Antieconómica, Falsedad Ideológica y Contratos Lesivos al Estado (Arts. 199, 221 y 224 Código Penal), condenándole a tres años de reclusión y se le concedió el beneficio de Suspensión Condicional de la Pena.

También resolvió que Reyes Bustillos es autor de los delitos de Falsedad Ideológica y Conducta Antieconómica (Art. 199 y 224 Código Penal), condenándole a dos años de reclusión, al que también se le concedió el beneficio del Perdón Judicial.

Respecto al imputado JORGE VICTOR SANCHEZ PEÑA SATTORI, el tribunal de juicio de responsabilidades de la CSJ, el 3 de abril de 2009, dictó Sentencia Condenatoria en su contra, declarándole autor de la comisión del delito de Falsedad Ideológica, (Art. 199 Código Penal), condenándole a tres años de reclusión, concediéndole el beneficio de suspensión condicional de la pena.

Con esta sentencias que ya están plenamente ejecutoriadas, la Fiscalía General interpuso una demanda de reparación de daños y perjuicios, en contra de SCHOLZ DELGADO, REYES BUSTILLOS y SANCHEZ PEÑA SATTORI, la misma que a la fecha se encuentra radicada y se viene tramitando ante el Juzgado 5to de sentencia en lo Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz.

Respecto al imputado Javier Valle Alcoreza, pese a todos los pasos procedimentales seguidos por el Ministerio Público, la República de Chile rechazó su extradición por lo que a la fecha, está viviendo en el vecino país en libertad.

Los trámites se iniciaron el 17 de noviembre de 2006, tras la emisión de un Auto de la Corte Suprema de Justicia declarándolo en Rebeldía, previo conocimiento de que este se encontraba en el país de Chile. Conforme a lo referido precedentemente y en virtud a lo previsto en nuestra legislación y de acuerdo con los tratados de extradición entre los estados del MERCOSUR y la República de Chile, el Ministerio Público solicita Exhorto Suplicatorio para la Extradición del Imputado.

Una vez se cumplió el tramite pertinente, a través de las instancias correspondientes, el 24 de diciembre de 2009, la Corte Suprema de Chile dictó Sentencia y accedió al pedido de Extradición realizado por la embajada de Bolivia; sin embargo, el 28 de enero de 2010 y en grado de apelación revocó en su parte apelada la sentencia referida y rechazó la solicitud de extradición.