(Agencias).- El ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) celebrado el 28 de abril en la ciudad de Tarija decidió pedir la revocatoria de mandato del Vicepresidente Álvaro García Linera. Ya son cuatro organizaciones sociales que proponen el cese de funciones de la segunda autoridad del Estado: la Federación de Campesinos de La Paz, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la COD de Potosí, y ahora la COB.

La revocatoria de mandato es un mecanismo constitucional que permite al pueblo soberano decidir mediante sufragio universal sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano, define el artículo 170 de la Constitución Política del Estado.

La revocatoria del mandato es el derecho del electorado a destituir a todas las autoridades electas antes de que concluya el período de su mandato, excepto a las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional; y se origina únicamente por iniciativa popular de por lo menos el 25% del padrón nacional electoral y al menos el 20% del padrón de cada Departamento (Artículo 26).

La iniciativa popular para la revocatoria de mandato podrá iniciarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del período de mandato de la autoridad impugnada, y no podrá realizarse durante el último año de la gestión en el cargo, establece el Artículo 27 de la Ley Electoral. Eso significa que el Vice es “revocable” recién a partir de agosto de 2012.

En septiembre de 2010 la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari amenazó con llamar a un cabildo para estudiar la posibilidad de convocar a un referéndum revocatorio de mandato del Vicepresidente. En enero de 2011, el Conamaq secundó la propuesta de los campesinos y abrió la posibilidad de revocar al Vice. Días después el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Celestino Condori anunció que su sector también quiere “revocar a este mal personaje” que angustia al pueblo. (Erbol).

Este viernes 28 de abril, representantes de 41 de las 49 organizaciones afiliadas a la COB resolvieron por unanimidad pedir la revocatoria del mandato del Vice porque ha ofendido al pueblo y a su máxima organización sindical, la COB.

Y es que García Linera se acostumbró a difamar a todos los sectores que critican al gobierno. A los indígenas les llamó “vendidos” y “sirvientes de Usaid; a las ONGs y a los ecologistas les tildó de “conspiradores” que “soliviantan a las comunidades indígenas y frenan el progreso del país con la excusa de defender el medio ambiente”. A los asalariados de “clase media” (maestros y salubristas) les dijo “golpistas pagados por la ultraderecha”.

García Linera le faltó el respeto a la Central Obrera Boliviana, tal vez la organización sindical más representativa a nivel internacional porque aglutina a todos los trabajadores de Bolivia, a diferencia de otros países que cuentan con dos y hasta tres gremios, explicó el secretario ejecutivo de la COB Pedro Montes.

Pedimos la revocatoria de García Linera porque insulta los trabajadores, acusándolos de “golpistas” y de recibir financiamiento de la derecha.

“Esto realmente ya colmó la paciencia, no podemos admitir que gente que no ha hecho nada por lograr este proceso y hoy está usurpando el poder acuse a los trabajadores; por eso el ampliado de forma unánime ha decido demandar la revocatoria del Vicepresidente y la renuncia inmediata de los ministros de Trabajo Félix Rojas y de Salud Nila Heredia que le están haciendo mucho daño al proceso”, precisó el secretario de prensa y propaganda de la COB Bruno Apaza.

El ministro de la Presidencia Óscar Coca dijo que el pedido de la COB “es una idea alejada de la racionalidad y hace eco a los afanes de la derecha desestabilizadora”; “nosotros no entendemos como algunos dirigentes de la Central Obrera se estén prestando a este juego. Esa ya es una actitud política de desestabilización”, dijo y sugirió a los dirigentes de la COB “recapacitar y depurar a esos dirigentes” que hacen quedar mal a la organización sindical.

El ampliado de la COB determinó también declarar el estado de emergencia y asumir medidas necesarias en defensa del derecho a la huelga, en caso de que el gobierno insista en su intento de descontar salarios a los trabajadores que acataron la última huelga general indefinida.

Montes reiteró que no permitirán que se procese a los dirigentes o trabajadores por las medidas asumidas en las movilizaciones reclamando un incremento salarial superior al 10%. Advirtió que denunciarán al gobierno ante los organismos internacionales si se vulnera los derechos de los trabajadores.

Desafiando a los cobistas, el ministro de Educación Roberto Aguilar reiteró que se descontará salarios a los maestros que acataron la huelga general indefinida, y anticipó que el dinero se destinará a la compra de equipos para las escuelas y colegios.

Por otro lado, los dirigentes de la COB anunciaron que se plegarán a la movilización de los rentistas del país, en caso de que el gobierno no atienda sus demandas en las próximas horas. Alrededor de 2 mil rentistas iniciaron el miércoles una marcha de protesta en Quemalla (Oruro) con el objetivo de llegar hasta la ciudad de La Paz, distante a 140 kilómetros, exigiendo un incremento de rentes superior al 5%, como propuso el gobierno.

“Hemos exigido al gobierno que de una vez debe darse una atención y una solución, caso contrario todos los dirigentes sindicales vamos a estar el día lunes en la marcha engrosando las filas de nuestros compañeros jubilados”, advirtió Montes. Coca dijo que el jueves en la noche se llegó a un acuerdo con los ancianos marchistas, según el cual más del 56% de los jubilados del país se beneficiarán con un aumento solidario de hasta 9,7% en sus rentas.

Con información de las agencias ABI y Plus.