El gobierno fue inflexible con los maestros, trabajadores en salud y otros gremios que se movilizaron reclamando mejores salarios, pero el Primero de Mayo decretó un aumento salarial de 10% para los mineros y de hasta 70% para los petroleros. Con esta política desafiadoramente discriminatoria, el oficialismo pretende crear una especie de “aristocracia obrera” completamente subordinada al Estado, para que desplace a los “radicales” y tome el control de la COB.

El presidente de YPFB ha pretendido justificar el fabuloso incremento para su sector con el argumento de que no significa ni el 1% de los ingresos generados por los hidrocarburos para el Estado boliviano. Parecido argumento han esgrimido gobernantes y dirigentes sindicales mineros cuando señalan que ellos mismos generan su incremento debido a los altos precios de los minerales en el mercado mundial.

Con esta lógica, el gobierno está permitiendo que surjan sectores privilegiados que ofenden a la miseria de la mayoría de los explotados. De lejos se puede percibir que con esta política, desafiadoramente discriminatoria, pretende crear una especie de aristocracia obrera con los sectores productivos más importantes, como son los mineros y los petroleros, y someterlos despóticamente a sus maniobras orientadas a mantener una COB completamente controlada desde el Estado.

¿Qué de nuevo que no hubieran hecho los gobiernos de la clase dominante hay en estas maniobras? Nada. Será otro intento más, como tantos otros en el pasado, por desvirtuar la naturaleza de esta singular creación del proletariado boliviano. Desde la creación de la COB en 1952, los gobiernos del MNR y los otros también nacionalistas (democráticos y hasta dictatoriales) han buscado controlarla con la complicidad de la burocracia sindical.

La maniobra del MAS consiste en utilizar la mayoritaria delegación minera y petrolera al interior del sector proletario para imponer candidatos serviles de la calidad de Mitma o Lugo, y desplazar a los opositores “conservadores y derechistas” de la clase media, bajo el rótulo de que la COB retomará una dirección “obrero – campesina”.

La burocracia minera ya empieza a arremeter. Un dirigente de la Federación de Mineros ha aparecido en la prensa conminando al actual Comité Ejecutivo de la COB para que, en los próximos días, lance la convocatoria para el congreso -tantas veces postergado- de la organización matriz de los trabajadores. Señala que ya es hora de elegir a la nueva dirección cobista y de determinar la línea política que deben asumir los trabajadores acorde con “los grandes cambios que se están operando en el país”. La orientación política de estos dirigentes es clarísima, no disimulan para nada su postura abiertamente oficialista.

Ahora tiene sentido el argumento que propaló García Linera durante el conflicto, cuando sostenía que la COB había dejado de ser obrera y campesina para pasar a ser dirigida por el sector de la clase media, refiriéndose a los maestros, los trabajadores en salud y otros sectores. No se descarta que bajo las circunstancias actuales el oficialismo pretenda vaciar completamente el contenido del programa proletario de la organización matriz de los trabajadores.

El problema es determinar ¿dónde está el programa revolucionario del proletariado que tercamente se aferra a la tradición de la Tesis de Pulacayo? ¿En la burocracia sindical oficialista minera, petrolera y campesina, o en la lucha que libran los explotados en las calles contra el hambre, por fuentes de trabajo, por sueldos que cubran las necesidades vitales del trabajador, etc.?

Debido a la debilidad del proletariado, el programa revolucionario ahora es enarbolado por los sectores más radicalizados de la clase media como son los maestros. Desde ese sector se ratifica la concepción proletaria del salario (salario mínimo vital con escala móvil); la concepción revolucionaria de la seguridad social (defensa intransigente de la CNS y la lucha por rentas que cubran las necesidades elementales de los trabajadores en su tercera edad). En el campo educativo, combate al remedo de la 1565 que es la reforma masista; plantea una educación que logre el desarrollo integral del ser humano uniendo teoría y práctica en el proceso social de la producción; y lucha por la liquidación total del latifundio para dar tierra a todos los explotados del agro.

