El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a la primera elección por voto directo de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia para el domingo 16 de octubre de 2011.

“Hoy es un día histórico para el pueblo boliviano y las instituciones democráticas, porque se está dando inicio al proceso electoral de las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional”, destacó este viernes el presidente del TSE Wilfredo Ovando luego de convocar a los inéditos comicios.

Por primera vez en la historia, más de cinco millones de bolivianos y bolivianas concurrirán a las urnas para elegir a 56 autoridades judiciales por voto directo de una lista de 125 candidatos. Todo el proceso costará casi 120 millones de bolivianos.

La elección del Tribunal Supremo de Justicia se realizará en circunscripción departamental, y en cada circunscripción se elegirá una Magistrada o Magistrado titular y a un suplente. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) preseleccionará hasta seis postulantes para cada Departamento en dos listas separadas de mujeres y hombres, y garantizará que el 50% de los preseleccionados sean mujeres, y al menos uno sea origen indígena originario campesino.

Los electores emitirán dos votos, uno en la lista de candidatas mujeres y otro en la de varones. Será electo en cada Departamento la candidata o candidato que obtenga el mayor número de votos válidos de las dos listas. Si el elegido es hombre, la mujer más votada de su lista será la Magistrada suplente. Si la elegida es mujer, el hombre más votado será el suplente.

La elección del Tribunal Agroambiental se realizará en circunscripción nacional; se elegirán siete titulares y siete suplentes. La ALP preseleccionará hasta 28 postulantes, garantizando equidad de género y la inclusión de postulantes indígenas. Las Magistradas o Magistrados titulares serán los siete postulantes más votados, y los siguientes siete con más votos serán los suplentes.

La elección del Consejo de la Magistratura se realizará en circunscripción nacional; se elegirán cinco miembros titulares y cinco suplentes. La ALP preseleccionará hasta 15 postulantes, garantizando equidad de género y la inclusión de indígenas. Las Consejeras o Consejeros titulares serán las y los cinco postulantes que obtengan el mayor número de votos válidos. Los suplentes serán los siguientes cinco más votados.

La elección del Tribunal Constitucional Plurinacional se realizará en circunscripción nacional; se elegirán siete titulares y siete suplentes. La ALP preseleccionará 28 postulantes.

“Conscientes de la expectativa del pueblo boliviano, sus instituciones y del mundo, asumimos con optimismo, confianza y seguridad el gran reto de administrar por primera vez en la historia estas elecciones, en la que buscamos crear un país nuevo para nuestros hijos, donde todos tengamos las mismas posibilidades y oportunidades para que la justicia garantice nuestros derechos”, remarcó Ovando.

La autoridad garantizó que las elecciones se celebrarán en el marco de las leyes y los principios de equidad, sin discriminación, exclusiones ni preferencias, ofreciendo igualdad de oportunidades a todos los candidatos, sin que medien partidos políticos o padrinazgos privados.

El TSE pidió al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la asignación de los recursos del Tesoro General de la Nación para financiar la elección. Además, encomendó a los Tribunales Electorales Departamentales de Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y Pando la administración del proceso electoral en sus jurisdicciones, y dispuso que el TSE lleve adelante la elección en los departamentos de Santa Cruz y Beni, que aún no cuentan con autoridades departamentales.

El presidente del TSE invitó a la población boliviana a participar en los comicios y a ejercer control social, y exhortó a los medios de comunicación a ejercer la libertad de información y a brindar cobertura a todos los candidatos, respetando los principios de equidad e igualdad.

El Presidente Evo Morales aseguró que las inéditas elecciones judiciales cambiarán la justicia boliviana, ya que antes se repartían cargos y los magistrados eran nombrados por las clases dominantes en función a favores políticos.

Morales recalcó que las elecciones judiciales no son iguales a los procesos electorales convencionales o a los referendos, en los cuales se permite la propaganda política. Dijo que en los comicios judiciales los candidatos no tienen “padrinazgo político” ni gozan de ventajas económicas para financiar campañas. Garantizó la libertad de información, pero recomendó no confundir información con propaganda.  

“Un supremo o tribuno no puede ser el resultado de una desventaja, porque qué clase de justicia nos puede garantizar esa persona… Esta es la mejor forma de democratizar la justicia”, reiteró el Presidente y descalificó a quienes convocan a votar nulo o blanco en estas elecciones “amañadas”. 

¿Elección amañada?

La Ley Electoral 026 del 30 de junio de 2010 establece que El TSE “es la única instancia autorizada para difundir los méritos de los postulantes seleccionados por la ALP”. El TSE establecerá un formato único, impreso y audiovisual que garantice la igualdad de condiciones de todos los postulantes, durante el proceso de difusión de méritos.

