Tras insistir en que la formación es un valor capital para el desarrollo de la sociedad contemporánea, nuestros dirigentes políticos la han incluido entre las partidas “recortables”. Una decisión lamentable y que pone de manifiesto la enorme distancia que existe entre la palabrería del discurso y las medidas que realmente se ponen en práctica.

Todo parece indicar que la posible salida de la crisis está muy lejos y que la voracidad de los mercados es insaciable. El paro aumenta, los desahucios dejan a familias enteras en la calle, el déficit público es cada vez mayor, los jóvenes no ven futuro, los salarios bajan, los precios suben, las pensiones se congelan, el racismo aumenta y todo ello no parece tener fin.

Ante una situación tan complicada parece que las únicas medidas a tomar son aquellas destinadas a hacer recaer todo el peso de la crisis sobre los hombros de los más desfavorecidos, como si hacer pagar la crisis a aquellos que no la han provocado fuera la única forma de enfrentarla.

Disminuir derechos sociales y laborales y desmantelar los servicios públicos parecen ser las únicas iniciativas. Pero, además de ser injustas, estas medidas no parecen que vayan a ayudar a mejorar ni nuestra economía ni tampoco, y esto es aún más grave, nuestra convivencia social. Si lo que queremos es una sociedad más competitiva, si lo que queremos es la mejora de los resultados escolares de nuestros alumnos y alumnas, si lo que queremos son jóvenes mejor preparados y que no abandonen prematuramente la enseñanza, nos estamos equivocando de camino.

No es disminuyendo los presupuestos para educación, desmantelando los bachilleratos nocturnos, recortando profesorado en centros públicos que escolaricen los chicos y chicas con más dificultad, rebajando el sueldo de los docentes y transfiriendo más dinero a las escuelas privadas, como conseguiremos mejorar la educación ni preparar mejor a nuestros/as jóvenes. Lo que necesita la educación en tiempos de crisis es justamente lo contrario.

Ante todo hay que priorizar la educación pública y ello por varias razones: porque escolariza a todo tipo de alumnado y es gratuita, porque no implica una doble financiación (pública y privada), porque no necesita obtener beneficios como las empresas privadas, y porque ayuda a disminuir el desempleo creando puestos de trabajo público. La educación pública ha demostrado, además, ser tan eficaz como los centros privados y los resultados del alumnado (a igual clase social) son los mismos.

Por otra parte, los países que mejores notas muestran en las pruebas PISA y otras, son justamente aquellos que tienen una muy escasa o inexistente escuela privada. Es preciso, pues, detener nuevos conciertos y hacer lo posible para disminuir los ya existentes. En momentos en que las élites económicas son las únicas que no están pagando la crisis, es de justicia no subvencionar, con el escaso dinero público que tenemos, los centros privados donde escolarizan a sus hijos e hijas. En todo caso, los centros públicos están siempre abiertos a todos y todas y son los únicos que no establecen ningún tipo de discriminación.

En segundo lugar hay que aumentar, y no disminuir, las medidas sociales en educación. Esto quiere decir recuperar los bachilleratos nocturnos para aquellos jóvenes con pocos recursos que quieren volver a incorporarse al sistema educativo. Hay que aumentar y mejorar la oferta pública de formación de personas adultas, pues mejorando el nivel cultural y académico de los padres y madres ayudaremos a mejorar los resultados escolares de nuestro alumnado, tal y como lo demuestran todos los informes educativos. Tenemos que ampliar las plazas públicas de 0-3 años, para que todos los niños tengan las mismas oportunidades y las madres puedan acceder a un puesto de trabajo.

Tenemos que ampliar la oferta de Ciclos Formativos para evitar, como está pasando actualmente, que muchos jóvenes que se han quedado en paro y se quieren incorporar al sistema educativo no puedan hacerlo por falta de plazas. Y hay que aumentar las becas para las familias con menos recursos.

En tercer lugar tenemos que poner más dinero allí donde más falta hacen: más profesorado para atender al alumnado que tiene más dificultades, desde la primaria hasta la ESO, más profesionales para atender dificultades específicas, sociales, personales, de conducta, etc. (que, además, en tiempos de crisis está demostrado que van en aumento). Debemos dotar a los Centros de recursos, Equipos Psicopedagógicos y aulas de acogida del todo el personal necesario para poder realizar su tarea.

Y también tenemos que escuchar al profesorado y devolverle el apoyo social y económico que últimamente ha perdido. Debemos evitar cambios constantes y experimentos antidemocráticos en la gestión de los centros públicos. Es necesario que el profesorado pueda trabajar con calma y hacer bien su trabajo. Sólo con unos docentes bien valorados, bien pagados y con recursos suficientes, se podrá mejorar la educación.

Finalmente, y dado que el consumismo desaforado dejará de ser posible para muchos padres y madres, podríamos aprovechar esa coyuntura para dar una educación a nuestros niños y jóvenes que no se basara en la superabundancia de todo y pudieran recuperar la capacidad de practicar juegos imaginativos, el gusto por la lectura, el arte de la conversación, el fomento de la camaradería, las relaciones familiares y, con todo ello iniciar a nuestros niños y adolescentes en la crítica constructiva y la participación social como medio para mejorar la sociedad. Ahora, más que nunca, es necesaria una educación en valores democráticos, una educación que vacune contra el racismo y la xenofobia y estimule la solidaridad, la resolución no violenta de los conflictos y la indignación ante la injusticia.

* Psicóloga, Profesora y Portavoz del sindicato USTEC·STEs, fuente: El Viejo Topo 279 /abril 2011.