En suma, se plantea acabar con la propiedad privada de los medios de producción para organizar un nuevo Estado socialista, etc. Los trotskistas partimos de la convicción de que la COB retornará a su gloriosa tradición sólo a condición de que el proletariado vaya al reencuentro de su programa revolucionario encarnado en la Tesis de Pulacayo, eso significa superar al actual gobierno fantoche del MAS.

El oficialismo ha fracasado en su intento de dividir a las organizaciones sindicales y universitarias para volcar a las bases contra sus dirigentes que rápidamente logran gran predicamento. Por esa razón, ahora monta procesos judiciales y sindicales para anular indefinidamente a los líderes, buscando extirpar al trotskismo de las organizaciones de masas.

El estudiante Harlin Coca es procesado penalmente bajo el cargo de terrorismo por las autoridades de la Universidad Mayor de San Simón; el proceso ha llegado a instancias de la Corte Suprema, donde los jueces de clara filiación oficialista han acelerado la causa para que, en cuestión de días, se lo pueda recluir en la cárcel.

Por otro lado, la burocracia estalinista encaramada en la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, a través de una administrativa de la Federación de Cochabamba, ha montado un proceso sindical contra los principales dirigentes de la Federación del magisterio urbano cochabambino (Gustavo Sánchez, Vladimir Mendoza y Giovana Vargas) con la finalidad de suspender abruptamente su mandato sindical, dejando la Federación descabezada.

Últimamente, el ejecutivo de la Federación del magisterio Urbano de Oruro Daniel Ordoñez y la principal candidata por el Frente URMA en las próximas elecciones para renovar el Comité Ejecutivo de la Federación son procesados con cargos absolutamente manipulados por los agentes del oficialismo.

De esta manera, el gobierno y su servidumbre sindical reprimen jurídicamente a sus opositores aprovechando que tienen el control total sobre el Poder Judicial y de los tribunales sindicales; no hay que descartar que también utilizarán la fuerza para llenar las cárceles con los opositores revolucionarios al régimen. Lo que busca el régimen es destruir al magisterio como un sector social organizado, y acabar con sus sectores radicalizados que enarbolan el programa revolucionario del proletariado.

¿Qué pretenden con la declaratoria del magisterio en profesión libre?

Un sujeto que dice representar a la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (CONALJUVE), muy activamente y con gran despliegue publicitario, ha planteado que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe una ley para convocar a un referéndum nacional con la finalidad de declarar profesión libre al magisterio. No se trata del primer planteamiento en este sentido, ya anteriormente muchas organizaciones contraladas por el oficialismo –entre ellas el CONALCAM al mando de Leonilda Zurita- también sostuvieron este extremo cada vez que los maestros se movilizaban para reivindicar sus derechos.

Sería ingenuo creer que son “iniciativas personales” o de algunos “sectores sociales” que surgen de manera espontánea; de lejos se puede percibir que se trata de una política definida por el Poder Ejecutivo y que se difunde a través de estos supuestos “actores sociales independientes”. Los argumentos que usan son los mismos: que los maestros son unos mediocres, que piden mucho para el poco trabajo que realizan, que las huelgas perjudican la educación de los jóvenes y niños, que los educadores son responsables de la mala calidad de la educación, etc.

No cabe duda que el magisterio es incómodo para un gobierno reaccionario que está condenado a reprimir a los sectores que hasta la víspera lo apoyaban, y a recurrir a la violencia estatal para frenar el malestar social porque es incapaz de satisfacer las exigencias de los hambrientos. Acabar con el magisterio le significa allanar el camino para destruir la educación a través de la aplicación de la reforma educativa masista retrógrada, anticientífica y subjetiva.

