Bolivia puede reducir al mínimo el daño ambiental ocasionado por las operaciones petroleras, si es que reajusta parcialmente su legislación, usa con más eficiencia su energía y avanza en la transformación de su matriz energética hacia el gas y las renovables, asegura un nuevo estudio promovido por la Plataforma Energética.

Con una sola medida, modificando el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos y bajando en 10 metros el derecho de vía concedido a las empresas para la construcción de ductos, el daño ambiental podría reducirse en un tercio, asegura la investigación de la especialista ambiental Teresa Coaquira.

“La reducción del ancho del derecho de vía de los ductos de 30 a 20 metros significaría una reducción del 33% de impactos directos sobre los medios biótico y físico”, señala la investigación denominada “Análisis ambiental de la política energética boliviana”. Esta investigación será presentada por la Plataforma, con apoyo del CEDLA y del CEJIS, el martes 31 de mayo en un seminario en la ciudad de La Paz.

El estudio de Coaquira, una profesional con amplia experiencia en la evaluación de impactos ambientales, sugiere como medidas complementarias, para minimizar el daño ambiental petrolero, la prohibición de utilizar lodos en base de aceite en la perforación de pozos, por ser sustancias peligrosas, y la actualización, corrección y complementación de límites permisibles para las operaciones petroleras.

Ajustes a la normativa

Otros ajustes en la normativa ambiental sectorial propuesta por Coaquira son: la prohibición de actividades extractivas en las Áreas Protegidas, al menos en zonas de protección estricta (Zona Intangible o Zona Núcleo), Zona de Uso Moderado (Zona de Uso Extensivo No Extractivo) y en las Zonas de Uso Intensivo No extractivo, además de “mecanismos de intervención en áreas donde los servicios ambientales, recursos genéticos, espacios arqueológicos y socio-culturales se pongan en riesgo”.

La investigación detectó, asimismo, la urgencia de preservar el medio ambiente a través de la emisión de reglamentaciones a la Ley de Áreas Protegidas, otra reglamentación consensuada de la consulta pública para garantizar transparencia y participación de los potenciales afectados con los proyectos, una reglamentación para la buena ejecución de estudios de evaluación de impacto ambiental, manifiestos ambientales, auditorías ambientales y una reglamentación ambiental especial para el sector eléctrico.

Gas, renovables y eficiencia

El estudio plantea, además, la necesidad de que la política energética boliviana incluya lineamientos ambientales orientados al respeto a la naturaleza y al “buen vivir”.

Para ello, postula “poner en práctica políticas de cambio de matriz energética al gas como una transición al uso de las energías alternativas renovables, garantizar la dotación de gas natural y LNG en todo el territorio nacional, y alentar la incorporación de transporte masivo de consumo de energías limpias, como ser trenes, trolebuses y funiculares”.

“La aplicación de políticas de incentivo del uso eficiente de la energía se convierte en imperiosa, se deben implementar paralelamente programas de educación ciudadana, promoción de mecanismos de ahorro de energía y llegar hasta la fabricación de elementos reductores de energía”, agrega.

La propuesta de Coaquira incluye la reorientación de los ingresos por IDH que recibe la Universidad hacia el desarrollo de ciencias ambientales, procesos industriales limpios y energías alternativas no convencionales.

“Estos recursos se deben orientar a dar respuestas académicas a las demandas actuales y futuras del sector productivo de bienes y servicios con el objetivo de salir del simple extractivismo de materias primas y transitar hacia un país con industrias limpias, productos agrícolas orgánicos y servicios adecuados”.

Otra sugerencia es implementar un “Centro de Inteligencia” para la prevención de riesgos ambientales. “En los ministerios y gobernaciones existe información ambiental acumulada, contenida especialmente en estudios de evaluación de impacto ambiental y otros instrumentos. Esta información debe ser sistematizada y complementada (…) y con ella conformar un centro de información ambiental nacional”.