(ABI y Bolpress).- El jefe de Unidad Nacional (UN) y principal accionista de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) fue arraigado y debe presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días en el proceso iniciado en su contra, informó el miércoles la jueza Jimena Mendizábal. La posible paralización de la producción de cemento por parte de Soboce afectaría la continuación de las obras del Gobierno Municipal de La Paz y de las empresas privadas, alertó el alcalde Luis Revilla. 

La magistrada emitió esa resolución en la audiencia realizada para definir medidas contra los imputados en el proceso. “Se ha fijado el arraigo contra los señores Samuel Doria Medina, Jaime Barrón y Jaime Robles y la libertad del señor Walter Arízaga, pero sin que salga del caso”, dijo.

Barrón y Robles fueron rectores de la Universidad San Francisco Xabier (USFX) de Chuquisaca, otro de los socios de la Fábrica Nacional del Cemento (FANCESA) de este departamento del sur de Bolivia. Arízaga es el actual rector de esa institución de educación superior.

La Justicia también dispuso que Doria Medina presente cuatro personas que garanticen su comportamiento de acatamiento a las decisiones judiciales.

Doria Medina ha calificado las medidas como “ilegales” y dijo que su “único pecado, al ser socio de FANCESA en el departamento de Chuquisaca, fue haber promovido el crecimiento de la empresa y la creación de 1.000 nuevos empleos”.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Weimar Guzmán, había pedido la detención preventiva de Doria Medina y de los ex rectores de la UFSX para que respondan por daños a la economía del departamento. Guzmán señaló que existe el peligro de fuga de los imputados o que lleven adelante acciones que obstaculicen el proceso.

Enfatizó que el empresario Doria Medina “se adjudicó irregularmente el 33,34 por ciento de las acciones de FANCESA y en 1999, SOBOCE asumió el control de la cementera chuquisaqueña a través del pago de 12 millones de bolivianos a la universidad departamental. El Gobierno dispuso en septiembre de 2010 la recuperación de los títulos.

Doria Medina y los accionistas de SOBOCE exigieron al Gobierno una compensación de 82 millones de dólares por la reversión de las acciones al Estado. La jueza Mendizábal determinó la pasada semana la anotación preventiva de los bienes de Doria Medina y la congelación de las cuentas bancarias de SOBOCE. El empresario y político reiteró el miércoles al salir de la audiencia que responderá al proceso y que no tiene previsto dejar el país.

La posible paralización de la producción de cemento por parte de Soboce afectaría la continuación de las obras del Gobierno Municipal de La Paz y de las empresas privadas, dijo el alcalde Luis Revilla. “Si se paraliza una importante empresa en La Paz como es Soboce vamos a tener serios problemas, no solamente las entidades públicas que llevamos adelante la construcción de obras, sino también las empresas privadas que tienen como principal insumo el cemento Viacha”, aseveró.

Precisó que más del 70 por ciento del cemento que se produce en país está en manos de esta empresa y el 100 por 100 ciento del cemento que se consume en La Paz pertenece a Soboce, “por lo tanto, no hay manera de que se plantee mecanismos alternativos para la provisión de cemento”.

Señaló que estos datos fueron verificados, a través de un análisis realizado por la Oficialía Mayor de Promoción Económica a raíz de un posible desabastecimiento de este material de construcción. Además, el estudio resaltó las consecuencias que podría tener esta situación en las obras municipales.

“Estamos preocupados, ojala, no se esté utilizando a la justicia, como en otros casos, con fines políticos, tratándose de una persona, como es el señor Doria Medina que es un empresario vinculado a esta empresa, pero, también es un dirigente político opositor al Gobierno. Ojala, los problemas se resuelvan alejando cualquier margen de utilización política de la justicia; pero fundamentalmente, garantizando la provisión de cemento en la ciudad de La Paz.”, expresó.