(ABI y agencias).- Un grupo de camioneros bolivianos intentó romper este lunes el bloqueo de una carretera que conecta Bolivia y Perú y se enfrentó a campesinos peruanos que mantienen la medida de presión desde hace ocho días. Se reportaron “varios heridos”, según informes de prensa, pero la Policía no precisó el número, la gravedad ni la procedencia de los heridos.

Aproximadamente 250 camiones están varados en la carretera que une a Bolivia y Perú desde hace una semana, ante el bloqueo ejercido por los comunarios de Puno y poblaciones aledañas que se oponen radicalmente al funcionamiento de una empresa minera que, aseguran, malogra los cultivos en una amplia zona del sudeste peruano.

Más de un centenar de pasajeros entre ellos turistas nacionales y extranjeros están varados en la capital de la provincia de Chucuito; y para el día hoy se advierte la adición de los demás distritos como Pomata y Juli. El corte de ruta protagonizado por pobladores del departamento de Puno y de otras zonas aledañas ha provocado graves perjuicios al mercado nacional peruano y dejado pérdidas por casi medio millón de dólares a los exportadores bolivianos, reseñó el diario boliviano La Razón.

Según un informe del sitio digital del diario Andes de Perú, la protesta se origina en la exigencia de los campesinos para que el gobierno de Lima cancele la concesión otorgada a la empresa minera Santa Ana, en el distrito de Huacullani-Chucuito-Puno. De acuerdo con el informe, los bloqueadores cerraron desde el sábado la frontera con Bolivia en la zona de Kasani, en Yunguyo.

El pasado sábado los manifestantes se movilizaron en el distrito de Desaguadero hasta llegar a las instalaciones de la Autoridad Autónoma Lago Titicaca (ALT) para exigir que los encargados de la compuerta del Río Desaguadero que cierren la salida del recurso hídrico hacia Bolivia.

Este lunes camioneros bolivianos intentaron romper el bloqueo campesino en la zona fronteriza, lo que derivó en un enfrentamiento. Una fuente de la Aduana relativizó la violencia del choque y dijo que “no hay gran convulsión en este momento”, al promediar las 14:45 hora boliviana.

Se ha previsto que este lunes una comisión gubernamental de Perú se traslade a Puno para reunirse con los dirigentes de los bloqueadores a fin de lograr acuerdos. “Durante los últimos 10 días hemos insistido con más de 8 comunicaciones ante el gobierno central, para que se pueda hablar con los pobladores; pero vemos que ellos no quieren dialogar y al parecer ellos quieren proteger a las empresa mineras”, dijo Lescano Ancieta, uno de los dirigentes de la protesta.

El gobierno de Alan García enviará hoy una Comisión de Alto Nivel para intentar solucionar el conflicto en Puno. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que el grupo de trabajo estará integrado por los viceministros de Minas Fernando Gala; Agricultura Luis Sánchez; del Interior Jorge Luis Caloggero; y por el director de la Oficina de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM) Ronald Ibarra.

El conflicto

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) denunció a fines de 2010 que la gran mayoría de sus sitios ancestrales está en manos de multinacionales mineras. Según la organización, el 72 por ciento del territorio de ese país está concesionado a transnacionales mineras y petroleras.

En febrero de 2011, la Conacami denunció que el gobierno de Alan García pretende modificar la legislación ambiental mediante los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011, que declaran como “necesidad nacional” la ejecución de 33 mega proyectos de infraestructura “sin necesidad de presentar los estudios de impacto ambiental”.

Los pueblos indígenas de Arasaeri, Shiringayoc, San José del Karene, Kotsimba, El Pilar, Tres Islas, San Jacinto y Boca Inambari, reunidos el 25 de febrero de 2011, rechazaron “la militarización como instrumento de formalización de una actividad económica (minera) que desarrolla un vasto sector social de Madre de Dios”. “Estamos de acuerdo con la formalización de la actividad minera, pero advertimos que el Estado no disponga el ingreso de militares en territorio indígena, dado que estaría violando nuestros derechos amparados en normas internacionales”, señala una resolución de la asamblea.

Pocos días antes de las elecciones presidenciales, tres muertos, casi 60 heridos de bala, varios de ellos de gravedad, y enormes daños materiales causó la represión ordenada por el gobierno de García contra pueblos que se oponen al proyecto minero Tía María, concesionado a la norteamericana Southern Perú Cooper. El conflicto abarcó a los valles costeros de Arquipa – Mollendo, Matarani, La Ensenada, La Curva, La Punta de Bombom, Cocachacra, y otros-, en el sur de Perú.

El proyecto minero Tía María data de hace varios años. A finales de 2009, el 93% de la población de la zona rechazó la idea de aceptar la imposición minera que perjudicaría la agricultura. La región es la fuente natural del abastecimiento alimentario de una buena parte del sur de Perú, y en particular de Arequipa.

Para defender su posición la población de la provincia de Islay -donde está situado el conflicto- se trasladó masivamente, a la capital mistiana, y desde allí se movilizó con el respaldo de una parte de las autoridades locales y el apoyo popular. El gobierno central se negó a escuchar a los pobladores y les acusó de “agitadores”.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) formuló serias objeciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto, a las que Southern Perú debía responder en un plazo de 90 días. La empresa ignoró las objeciones técnicas sabiendose respaldada por el gobierno nacional.

Después de movilizaciones, paros y grandes actos de masas (tomas de carreteras, caminos, puentes y otros y combates con las fuerzas policiales y militares), el Ministerio de Energía y Minas resolvió dejar en suspenso, por 180 días, la ejecución del proyecto. Esta medida no fue aceptada por el pueblo que prosiguió la lucha.

La protesta se generalizó en la zona. Se quemaron locales públicos y la del Partido Aprista fue atacada y saqueada por la población enardecida. El 8 de abril la administración de García debió retroceder y el Ministro de Energía y Minas dio a conocer la cancelación del proyecto “Tía María”.

La semana pasada, el consejero por Chucuito José Curmilluni instó al presidente regional Mauricio Rodríguez firmar la Ordenanza Regional 05 – 20011 –GRP – CRP, que pide la suspensión de concesiones mineras en la zona del conflicto que mantiene bloqueada la ruta internacional que vincula a Bolivia y Perú.