(ABI).- Aproximadamente cinco millones de bolivianos concurrirán a las urnas en octubre próximo para elegir por primera vez en su historia a 52 autoridades judiciales, de un total de 158 candidatos, manifestó el jueves el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando. En realidad se trata de un acto electoral inédito, no solamente en Bolivia, sino en el mundo.

Señaló que en mayo próximo se pondrá en marcha el proceso con la apertura del registro biométrico y con la preselección de los candidatos que se postulen ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Dijo que, en base a un Reglamento que ya ha sido aprobado en grande y en detalle, en el Senado, los legisladores analizarán cada una de las postulaciones y valorarán sus méritos profesionales.

La Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó en detalle el reglamento de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, informó la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gabriela Montaño.

“El Reglamento ha sido aprobado en detalle en la Comisión de Constitución. Varios de los artículos fueron modificados en base a las argumentaciones presentadas por los asambleístas del oficialismo y de la oposición para mejorarlo y clarificarlo”, indicó.

En cumplimiento de la Constitución Política del Estado, los ciudadanos acudirán a las urnas este año para elegir directamente a los magistrados de los Tribunales Constitucional, Supremo de Justicia, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

Montaño explicó que, una vez que el Reglamento ha sido aprobado en sus dos estaciones, pasará los próximos días para su consideración final al Plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El presidente del TSE anotó que a la conclusión del trabajo de preselección del Legislativo, el TSE tomará a su cargo la administración del proceso, inicialmente con la difusión de los perfiles de los candidatos a través de los medios de comunicación, a fin de que la población los conozca y defina su voto.

La Ley estable 150 días a partir de la convocatoria emitida por el Órgano Electoral. De esos cinco meses, dos corresponden a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para el proceso de selección por dos tercios de votos de los precandidatos.

Los tres meses posteriores estarán bajo responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral para organizar y realizar el acto electoral junto a los tribunales electorales departamentales.

Uno de los requisitos para los postulantes es tener el título de abogado y haber ejercido la profesión por lo menos ocho años.

Para encaminar el proceso electoral judicial, el Tesoro General de la Nación (TGN) desembolsará al TSE unos 100 millones de bolivianos.

Ese monto servirá para costear la campaña de difusión de los perfiles de los candidatos, la impresión de cinco millones de papeletas, además de los gastos administrativos que garanticen el éxito del acto electoral.