Reafirmamos que Ley y Reglamento sobre el régimen electoral en Bolivia violan derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y ésta, en varias de sus normas (Art. 21, Inc. 5 y 6; Arts. 106, 107 y 137), garantiza los derechos individuales y colectivos para los habitantes de nuestro país a informar, comunicar, opinar e interpretar, así como la libertad de expresión, la libertad de prensa, derecho a la réplica y prohíbe la censura previa, entre otros específicos, para los trabajadores de los medios de difusión e incluso para sus dueños.La contradicción, en la Ley Fundamental (CPE Art. 182, Inc. III), se configura cuando aquélla niega el ejercicio de los derechos a informar y opinar en elecciones de magistrados, a realizarse por primera vez aquí, convocadas por el Tribunal Supremo Electoral para el 16 de octubre próximo.

Las sinrazones, expuestas por gobernantes y asambleístas son insostenibles o nada convincentes como para que las aceptemos y, por tanto, consintamos que se violen los derechos consagrados por la CPE o que permitamos que a la Carta Magna se contrapongan aquella Ley y un Reglamento y “demos por bien hecho” —así dicen los abogados— lo que está mal hecho.

Más aún sumamos una actitud autocrítica y admitamos que no hicimos una lectura analítica de la nueva CPE por lo que no descubrimos esa contradicción en su texto, a pesar de que por ella hemos votado el 64 por ciento de los bolivianos y, además, hemos ayudado en su redacción. (Trabajadores de medios, investigadores, docentes y organizaciones sindicales y profesionales aportamos con borradores de textos, aunque la redacción final es de los constituyentes).

En la primera oportunidad, desde aquellas organizaciones y de las que se adhieran, debemos proponer una reforma constitucional que corrija aquella contradicción la que, creemos, es el punto de partida del enredo en el que nos encontramos a propósito de los derechos señalados. Conocemos de un intento destinado a modificar la Ley del Régimen Electoral, pero sin el compromiso del gobierno aquel trámite parlamentario será imposible.

El Tribunal Supremo Electoral promete aprobar un reglamento que respete los derechos a informar, comunicar, opinar e interpretar. Sin embargo, tenemos fundadas dudas de que aquello se consiga porque los gobernantes conceden a los medios de difusión más poder de convencimiento del que han demostrado tener y que aquéllos determinarán la conducta de los electores. Examinemos algunos de esos argumentos de gobernantes y asambleístas:

— Los postulantes a la magistratura no deben hacer propaganda por sí mismos ni nadie la debe realizar en favor de ellos. Esta prohibición viola el derecho a la opinión en tiempos electorales de magistrados lo que entre los gobernantes no es una actitud nueva. En el Reglamento para el funcionamiento de las radios comunitarias se prohíbe la publicidad comercial y la propaganda política de manera expresa, aunque no se conocen datos que demuestren que se aplique esa reglamentación. En “De sábado a sábado 153” hemos citado intentos y cercenamiento de aquellos derechos, que son una conquista y no un regalo, lo que confirma que el actual gobierno, como tantos otros, materializa una línea que busca que el monopolio de la palabra sea compartido por los gobernantes y los sectores sociales dominantes.

Esa posición comparte la “teoría”, entre otras, de que un candidato que no aparece en la televisión es un candidato que no existe. Teoría de la que se apropian con una lectura al revés, es decir, de los candidatos a magistrados no se debe hablar ni bien ni mal. Esa actitud de los gobernantes, cree que los medios influirían decisivamente en los electores, por ello afirman que ganarán los candidatos que paguen más por la propaganda en su favor. Ha sido probado que aquellos medios influyen, pero no determinan conductas electorales. En ese criterio parece apoyarse el segundo mandatario cuando dice que se permitirían las entrevistas a los candidatos a magistrados a condición de que se entreviste a todos los candidatos en igualdad de condiciones. El Vicepresidente olvida que la igualdad de oportunidades ante los medios, para esos candidatos, no quiere decir que será aprovechada de manera idéntica por ellos. Además, se sugiere que en las entrevistas sólo se informará, así se olvida que en el campo periodístico hay entrevistas informativas, de opinión, de semblanza o híbridas; por ello es imposible “reglamentar” aquellos derechos de modo que en una entrevista únicamente se informe y nada más.

— Los candidatos a magistrados no tienen o no deben portar ofertas (programas) electorales. Esta afirmación encierra una contradicción porque al fin de cuentas son candidatos por los que se votará no sólo ni tanto, en ciertos casos, por el currículum (hoja de vida) de ellos. Si únicamente tendrían que considerarse los méritos, calificaciones cuantitativas, no deben ser sometidos a ninguna elección. Existen, asimismo, los que proponen que se elija a los más meritorios, según las calificaciones, como si se tratara de un concurso de méritos formalista como no pocos de los que se procesan en universidades públicas y otros para acceder a puestos de trabajo. Con frecuencia esos concursos son para cumplir formalidades porque antes de la convocatoria ya tienen nominados a los que ocuparán los puestos vacantes.

— La política no debe influir en la elección de magistrados, se afirma de manera rotunda. Esta es una falsedad apenas camuflada. Esos máximos funcionarios del Poder Judicial serán nominados por la voluntad de los electores y éstos serán su fuente de poder. Además, el 16 de octubre votaremos (o no) para que integren uno de los poderes del Estado, es decir, las urnas ayudarán a la reorganización del Poder Judicial, lo que entrañara una reforma estatal. Asimismo, los magistrados elegidos recibirán un mandato para nominar a los otros jueces, es decir, a la mayoría de los funcionarios de aquel poder del Estado Plurinacional de Bolivia.

—Con las elecciones de magistrados se evitará el cuoteo (tantos para el partido tal y otros para los movimientos sociales). Sin embargo, una especie de reparto habrá al tiempo de elegir los candidatos y el MAS tendrá la posibilidad (que esperamos la utilice honestamente) de poner en la lista de seleccionados a los que les resulte políticamente funcionales, con los dos tercios de voto con los que cuenta en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Con esos argumentos insostenibles se pretende encubrir la violación de los derechos citados.

No obstante lo dicho, la respuesta, que tratará de vencer las prohibiciones al ejercicio de esos derechos, empieza a configurase: los diarios Página Siete (La Paz) y El Deber (Santa Cruz), Opinión (Cochabamba) y la red de más de 50 radioemisoras que encabeza Erbol plantean impulsar una desobediencia (así la llamamos), es decir, ejercer legítimos derechos.

Y aunque a esa determinación se la podría calificar de contraria a la ley o derechista, lo cierto es que no debemos sentirnos obligados por una Ley y un Reglamento contrarios a la CPE. Aquí, a pesar de que sus alcances sean considerados limitados (y aunque lo sean), ejercerá los derechos constitucionales a informar, comunicar, opinar e interpretar en aquellas elecciones; lo contrario sería aceptar mansamente un bozal, el silencio, que los hombres y mujeres libres jamás toleraremos ni siquiera del actual gobierno, raro amigo, al que también ayudamos a generar.

* Periodista, fuente http://www.semanarioaqui.com/index.php?option=com_content&view=article&id=201:el-silencio-informativo-que-busca-el-gobierno-viola-la-cpe&catid=40:de-sabado-a-sabado