El gobierno del Presidente Evo Morales invervino la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) penetrada por una red de traficantes de vehículos que se dedicaba a “clonar” placas; y destituyó al Comandante General de la Policía Ciro Farfán, al director nacional de Diprove Jorge Aguilar y al director de Diprove La Paz Carlos Quiroga, implicados en el escandaloso caso de corrupción.

El coronel Farfán fue posesionado como comandate de la Policía el 11 de marzo, dos semanas después de la detención del ex general René Sanabria acusado de traficar con cocaína. “Tiene 90 días para erradicar el cáncer (de la corrupción y el narcotráfico) de la Policía nacional”, le conminó el Presidente Morales.

Farfán ocupó la Subcomandacia de la Policía y la dirección de Tránsito de La Paz, fue director de Diprove en 2010, y no duró ni tres meses como Comandante General de la institución. Lo destituyeron este miércoles 18 de mayo por incumplir el mandato presidencial, y lo reemplazaron por el general Jorge Renato Santiesteban.

El nuevo comandante Santiesteban dijo que impulsará una inflexible lucha contra la corrupción interna, y sancionará a los corruptos por la vía administrativa, ejecutiva, civil y penal. “Seremos inflexibles en hacer cumplir de manera puntual la Ley 101, que tiene por objeto regular el régimen disciplinario de la Policía Nacional en resguardo de la dignidad de los funcionarios policiales”, prometió la nueva autoridad.

De manera simultánea, el gobierno invervino las oficinas de Diprove en todo el país y destituyó al director nacional de Diprove Jorge Aguilar y al director de Diprove La Paz coronel Carlos Quiroga, luego de encontrar graves indicios de corrupción al interior de esa institución encargada de recuperar vehículos robados. Fue designado como nuevo director nacional de Diprove Jorge Antonio Saravia.

Diprove es tal vez la oficina policial de peor reputación en el país, y es un secreto a voces que sus funcionarios “trabajan” en estrecha vinculación con los ladrones de vehículos. Los uniformados de Diprove jamás encuentran un vehículo robado, a no ser que la víctima les pague una generosa propina.

Cuando las víctimas acuden a una repartición de la Policía para denunciar la sustracción de sus bienes, los efectivos “las remiten a algún garaje o delincuente para que averigüe el destino de lo robado” e incluso algunos llegan hasta la cárcel a preguntar “dónde está su vehículo o cerebro robado”, deploró el ministro de Gobierno Sacha Llorenti.

Los capos de Diprove sortearon decenas de escándalos en los últimos años, pero no pudieron ocultar un vergonzoso caso de corrupción develado el 5 de mayo de este año, luego de que se encontró un vehículo marca Dodge modelo Dakota con placa de control número 2288-UULL, que resultó ser “clonada”, es decir falsificada.

Dentro del vehículo parqueado en inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC-LP) se halló una credencial de Diprove perteneciente al cabo Germán Loza. Doce días después, el destituido director de Diprove Carlos Quiroga informó que la posible dueña de la camioneta con placa “clonada” es Lucy Lesly Tejada Durán, quien habría denunciado el robo del flujómetro y el cerebro electrónico del vehículo el 17 de febrero.

Para sorpresa de todos, se confirmó que Tejada Durán es esposa del cabo Loza, acusado de conducir el vehículo con placas clonadas. Resulta que Loza también es hombre de confianza del Comandate destituido, y desde mayo trabaja en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), corroboró el comandante departamental de la Policía Roberto Tórrez.

La intervención a Diprove “ha sido instruida por mi despacho con el propósito, primero, de aclarar de manera transparente el caso de esa camioneta clonada, y no solamente eso, sino además los otros casos que tienen que ver con la clonación de vehículos o el uso de vehículos robados o que ingresan ilegalmente a nuestro país”, informó el ministro de Gobierno Sacha Llorenti.

Llorenti y la ministra de Transparecia Nardy Suxo revelaron que los policías que investigan el caso de la camioneta clonada escondieron pruebas e identificaron a la supuesta propietaria 12 días después de que estalló el escándalo.

El Ministro de Gobierno anunció que se ampliará la querella contra el teniente Carlos Piérola, el sargento Hernán Mayta y el cabo Ramiro Pillan Tupa, investigadores asignados al caso, quienes supuestamente habrían violado los precintos de seguridad del garaje donde se encuentra el vehículo con placas falsificadas.

“Por un tema ético y de responsabilidad corresponde averiguar qué es lo que están sucediendo con la emisión de placas; ni Diprove, el Ministerio de Gobierno, Tránsito ni la Aduana emiten placas, quien emite es la Alcaldía Municipal y le corresponde contribuir en la investigación de cómo estas placas y muchas otras son duplicadas o falsificadas”, instó el viceministro de Gobierno Marcos Farfán.

Según Farfán, “estamos agarrando la punta de un gran ovillo que pone de manifiesto una posible red grande de tráfico y falsificación de elementos legales respecto a los vehículos”.

Visiblemente afectado por el escándalo policial, el Presidente Morales anunció pasará a control de la sociedad civil la recaudación de recursos provenientes de los servicios de Identificación Personal, emisión de licencias de conducir y otros trámites administrados por la Policía desde la década de los 50 del siglo pasado.

Con información de ABI.