La Ley Electoral prohíbe a los postulantes, “bajo sanción de inhabilitación”, “efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda relativa a su postulación, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o espacios públicos”. También prohíbe “Manifestar opinión ni tratar temas vinculados directa o indirectamente a su postulación en foros públicos, encuentros u otros de similar índole”.

Además, los candidatos no pueden “Emitir opinión a su favor, o a favor o en contra de otros postulantes, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o espacios públicos; dirigir, conducir o participar en programas radiales o televisivos, o mantener espacios informativos o de opinión en medios escritos; o acceder a entrevistas, por cualquier medio de comunicación, relacionadas con el cargo al que postula”.

La Ley dispone que a partir de la convocatoria, “los medios de comunicación, bajo sanción y sin perjuicio de su responsabilidad penal, están prohibidos de difundir documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral; referirse específicamente a una o un postulante, en forma positiva o negativa; generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes; dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante”.

Además, determina que “ninguna persona particular, individual o colectiva, organización social, colegiada o política, podrá realizar campaña o propaganda a favor o en contra de alguna o algún postulante, por ningún medio de comunicación, incluyendo internet y mensajes masivos de texto por telefonía celular, constituyendo falta electoral sin perjuicio de su calificación penal”.

La Ley Electoral faculta al TSE “sancionar al medio de comunicación que viole el régimen especial de propaganda para los procesos de elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, con su inhabilitación para emitir propaganda electoral en los siguientes dos procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato”.

Los gremios de la prensa criticaron la norma porque restringe las libertades de expresión y prensa, un derecho ciudadano consagrado por la propia CPE. El defensor del Pueblo Rolando Villena lamentó que se vulnere el derecho a la información y propuso modificar el artículo 28 de la Ley de Régimen Electoral.

Por otro lado, la bancada del Movimiento Sin Miedo y otras agrupaciones políticas de oposición aseguran que el reglamento de preselección de candidatos a Magistrados de los Tribunales judiciales aprobado por la ALP no garantiza una preselección de candidaturas amplia y democrática. El oficialismo usó su aplastante rodillo parlamentario para aprobar sin consensos esta norma que consta de 22 artículos, una disposición final y dos transitorias.

Según los legisladores de la oposición, el reglamento favorece las candidaturas oficialistas, con un sistema de puntuación que menoscaba la meritocracia y que impide a los aspirantes emitir declaraciones a la prensa y a los medios de comunicación a entrevistarlos.

No tendrán mucho valor los méritos académicos y profesionales de los postulantes. No se puede seleccionar a candidatos por sus méritos profesionales porque quedaría fuera una inmensa mayoría de la población, justificó el presidente del Congreso Álvaro García Linera.

El MAS ya había tomado el Poder Judicial a través de designaciones a dedo, y ahora está legitimando el “asalto” mediante una supuesta elección democrática, afirmaron legisladores de la oposición. El reglamento de preselección de candidatos “legitimará el sometimiento” del Órgano Judicial al poder político; “bautizarán no a los que sepan más, sino a los que gocen de la confianza del MAS”, aseguró el jefe de bancada de Convergencia Nacional Bernard Gutiérrez.

“Lo central es que el gobierno hizo la Ley, el gobierno preseleccionará a los candidatos y el votante lo único que hará es elegir de una lista de gente de confianza del propio gobierno”, observó el ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas.

Cárdenas concluyó: “Esta es una elección amañada y lo único que está haciendo el gobierno es obligar a los bolivianos y bolivianas a votar nulo porque va a ser la única forma de frenar este avasallamiento y copamiento del Poder Judicial”.

Debido a las críticas, el Ejecutivo se vio obligado a modificar parcialmente el Reglamento de preselección de candidatos. En primer lugar, se amplió el plazo para las postulaciones de candidatos de 20 a 28 días. Ahora todos los postulantes que cumplan los requisitos serán admitidos y no habrá exámenes con calificaciones, sino exposiciones.

Además, se levantaron todas las restricciones para las campañas electorales solamente en la fase de postulación y preselección, pero se mantuvieron antes de la elección. El proceso de evaluación de méritos y entrevistas a los 125 postulantes a cargos judiciales será difundido por medios estatales y privados.

“En el marco del respeto absoluto al Órgano Electoral, la Asamblea ha propuesto a sus magistrados que, mediante un Reglamento, permita que los candidatos puedan estar en televisión y así tener presencia pública. El pedido es que todos los candidatos tengan la misma oportunidad en entrevistas y debates, ya que por lo general sucede que algunos medios privilegian a ciertos candidatos y olvidan a otros”, explicó García Linera.

El Legislativo sugirió al TSE que emita una Reglamentación específica para que los candidatos socialicen su trayectoria académica y méritos. El Tribunal Supremo Electoral será el encargado de elaborar el reglamento de difusión de méritos en esta primera fase, y de emitir una segunda reglamentación para los medios de comunicación.