Lima y La Paz, (PL y ABI).- El bloqueo campesino de los pasos fronterizos entre Perú y Bolivia entró hoy en su tercera semana. El gobierno boliviano está angustiado y preocupado por el perjuicio de decenas de camioneros varados hace 15 días en los caminos aledaños al puente internacional de Desaguadero. El gobierno de Alan García decretó la intervención de las Fuerzas Armadas.

Miles de labriegos del sur de la región de Puno, colindante con Bolivia, protestan en la ciudad del mismo nombre en rechazo a las concesiones mineras y petroleras en ese territorio fronterizo, alegando que contaminarán el Río Desaguadero y el Lago Titicaca.

Los campesinos peruanos bloquean el puente internacional en Desaguadero y las carreteras de Ilave, Juli y Yunguyo desde el 10 de mayo. Reportes radiales de Puno indican que nuevas organizaciones sociales se suman a la protesta, que rechaza la actividad petrolera y minera de la empresa canadiense Santa Ana por su efecto contaminante dañino para la agricultura y la ganadería tradicionales en el sur de Puno.

El Frente de Defensa de los recursos naturales de la zona sur de Puno plantea que el Consejo de Ministros se reúna en esa ciudad, capital regional, para tratar el problema, pero el gobierno de García exigió que el diálogo se reanude en Lima.

La primera ministra Rosario Fernández dijo que se mantiene la voluntad de diálogo, aunque lo suspendió en Puno por falta de garantías ante la presencia de miles de manifestantes, por lo que invita a los dirigentes a venir a Lima a conversar, para lo cual les facilita transporte aéreo. El presidente del Frente de Defensa Walter Aduviri rechazó la invitación y acusó al gobierno de “patear el tablero”.

El Ministerio de Defensa de Perú autorizó la intervención temporal de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía para resguardar el orden público en Puno. Según la prensa peruana, “las Fuerzas Armadas pueden actuar excepcionalmente en apoyo a la Policía Nacional del Perú para la protección de instalaciones estratégicas del país y los servicios públicos esenciales”. La autorización gubernamental para la intervención corre del 23 de mayo hasta el 11 de junio.

El cierre de los dos pasos fronterizos bloqueó el transporte de carga boliviana con destino a Perú o a terceros países con embarque en puertos del sur peruano. Según el informe preliminar de la Cámara de Transporte Internacional de La Paz, las pérdidas por el bloqueo en la frontera ascienden a 750 mil dólares por la descomposición de carga perecedera.

“Estamos preocupadosy angustiados por nuestros compatriotas bolivianos que están sufriendo ese bloqueo, pero más allá de la ayuda y del pedido respetuoso que hemos hecho al gobierno de Perú, no podemos hacer más”, lamentó el Vicepresidente Alvaro García Linera.

García dijo que el gobierno boliviano está coordinando el envío de ayuda humanitaria a los camioneros bolivianos y sus familias atrapados en el lado peruano desde el 9 de mayo. “Pero la resolución del conflicto no es algo que compete al gobierno de Bolivia sino al gobierno de Perú y nosotros en ese ámbito somos respetuosos de los mecanismos que lleva adelante el Gobierno peruano”, insistió.