Una amplia evaluación de los procesos de consulta previa que se realizan entre los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia, que tienen que lidiar con grandes operaciones petroleras y mineras en sus territorios, detectó nueve importantes factores para que la consulta sea realmente efectiva y cumpla con su propósito de impulsar el desarrollo y el vivir bien de los pueblos. 

La investigación, denominada “Lecciones aprendidas sobre consulta previa” y coordinada por el especialista Iván Bascopé del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), sostiene que el derecho a la consulta previa es reivindicado por las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos como un derecho a la tutela efectiva de su territorio y sus recursos naturales, incorporando su propia visión de desarrollo.

El estudio, que será presentado este martes 31 de mayo en La Paz, en un seminario organizado por la Plataforma Energética, con apoyo del CEJIS y del CEDLA, señala como “lecciones aprendidas” a los siguientes aspectos:

1. La consulta previa en esencia debe orientarse a prevenir los daños e impactos socioambientales.

2. Una condición necesaria para el ejercicio pleno del derecho de consulta previa es que los pueblos indígenas tengan sus capacidades fortalecidas.

3. Respeto a las formas tradicionales de participación y toma de decisiones de los pueblos indígenas.

4. El mejorar las capacidades de los pueblos indígenas originarios y campesinos permite hacer efectivos los derechos de estos pueblos.

5. Es de importancia central que los pueblos indígenas accedan a información completa, veraz y adecuada.

6. Necesidad de conocimiento sobre derechos indígenas y rol de las autoridades competentes.

7. La consulta previa sirve para fortalecer políticamente a la organización indígena.

8. Un proceso de consulta previa adecuado contribuye a elevar los estándares de responsabilidad social y corporativa de las empresas que operan en los territorios indígenas.

9. El desmitificar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, requiere concentrar esfuerzos en procesos legales y legítimos.

Hasta ahora, según las experiencias recogidas en el estudio, las organizaciones representativas de las naciones y pueblos indígenas “han interpelado al Estado por el no cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre, informada, obligatoria y de buena fe, tanto en tierras bajas como en tierras altas”.

“Casos como el del Jach’a Suyu Pakajaqi, en el que una nación originaria ha visto vulnerado su derecho a la consulta previa a raíz del desarrollo del proyecto hidrometalúrgico de Corocoro; o del pueblo Mosetén por el desarrollo de la exploración sísmica dentro de su territorio por parte de la empresa YPFB PetroAndina SAM, muestran que si bien se ha avanzado en el reconocimiento de estos derechos, en la realidad, dentro de los territorios de los pueblos indígenas, las empresas, ya sean extranjeras o nacionales, mantienen una relación de sobreposición y desconocimiento de las estructuras orgánicas, de las normas y procedimientos propios y de la territorialidad de cada una de estas naciones y pueblos”.

“Estos dos casos pueden ser claramente asumidos como procesos contrarios a la Constitución Política del Estado, y que forman parte de las acciones que desvirtúan el contenido del texto constitucional que dio paso al nuevo Estado Plurinacional”.

“En otro extremo, se encuentra el caso de la TCO Charagua Norte, que luego de un proceso colectivo de reflexión sobre la aplicación y el ejercicio del derecho a la consulta previa a partir de su propia experiencia y conocimiento, marcó la ruta al Estado para desarrollar un proceso en el marco de los preceptos constitucionales y de los tratados internacionales sobre los derechos humanos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos”, agrega la investigación.

Por ello, en la perspectiva del CEJIS, las “Lecciones aprendidas sobre consulta previa” retoman el debate sobre la aplicación del derecho a la consulta previa en Bolivia, “consciente de que su correcta ejecución y desarrollo significa para las naciones y pueblos en Bolivia el verdadero camino para la consolidación del Estado Plurinacional y que, a su vez, servirá para viabilizar el modelo civilizatorio del Vivir Bien”.