Se cumple a cabalidad, una vez más, lo que denunciamos desde un principio: La ley “Siñani – Pérez” no sólo se orienta a acabar con las conquistas profesionales del magisterio (el Escalafón Docente) sino también con las conquistas fundamentales de la educación. Ya nadie puede poner en duda que la declaratoria del magisterio en profesión libre es retroceder en materia educativa más de un siglo, hasta épocas anteriores a la fundación de las escuelas normales, cuando cualquiera que sabía leer, escribir y las operaciones elementales de las matemáticas podía ser asimilado al sistema educativo; cuando -en cada cambio de gobierno- los profesores eran despedidos en masa para ser reemplazados por los seguidores del nuevo gobierno.

Declarar al magisterio en profesión libre es abrir las puertas del sistema educativo a cualquiera que exhiba un título académico, sin ninguna formación pedagógica y psicológica; esto significa liquidar toda posibilidad de que la actividad educativa sea científica. Por otra parte, implica finiquitar las organizaciones sindicales del magisterio y que los maestros sean unos autómatas ejecutores de los prejuicios más disparatados que pretenden imponer a través de su reforma indigenista; que no tengan derechos y que año tras año se vean obligados a firmar contratos de trabajo leoninos, poniéndose al servicio de caciques prepotentes que actúan a nombre de una supuesta “participación comunitaria popular”.

Las maniobras del gobierno tienen patas cortas

El gobierno muestra su verdadero rostro cavernario: sus maniobras empiezan y terminan en la necesidad coyuntural de tener dirigentes serviles en la COB para ejecutar su política anti obrera y anti popular, mantener agonizando de hambre a las amplias mayorías del país, destruir la educación y al magisterio con la declaratoria de la profesión docente en libre, y arremeter contra cualquier movimiento social opositor.

En fin, el gobierno fabrica un falso apoyo popular con dirigentes serviles de la COB y de las supuestas “organizaciones sociales”, que le permita adoptar posturas fascistas orientadas a destruir físicamente toda posibilidad de oposición revolucionaria.

Todo hace suponer que el gobierno ha terminado de montar el andamiaje que le va a permitir encumbrar en la cúpula cobista a sus sirvientes que actuarán en nombre del proletariado y del movimiento campesino. Pretenderá hacer creer que en la COB se plasma la alianza obrero campesina y que le convertirá en el nervio motor de las futuras realizaciones “revolucionarias” del gobierno. Para montar la farsa tienen el poder del Estado y millonadas de plata para corromper a los pocos delegados de base que caigan porque la mayoría será digitada desde el Ministerio de Trabajo.

Pero, la fortaleza de un gobierno –entiendan bien gobernantes subjetivistas– no radica en el control burocrático de unos cuantos mamones que ofician de dirigentes, o en el uso de la fuerza pública para reprimir; sino en la posibilidad de resolver los problemas y las necesidades de los hambrientos.

Las masas han perdido las ilusiones que a un principio tenían en este gobierno y, en la medida que el hambre se acentúa, derrumbarán de un soplido el castillo de naipes que afanosamente construyen los estrategas del oficialismo.

La tarea del magisterio es denunciar el peligro de la destrucción de lo poco que se ha logrado hasta ahora como conquistas de la educación, y ganar el apoyo de las grandes mayorías para movilizarlos en defensa de la educación fiscal, única, gratuita y realmente científica, que respete el desarrollo psico biológico de cada alumno, y logre su desarrollo pleno en el marco de una nueva sociedad basada en la propiedad social de todos los medios de producción.

Lo que corresponde ahora es lanzar una campaña nacional para desenmascarar la represión política que ejerce el gobierno encubierta con barniz legalista. El próximo congreso nacional del sector debe expulsar al estalinismo de las filas del magisterio nacional y acabar con todos sus sirvientes encaramados en el Consejo Nacional de Disciplina Sindical. Sólo la movilización de las bases puede frustrar las maniobras judiciales del oficialismo y el encarcelamiento de los revolucionarios.

* Dirigente de la Unión Revolucionaria de Maestros (URMA) del Partido Obrero Revolucionario (POR).