(Agencias).- Es necesario inventariar las tierras que posee la Iglesia Católica en la Chiquitanía y también cuantificar el área que ocupan sus bienes inmuebles en esa zona del departamento de Santa Cruz, planteó el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF) Juan Ramón Quintana.

“Habría que pedirle al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) un inventario de las tierras que tiene la Iglesia en la Chiquitanía”, dijo la autoridad en una entrevista con una radioemisora local.

En esa región existen comunidades “miserables” que sobreviven en medio de grandes estancias y propiedades agrícolas, donde los campesinos indígenas están siendo “sobreexplotados”, dijo Quintana, y aseguró que personalmente comprobó que entre las poblaciones de San José de Chiquitos y San Miguel de Velasco la Iglesia tiene por los menos cinco estancias, aunque no precisó la extensión de las mismas, reportó ABI.

“Hay decenas de áreas de tierras que tiene la Iglesia en la Chiquitania (…) y en esas tierras trabajan los comunarios y no les pagan sueldo”, comentó el Director de la ADEMAF, y consideró necesario calcular también el área que ocupan las escuelas, hospitales y otras infraestructuras de propiedad de la Iglesia Católica.

A su juicio, el “poder” de la Iglesia se instaló en los espacios territoriales que en el pasado estaban fuera del control del Estado. “Hay una historia que todavía hay que escribir sobre la explotación de los pueblos indígenas por la Iglesia en esa región”, remarcó.

El jefe de la ADEMAF consideró que para acabar con el latifundio es “crucial” “transparentar” la propiedad de la tierra, sobre todo en las fronteras del país, donde perviven “pequeñas republiquetas, pequeños feudos, pequeños reinos, pequeños cacicazgos que se han superpuesto a la autoridad del Estado”.

“En estas regiones se rinde un culto al que tiene poder y riqueza y el que tiene estas cosas ejerce la autoridad de facto… Priman los usos y costumbres de los señores que al mismo tiempo son latifundistas, explotan la madera, tienen ganado, son concejales del municipio, en algunos casos son alcaldes, proveedores de madera o de ganado y son comerciantes que tienen a su favor grandes territorios en los cuales opera prósperamente el negocio”, comentó Quintana en una entrevista con la periodista Zulema Alanes de la red Erbol.

Según Quintana, hay ciudadanos que heredaron de sus abuelos grandes extensiones de tierra; “pero esas tierras que las adquirían de facto no tenían títulos y se fueron achicando a partir de los procesos de la Reforma Agraria”. El INRA está cerca de sanear el 75 por ciento del territorio nacional y “hay un 25 por ciento del territorio que falta titular, fundamentalmente en las regiones de frontera”.

Las fronteras fueron abandonadas por el Estado y sus gobernantes; “han sido muy pocos los presidentes que se han interesado por sentar presencia institucional. José Ballivián (1942-1946) fue el primer presidente interesado en explorar la Amazonía y el Chaco, pero los más interesados eran extranjeros”.

Quintana aseguró que el gobierno está decidido a “nacionalizar” ese territorio: “En las regiones de frontera hace falta todo, hay que fundar el Estado, hay que ordenar las dinámicas económicas, hay formalizar las actividades económicas, tenemos que tener mayor presencia institucional, hay que llevar modernidad estatal, electricidad, telefonía celular, agua potable, unidades educativas, postas sanitarias…”.

Con información de ABI y Erbol.